El gobierno de Mauricio Macri persiste en la reestructuración de políticas que afectan a ámbitos sensibles y pilares para la política pública y la institucionalidad. Una modificación sustancial en la Ley de Financiamiento Educativo provocó la eliminación de la paritaria nacional, y un cambio sideral en la representación gremial. Repasamos la prematura metamorfosis estructural que busca Cambiemos con avances que atañen a la educación y analizamos con Martín Lucero, Secretario General de Sadop Rosario, la lógica que aplica el gobierno nacional en este ámbito.
Por Alvaro Arellano
El cambio
[dropcap]L[/dropcap]a fórmula Cambiemos inició su tercer año de mandato con claras señales de continuar avanzando en una transformación de las bases que le han dado identidad a políticas públicas en (al menos) los últimos diez años. Después de sortear un diciembre atravesado por efectos de tenor caótico provocados por el tratamiento (y luego aprobación) de la reforma previsional, el ejecutivo inauguró el 2018 con un decreto de necesidad y urgencia (52/2018) que modifica cuestiones sustanciales en la ley de financiamiento educativo (ley 26.075). Que en primera instancia persigue estipular el salario docente a través de un cálculo que va en detrimento de los maestros y por otro lado desestima la discusión salarial.Durante los últimos años de gestión kirchnerista, la relación a la hora de acordar se tornó más tensa cada año, aunque nunca terminó por romperse, y los números se definieron en la mesa paritaria. Lo mismo que sucedió a pocos meses de la asunción de Cambiemos, donde parte de su gabinete debutaba en dicha instancia. Distinto fue el escenario que contextualizó la situación en 2017, donde el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo docente en un 20% por encima del mínimo vital y móvil, con el pretexto de una salida rápida que destrabaría el conflicto de manera provisoria. Pero lejos de eso, aquella maniobra sentó un precedente para que, a mediados de enero, el Presidente firme un decreto en el que dicho cálculo se convirtió en el aumento que pasó a corresponder a los docentes a nivel nacional, desplazando la negociación salarial.
El decreto no solo reglamenta ese piso salarial en la actividad, sino que también estipula un recorte en la representación del gremio Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) para el momento de sentarse a discutir condiciones laborales. Cabe destacar que hablamos de la entidad que nuclea la mayor cantidad de afiliados en todo el país, motivo por el cual cuenta con una presencia nominal por encima del resto en la mesa de negociación. Desde el Ministerio de Educación explicaron la medida como parte de la “recuperación de un ámbito de discusión”, en referencia a otros aspectos relacionados a la actividad laboral, que claramente no incluyen números y deja en claro que la recomposición salarial docente no es un tema que le preocupe discutir al ejecutivo. Por el contrario, lo endilga a extorsiones y entorpecimiento en la discusión. Esa falta de discusión repercute indefectiblemente en aquellas provincias que carecen de autonomía en la materia, y quedan atadas a esta decisión.
Otra maniobra que precedió a la modificación en la Ley, y que evidencia la lógica que persigue el Gobierno Nacional, se tradujo en las modificaciones impuestas en el seno del plan PROGRESAR. Amén de un aumento de los ingresos anuales por estudiante que corre de atrás a la inflación acumulada, el espíritu del programa transforma el concepto de estímulo en mérito. Es que las exigencias de rendimiento académico estipuladas, que parecieran alcanzables para un ciudadano de clase media, complejizan la situación de aquel que atraviesa una circunstancia de vulnerabilidad, y que necesita el ingreso para financiar sus estudios, precisamente en ese orden, y no al revés. Cada avance que ensaya la administración de Mauricio Macri en el ámbito de políticas públicas, revela con elocuencia la búsqueda por instaurar nuevos paradigmas, que buscan barrer los resabios de políticas inclusivas y para ello continuar con la constante estigmatización por sectores y la binarización ideológica, persiguiendo el respaldo de buena parte de la sociedad que lo concibe de manera idéntica.
División gremial
En esa búsqueda por la pérdida de peso sindical sobre todo en esta instancia anual, Martín Lucero, Secretario General de SADOP Rosario (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) advirtió: “El gobierno dividió a CTERA por un lado y a SADOP lo manda aparte para discutir entre estado nacional y sus empleadores. Así rompieron el frente docente, dividiendo al más grande de los públicos y el más grande de los privados, ya que entre ambos representan a casi todos los docentes, y así se ve desobligado a tener que discutir algo a nivel más general”. Situación que reestructura el contexto de negociación de aquí en más, teniendo en cuenta que “la comunión entre las dos han generado muchos progresos en defensa de derechos”. Y aunque el número de la paritaria federal no afecta directamente a todas las provincias, existen otras cuestiones eje de debate, “como capacitaciones, mejora de la formación docente, incentivos, herramientas educativas y material didáctico, son cuestiones que no distinguen percepción del fondo de garantías” de manera que alcanzan el universo total de la docencia.
“En primer lugar la política educativa tendría que tener un carácter de inclusión, en segundo lugar de desarrollo y en tercer lugar de progreso para que de alguna forma todas las personas tengan la posibilidad de igualdad de oportunidades”, enumera Lucero en base a los principios a través de los cuales intentaron forjar la educación desde los sindicatos a lo largo de estos años. Entiende que “la educación no es funcional al modelo”, e insiste con una ausencia del Estado a la hora de compensar diferencias, propio de un problema de injusticia social, ya que quien dispone concibe la educación de otra manera. “Entendemos el modelo del proyecto educativo del gobierno nacional dentro del modelo de país que inculca, en este sentido piensan que la gente tiene que salvarse así mismo, es sálvese quien pueda, y en educación ese sentido no cambia”, concluye al respecto.
El reparto de la torta
El presupuesto educativo ha sido uno de los temas recurrentes en el universo docente estos últimos años, pero al parecer el pedido de elevar ese 6% (porcentaje del PBI que se destina por ley a la educación) correspondiente al área se ve relegado en virtud de una pérdida sobre derechos elementales. En un claro retroceso, el debate regresa a cuestiones que ya parecían solidificadas, como la paritaria abierta, en tanto la realidad exige una resistencia para que ese fondo por lo menos alcance el 6% del PBI que se le asigna a la educación. En este sentido, Lucero amplía: “Para tener fondos más altos necesitás ensanchar la torta que se reparte, para eso tenés que avanzar en una reforma de manera que el estado tenga mayor ingreso para destinar a la educación, lo que no puede ser una discusión, es que educación discuta fondos con Seguridad, Trabajo, o Salud”. Lo que sí tienen en claro los gremios es que el ejecutivo avanza en búsqueda de la remoción paritaria, y actualizarla en base al cálculo transitorio que aplicó en 2017 de un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, de manera que si ese indicador es bajo, el salario docente será apenas superior, con escasas posibilidades de empatarle a la inflación.
Más allá de que la paritaria en Santa Fe, al igual que otras provincias, tiene arraigo a una ley propia, en educación, la paritaria federal oficia como referencia a la hora de acordar los aumentos en el resto de los distritos. “Cuando se acuerda un número, los gobiernos provinciales tratan de orientar las ofertas a ese porcentaje”, explica Lucero, motivo por el cual esa mesa de diálogo se convierte en una mesa testigo para el resto de las jurisdicciones, acaparando todas las miradas, ya que termina, no sólo sentando precedentes numéricos, sino también reflejando conductas y orden prioritario que le significa este tema al ejecutivo. Al no poder ofrecer pautas distintas a las de Nación, ciertas provincias quedan desfinanciadas y sin asistencia del estado. “En los últimos dos años el gobierno quedó lejos de sus propias estimaciones inflacionarias, y esas cosas en una paritaria se tiene que poder discutir», concluye el secretario general de SADOP, en referencia a cuanto puede significar la paritaria en la evolución de un salario docente.
Bajo estas circunstancias vemos como el frente Cambiemos interviene en algunas cuestiones y se impone en otras referidas al diseño educativo, tratando de confeccionar una lógica en la que el estado figura más como auditor que como garante.
