El anuncio de la materia optativa “El aborto como problema de salud” que se dictará en la Facultad de Medicina de la UNR a partir de agosto generó una fuerte polémica, con posturas en contra de los sectores más conservadores y con el apoyo de muchas organizaciones e instituciones públicas. Esto dejó a la luz la necesidad de informar y formar a los profesionales de la salud para que se garantice la aplicación de los protocolos y leyes en relación a esta práctica dentro del sistema de salud pública. Casos como el de Ana María Acevedo en Santa Fe, Belén en Tucumán y Yamila en Rosario, son la muestra de una dura realidad: las mujeres que ingresan con una urgencia obstétrica a un hospital público corren el riesgo de ser criminalizadas. Según un informe del Cels, en 2016 se registraron 15 casos de este tipo.
Por Carina Toso / Foto: Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir
[dropcap]E[/dropcap]n 2006, Ana María Acevedo fue hasta un Samco de la localidad de Vera, donde vivía, porque tenía fuertes dolores en el lado derecho de su cara. Una odontóloga le extrajo una muela pero las molestias continuaron por cinco meses más. A ninguno de los médicos de ese centro de salud ubicado bien al norte de la provincia de Santa Fe les pareció relevante. Sus padres decidieron llevarla hasta la capital provincial y Ana María fue atendida en el Hospital Cullen. Allí, tras una cirugía, le extirparon un tumor canceroso de su maxilar superior. Los médicos nunca le informaron sobre un embarazo de cinco semanas de gestación cuándo le hicieron los análisis clínicos prequirúrgicos. Ana María estaba muy enferma y deteriorada físicamente como para afrontar ese embarazo. Pero no se lo dijeron. Sí le dijeron que se volviera a Vera y que regresara a Santa Fe recién a los cinco meses para un control. Es decir, en marzo de 2007. No la medicaron ni le dieron un tratamiento para su enfermedad.
Un mes antes de la fecha indicada, la joven viajó hasta el Hospital Iturraspe porque el cáncer avanzaba, los dolores eran insoportables y su cara se había desfigurado. Ni los oncólogos le recetaron quimioterapia, ni un ginecólogo le practicó el aborto terapéutico que el Código Penal autoriza para estos casos. Cuando los padres de Ana María solicitaron la interrupción del embarazo, los médicos se negaron. “Está prohibido y vamos a ir todos presos”, les respondieron. La pareja insistió y los profesionales consultaron al Comité de Bioética del hospital. La respuesta: “El tratamiento indicado para la patología que padece la paciente está contraindicado si se está cursando embarazo”, por tanto se dejó en suspenso el tratamiento. El aborto por cuestiones de salud nunca fue una opción, aunque, según los diagnósticos, con quimioterapia y radioterapia la enfermedad de Ana María podría haber sido tratada. La familia recurrió a la Fiscalía de turno y de ahí los derivaron a la Defensoría del Pueblo. Nadie tomó el caso.
Para el 26 de abril de ese año la joven se encontraba con insuficiencia respiratoria y fallas en órganos internos. Llevaba entre 22 y 23 semanas de gestación. Los médicos le practicaron lo que llamaron una “césarea”. Nació una niña que no sobrevivió las 24 horas. Unos 20 días después, y tras tres sesiones de quimioterapia, Ana María murió. (1)
Las abogadas de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe se pusieron al frente de la causa judicial en la que, por primera vez en el país, se procesó a los médicos involucrados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De esta forma quedó sentando el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituirse en delito. Ocho años después, el gobierno de la provincia de Santa Fe reconoció su responsabilidad por la muerte de la joven, indemnizó a la familia y le puso su nombre a una plaza. Reparaciones tardías y dolorosas pero que marcaron un camino futuro para que estos casos se resuelvan correctamente dentro del ámbito de la salud pública.
Esta muerte, que movilizó y conmovió a toda la provincia, es un claro ejemplo de por qué es necesaria la materia optativa que se abrirá en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) el próximo cuatrimestre: “El aborto como problema de salud”. Una cátedra que sumó apoyo de muchos sectores pero que también recibió críticas y rechazo por las facciones ultracatólicas y de derecha de la sociedad.
Para entender un poco el camino que se viene realizando desde hace muchos años sobre la aplicación del aborto no punible en casos que la ley contempla claramente pero que en la práctica quedan bajo las sombras de las posturas médicas, es importante entender que es la causal de salud. Se usa este concepto cuando la ley permite el aborto o la interrupción legal voluntaria del embarazo cuando continuar con esta gestación pone en riesgo la vida o la salud física o mental de la mujer. Si una mujer ingresa a un hospital con estas condiciones tiene el derecho de recibir información médica sobre su situación para poder decidir sin presiones si quiere continuar o interrumpir su embarazo.
La realidad que exige políticas públicas urgentes
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) publicó el adelanto del informe anual “Acceso desigualitario al aborto legal y criminalización selectiva” que analiza el derecho de las mujeres al acceso igualitario a los abortos que son legales desde 1921. El último caso que resonó en todos los medios en este sentido fue el de Belén, una joven de 25 años, que en marzo de 2014 llegó en compañía de su madre a un hospital público de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Le administraron calmantes y estuvo aproximadamente dos horas internada en la guardia. Tuvo una hemorragia, le diagnosticaron un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones” y de ahí en adelante, comenzó su calvario. Acusaciones, sospechas y, finalmente, la cárcel. Una vez que le dieron el alta médica, fue trasladada directamente al Penal de Santa Ester. Más de dos años después, en agosto de 2016, fue liberada gracias a las manifestaciones de mujeres en las calles y la intervención de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. El caso dejó un amplio debate sobre las prácticas médicas y judiciales discriminatorias y criminalizantes. De hecho, una de las consignas del Ni Una Menos de 2016 fue que se garantice el acceso igualitario a los abortos que son legales y seguramente este año reiterarán este pedido.
“toda mujer tiene derecho a recibir atención médica tras un aborto, al margen de si su circunstancia es considerada legal o no”
Otro caso que sentó precedente fue el conocido como “F.A.L.”, que en marzo de 2017 se cumplieron cinco años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el que reafirmó en ese fallo que en la Argentina “las mujeres, las niñas y las personas trans con capacidad de procrear tienen el derecho constitucional a interrumpir un embarazo en todas las circunstancias permitidas por el Código Penal promulgado hace casi un siglo: cuando su vida o su salud están en peligro o cuando el embarazo es producto de una relación sexual no consentida, sin importar su capacidad intelectual o psicosocial”. Así se reafirmó el derecho al aborto no punible, estableció criterios generales de interpretación y dio indicaciones explícitas y operativas para los distintos poderes y niveles del Estado. A pesar de esto, en el país reina un estado de ausencias de políticas públicas para la aplicación de esta práctica.
Según replicó el informe del Cels, en 2016 la Argentina fue evaluada por dos comités de derechos humanos que valoraron positivamente el fallo anterior, pero señalaron dificultades y falta de acceso al aborto. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que “la aplicación del fallo no es uniforme en el país y que el aborto legal es muchas veces inaccesible por la falta de protocolos médicos y por el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud, entre otros obstáculos institucionales”. Mientras que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU, señaló la persistencia de “una alta tasa de mortalidad materna, principalmente por los abortos realizados en condiciones inseguras”. También recomendó al Estado nacional asegurar que todas las provincias tengan protocolos para la atención de los abortos legales.
En relación a la criminalización de mujeres que atraviesan una emergencia obstétrica, el mismo informe asegura que en un relevamiento realizado en 2016 se identificaron 15 casos de mujeres criminalizadas en este contexto. Fueron jóvenes de entre 18 y 22 años con escasos recursos económicos, que ingresaron al sistema público de salud de donde salieron con custodia policial. Esto demuestra que aquellas mujeres que ingresan con una urgencia obstétrica se exponen las consecuencias de la penalización del aborto. Los primeros que presentan la denuncia ante la policía son los trabajadores de la salud, incurriendo así en la violación del secreto profesional, y seguido: fiscales y jueces dan curso a la acción penal. Todo esto a pesar de que “toda mujer tiene derecho a recibir atención médica tras un aborto, al margen de si su circunstancia es considerada legal o no”. Esto le pasó a Belén en Tucumán, a Carla en Pilar, a Yamila en Rosario y a María en Santiago del Estero. “Fueron perseguidas penalmente cuando buscaron atención por una emergencia obstétrica; la denuncia se realizó desde el propio establecimiento de salud, sin respetar la garantía de confidencialidad que impide que la información que surja de la atención médica se constituya en prueba contra la mujer”, afirmó el Cels.
Mientras, el 28 de mayo se cumplieron diez años de la primera presentación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que plantea la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En esta década se sumaron también otras iniciativas para que las disposiciones de la CSJN se conviertan en ley. Con el peligro de perder estado parlamentario en más de una oportunidad, el proyecto recién se trató en Comisión en noviembre de 2014. En 2015 quedó olvidado y en 2016 se presentó un nuevo proyecto que propone “la legalización de la interrupción del embarazo hasta la semana catorce en todos los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento. Para la interrupción de embarazos más allá de la semana catorce, se establecen tres causales: violación; riesgo a la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; y/o malformaciones fetales graves”. Lo avalaron más de 40 diputados de distintos partidos. Pasó por varias comisiones pero no tuvo tratamiento.
Una cátedra pionera en el país
Las palabras se hilvanan unas a otras criticando un vacío en los argumentos, vacío que en realidad le es propio al que las escribe, no ajeno: “Con más indignación que sorpresa vinimos a enterarnos días pasados de la unánime decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario de incorporar a la currícula una materia optativa con el ridículo título El Aborto como Problema de Salud”, arranca la editorial del diario La Nación del 17 de mayo. Y sigue: “Sería también muy interesante para sopesar los argumentos de tal decisión saber en qué fuentes abrevó el decano para afirmar que estadísticamente las muertes maternas anuales por abortos en América latina y el Caribe serían 9200, sin precisar cuántas de ellas corresponderían a nuestro país. Desde luego que no es ésta una cuestión numérica sino conceptual y de principios, pero el dato contradice las abultadas cifras que suelen inflar las organizaciones abortistas”.
En medio del anuncio por parte de las autoridades de la Facultad de Medicina de la UNR de la nueva materia optativa, además de este texto acartonado, llegaron las críticas y el pedido de que esa cátedra no sea abierta. También llegaron los apoyos. La postura del decano de la carrera, Ricardo Nidd, fue contundente: “No debería sorprender que la universidad asuma académicamente el tema del aborto. No van a torcer la autonomía universitaria». Así, la casa de altos estudios rosarina se convertirá en la primera facultad pública del país en incorporar la problemática del aborto desde la perspectiva de género en la curricula de la formación de los futuros médicos y futuras médicas.
«El Estado es responsable por cada una de las muertes de mujeres por aborto inseguro, también es responsable por las secuelas que quedan en ellas por ser víctimas del circuito clandestino»
Y este logro fue de la Regional Rosario de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir quienes abrieron el debate el año pasado, durante el Encuentro de Mujeres que se realizó en la ciudad, sobre la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud para que garanticen la interrupción de un embarazo en el caso de que las condiciones legales estén dadas. Desde la Red consideran que «el aborto legal es una deuda de la democracia». Un año de trabajo llevó articular contenidos para esta materia que a fines de agosto será dictada en un aula de Medicina. “Seguimos trabajando y reuniéndonos con el decano porque no hay marcha atrás con la cátedra. Es más, con toda la difusión que tuvo por la polémica la demanda para la inscripción se nos fue de las manos. Tuvimos unos 500 pedidos de personas que quieren participar, cursarla o venir como oyente, no sólo de medicina sino gente en general”, explicó a enREDando Raquel Tizziani, impulsora de la materia y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. El dictado de la materia estuvo pensado para unos 80 estudiantes pero se ampliará a 100 y por otro lado se van a realizar algunos encuentros y conferencias abiertas al público en general para dar respuesta a los pedidos de inscripción. También se evalúa un dictado en ambos cuatrimestres.
Los contenidos de la materia tendrán una perspectiva interdisciplinaria y apuntarán fundamentalmente a la prevención. Estarán divididos en cuatro módulos. Uno será sobre marco legal vigente en el país. Otro sobre cómo trabajar la consulta médica, es decir cómo preguntar, armado de historia clínica, evaluación de causales, etc. El tercero será sobre técnicas y procedimientos farmacológicos y quirúrgicos. Y el último sobre la atención integral post aborto. “Queremos trabajar en base a casos clínicos o situaciones reales, porque obviamente la formación teórica es desde el grado. La mejor manera de poder incorporar los conocimientos es poder enfrentarse a un problema de la realidad. Hay casos que fueron emblemáticas en el país a lo largo de la lucha para que se garantice el aborto no punible dentro del sistema de salud público, entre ellos el de Ana María Acevedo”, dijo la profesional.
“Es muy importante que se comience a hablar de este tema que hasta el momento permaneció en la oscuridad. El Estado es responsable por cada una de las muertes de mujeres por aborto inseguro, también es responsable por las secuelas que quedan en ellas por ser víctimas del circuito clandestino. Nos debemos un debate social y también debemos empezar a pensar el aborto con la seriedad que el tema merece, dejando de lado las creencias, los prejuicios y empezar a pensarlo como un problema colectivo, social y de salud”, agregó Tizziani.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir tiene presencia en todo el territorio nacional. En Rosario, está representada por Raquel en el hospital municipal Roque Saenz Peña. “Cada lugar trabaja de manera diferente, en mi hospital trabajamos con una consultorio de salud sexual con un día, un horario y una agenda. Hay acceso a la información y visibilización de la problemática. Esto sucede en este hospital y en la ciudad de alguna manera la gestión lo está garantizando, pero no sucede de la misma manera en otras provincias u otras ciudades dentro de la misma provincia”, aseguró en consonancia con los organismos internacionales de derechos humanos citados más arriba. Según explicó la médica en todos los centros de salud de la ciudad hay médicos que garantizan estas consultas. “Las mujeres tienen que saber que si están en una situación de un embarazo no deseado tienen el derecho de consultarle a su médico, ya sea clínico o ginecólogo. Y el medico tienen la responsabilidad y obligación si no está capacitado para responder de derivarla a un profesional competente. Para esto, tenemos el protocolo nacional de abordaje integral de mujeres en situación de interrupción legal de embarazos por un lado. Por otro, tenemos dentro de la provincia una adhesión desde el Ministerio de Salud a este protocolo. Y en Rosario particularmente tenemos una Ordenanza Municipal que también adhiere al protocolo. Somos responsables de garantizar los derechos por los que el Estado se comprometió. Y este es el por qué de esta nueva materia sobre el aborto como problema de salud, para formar a profesionales que deben garantizar derechos y muchas veces no están capacitados, no conocen la ley, el protocolo, tienen miedo y ese desconocimiento y desinformación es lo alimentó en este tiempo la objeción de conciencia y las dificultades que tuvimos hasta el momento de poder garantizar los abortos no punibles dentro del sistema de salud pública”, concluyó.
La Red de Profesionales articula con la organización Socorristas en Red, también con presencia a nivel nacional. En Rosario están representadas por Mala Junta y Las Pelas Colectiva Feministas. Para contactarse:
Mala Junta: 0341-156146625 – Facebook: Mala Junta PG Rosario
Las Pepas Colectiva Feminista: 0341-156050279. En otras ciudades información y teléfonos aquí: http://socorristasenred.org/
Hospital Roque Saenz Peña – Conmutador: 4809144
