La difusión pública del video que muestra el momento en que el policía bonaerense Luis Chocobar disparó varias veces contra Juan Pablo Kukoc (18), cuando éste huía dándole la espalda y sin darse vuelta, abrió una nueva etapa en lo que los medios hegemónicos insisten en llamar “polémico caso”. Ante la ratificación indudable del fusilamiento, muchos de los que inicialmente apoyaron al homicida –incluso consecuentes defensores del gobierno macrista, como Jorge Lanata- debieron retractarse y admitir, cuanto menos, que “se precipitaron sin suficiente información”. El gobierno, lejos de eso, redobló la apuesta, y salió, por boca de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a exponer su “doctrina”, que se resume en dos ideas: 1) La policía (y el resto de las fuerzas) tienen orden de tirar a matar, y 2) El gobierno asume como “política pública la defensa del policía en acción” (sic).
Por CORREPI
[dropcap]E[/dropcap]l Jefe de Gabinete, Marcos Peña, anticipó que no hubo descuido ni apuro desinformado cuando el presidente Mauricio Macri recibió al policía Chocobar y le dijo “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”. En una nota televisiva, Peña aclaró que el ministerio de Seguridad tenía todos los videos desde el primer día, que los evaluaron y estaban al tanto de cómo había sido el desempeño policial. Y añadió: “No creemos en el gatillo fácil”.En una entrevista con el periodista Ernesto Tenenbaum, Bullrich explicó: “Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia el policía… estamos construyendo una nueva doctrina… el principio es invertir la carga de la prueba, lo vamos a cambiar en el código penal… El presidente de la Nación lo que hace es avalar esta idea en la figura de Chocobar. El policía actuó como debía actuar… Le damos al policía la presunción de inocencia… El juez que haga lo que quiera, nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa de la policía en acción”.
Más allá del caso Chocobar, aplicó la misma tesis gubernamental a los prefectos que fusilaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre pasado en el Lago Mascardi, y dejó bien claro que uno de los ejes centrales del “estado de excepción” que venimos denunciando es la orden explícita a las fuerzas de seguridad de todo el país de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender, tanto técnicamente, con los abogados ministeriales, como políticamente.
En una palabra, la pena de muerte es ley de facto, se presume que cada vez que un uniformado mata a una persona fue un “enfrentamiento”, y se defiende como política pública su accionar.
Confrontada con los datos del Archivo de casos de CORREPI, que muestran que bajo el gobierno de cambiemos hubo un alza exponencial de las muertes por gatillo fácil, torturas, en lugares de detención y demás modalidades de la represión estatal, la ministra hizo lo mismo que, por turno, todos sus antecesores: Dijo que CORREPI miente, que los datos son falsos.
Nuestro Archivo es público desde 1996. Año a año lo actualizamos y difundimos las conclusiones. Está disponible en www.correpi.org para cualquiera que desee consultarlo. Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron: Corach, Storani, J. J. Álvarez, Garré, Berni. Ninguno pudo. Ahora es el turno de Patricia Bullrich, a la que invitamos a debatir públicamente –si se anima- cada caso.
Hace casi 30 años que enfrentamos el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y el resto de las herramientas represivas en democracia, que no son consecuencias indeseadas de abusos, excesos, o loquitos sueltos, sino que implican una política de estado. Gritamos en cada movilización que No es un policía, es toda la institución, y que las fuerzas no se autogobiernan, sino que cumplen las directivas que imparten los gobiernos que las dirigen. Hoy es el propio gobierno nacional el que lo reconoce, lo asume y lo propagandiza: “Para eso fuimos elegidos”, dijo Bullrich.
Ver también: Pintada intimidatoria en el local de CORREPI: “Aguante Chocobar”
Nada más obvio, para sostener esa política pública de estado, que atacar a CORREPI, con provocaciones como pintar “Aguante Chocobar” en nuestro local, o, ahora, acusarnos de mentir. El ataque a nuestra organización, que viene denunciando el avance de la represión bajo el gobierno de Cambiemos, de una profundidad y alcance como nunca vimos antes, es la forma más directa de defender y promover la aplicación de la pena de muerte sumarísima por la vía del arma reglamentaria. El ataque a CORREPI es la confesión de Patricia Bullrich de que éste es el gobierno del ajuste y la represión, el gobierno del gatillo fácil legalizado, de la represión y la criminalización de la pobreza y la protesta, de los presos y presas políticos. El ataque a CORREPI muestra que tenemos razón. Cuando Ud., quiera, @PatoBullrich, lo discutimos en público.
