No se sabe dónde está Santiago Maldonado. Otra vez el Estado está involucrado en la desaparición de una persona. Las maniobras para ocultar la verdad son parte del mismo delito. Son los eslabones de una cadena de invisibilización e impunidad que conduce a la repetición de estos hechos que siguen pisoteando al nunca más.
Por Martín Stoianovich
[dropcap]L[/dropcap]a comunidad mapuche viene peleando por sus tierras desde hace años, enfrentándose a los intereses económicos nacionales e internacionales que arrasan con la historia y la cosmovisión de los pueblos originarios. En los últimos meses el estado de alerta creció, sobre todo a partir del 10 de enero pasado cuando unos trescientos efectivos de la Gendarmería Nacional reprimieron a la comunidad Pu Lof, que se mantiene en resistencia contra la usurpación de tierras por parte de la multinacional Benetton. Alejada de la agenda de los medios masivos, la resistencia continuó, como continuó también la presión ejercida contra la comunidad. En ese contexto el 1º de agosto, después de una nueva represión de Gendarmería, desapareció Santiago Maldonado, un artesano de 28 años que se había acercado a la comunidad para manifestar su apoyo. Entre las operaciones políticas y mediáticas que buscan demonizar a la comunidad mapuche creando una figura de “terrorista” para legitimar el aumento del control social y la represión sobre las minorías, ya se habla de un nuevo caso de desaparición forzada en democracia.
Fue ante Norita Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, e integrantes de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), que personas de la comunidad mapuche se animaron a contar lo que vieron el 1º de agosto mientras huían de las balas de goma y plomo que repartía Gendarmería. Era de mañana cuando la fuerza entró por el primer acceso a la comunidad, abalanzándose sobre las personas, disparando e incendiando construcciones. Todos atinaron a correr, a escapar cruzando el río Chubut, que a esa altura es bajo y permite atravesarlo de a pie. “Indicaron que todos lograron cruzar el río y correr por la estepa, menos Maldonado, quien al ver la escena tomó su mochila de un puesto de la entrada y corrió detrás de los mapuches, pero no se atrevió a cruzar el caudaloso curso de agua y se escondió entre las ramas”, aseguran dese la CPM.
Al menos tres testigos vieron que los gendarmes agarraron a Maldonado, lo arrastraron, le pegaron y lo subieron a una camioneta para seguir camino por la ruta nacional 40. Hicieron unos dos kilómetros para el norte y en inmediaciones de la segunda entrada al Lof y, con un cordón de efectivos para que no se pudiera ver, pasaron a Maldonado a una camioneta de Gendarmería que partió hacia el sur para el lado de Esquel.
En diez días, la causa que se lleva adelante con la investigación de la fiscal Silvina Ávila y los hábeas corpus que recaen en el juez federal Guido Otranto – el mismo que ordenó el desalojo a la comunidad Pu Lof- mostró demasiadas irregularidades. Hasta que la presión social, política y de organismos de derechos humanos lo hicieron impostergable, el testimonio de los testigos no era tenido en cuenta y las más diversas excusas del discurso oficial intentaban justificar semejante falta. Que la comunidad no dejaba ingresar a los investigadores, que tampoco les permitían hacer rastrillajes. Después, un perro rastreador de la policía de Chubut marcó el camino que habría hecho Maldonado y encontró una visera y un cuello polar que eran del joven, o al menos así lo reconoció Sergio, su hermano.
Mientras tanto, los responsables políticos de las fuerzas de seguridad, como el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, o la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, formulan declaraciones tibias y especuladoras. Ofrecen miles de dólares a quien aporte datos concretos que conduzcan a la aparición de Maldonado, se muestran preocupados y urgidos por la pronta aparición. Pero también foguean la construcción de un relato criminalizador sobre la comunidad Mapuche, fomentado con el trabajo de las grandes empresas mediáticas. Son terroristas, serían financiados por organismos internacionales, Maldonado estaba solo yendo a Entre Ríos, allá lo vieron en un comercio y un camionero lo llevó y tantas otras cosas que ya empezaron a ser desmentidas.
Por ahora, mientras se busca a Maldonado, la Gendarmería sigue rondando los terrenos de la comunidad Pu Lof. Ese es un punto que denuncian desde la CPM, porque la presencia de efectivos continúa intimidando a quienes pueden aportar más información de la que hay hasta el momento. Ya se habló de amenazas y ya se conoce del poder de la fuerza, sobre todo en territorios tan aislados. El juez federal Otranto ordenó el allanamiento a las sedes de Gendarmería de Esquel y El Bolsón. Los procedimientos, en principio, no arrojaron datos trascendentes, hasta la mañana del viernes 11 en la que el diario Clarín anotició del hallazgo de cabellos y una soga con manchas que podrían ser de sangre, en una camioneta de Gendarmería de El Bolsón, similar a la que, según la descripción de los testigos, fue subido Maldonado.
Desaparecer en Democracia
La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires presentó ante el juez Otranto el pedido para constituirse como querellante en la causa, a la que piden que se investigue en los términos de una desaparición forzada de persona. Cuando el Estado interviene indirecta o directamente sobre la desaparición de una persona, es desaparición forzada: según Correpi hay más de doscientas registradas desde la vuelta de la democracia.
La ley nacional 26.679, sancionada el 13 de abril del 2011, incorpora en los delitos contra la libertad individual del Código Penal Argentino la pena al funcionario público o miembro de un grupo de personas que actúe con intervención del Estado en la privación ilegal de la libertad de una persona, y oculte información sobre el paradero. A sabiendas de lo que implica la participación del Estado en las investigaciones, más allá de que la fuerza involucrada sea corrida de las mismas, la carátula de desaparición forzada es imprescindible para evitar que, ante el poco avance de la investigación, la causa sea archivada.
El delito de desaparición forzada no se constituye solo por la ausencia física de una persona, sino también por toda la continuidad de obstáculos que se interponen a la hora de dar con el paradero de la víctima. El Estado, en vez de utilizar sus recursos para encontrar con vida a la persona desaparecida e investigar el delito, los utiliza para desviar el hecho y esquivar las graves consecuencias que implica la acusación por una desaparición forzada. Por eso no se reconoce, por eso cuesta tanto cambiar la carátula. Por eso, también, aparecen tantas versiones y palos en las ruedas de quienes quieren saber la verdad.
Por eso de Julio López, sobreviviente y testigo en causa por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, cuando en 2006 desapareció por segunda vez se dijo que quizás andaba perdido. Resuena todavía en la memoria colectiva la frase de Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, que ubicó a López tomando mates en la casa de su tía. Julio López nunca volvió a aparecer.
Por eso se intentó ocultar todo el recorrido en el caso Luciano Arruga, desaparecido en el año 2009 por la policía bonaerense después de una serie de hostigamientos sobre el chico, cuando este se negó a robar para la institución policial. No debía saberse que había estado detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador, que lo habían trasladado en un patrullero, que en el destacamento adulteraron el libro de guardia. Tampoco debía saberse que ese cuerpo atropellado en la Avenida General Paz, llevado al hospital Santojanni, y encontrado recién en 2014 enterrado como NN en el cementerio de Chacarita, era de Luciano Arruga, quien cuando lo desaparecieron tenía 16 años.
Por eso de Franco Casco, desaparecido en octubre de 2014, se dijo que estuvo detenido en la Comisaria 7ma de Rosario, pero que lo largaron el mismo día. Vecinos, políticos y curas dijeron haberlo visto deambulando por las calles de la ciudad, mendigando, perdido. Los medios de comunicación le preguntaban a su mamá sobre el consumo de drogas, y generaban en la opinión pública la imagen de un salvaje que andaba solo y descuidado. La médica de la policía, que nunca lo vio, dijo que el chico estaba desorientado. Los libros de guardias fueron adulterados, las paredes del calabozo donde lo mataron fueron lavadas, las pericias forenses también fueron manipuladas y, por consecuencia, la investigación fue demorándose. A Franco, que tenía 20 años y también era un pibe de barrio, lo habían matado a golpes en la misma Comisaría 7ma. Después lo tiraron al río, que luego de borrar en su profundidad las huellas de la muerte durante veinte días, lo devolvió a la costa rosarina.
Por eso de Pichón Escobar se dijo que cuando salió del boliche rosarino La Tienda, aquella noche de agosto de 2015, estaba muy borracho y caminaba tambaleándose, y que se subió a un colectivo que fue en dirección opuesta a dónde él quería ir, y que al bajarse enfiló caminando, errante, hacia el lado del río Paraná, donde una semana después apareció su cadáver. Hay una filmación de un patovica del boliche golpeando a Pichón en el suelo, esa misma noche. Hay filmación de policías de la Comisaría 3ra, que trabajaban de seguridad en La Tienda, mirando la golpiza. Hay indicios que dan cuenta que el chico, de 23 años, fue trasladado en un auto a la comisaría 3ra. Y hay testimonios de los gritos que se escuchaban esa noche. La causa por la desaparición forzada de Pichón tiene a dos policías y tres patovicas imputados, pero libres.
La construcción del relato oficial alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado, mientras se exige su urgente aparición con vida, remite automáticamente a estos hechos del pasado reciente. Como si fueran de manual. Como si se tratase de un guión. En el que siempre desaparecen quienes molestan al Estado.
