Comunicado del Espacio Juicio y Castigo Rosario
[dropcap]T[/dropcap]estigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, sobrevivientes de la dictadura, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, nucleadas en el Espacio Juicio y Castigo Rosario, exigen que se “ponga fecha al debate oral y público por la causa Feced III”. El proceso había sido suspendido –por segunda vez– a dos días de su inicio, fijado para el 8 de junio pasado.En el juicio Feced III se investigan 155 casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar en Rosario, y los delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita perpetrados por trece policías y un capellán (Eugenio Zitelli), todos acusados por hechos cometidos en el ex Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía local.
“A dos días de comenzar la causa Feced III, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, miembro del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, elevó una presentación que frena el juicio, al indicar que debe asistir a otro tribunal en calidad de subrogante”, habían informado en su momento las organizaciones que integran el espacio Juicio y Castigo.
Este martes, desde el mismo espacio que reúne a organizaciones como Madres de la Plaza 25 de Mayo, Abuelas filial Rosario, H.I.J.O.S, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras entidades gremiales, sociales y políticas, presentaron una nota dirigida al Tribunal Oral Federal 2 de Rosario para solicitar que se “designe en tiempo y forma nueva fecha de inicio de la causa”.
“Es imperiosa la necesidad de que dejen de dilatarse los juicios de lesa humanidad ante la edad avanzada y el deterioro de la salud de muchos de los testigos, querellantes y /o víctimas de los delitos que en la misma van a ser ventilados”, se indica en el texto presentado este martes. Donde además se añade: “Han sido ya demasiadas décadas de impunidad las que hemos tenido que soportar todos los involucrados y la sociedad en su conjunto”.
En la nota, se reclama que “se arbitren las medidas necesarias para que puedan ser juzgados a la brevedad los imputados” y también se plantea que, como ocurrió en otros juicios, se “habiliten los espacios y medios necesarios para que las audiencias sean públicas y puedan ser presenciadas por la gran cantidad de personas que vendrán a declarar, además de los familiares y militantes que quieren estar presentes y asistir a las mismas”.
Luego del apartamiento de Villafuerte Ruzo, el 13 de junio la Cámara Federal de Casación Penal designó en su reemplazo al juez Jorge Sebastián Gallino, quien actualmente se encuentra cubriendo una subrogancia en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Pero Gallino fue recusado por la defensa de Zitelli, y ahora los otros dos integrantes del tribunal, Liliana Graciela Carnero y Francisco Miño, deben responder ante ese requerimiento.
A casi un mes de esa designación del nuevo magistrado, las querellas y organismos de derechos humanos consideraron que el tribunal se ha tomado suficiente tiempo para volver a poner fecha de inicio al juicio.
