Agrotóxicos: en el Inta, de eso no se habla

Se conoció una circular del Centro Regional Buenos Aires Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), firmada por su director, que ordena a los profesionales de este organismo dejar de utilizar “de manera irrestricta» el término “agrotóxico” en documentos. Diferentes movimientos sociales y la Campaña Paren de Fumigarnos de Santa Fe repudiaron la censura y reclaman «la inmediata anulación» de esta directiva por considerarla «antidemocrática».

Reclamo por la inmediata anulación de una directiva antidemocrática. Comunicado de la Multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe

El lenguaje debía ser uniforme, sin regionalismos ni connotaciones sociales: la neutralización de las palabras era una búsqueda ideológica persistente de las autoridades, tanto a través de la escuela como de los medios de comunicación. Hasta había palabras desaconsejadas por el poder militar: «calzado» en lugar de «alpargatas», recordaba la escritora santafesina Laura Devetach, en otro acto de censura explícita utilizado por la dictadura militar del 76.

Cuatro décadas más tarde el explosivo vuelve a activarse, esta vez por la pluma de un director del INTA que prohibe expresamente utilizar el vocablo «agrotóxico» ya que su empleo implica una posición valorativa negativa (sic) y en cambio «se debe» emplear «fitosanitario» (o agroquímico), sin importar su etimología, no solo valorativa sino claramente tendenciosa y falsa: «sanador de plantas», en línea con el marketing de la industria química.

El hecho es que «manu militari», un burócrata acaba de prohibir a los técnicos y científicos del organismo público expresarse como deseen acerca de la materia específica sobre la cual desarrollan su especialidad.

Muchas críticas se han vertido respecto del cuestionable accionar de las agencias estatales con relación al modelo agrario transgenizado, de recordar nada más los padecimientos del Dr. Andrés Carrasco dentro del CONICET, a cargo del inefable Barañao, mientras negaba hipócritamente cualquier persecución. Sin embargo la orden ahora impartida configura un hecho inédito en democracia, que avanza explícitamente sobre derechos constitucionales de integrantes del instituto científico-técnico estatal, pero también a sabiendas de que los documentos oficiales llegarán al gran público deliberadamente recortados, «endulzando» el uso de productos probadamente tóxicos en el agro, precisamente AGROTÓXICOS, estrategia publicitaria más propia del inescrupuloso vendedor que intenta colocar su producto de mala calidad que de funcionarios de la democracia.

Es difícil no advertir hacia dónde conduce una dinámica de comportamientos fascistas.

La historia es pródiga en ejemplos.

Todos los que hoy son ingenieros, abogados, médicos y que en su mayoría se oponían al régimen se veían obligados a enterrar sus ideas, sus creencias más sinceras y nobles y a proclamar durante sus exámenes «amor al franquismo» para poder graduarse.

¿A qué distancia estamos de la exigencia de los certificados de lealtad al régimen y de «buena conducta» a todos los que intentan simplemente comer con el sudor de su frente para tener un modesto empleo o hacer estudios?

Todos son enemigos, hasta una palabra.

La comunidad científica y técnica del país esta obligada a callar lo que le gritan las víctimas, a reconocer públicamente las mayores aberraciones, ya que este reconocimiento es necesario para ganar el pan de cada día.

La directiva es una afrenta a la democracia.

Exigimos la inmediata anulación de esta ridícula pero peligrosa instrucción, reponiendo inmediatamente la libertad de los científicos, técnicos o empleados para expresarse del modo que lo consideren conveniente en cualquier documento, con la libertad que les garantiza la constitución, cuya única exigencia es la idoneidad, requisito que dificilmente acredite quien emitió una orden más propia de tiempos de la inquisición que de una verdadera democracia.

Comunicado: Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”. Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas en Argentina

Se hizo pública una circular del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, firmado por el Ing. Agrónomo Hérnán J. Trebino, director de esta institución. En la misma se ordena a los profesionales de este organismo a que se abstengan «de manera irrestricta”, de emplear, en los documentos publicados, el nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias, así como también el término “agrotóxico”, por implicar “una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental”.

Al mismo tiempo, se les exige el uso de términos como “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”.

Estas directivas no pueden ser consideradas meras resoluciones burocráticas propias del Instituto. Desde hace más de 30 años vemos cómo el INTA ha participado activamente en la implementación y consolidación del modelo del agronegocio que se ha expandido en Argentina sobre la base del uso del paquete biotecnológico, que tiene en su corazón las semillas genéticamente modificadas, el uso de agrotóxicos y otras técnicas de producción.

Hoy, las consecuencias de este modelo se vuelven inescrutables: la reducción del empleo rural, la concentración de la tierra y la desaparición de la pequeña agricultura y las economías regionales, migraciones forzadas y reducción de nuestra calidad alimentaria, eliminación de bosques, montes nativos, diversidad biológica en pos de la instalación del monocultivo y el uso indiscriminado de productos químicos para la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año.

No son pocos los estudios que evidencian los efectos que estos tóxicos tienen sobre nuestra salud. Investigaciones realizadas por académicos de la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, la Facultad de Medicina y Exactas de la Universidad de Buenos Aires, e incluso por investigadores de Conicet han venido mostrando en los últimos 10 años que la exposición a la que hemos sido sometidos, de manera directa o indirecta, es hoy la responsable de los aumentos en las alergias de piel, problemas respiratorios o gastrointestinales, enfermedades reproductivas, abortos mal llamados espontáneos y malformaciones congénitas, problemas endócrinos como hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico y tasas de cáncer que se disparan triplicando las incidencias, prevalencias y mortalidad por enfermedades oncológicas.

Y estos productos -glifosato, endosulfán, 2-4D, entre otros- que en muchos lugares del mundo han sido prohibidos por la contaminación y los daños sociosanitarios que generan, están en nuestra sangre, orina, en los alimentos que consumimos, el algodón, el agua de los ríos, las napas, el aire, el agua de lluvia, entre otros productos y lugares.

En estos últimos años, algunos investigadores del INTA han comenzado a relacionar las consecuencias que estos tóxicos tienen en las poblaciones animales, vegetales y otros factores ecosistémicos, como el suelo y el agua. Además, han hecho públicas las serias consecuencias que el modelo del agronegocio ha generado con la expansión de la frontera agropecuaria, la ausencia de rotación de cultivos, la eliminación de bosques y humedales para la producción y el uso sistemático de esos tóxicos, como por ejemplo, las constantes inundaciones a las que hemos estado expuestxs.

La respuesta de este organismo, es generar estas directivas que son un intento político de acallar aquellas voces que, desde el interior del mismo, abogan por la necesidad de generar investigaciones independientes de los intereses de las grandes empresas que el propio INTA ha sostenido y avalado durante todos estos años. Las organizaciones que no pueden ser nombradas, son espacios que desde mucho antes que estos organismos de investigación, vienen estudiando y denunciando las consecuencias concretas de este modelo en la salud de nuestras poblaciones.

El pedido de no hablar de “agrotóxicos” es una necesidad de continuar negando que el uso de estos productos es una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia de las ganancias y no un mero problema de “malas prácticas”. La valoración negativa a la que hacen referencia es una realidad que vivimos todas aquellas personas que habitamos en el campo y en las regiones sub- urbanas y que somos constantemente rociados y rociadas con estos productos, enfermando cotidianamente.

El modelo del agronegocio ha entrado de la mano de la privatización del conocimiento en estas instituciones. La apertura de los bancos de germoplasma del INTA, que significaron la apropiación de la biodiversidad generada tras años de trabajo colectivo entre este instituto y los productores agrarios, y la consolidación de convenios de vinculación público- privados para la generación de tecnologías, han convertido a este organismo en una instancia que sesga y censura hace años todo aquel intento de investigación cercana a los intereses de la población. Mientras tanto, sigue desarrollando el conocimiento necesario para las empresas privadas. Así, mientras el INTA rechaza nombrar ciertas organizaciones, el instituto impulsa fuertes alianzas con redes del agronegocio, como la Red BPA (que conglomera a las principales camaras empresariales del agro– CASAFE, ACSoja, Bolsa de Cereales, Casem, Cámara Argentina de Biocombustibles- y organismos promotores -Aapresid, CREA-), y genera jornadas de capacitación conjunta, como la “Jornada de Malezas”, organizada en abril de este año, en Pergamino.

Estas resoluciones, a quienes conocemos el rol que ha jugado el INTA para el desarrollo del agronegocio, no nos sorprenden. Como tampoco fueron sorpresa, en 2009, los múltiples intentos que realizó el Conicet por acallar a investigadores como Andrés Carrasco, que hicieron públicas los trabajos que mostraban los efectos en la salud de estos agrotóxicos.

Consideramos que estas resoluciones esgrimidas por el Centro Regional del INTA atentan contra la libre producción de conocimiento que debe ser el espíritu de un organismo público. Cercenar marcos teóricos, plantear qué conceptos o fuentes pueden o no ser utilizadas en una investigación o predefinir perspectivas epistemológicas es CENSURA. Y esta censura apunta a sesgar los múltiples aspectos de nuestra realidad social y productiva y a disciplinar a lxs trabajadorxs de estos centros de investigación.

Por esto, nos solidarizamos con lxs trabajadorxs de organismos de investigación y extensión como el INTA y Conicet que vienen dando batallas desde abajo para poder generar un conocimiento en favor de los intereses de la sociedad en su conjunto, comprometidxs con la realidad de los sectores trabadores, que ven constantemente asediada su tarea cotidiana de investigación.

Al mismo tiempo, denunciamos firmemente que lo que estos centros de investigación pretenden presentar como inocuos productos fitosanitarios, SON AGROTÓXICOS. Sus efectos tóxicos en los ecosistemas y en las comunidades ya han sido ampliamente demostrados por investigadorxs de todo el mundo. El uso de eufemismos sólo busca tapar aquello que hoy es moneda corriente: el uso masivo de venenos en la producción agraria está generando un genocidio silencioso del que nadie quiere hacerse responsable.

Finalmente, repudiamos las disposiciones llevadas adelante por el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA e instamos a que estas medidas sean revertidas, con el fin de garantizar una investigación de calidad, pública y ajena a los intereses de los empresarios del agronegocio.

Para sumar adhesiones: multicontraelagronegocio@gmail.com