Chocobar mata Polaquito

Culpables hasta que se demuestre lo contrario: llegó el día que el gobierno nacional avaló el gatillo fácil. La construcción del héroe y el enemigo es una etapa necesaria para lavar la cara de la institución policial y respaldar la mano dura reinante.

Por Martín Stoianovich

[dropcap]E[/dropcap]l poli corre al pibe. La distancia se agranda. El poli corre y no alcanza al pibe. Quizás grita “alto, policía”. Pero lo que se escuchan son disparos. El poli ya gatilló. Desde atrás. Y el pibe ya cayó. Mataron al Polaquito, ocho meses después de su última aparición pública. No importa si este pibe que murió ahora, Pablo Kukoc de 18 años, es la primera vez que aparece en los noticieros. No importa su nombre sino la carga que lo llevó a la tumba: es un muchachito de algún rincón no rentable del barrio La Boca, de familia pobre que viene de Salta. Ha robado varias veces. Ahora robó y apuñaló. Y el que mal anda, mal acaba. Mataron al Polaquito porque Kukoc, con sus características de pibe marginal, responde a esa imagen que la TV volvió a poner en escena a mitad del 2017 para hacernos acordar que si de ladrones hablamos no podemos referirnos sino a estos jóvenes peligrosos. Y para combatirlos están los héroes. Y para héroes están los chocobares.

Chocobar gatilló desde atrás. Es un procedimiento habitual de la policía. De las policías: Federal, provinciales, locales. Son más de 5.400, dice la organización CORREPI en su informe actual, los asesinatos de la policía desde la vuelta de la democracia. En Rosario la mayoría de casos que integran esta lista desde los últimos años reúnen características muy similares que le siguen al disparo por la espalda. El cerco policial alrededor del cadáver para que los vecinos no vean. El patrullero que no estuvo en la escena y llegó de repente. El arma plantada en la mano del cadáver, y algún disparo previo de esa arma en alguna pared o vehículo que si es policial mucho mejor. Un fiscal que llega varios minutos después y escuchará una versión de los hechos: la del policía. Un fiscal que pondrá como punto de partida de la investigación a esa versión. Un medio de comunicación que anoticiará lo sucedido replicando la versión policial, ya oficial. “Uno menos”: el comentarista del portal estará contento. Y la víctima será culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Hasta hace muy poco tiempo la ejecución extrajudicial, el gatillo fácil, necesitó de encubrimiento cuando el escenario de ilegalidad era muy obvio: cuando había un tiro por la espalda, cuando la víctima fatal estaba desarmada o cuando estaba armada pero no había enfrentamiento. Ahí, entonces, se accionaba el encubrimiento de manual que en Rosario encabezan los fiscales del Ministerio Público de la Acusación demorando las investigaciones hasta su archivo. Caso Zamudio, caso Ojeda, caso Cárdenas, caso Godoy, caso Fiori: predominó la versión policial que los puso como ladrones y la figura de legítima defensa entonces calzó justo en la causa para que el juez no considerara la necesidad de dictar prisión a los policías imputados.

Estos procedimientos, abc de la impunidad y cimientos de nuestros lamentos actuales, no solo sirven para la libertad del policía. Sería destinar demasiado recurso solo para evitar que la investigación devele el accionar ilegal de un uniformado. Hay casos, quizás sean los menos pero los hay, que dicen más de lo que dice un robo y un asesinato. En varios de estos hechos las investigaciones, en caso de ajustarse a los protocolos actuales, podrían ir más allá de la punta del ovillo que significa el policía matador. Elías Martínez, antes de que lo mataran en barrio Rucci de Rosario en el 2015, denunció que estaba en la lista negra de la policía desde que había sido desligado de acusaciones que lo vinculaban al asesinato de un oficial. Para archivar la investigación por el crimen de Maximiliano Zamudio –barrio Tablada, mayo de 2015- el fiscal Miguel Moreno argumentó que el chico era ladrón, que así lo había confirmado a través de mensajes de textos enviados desde la cárcel por un tipo acusado de liderar una banda en la zona del crimen. Los familiares de Dante Fiori, rematado en La Sexta en abril de 2015, se cansaron de decir que el policía que mató al chico lo tenía fichado hacía tiempo. Lo mismo en el asesinato de Jonatan Ojeda, de octubre de 2015 en barrio Tiro Suizo: dicen que el chico robaba para el policía que lo mató. La corrupción policial, entonces, va más allá del asesinato y reúne también lazos con las economías delictivas. El encubrimiento, entonces, también debe ir más allá.

Ahora se dio un paso más. Con el caso Chocobar se sienta un precedente que puede habilitar al gatillo fácil sin necesidad de modificar el relato de los hechos para encuadrarlo en un accionar legítimo. ¿No hará falta el encubrimiento, bastará con el discurso?. La policía como institución irá ganando de esta forma el respeto que en parte había perdido. Irá ganando el respaldo y el apoyo, político como el de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, o de la sociedad civil que veía a la policía como parte del problema. Ese lavado de imagen servirá para apretar más seguido el gatillo sin tener demasiadas consecuencias –este martes un policía del Grupo Halcón mató por la espalda a un chico de 17 años en la villa Los Eucaliptus de Quilmes- y con el doble peligro que implica andar de tiratiros como sucedió en la balacera en el centro de Capital Federal hace unos días. Pero también servirá para fortalecer y seguir ocultando esas redes de corrupción a las que no llegan ni las investigaciones judiciales ni los discursos del presidente y su ministra de Seguridad. El gobierno nacional necesita lavarle la cara a la policía en las provincias que gobierna y ganar terreno en las provincias, como Santa Fe, en las que todavía no manda. Es muy complejo desentramar las redes de delitos de la policía, o controlar a los compañeros de Chocobar que se filman tomando merca en el patrullero o disparando sus armas al cielo. La disputa es más urgente y según Durán Barba la comanda «lagente» que quiere la pena de muerte. Así pues, se hará el lavado de cara aprovechando el discurso reinante de la mano dura. Para eso alcanza con el aval político público, en principio para proteger al héroe policía que asesinó, y luego para envalentonar a la institución en su deber de controlar, como sea, al enemigo. Alcanza, entonces, con chocobares y polaquitos.