Entre el 3 y el 20 de junio, el almanaque abre dos ventanas para pensar el hoy y aquí concreto a partir de nuestra historia profunda. Y a partir, también, de las ideas políticas y económicas de aquellos hombres y mujeres que -a fuerza de mármol y necrológica oficial- fueron sepultadas. Doble negocio de las minorías privilegiadas: vaciar de contenido el ideario de los llamados «próceres»; y hacerlos jugar a favor de su propio proyecto de país para pocos. Lejos de aquellas ideas defendidas con el propio cuerpo por hombres y mujeres que -como el propio Manuel Belgrano- terminaron dispersos, emigrados o errantes, la realidad de estos arrabales de cara a un nuevo 20 de junio marca el olvido de aquellos postulados.
Por Jorge Cadús
[dropcap]E[/dropcap]ntre el 3 de junio de 1770 y el 20 de junio de 1820, la vida, los sueños, los odios y las pasiones de Manuel Belgrano: el hombre que sentó muchas de las bases económicas de la Revolución de Mayo. Belgrano plasmó esas ideas en las traducciones que realizó, en las 13 Memorias que redactó para leer anualmente ante los miembros del Real Consulado de Buenos Aires, del cual fue su Secretario, y en los artículos publicados en el semanario Correo de Comercio.
En unos de sus últimos artículos, Belgrano reclama la consolidación de un mercado interno fuerte, sólido, profundo; y escribe que «el amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno para enriquecerse, enriqueciendo a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio y por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no sólo ven sus capitales perdidos, sino aun el jornal que les corresponde».
«Sólo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la Nación, porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, en seguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa», puntualiza el periodista que devendrá militar persiguiendo el sueño inconcluso de la Revolución.
Escribe Belgrano: «La importación de mercancías que impide el consumo de las del país, o que perjudican al progreso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina de una Nación».
Y exclama: «Se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas; la una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra. (…) Existe una lucha continua entre diversos contratantes: pero como ellos no son de una fuerza igual, los unos se someten invariablemente a las leyes impuestas por los otros».
Los brazos ferroviarios
Una vez más, los trabajadores de los talleres ferroviarios de Pérez enfrentan la amenaza del despido.
La empresa Rioro, actual propietaria de esas instalaciones comunicó a principios de junio a los delegados obreros que formalizará una propuesta de retiros voluntarios. Una resolución que abarca a los 75 operarios de la planta, y en lo concreto significa paralizar los históricos talleres ferroviarios.
Los directivos de la empresa comunicaron a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) la decisión de avanzar en el plan de retiros voluntarios; al tiempo que la conducción la de la UOM Rosario se puso en contacto con el Ministerio de Producción de la provincia para evaluar la posibilidad de explorar alguna alternativa.
La firma Talleres Metalúrgicos Rioro SA, que pertenecen al grupo Emepa, opera los talleres ferroviarios de la ciudad de Pérez. Tiene a su cargo la reparación de vagones y máquinas ferroviarias. La empresa incrementó su personal desde el año 2006 partir del aumento en la demanda: hacia el 2013, el Estado Nacional -por medio de la Secretaria de Transporte- realizó dos contratos con la empresa asentada en Pérez, a 12 kilómetros de Rosario, para la reparación y puesta en marcha de una serie de vagones para el Belgrano Cargas. Alrededor de $23.000.000 para reparar 38 vagones (un primer contrato por $6.026.115,12, para reparar 10 vagones y un segundo contrato por $16.628.920 para reparar 28 vagones).
En la primera semana de abril de 2016, el Gobierno Nacional le cortó el envío de trabajo. En forma inmediata, la firma descargó sobre los trabajadores, ofreciendo el retiro voluntario al 100%; al tiempo que presenta el estado de crisis para despedir al resto del personal pagando el 50%.
La movilización de los sectores sindicales apenas pudo morigerar la dimensión de los despidos, disfrazados de retiros voluntarios: la empresa retiró entonces a 80 empleados.
Una planta de 150 trabajadores (mecánicos para motores diesel, alesadores, soldadores, rectificadores y técnicos eléctricos) que terminan en la calle. Se cierran así, definitivamente, los que fueran los talleres ferroviarios más importantes de Argentina, ubicados en la ciudad de Pérez.
Las deudas de Don Roque
En el marco de la edición 2017 de AgroActiva, realizada en la localidad de Armstrong, la firma Vassalli presentó sus nuevos modelos de tractores. Fue el presidente del directorio de la empresa radicada en Firmat, Néstor Girolami, quien recordó que «desde el primer momento nuestro objetivo era diversificar la producción»; y sentenció la necesidad de «no depender pura y exclusivamente de la fabricación de cosechadoras. Tenemos pensado otros productos, pero vamos de a poco».
«La empresa tiene capacidad tecnológica y una marca instalada. Lo que hagamos con el nombre Vassalli, se venderá», afirmó. Y para muestra, el botón: en rigor, los tractores no han sido producidos en la planta Vassalli. Los comercializará a partir de un acuerdo con las firmas Landini- McCormick, testeando el impacto a lo largo del 2017 para un posible desembarco de la multinacional en Argentina en el 2018.
«Vamos por buen camino», afirmó el mismo Girolami que hace poco menos de un mes atrás amenazó con radicar la emblemática planta en la provincia de San Luis, debido a la oferta del gobierno provincial puntano de exenciones impositivas, renegociación de deudas con participación estatal y hasta la construcción de un barrio entero para los operarios.
Sin embargo, el buen rumbo que Néstor Girolami –como referente del directorio de Vassalli- encuentra en los negocios de la firma no parece alcanzar la vida cotidiana de sus trabajadores: la Unión Obrera Metalúrgica de Firmat planteó a comienzos de junio –a pocos días de la muestra – un plan de lucha en reclamo de salarios y aguinaldo adeudados por la empresa, sumado a la falta de aportes mutuales y la segmentación del horario laboral, que incluiría un recorte en la jornada de trabajo de 8 horas convenida.
Así lo planteó el Secretario General local de la UOM, Diego Romero, en diálogo con Radio Firmat (90.1 Mhz), donde adelantó que de no llegarse a una solución, en junio habría un paro total de actividades en la planta, con asistencia al lugar de trabajo.
En referencia a la «reactivación» difundida por el directorio y replicada en todos los medios de difusión regionales y nacionales, Romero expresó que «lo único que salió de eso fue sacarse fotos junto al Intendente de la ciudad, Leonel Maximino, y el Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani. Yo le pediría al intendente, ya que tiene tan buena relación con el directorio, que interceda por nosotros porque en este momento, no nos atienden».
Al mismo tiempo, el referente metalúrgico advirtió que de no vislumbrarse una solución al conflicto, el plan de lucha «se endurecerá y se procederá a la toma de la fábrica por parte de los trabajadores».
Los tamangos rajados
En octubre del 2016, 34 despidos en la firma Wyler’s, de Alcorta, fueron disfrazados por un convenio rubricado al amparo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, el 24 de octubre, ante un puñado de funcionarios que avalaron el ajuste sobre el cuerpo de los trabajadores: el Secretario de Trabajo, Leonardo Panoso, el Director Provincial de Relaciones Laborales, Mario A. Gaggioli y el Director Provincial de Asuntos Gremiales, Omar Bouvier. Un ajuste que cuenta con la complicidad cínica de quienes deben resguardar los derechos laborales: consta allí también la firma de Miguel Fuentes, por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado.
«Wyler’s SRL S/Procedimiento Preventivo Crisis de Empresa», reza la carátula del expediente Nº 01604-0178861-2, donde la empresa es patrocinada por el abogado. Leandro Di Gerónimo.
Con respecto al resto del personal dependiente, se acuerda que «a partir de la segunda quincena de Octubre 2016 y hasta el 30/06/2017» la empresa «se compromete a no realizar suspensiones, reducción de horas de trabajo, ni efectuar despidos sin causa, manteniendo la cantidad de trabajadores»; al tiempo que se establece que «las partes se comprometen a respetar la paz social, además de las garantías dadas por la empresa de mantenimiento de la fuente de trabajo».
En mayo de 2017, sin embargo, la firma redujo horas de trabajo y salarios en un 50%.
Y anticipa que -de no mediar cambios o ayudas directas de parte del gobierno nacional- debe cerrar sus puertas.
La noticia multiplicada en los medios de difusión de la región sostuvieron que «trabajadores de la fábrica de calzado Wyler’s, ubicada en la localidad de Alcorta, aceptaron reducir su jornada laboral a la mitad y cobrar el 50%, como una opción para evitar despidos en lo inmediato. La planta, que ya se desprendió de 40 empleados que el año pasado tomaron retiros voluntarios y hoy conserva 108».
Esos medios reprodujeron también los dichos del titular de la firma, Gerardo Cucco: la firma, dijo, se encuentra «entre terapia intermedia y terapia intensiva».
El empresario estimó que, de no recibir ayuda de la Nación, «en dos meses cerramos» porque «estamos en el final de la película»: de 50.000 pares de zapatos de cuero de excelente terminación comercializados en los primeros cuatro meses de 2016, la firma cayó a 29.000 pares en el mismo período del 2017.
«La situación es más que crítica: el consumo no se alienta y está cada vez más deprimido, con una caída del 50% del mercado interno y una baja de un 75% de los clientes», explicó el dueño de la fábrica, al tiempo que sumó otros indicadores: el 80% de su producción era captada por un importador, otro compraba un 10% y el resto se distribuía entre 70 clientes del mercado local. Hoy, los dos primeros sólo demandan un 20% de lo que compraban a raíz del doble fenómeno de la caída del consumo y el aumento de las importaciones.
Para Cucco, ese panorama arrojó «demasiada gente para el trabajo que tenemos. Entonces les planteé lo siguiente: o terminamos con el trabajo que nos queda y cerramos o echamos el 50 por ciento de la gente y seguimos, o aguantamos todos juntos. Y esto último fue lo que se decidió», comentó el empresario. Y mientras el gobierno de la provincia asiste a Wyler’s con subsidios para pagar aportes jubilatorios y con reintegros del servicio eléctrico, el empresario advierte que «acá todo pasa por la Nación, que sabe muy bien nuestra situación. ¿Hay que hacer un escándalo para que se nos oiga?».
Importaciones
El impacto del ajuste en horas y salarios de la firma genera un impacto directo en el aparato comercial de Alcorta: en números gruesos, es un promedio de $1.350.000 de plata fresca que mensualmente dejan de entrar en ese circuito comercial: menos plata en carnicerías, mercados, verdulerías, tiendas, electrodomésticos y una larga cadena de etcéteras en una comunidad que viene ya jaqueada por los tarifazos, los despidos, la crisis del mercado interno y la apertura indiscriminada de las importaciones.
«Hoy, muchos de mis colegas dicen que si no cambia la situación es más conveniente dedicarse a importar. Las empresas así podrán seguir, pero un montón de gente que hoy está ocupada confeccionando zapatos y sus partes, se queda sin trabajo», sintetiza Gerardo Cucco, el titular de la firma Wyler’s.
El botón de muestra está a la vuelta de la esquina: la firma Grimoldi, asentada en Arroyo Seco -una de las líderes del sector del calzado a nivel nacional, que explota la licencia de marcas internacionales como Merrel, Hush Puppies, North Face, Timberland o Caterpillar, entre otras- se posición en el año 2017 en el tercer lugar en el ránking de las empresas importadoras.
De acuerdo a los números del Observatorio de Importaciones, desde el 1 de enero al 17 de abril de este año Grimoldi exportó un total de 659.859 pares.
En forma paralela, implementó despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios y una serie de suspensiones en su planta, que emplea 350 operarios. Y discontinuó las compras que realizaba a la firma alcortence Wyler’s.
Entre el 1º de enero de este año y el 17 de abril, el Observatorio registró el ingreso de 8.728.506 pares de calzado, de todo tipo. En igual período de 2016, se habían importado 6.494.145 pares. Y en 2015, en el primer cuatrimestre, la importación sumó 4.972.908 pares.
Según el informe, de afianzarse esa entrada de mercaderías, se superarían los 31 millones de pares importados este año, contra los 22 millones del 2015: un crecimiento del 75% en el volumen del calzado importado en relación a dos años atrás.
Para Luis Contigiani, Ministro de Producción de Santa Fe, «los fabricantes de zapatillas fueron los primeros en sentir el impacto, aunque no hay nicho sectorial que no esté afectado. Porque las ventas en general bajaron un 20% en 2016 y otro 15% este año. Es decir, hay menos demanda en el mercado interno, presionado por cada vez más oferta importada».
El contexto de aumentos de importaciones en general golpea a toda la industria Pyme: de acuerdo al informe «Competitividad e inserción internacional de las PyME industriales argentinas», elaborado por la Fundación Observatorio PyME, en 2016, la proporción de pymes industriales que perdió mercado interno a manos de las importaciones aumentó al 21%, dato más preocupante aún si se tiene en cuenta que los precios de los productos nacionales subieron menos que los provenientes del exterior.
Una tormenta perfecta
«Se está dando en términos negativos lo que podríamos llamar una tormenta perfecta», advierte el concejal de la ciudad de Rosario, Eduardo Toniolli, quien sintetiza los bordes más salientes de esa situación: apertura indiscriminada de importaciones por un lado, y pérdida progresiva del poder adquisitivo del salario por el otro. En ese contexto, dice, «muchas empresas que dependen de ese poder adquisitivo comienzan a tener menos ventas, otras empresas se encuentran con una competencia desleal, y eso determinó que durante el 2016 en la región muchos comercios cerraran sus puertas, después el cierre de varias Pymes, y ahora vemos cómo algunas grandes empresas que comienzan con despidos, suspensiones y hasta el cierre. El primer proceso fue mucho menos evidente: cuando cierra un comercio que tiene uno o dos empleados, no genera un gran impacto social, cuando cierra una empresa mediana o grande, o suspende personal, es otro tema».
El dirigente político marca la situación de casos emblemáticos en el sur santafesino: «Mefro Wheels fue un caso testigo, porque se conjugaba la operatoria de una empresa que intentaba vaciar la planta local, reemplazar la producción de esa planta local por producción venida desde su casa matriz y de esa manera seguir proveyendo a las terminales automotrices. Esto es posible gracias a la política de apertura de importaciones indiscriminada. Hay 150 trabajadores directos, pero hay también otros tantos que viven o trabajan en talleres que proveen a esa empresa, y se quedaban sin laburo».
«El caso de General Motors, otro caso testigo. Una empresa enormemente beneficiada por las políticas del Estado nacional por gestiones anteriores, que ha tenido Créditos del Bicentenario, que ha tenido todo tipo de herramientas fiscales para tener una tasa de ganancia importante, en un momento y frente a algunos problemas del mercado argentino-brasilero se retrae y comienza a suspender trabajadores. Suspensiones que terminarán en cesantías. O las tres empresas de zapatos en la región de pequeñas a medianas, que han cerrado. Esos 150, 30, 10 trabajadores son menos familias comprando en el almacén, en la carnicería, en los comercios, y es un espiral descendente que uno no sabe dónde o cuándo termina de caer», sintetiza el referente del peronismo provincial.
En ese marco, para Toniolli, el gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante «una estrategia bifronte que uno no termina de entender. Te encontrás con situaciones donde hay predisposición para colaborar con los trabajadores en determinados conflictos, y voces de impugnación de las políticas económicas del Estado nacional, como las del Ministro de Producción Luis Contigiani; y después te encontrás con actitudes inversas por parte de Miguel Lifschitz. Y creo que es producto de la propia conformación de nuestro país en términos fiscales, de coparticipación, etcétera; donde los gobiernos provinciales dependen de los aportes del Estado central. Y aunque los gobiernos provinciales y locales son quienes perciben más claramente el impacto en sus territorios de las políticas económicas nacionales, y sin embargo hay diferentes reacciones: algunas más dignas y otras más sinuosas, como las de Lifschitz. Hoy es necesario para los dirigentes territoriales o con responsabilidad institucional ponerse al frente de los reclamos, porque esta situación se lleva puesto a todo el sistema político».
El saqueo programado
En la provincia de Santa Fe, la diferencia entre los que más ganan y los trabajadores que menos perciben es de 20 veces. Mientras el 10% con menos ingresos de la población araña apenas el 1,4% del Producto Bruto Interno, el decil más acomodado concentra el 27,7% de esa riqueza generada por todos los llamados «ocupados con ingresos».
Como lo marca el Informe especial para el Día del Trabajador generado por el Observatorio del Frente Social y Popular, «esa verdadera grieta, en la provincia de Santa Fe, entonces, es de casi veinte veces entre los que más tienen y los que intentan empatarle al fin de mes».
En forma paralela, el Informe generado por la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT advierte que «hacia fines de 2016 y de acuerdo a cifras del INDEC, había 1.500.000 desocupados en el país; y la situación se ha agravado sensiblemente en los primeros meses del corriente año tanto para los trabajadores/as formales como para los que conforman la economía popular, incluyendo las cooperativas de trabajo seriamente afectadas por la recesión y los tarifazos. Estadísticas de la Universidad Católica Argentina dan cuenta de que en un año, la política del gobierno nacional generó 1.500.000 nuevos pobres y 2.700.000 indigentes». El documento denuncia que esa situación se concreta en el marco de «una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía que durante el año 2016 ascendió a $256.000 millones».
En ese sentido, «la participación de los sectores más humildes de nuestra sociedad en la distribución de la riqueza cae a ritmo acelerado producto de la devaluación, la reducción y quita de retenciones a las exportaciones, el aumento de tarifas, la apertura de las importaciones y la liberalización del movimiento de capitales».
Lejos de aquellas ideas defendidas con el propio cuerpo por hombres y mujeres que -como el propio Manuel Belgrano- terminaron dispersos, emigrados o errantes, la realidad de estos arrabales de cara a un nuevo 20 de junio marca el olvido de aquellos postulados. Y marca también la necesidad y la urgencia de recuperar ese pensamiento, para enfrentar un modelo que -como lo sostenía el propio Belgrano- pone las riquezas «en unas cuantas manos que arrancan el jugo de la patria, y la reducen a la miseria».
