Stella Segado fue titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y hoy es responsable del Área de Archivos de Territorios Clínicos de la Memoria (TecMe). Muchos la conocen como la “exhumadora de archivos”. Desempolvó en sus años de investigación miles de documentos que encierran la historia de este país, entre ellos todo lo relacionado a la última dictadura cívico-militar, la Guerra de Malvinas y hasta la Campaña del Desierto. Hoy forma parte de una organización que intenta generar una red de trabajo en todo el país para preservar los archivos y los testimonios de los procesos de verdad, memoria y justicia.
Por Carina Toso – Foto de portada: TecMe
[dropcap]A[/dropcap]ños atrás, cuando Stella Segado era investigadora de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y trabajaba dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (cuando todavía no era Secretaría), estaba abocada a la confección de legajos de búsqueda, es decir de personas que se presentaban para obtener los beneficios de las leyes reparatorias para presos políticos y familiares de desaparecidos pero que no tenían una denuncia previa a la ley del año 1994. Por lo tanto, era necesario investigar para poder demostrar que esa persona había estado desaparecida o detenida. Pasó mucho tiempo ojeando los archivos de la Conadep, pero no era suficiente. Había que salir a indagar en otros espacios, en archivos cerrados, en lugares imposibles de acceder, con información clasificada.
Entre los legajos que Stella tenía, había una denuncia por un joven de 21 años desaparecido en octubre de 1975. Pero había un dilema: “Era obvio que había desaparecido en el Copamiento de Formosa pero el hecho de decir que fue parte de ese copamiento lo invalidaba para que el caso sea amparado por la ley reparatoria, porque el criterio en ese momento era que si habías ido a copar no eras un desaparecido, el Estado no te había desaparecido. Entonces entre 2001 y 2003 me dediqué a reconstruir cómo había sido el copamiento, de entrevistar a todos los compañeros de militancia y a los que habían estado presente pero que no querían dar sus nombres”, explicó Stella.
Recién en el 2003, con el cambio de las políticas relacionadas a los crímenes de lesa humanidad, Segado pudo viajar a Formosa en tres oportunidades. Esos viajes le dieron acceso a distintos archivos. “En el municipal entré el primer día pero al segundo ya no me dejaron pasar”, recuerda. A pesar de los palos en la rueda, pudo ver la causa sobre el copamiento que calificó como una “verdadera pieza de museo” a pesar de que está olvidada en un depósito. “Así encontré al joven que buscaba. Estaba ahí enterrado como NN. Su familia nunca había podido acceder a esa documentación. Encontré una pieza que fue fundamental y creo que fue una de las mejores cosas que me pasó, y es que había una foto. En esa foto estaba él con un número pintado en su pecho. Pero estaba de la mano de un compañero. Ese documento probó que lo habían fusilado. Solamente te agarras de la mano cuando te la ves venir. Y con esa foto, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, hizo un dictamen en el que se afirmó que los compañeros que habían llegado al copamiento habían sido fusilados. Ahí se ve el valor de los documentos, de las huellas que quedan registradas y que analizadas hoy nos hacen ver cómo fueron los hechos. Todos sabemos la centralidad que tienen los testimonios y los archivos en la lucha por la memoria. La memoria y los archivos mantienen un diálogo permanente, y cuanto mayor es el conocimiento de lo acontecido y mayor es la contribución a los procesos de verdad y justicia”, afirmó Stella.
Viviana Nardoni (Directora del Museo de la Memoria) y Stella Segado (coordinadora del Área Archivos de TecMe) Foto: Daniel Cabezas.
Stella Segado fue durante el gobierno anterior, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación y fue la encargada de desclasificar más de mil archivos relacionados a la última dictadura cívico-militar y a muchos otros acontecimientos que forman parte de la historia del país. Hoy es coordinadora del Área de Archivos de Territorios Clínicos de la Memoria (TecMe). En el marco de la presentación de la Red de Profesionales en Derechos Humanos y Subjetividad, que está nucleado dentro de TecMe, Rosario fue parte de un debate necesario sobre las implicancias sociales y subjetivas de los retrocesos actuales en materia de derechos humanos y memoria. Con el Museo de la Memoria de Rosario como sede, miembros de organismos, familiares de víctima y quienes realizan tareas relacionadas a estas temáticas se dieron cita para articular una red de trabajo basado en dos ejes fundamentales: los archivos y los testimonios como ámbitos en riesgo. Con una convocatoria que superó todas las expectativas participaron personas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Mendoza, entre otras.
Por parte de TecMe también estuvo presente Fabiana Rousseaux, coordinadora del Área Testimonios de Territorios. “Como país hicimos un proceso muy importante de reconstrucción de la memoria en los últimos años y creo que coincidimos que en estos momentos se trata de la defensa de todo eso. Esas nuevas formas políticas de las que muchos de los que estamos acá formamos parte nos constituyeron en nuevos sujetos en relación a los derechos humanos y también a su impacto sobre las subjetividades. Esto es algo que resultó inédito en la región por el tono reparatorio y la importancia que tuvieron los más de 180 juicios a genocidas. Algo que quizás también funciona como un freno a lo que está sucediendo con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado”, dijo Rousseaux.
Una de las preocupaciones más grandes de quienes hoy forman parte, desde sus distintas profesiones, de los procesos de memoria, verdad y justicia, es el giro radical que se dio en cuestiones de derechos humanos tras la asunción del actual gobierno. “Estamos parados en una realidad que no tiene tanto que ver con el negacionismo tradicional sino directamente con una ofensa a la memoria. Una memoria que les estorba y que ya no tiene ningún valor, excepto para hacerla contable: cuántos son o cuánto cuesta. Frente a esto tenemos que redoblar esa apuesta, pensar y analizar seriamente cómo vamos a responder y cómo vamos a armar nuevas vallas”, agregó.
Y si de archivos se trata, no se puede dejar de nombrar al Centro Documental Rubén Naranjo del Museo de la Memoria de Rosario, un espacio abierto al público para la consulta de causas y material relacionado a víctimas de delitos de lesa humanidad. “Contamos con un patrimonio riquísimo de archivos públicos y privados. Tenemos el primer archivo digitalizado por el Archivo Nacional de la Memoria que es el de la Causa Feced. Hoy nuestro centro documental es muy visitado por tesistas, pasantes e investigadores y permanentemente recibimos donaciones de material”, detalló Viviana Nardoni, directora de dicho Museo.
Mientras Santiago Maldonado sigue desaparecido, mientras un juez le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Luis Alberto Patti, mientras los inicios de los juicios por delitos de lesa humanidad se demoran, mientras los programas de memoria se recortan o desaparecen, muchos se preparan para el debate y para resistir en la lucha que vienen dando desde hace años, algunos desde toda su vida. Y para esto nació TecMe. “Conformamos la asociación hace un año viendo el panorama en el país, en los retrocesos en las políticas públicas, al ver que mucho de lo que habíamos hecho se estaba desvaneciendo. Nos juntamos para pensar nuevas herramientas para articular un espacio en red en todo el país. Desde entonces hasta ahora, organizamos distintas jornadas además de tratar de generar de alguna manera un soporte académico para que sirva como caja de herramientas para quienes siguen estando en la gestión pública y pueden desde su lugar modificar un poco este retroceso”, explicó Segado.
¿Qué pasa con los archivos en distintas dependencias en cuanto a su disponibilidad?, ¿Cómo se están conservando, no solo los que ya están en lugares de memoria, sino los que todavía están en el área de administración pública y que son de la época de la dictadura, sobre los cuales no hay ningún tipo de cuidado ni control?, ¿Esos archivos y los testimonios corren peligro? Estas son las preguntas que este equipo intenta responder. Stella tiene algunas respuestas claras: “Hoy peligran las dos cosas. Los archivos de memoria se sustentan de los testimonios. En Rosario iniciamos justamente una investigación a través de una encuesta sobre las continuidades o rupturas que hubo en este tiempo en relación a los archivos. Las encuestas son dos: una para trabajadores y responsables, y otra para los usuarios. Creemos que necesitamos un mapeo a nivel nacional para poder pensar en conjunto algún tipo de herramienta para normativizar de alguna manera el cuidado de esos archivos, de que esa documentación no se destruya. Lamentablemente en estos años no hemos logrado una ley de archivos de la memoria, no logramos una ley de memoria tampoco, entonces tenemos que empezar a sentar las bases para tener información cuantitativa y cualitativa sobre lo que está ocurriendo en ese campo para poder empezar a pensar una ley que nos contenga a todos porque cada provincia tiene una realidad distinta”.
-Desde 2003 en adelante se empezaron a aplicar políticas públicas en relación a juicios de lesa humanidad y aperturas de espacios relacionados a la memoria, pero en los últimos años se empezó a recortar el presupuesto para todo eso y se dio marcha atrás. ¿A qué punto llega ese retroceso?
-Stella Segado: Si, el fin último es que se terminen esas políticas. Del 2003 en adelante se logró muchísimo en estos aspectos, y las políticas públicas de memoria fueron políticas que tomaron las banderas de los derechos humanos y fue de la mano del Estado nacional, con algunos aciertos, con cosas que no se llegaron a hacer, sabemos que nos faltó mucho. Pero en este último año y medio vemos que se desfinanciaron proyectos y hubo reparticiones de derechos humanos como las del Ministerio de Seguridad que se cerraron. Otros programas que tenían que ver con el acceso a la información también se desactivaron como el del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Un poco en respuesta a eso es que iniciamos este camino. En el último año y medio fuimos notablemente para atrás, no sabría decirte cuánto y esta investigación nos va a contar un poco de eso.
-Desde el Poder Judicial siempre se tendió a demorar los juicios y complicar la entrada del público, ¿Cómo ves la actitud de los jueces hoy?
-S.S.: Para ser honesta, en los últimos años del gobierno anterior los jueces ya habían empezado con su política de demorar y era evidente que lo hacían porque sabían que se terminaba el gobierno. Ahora es ya bochornoso y pasa en todo el país. Nos interpela a todos los que trabajamos en esto a sostener la demanda que siempre tuvieron los organismos de derechos humanos y acompañarlos en esto de empujar para que sigan los juicios. Lo cierto es que muchos jueces están renunciando y buscar otro juez lleva tiempo. Es la complejidad de hoy. Hubo una sintonía de jueces con este gobierno pero también era una sintonía que estaba antes y que se veía en las decisiones que se iban tomando en relación a algunos juicios, en las domiciliarias a gente que no necesitaba estar en su casa. No es sorpresivo.
-¿Crees que pueden llegar a frenarse los juicios?
-S.S.: Va a ser difícil pero los van a demorar todo lo que puedan. Y los imputados se van a ir muriendo. La realidad es que los juicios deberían ser todos los días en horario posterior al trabajo del Poder judicial, a partir de las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. Pero hoy hay privilegios.
-¿Cómo calificás las políticas en relación a los derechos humanos que lleva adelante este gobierno?
-S.S.: En principio creo que no hay políticas públicas en relación a los derechos humanos, tampoco sé si hay en otras. Lo que veo es que aquello que ya estaba empezado lo sostienen los trabajadores voluntariamente porque están comprometidos con el tema no porque hay una política clara con un objetivo que baje del Poder Ejecutivo. En relación específicamente a los temas de lesa humanidad, queda claro que el presidente Macri dijo ya cuál es su posición en relación a los 30 mil, a que se terminaba el curro de los derechos humanos, esa es la respuesta, no hay mucho más que ahondar. Si desde el momento en que asume permite que se cierren los Programas de Memoria y Direcciones de Derechos Humanos que existían en todos los ministerios te habla de que no es un tema con el que se va a comprometer. No lo ven como prioridad ni como algo secundario, si no existe todo esto para ellos mejor. Y esto es así no sólo con lesa humanidad, sino con otros ámbitos como por ejemplo las cuestiones de género.
-¿Qué opinás sobre el discurso oficial en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado?
-S.S.: Acá el gobierno trabaja sobre la subjetividad de las personas, igual que lo hacían los militares, a través de una acción psicológica. Entonces, esto de banalizar estos casos tiene que ver con hacer creer que lo vieron vivo o que se cortó el pelo en San Luis, intentan de fondo decir “no lo desaparecimos”, anda por ahí. Es lo mismo que la frase “los desaparecidos están en Europa”, es el mismo criterio, es la acción psicológica de los militares pero hoy. Por eso creo que es muy importante que la gente pueda ir a los juicios de lesa humanidad, más allá de que haya sido víctima o cercano a las víctimas, porque muchas de las cosas que pasaron en aquel momento se pueden entender en las cosas que pasan hoy. Cuando ves que en el operativo de gendarmería en la comunidad Pu Lof estaban los camiones de Beneton, no es distinto a los camiones de Ledesma en Jujuy. Hay una lógica del liberalismo y de la derecha que se sigue repitiendo, por eso es importante que la gente participe de esos procesos porque se empiezan a entender otras lógicas.
-¿Cómo fue poder revisar los archivos que cuentan gran parte de la historia de este país?
-S.S.: Estuve a cargo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y tuve a cargo todos los archivos de las tres fuerzas. A lo largo de los cinco años que estuve se desclasificaron muchos documentos: todo lo que fue Malvinas, el Informe Rattenbach, todo lo que quedó por fuera de ese informe, es decir todo lo que se hizo a la vuelta de los soldados, el Fondo Isaac Rojas que tenía que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo. Se trabajó en toda la documentación desde el 1976 a 1983 y se hizo un inventario de todo lo que había ahí, no sé si sigue estando la documentación pero el inventario está. Se lo entregamos a todos los organismos pero la documentación queda dentro de las fuerzas porque estoy convencida de que los archivos son de quienes los producen, deben estar ahí y ellos se tienen que hacer cargo de que siga estando o si no se deben hacer responsables. Si sacamos esos documentos sobre lo que pasó durante el terrorismo de estado es como sacar la prueba de que fueron responsables, es como si no hubiese pasado nada. Lo interesante es que estén en esos lugares, que la gente vaya a consultarlos y que tengan que dar esa documentación. Los documentos tienen una lógica administrativa, son archivos administrativos, si vos hacés un corte le sacás sentido. Siento que en esos años pude acceder justamente a la historia de este país a través de los documentos de las tres fuerzas. Toda la vida del país está ahí. El trabajo que se hizo dentro de Defensa fue de mucha profundidad, fue meternos con toda la documentación que allí estaba.
