Mentiras y dualidades en torno a la seguridad

Luego del episodio en el Museo de la Memoria en el que cuatro efectivos irrumpieron para requisar a un grupo de chicos, el Ministerio de Seguridad y el jefe de la Unidad Regional II de la policía de la provincia respaldaron el accionar de la fuerza. En la versión oficial hay mentiras y contradicciones que desnudan un discurso estigmatizante y represivo.

Por Martín Stoianovich / Foto: Raíz – Comunicación desde Abajo

[dropcap]L[/dropcap]legaron las excusas. Después de que cuatro policías entraran saltando un tapial al Museo de la Memoria, y requisaran violentamente a jóvenes que estaban jugando en el patio, llegaron las excusas. Se repite la estrategia de la cúpula policial y del gobierno provincial, esta vez utilizándola para justificar el episodio del pasado lunes 8 de mayo. Es la misma que utilizan ante cada situación que trasciende y por la cual deben dar explicaciones. Modifican la versión de lo sucedido para enmarcar los hechos en una supuesta legalidad. Tienen escudo para hacerlo: el consenso social, el pedido latente de mano dura y la firmeza de conceptos basados en prejuicios y estereotipos en quienes levantan el teléfono para llamar a la policía.

En la tarde del pasado 8 de mayo, en el Museo de la Memoria, institución dependiente de la Municipalidad de Rosario, había casi doscientas personas presenciando una jornada por el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Entre las actividades había una obra de teatro no casual para la fecha, porque se trataba de una representación del asesinato de Jonatan Herrera a manos de la policía santafesina. A modo de anticipo, minutos antes de que se iniciara la obra, varias actrices y actores personalizados como la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico -fuerzas que participaron del crimen- posaban sobre la esquina del Museo que da a la intersección de las calles Córdoba y Moreno. Los vecinos que paseaban sus mascotas en la plaza San Martín, la gente de traje, los que iban a la Facultad de Derecho, al edificio de Gobernación u oficinas de la zona, pasaban y miraban. Y se quedaban mirando.

Las supuestas armas -ni siquiera réplicas sino juguetes con gatillos de colores- estaban en una bolsa dentro del Museo. Es decir que cuando llegó la policía el escenario no era para nada acorde a lo que denunció la mujer que llamó al 911.

Una persona pasó y, quizás, no supo que eso que veían era una obra de teatro. La curiosidad llegó hasta ahí, con límite corto en el prejuicio que invade y obliga a ver “una bandita” con armas de fuego. Es algo que no concuerda con el paisaje cotidiano, con el buen look que amerita la esquina en la que años anteriores brilló el lujoso bar Rock&Feller’s. La historia no se destierra y es por eso que en la misma esquina hoy se levanta el Museo de la Memoria, porque en ese lugar, durante la última dictadura cívico-militar y antes de ser un favorito de los after office, controlaba el terror el Comando del II Cuerpo del Ejército.

Hay como banditas.

Había uno que estaba con un revólver en la mano.

Yo pasé por enfrente y me asusté.

La mujer que realizó la denuncia al 911 y que precedió al operativo, pasó por enfrente, vio algo desde varios metros de distancia, se asustó y llamó a la policía. Eso bastó para que la Brigada Motorizada fuera notificada y habilitada a saltar el tapial del museo, arrinconar a los pocos chicos que estaban jugando a la pelota y requisarlos en la búsqueda de esas supuestas armas. Todo transcurrió en pocos segundos hasta que quienes participaban en la jornada en el interior del edificio, salieron al patio a repudiar a la policía. Después de hablar con Viviana Nardoni, la directora del museo, los uniformados se fueron por donde, en todo caso, deberían haber entrado: la puerta.

El hecho fue repudiado por su carga simbólica en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, pero también por la ilegalidad del procedimiento. “El despliegue policial irrumpió en un espacio estatal sin orden judicial ni comisión de delito”, dice el comunicado que salió desde el Museo de la Memoria luego del hecho.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia y desde la Unidad Regional II de la policía santafesina, no tardaron en responder. Y lo hicieron con esa vieja estrategia de cambiar la versión de los hechos.

El jefe de la URII, Marcelo Villanúa, dijo a los medios de comunicación que no pedirán disculpas, que eso lo hacen cuando se equivocan. Y para justificar y defender el accionar de la policía mintió. Dijo que no necesitaban orden de allanamiento porque hubo flagrancia, porque había un hombre armado y que los policías de la Motorizada “al ingresar se encontraron con que se estaba realizando una teatralización”. No fue así. Cuando llegó la policía, la obra había terminado hacía más de quince minutos y en el patio solo había chicos jugando a la pelota. Las supuestas armas -ni siquiera réplicas sino juguetes con gatillos de colores- estaban en una bolsa dentro del Museo. Es decir que cuando llegó la policía el escenario no era para nada acorde a lo que denunció la mujer que llamó al 911.

Sin embargo, para el discurso oficial primó la versión de la policía. Por eso el Ministerio de Seguridad también respaldó el accionar y habló de “acciones de rigor”. “Entendemos la importancia que este lugar tiene en la memoria de los rosarinos. También entendemos que ante un llamado denunciando una persona armada, se debe actuar comisionando los móviles más cercanos de la manera más inmediata posible”, explicaron en un comunicado oficial.

El mismo argumento utilizaron los policías en el Museo de la Memoria para responder las críticas de los trabajadores y directivos del lugar. Para entender a la policía en ese momento, había que posicionarse en el supuesto caso en que una persona estuviera amedrentando a la gente del museo con un arma de fuego. Ahí sí, todos querrían la presencia policial.

Pero nada de eso estaba pasando.

* 27 de enero de 2017: El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro difunde un comunicado acompañado de una foto en la cual felicita a cuatro policías en la Peatonal Córdoba por no haber permitido que los vendedores ambulantes trabajaran durante el paro de trabajadores municipales, que implicaba la ausencia de la Guardia Urbana en las calles rosarinas. Habla de “comercio ilegal”, el ministro de la cartera de la cual dependen las fuerzas de seguridad que tiene ex jefes condenados por complicidad con el narcotráfico.

* Julio de 2015: “Cagalo a palos y tiralo a las vías”, le dicen en la Comisaría 12° a una mujer del barrio Ludueña que va a denunciar que ella junto a sus hijos se encuentran en peligro por la insistencia agresiva de su ex pareja sobre la cual recae una prohibición de acercamiento. Esa respuesta es el reflejo del accionar policial ante las denuncias por violencia machista: violencia institucional en otra forma.

* 22 de marzo de 2014: a las 17.01 la central operativa del 911 recibe el primer llamado por el linchamiento de David Moreira. Vecinos del barrio lo están matando a patadas porque intentó robar una cartera. Hay doce llamados más. La policía tarda veinte minutos en llegar y lo hace cuando el chico de 18 años ya sufre convulsiones y cuando el traumatismo de cráneo es tan grave que nadie ni nada podrá evitar su muerte tres días después. Veinte minutos también tarda en llegar la policía al lugar de los hechos el 15 de septiembre de 2015 a la esquina de Cochabamba y Constitución, donde nuevamente un grupo de vecinos intenta linchar a un ladrón, aunque esta vez no alcanzan a matarlo.

Así se percibe la dualidad con la que el gobierno provincial y sus poderes atienden las distintas problemáticas sociales. En el caso David Moreira la policía dejó que vecinos de clase media concretaran el crimen que venían añorando en el grupo de Facebook que servía como caldo de cultivo para envalentonar a esos potenciales linchadores. El caso de la mujer que denunció violencia de género y fue burlada por la policía habla del grado de seriedad que recibe una denuncia si proviene de un rancho con techo de chapa levantado a la vera de las vías. Y el caso del actual ministro de Seguridad describe el concepto del gobierno provincial sobre lo que es el “comercio ilegal” que se traduce también en la opinión pública que se pasea por las peatonales y ve a los vendedores ambulantes y los pibes que piden monedas como un fenómeno ajeno al paisaje de locales de ropa, bancos y bares.

Las “acciones de rigor” que se vieron en el Museo de la Memoria son, en otras palabras, las acciones de rigor cotidianas que sufren los pibes de las barriadas, que ese día se habían dado el lujo de ir a una actividad en pleno centro. Cualquier sospecha y cualquier denuncia es motivo suficiente para arrinconarlos, revisarlos, darles algún golpecito y, si no se los llevan, mandarlos a sus casas. El jefe de la URII no pidió disculpas y no vio equivocación. Es que no la hubo: los cuatro policías de la Motorizada cumplieron a rajatabla el protocolo de actuación que arrincona al pibe sospechado y, en consecuencia, satisface al ciudadano asustado.