La hija de un desaparecido denunció la violación de la prisión domiciliaria por parte del represor Eduardo “Tucu” Costanzo a un día del 24 de marzo, en un nuevo aniversario del último Golpe de Estado. Ante un panorama preocupante, en el que los genocidas podrían quedar en libertad, los juicios orales por delitos de lesa humanidad se suspenden una y otra vez, cada vez son necesarios más repudios, más escraches. La lucha y la fuerza de los organismos que defienden los procesos de verdad, memoria y justicia es siempre la misma: la que apunta hacia el terreno del juicio y el castigo a los responsables de cada delito de lesa humanidad. «Yo solamente quiero la verdad. Es una responsabilidad del Estado, porque fue el Estado el que cometió esos crímenes contra sus ciudadanos, ya no podemos esperar más», señala Ana Klotzman, querellante en uno de los juicios suspendidos, en diálogo con enREDando.
Por Carina Toso
[dropcap]A[/dropcap]ños atrás, los escraches y el repudio a los represores en bares y restaurantes fueron la herramienta para visibilizar la impunidad con la que se movían por las calles gracias a los beneficios otorgados por la justicia o las demoras en llevarlos a la cárcel. En estas últimas semanas en varios puntos del país se volvieron a dar este tipo de situaciones y una de ellas ocurrió en Rosario.
El viernes 23 de marzo se presentó una denuncia ante la justicia federal por la violación de una prisión domiciliaria por parte de un represor rosarino: Eduardo “Tucu” Costanzo, Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón de Comunicaciones 121 del Segundo Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar.
Quien decidió realizar esta denuncia fue Alicia Bernal miembro de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos (CADH) e hija del desaparecido Fernando Tito Messiez, militante del Partido Comunista, que fue secuestrado el 22 de agosto de 1977. La presentación se hizo ante la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal Nº 1, que es el tribunal que condenó dos veces a este represor.
Bernal llegó a los tribunales acompañada y patrocinada por la abogada Gabriela Durruty quien explicó que gracias a videos y fotos que le brindaron los vecinos de la zona de Pueyrredón al 2900, donde vive Costanzo, pudo comprobar que estaba violando la prisión domiciliaria. Las imágenes son del 14 de marzo pasado y se puede ver claramente al PCI haciendo las compras en un supermercado cerca de su vivienda.
Costanzo fue condenado en las causas Guerrieri I, II y III a prisión perpetua y también había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por cuestiones de salud.
Otro caso fue denunciado en Olavarría a mediados de marzo, cuando el ex comisario de la policía bonaerense, Héctor Rinaldi, fue filmado un sábado a la noche cenando un restaurante de Pueblo Nuevo. La justicia había determinado que por problemas de salud psíquica no podía ser juzgado en el juicio denominado Monte Peloni II, ya que consideró que “no está en condiciones cognitivas para enfrentarlo”. Tras viralizar fotos y videos en las redes sociales, se comunicó a la fiscalía federal de Azul el hecho para que se tomen las medidas necesarias.
“Si hay algún represor que no viola la domiciliaria es porque no quiere. Salvo los que tienen la pulsera, que en Rosario no hay ningún caso, es imposible controlarlos todo el tiempo. Sólo hay un control parcial de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe (ex Patronato de Liberados) que son visitas sorpresivas, no son controles estrictos como debieran tener al menos los que cometieron los delitos más graves. Son necesarios controles más estrictos porque no se puede dejar en la cabeza del propio represor que cumpla con su propia pena”, dijo la abogada querellante en causas de lesa humanidad por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, Gabriela Durruty.
Tanto fiscales como abogados de las querellas y organismos de derechos humanos reciben asiduamente denuncias sobre violaciones en las prisiones domiciliarias. Pero, salvo que logren fotografiarlos o filmarlos, es muy difícil probar que los represores salieron de sus casas.
Según explicó la abogada de la APDH las prisiones domiciliarias son violatorias de todas las normas internacionales en el estándar jurídico mínimo en la materia, y encima de esto, una vez que las conceden los controles son prácticamente nulos. “La domiciliaria es una opción en mínimos casos en este tipo de delitos y deberían ser transitorias no permanentes. Lo que puede ocurrir es que la cárcel se convierta en un trato degradante para el detenido según su salud, pero el sentido común indica que debería estar internado en todo caso. Es una gambeta para el cumplimiento efectivo de la condena”, aseguró.
Los represores condenados o imputados que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria y la cumplen en la ciudad de Rosario son: el agente de inteligencia del Batallón 121 del Ejército, Ariel Antonio López, cuya última condena fue una perpetua en Guerrieri III; Alberto Pelliza, militar retirado, sentenciado también a perpetua en la misma causa; José Scortechini, miembro de la patota de Feced; el ex policía Ovidio Olazagoitía, condenado en 2104 a 18 años de prisión; el ex comisario Héctor Gianola, que va a ser juzgado en Feced III; el sargento de la policía federal Luis Paulino Coronel, procesado en la causa Klotzman; Daniel González y Eduardo Dugour, ex policías e integrantes de la patota de Feced; y Eduardo Tucu Constanzo, inteligencia del Batallón 121 y condenado a perpetua en Fecedi I y II. A estos se suma el ex capellán de la policía, Eugenio Zitelli que está en un geriátrico céntrico. Mientras que en Roldán reside Carlos Altamirano, también integrante de la patota y en un country de Oliveros está Pedro Pili Rodriguez.
Además hay un grupo de represores que fueron condenados o procesados en otras jurisdicciones pero que decidieron fijar domicilio en Rosario. Según un relevamiento realizado por El Eslabón, estos son: Dardo Migno, juzgado por el TOF de Mendoza, Virton Modesto Mendíaz, investigado por el TOF de Salta, Ismael Ramón Verón, encartado por el TOF de La Plata, Alcides París Francisca, también investigado por el TOF de Mendoza, y Héctor Melitón Martínez, juzgado por el TOF Santa Fe.
Y las domiciliarias pueden ir en aumento, es más, hasta pueden transformarse lamentablemente en libertades condicionales tras un pedido del Servicio Penitenciario para unos 96 represores argumentando superpoblación carcelaria. Por esto, la presidenta de la APDH Argentina, Norma Ríos, realizó una presentación ante la justicia federal rosarina para que se desestime dicha solicitud ya que entiende que el Servicio Penitenciario no es parte en estos juicios para proponer esta solución. “La APDH expresa su más enérgico rechazo a la posibilidad de que seis genocidas rosarinos (Ramón Ibarra, Ramón Vergara, Jorge Fariñas, Rodolfo Isach, Walter Pagano y Juan Carlos Faccendini) dejen de cumplir sus condenas en las cárceles comunes por el hecho de contar con más de 70 años de edad”, expresa el documento presentado. «Hay que explicarle a la sociedad el espanto que significa hoy que los genocidas vuelvan a sentarse con nosotros en los bares, vuelvan a caminar con nosotros en las calles, cuando ya se los ha condenado», afirmó Ríos tras la presentación.
“Uno de los puntos que se va a plasmar en el documento que se va a leer este 24 de marzo en el Monumento y que tuvo que ver con uno de los ejes en el armado de la marcha, es justamente sobre esta especie de amnistía encubierta que se está produciendo y que nosotros la enmarcamos en el contexto político que tiene como orientador al gobierno nacional de Mauricio Macri que desde su discurso quiere instalar la idea de perdón y olvido”, aseguró Juane Basso, miembro de HIJOS Rosario. Una de las actividades en este contexto que se realizó en la ciudad fue una pegatina de afiches invitando a la marcha y con consignas claras, una de ellas es “basta de liberar a genocidas”. El afiche tiene también los nombres, fotos y direcciones de las domiciliarias de 18 genocidas que están en Rosario.
“El año pasado, cerca de esta fecha hicimos un escrache frente a la casa en la que estaba Sfulccini y vamos a seguir utilizando esa herramienta y buscándole vueltas novedosas y creativas para seguir denunciando. Ahora es con este afiche que se pegó por toda la ciudad, que además del tema de las domiciliarias plantea como segunda consigna ´basta de miserias planificadas´, porque también denunciamos la continuidad del plan económico de aquel proyecto de la dictadura. Decimos con mucha claridad que ese poder económico que instigó y se benefició de la dictadura, que llamó a los genocidas a llevar adelante el terrorismo de Estado, son hoy los mismos que están gobernado nuestro país”, explicó Basso.
“40 años es demasiado cruel”
Hace tiempo que el presidente de la Nación lanzó aquella frase “se les va a terminar el curro de los derechos humanos”. Hace poco que el presidente del bloque de diputados del PRO fue por el mismo camino y dijo que las víctimas de los represores quieren que «el tema» siga vigente porque obtienen «algún rédito». Mientras tanto, Miguel Etchecolatz llegaba a su casa del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata beneficiado con la prisión domiciliaria. Gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y al repudio de los vecinos, al poco tiempo el represor hizo el camino inverso hacia el penal. “La única casa para un genocida es la cárcel” decía un cartel que le colocaron enfrente de la vivienda. “Para que sea lo primero que vea cuando salga”, dijeron. Después el Servicio Penitenciario “sugirió” que los genocidas terminen sus condenas en sus casas o en libertad condicional para descongestionar las cárceles. Hasta el ángel de la muerte Alfredo Astiz podría salir con esta medida. “Ni olvido ni perdón”, se plantaron los organismos y repudiaron. El inicio de los juicios orales por las causas Feced III y Klotzman quedaron suspendidos. Y otra vez se repudió. Una radio abierta acá, una presentación judicial allá ante un sistema que dilata, que se enreda en su burocracia y se pierde en los cajones de sus propios escritorios. Y sigue: algunos represores se pasean violando las domiciliarias, aprovechando que no hay controles firmes sobre ellos. Parecen tiempos que ya habían pasado pero no. Se suma un nuevo intento de reabrir la causa Larrabure que llevó a las puertas de los Tribunales Federales de Rosario a progenocidas de un lado del cordón policial y a quienes apoyan el proceso de Memoria, Verdad y Justicia del otro.
Marchar y luchar, repudiar y no olvidar. Memoria y verdad. Juicio y castigo. Estas palabras vienen acompañando durante estos últimos 42 años las décadas de luchas, de buenas y malas, de voces al viento, de gritos que no se apagan. De rondas y pañuelos blancos, del dolor que trae la impotencia, de la emoción que viene con una condena, con cada nieto o nieta. Las calles están caminadas, las suelas saben por dónde se pisa firme cada vez que se intentan vulnerar los derechos adquiridos. En estos últimos meses las calles y las plazas fueron el lugar de encuentro, de protesta, de abrazos y puños alzados. Y así llega un nuevo 24 de marzo.
Ana Klotzman es una de esas personas que viene transitando estas décadas de luchas, de búsquedas y de encuentros. Ella es parte de esto desde junio de 1976 cuando vio cómo su madre, Liliana Beatriz Bojanich, era secuestrada en plena calle de Capital Federal. En ese momento fue entregada a sus abuelos maternos que vivían en Elortondo, al sur santafesino. Su padre, Horacio Klotzman, fue secuestrado el 2 de agosto de ese año, junto a su pareja, Cecilia Barral, en una casa de Necochea al 2000 de la ciudad de Rosario. Cecilia estaba a punto de llegar al término de un embarazo. Lo que llevó a Ana años después a buscar y a encontrar a su hermana: la nieta 103. Hoy, tanto los padres de Ana como Cecilia, continúan desaparecidos, mientras fue nuevamente suspendido el juicio oral por la causa Klotzman que juzga a los responsables de las desapariciones de Ricardo y Cecilia, y de otros miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En total son 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita, todas ocurridas durante el mes de agosto de 1976.
“La suspensión reiterada del juicio, cuando uno lleva 40 años esperando, la verdad es que me hace sentir más cansancio del que tengo y también indignación con la justicia”, aseguró Ana a enREDando. “Para mí el 24 de marzo y todos los días en general siento lo mismo. No quiero relacionar toda esta situación con cuestiones sólo políticas porque para mí lo que pasó a partir de esa fecha tiene que ver con mi vida, de todo lo que me perdí en la vida, de mis padres, de mi hermana, de todo lo que me quitaron, lo que le quitaron a mis abuelos, a mi tía, y con que todavía no son capaces de darnos una respuesta”, agregó, en relación al panorama actual en cuestiones de derechos humanos, particularmente sobre delitos de lesa humanidad. “La justicia debería tener más humanidad, los sucesivos gobiernos también, yo solamente quiero la verdad. Es una responsabilidad del Estado, porque fue el Estado el que cometió esos crímenes contra sus ciudadanos, ya no podemos esperar más. Lo que pasa con la causa Klotzman es parte de la burocracia de la justicia que mide los tiempos de otra manera. 40 años es demasiado cruel”.
Ana ve con indignación la posibilidad de que los represores caminen de nuevo impunemente por las calles. “Se están tomando decisiones con las que no estoy de acuerdo, creo que hay delitos como los de lesa humanidad que no pueden recibir ningún beneficio porque si uno lo mide con la envergadura del delito, por más que sean mayores de edad, ellos no tuvieron piedad”.
Las audiencias debían empezar el 7 de marzo pasado pero no fue así. Actualmente esta causa no tiene un tribunal conformado que marque la posibilidad de fijar una nueva fecha de inicio del proceso oral. Desde el año 2015 que fue elevada a juicio, sigue esperando ver a los imputados sentados en el banquillo.
Los dos demonios
En un claro intento de reinstalar la teoría de los dos demonios, se realizó una audiencia en la justicia federal rosarina para reabrir la causa sobre la muerte del integrante del Ejército Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado en agosto de 1974 y cuyo cadáver apareció un año después. Esto llevó hasta las puertas del edificio de calle Entre Ríos al 400 a la agrupación “Familiares de Víctimas del Terrorismo”, quienes quedaron separados por un cordón policial de los organismos de derechos humanos de la ciudad que también se concentraron para pedir que no se haga lugar al pedido de reapertura de la causa. El hecho ya fue juzgado entre 1975 y 1983 con condenas varias, pero los abogados de la querellas, entre ellos el hijo del militar, Arturo Larrabure, solicitaron que se considere a esta muerte como crimen de lesa humanidad, y por ende imprescriptible, pedido que viene siendo rechazado por distintas cámaras de primera instancia. Ahora, llegó a la Cámara de Apelaciones de Rosario.
Gabriel Ganón, junto a Pablo Llonto, es el abogado del único acusado en esta causa, Juan Arnol Kremer, a quien la querella considera autor mediato de la muerte de Larrabure. “La exposición de la defensa fue un discurso absolutamente político y sin fundamento jurídico, solamente está fundamentado en un clima de época. No tienen material probatorio para imputar a Kremer. El resultado de esto va a depender del ámbito político, dependerá de hasta dónde apoya esto el gobierno. Y qué lugar se les da a quienes sostienen la teoría de los dos demonios. Como en todo, van probando, si no funciona retroceden como pasó con el 2×1”, expresó Ganón.
Para el abogado, todo esto no tiene más que ver que con una búsqueda de impacto, una especie de ensayo para ver cómo resulta y después repetir esta experiencia en otros puntos del país. Y basa esta opinión en que en la audiencia del miércoles no estuvieron presentes los familiares de la querella sino que asistieron familiares de personas en la misma situación de diferentes provincias como Tucumán, La Rioja y Buenos Aires. A esto hay que sumarle un dato que no es menor: uno de los jueces integrantes del tribunal es Aníbal Pineda (que también es miembro del tribunal del Feced III), magistrado designado por el macrismo, quien nombró como su relator a Juan Cruz Peña Álvarez, primo hermano del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Marcos Peña y con quien trabajaba hasta hace poco tiempo.
“Esta causa más que una aberración jurídica es un mamarracho. Todo es parte de lo mismo y lo usan para distraernos de lo que está pasando en el campo económico. Esto es una estrategia del gobierno”, dijo Ganón y agregó: “Este 24 de marzo es distinto, porque están pasando muchas cosas. Desde aquella frase de que se iba a terminar con el curro de los derechos humanos a esta parte hubo acciones concretas en esa línea. Ya estamos ante frases como que hay que liberar a los pobres viejitos que se están muriendo”.
