Comunicado del Colectivo Ni Una Menos
Las palabras no alcanzan. Gritamos basta. Ponemos otra vez los cuerpos en las calles. Y presenciamos la contra-ofensiva de los distintos poderes: policiales, políticos, judiciales y eclesiales.
Ante la violencia social y política que se ejerce sobre nuestros cuerpos, que los toma como territorios a despojar, zonas sobre las cuales avanzar, cosas a expropiar y desechar.
Ante la profundización de la violencia policial, con fuerzas de seguridad que tienen vía libre y el amparo de políticas racistas, misóginas y clasistas para perseguir y golpear, mientras los delitos de las corporaciones, gozan de total impunidad.
Ante políticas de seguridad basadas en la fracasada idea de mano dura y el intento de reformas legales como la baja de la edad de imputabilidad que solo incrementan la criminalización de lxs jóvenes pobres, decimos basta.
Desde el 8 de marzo, cuando paramos para reclamar el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, el reconocimiento de nuestro trabajo, la transformación de las desigualdades sociales, económicas y políticas que configuran matrices de subordinación y una asimétrica precariedad para nuestras vidas; cuando paramos en contra de la cultura del miedo con el que quieren domesticarnos cada vez más; por políticas públicas efectivas que garanticen educación y prevención para erradicar la violencia patriarcal; cuando paramos por las fronteras libres, para que no se criminalicen nuestros movimientos migrantes ni se nos encadene con las finanzas, por nuestra autonomía y las libertades de todxs: desde ese día la violencia siguió recrudeciendo. Lo vemos en la represión en las movilizaciones, la caza de brujas dirigida a las mujeres, la ausencia de políticas que apoyen nuestras autonomías, la disputa por el derecho a la tierra, donde las mujeres convertimos nuestro propio cuerpo en línea de defensa.
En la histórica jornada del Paro Internacional de Mujeres, contamos 26 detenidas entre el 7 y el 8 de marzo, en operativos tipo razzias, prohibidos en el país. Hubo compañeras criminalizadas y judicializadas: aún hoy tienen causas abiertas en su contra, y exigimos el sobreseimiento.
Daniela Guantay, de 22 años, militante de la organización La Poderosa, estuvo desaparecida durante seis días y el martes 7 fue encontrado su cuerpo sin vida a la orilla del Río Vaquero, en la provincia de Salta. 23 días después, la autopsia logró identificarla.
Laura Zaracho, cocinera del comedor Los Cartoneritos de Lanús, perdió su embarazo debido al ataque que recibió de agentes de la policía local, en medio de un operativo fuera de control y ante la vista del secretario de seguridad del municipio. Laura estaba cocinando para pibxs y trabajadorxs del barrio.
Sheila, una adolescente de 16 años de Isla Maciel, fue golpeada y esposada durante un allanamiento mientras era testigo de apremios contra su padre. Al retirarse del barrio, la policía la dejó con las esposas puestas e imposibilitada de sacárselas.
Días antes del paro migrante del 30 de marzo, se incrementaron allanamientos en barrios con población migrantes, que continúan la secuencia que se viene desarrollando de criminalización y amedrentamiento. Se trata de escenificaciones que buscan legitimar el decreto racista y xenófobo de necesidad y urgencia 70/17.
Compañeras del barrio Cuartel V del partido de Moreno están siendo hostigadas y amenazadas por bandas narco frente a la complicidad e inacción de distintas autoridades. Ellas quedan rehenes de una especulación inmobiliaria informal-formal que amenaza con dejarlas sin tierra y ante lo cual, sin embargo, no se resignan. Pero ponen en riesgo sus propias vidas en una defensa asimétrica, desigual y totalmente injusta.
De lxs siete detenidos de la organización social Tupac Amaru, cinco son mujeres, entre ellas Milagro Sala, parlamentaria del Parlasur. Distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU y la CIDH dijeron que corresponde liberarla “de inmediato”, pero Milagro Sala sigue presa y cada día que pasa el gobierno incumple con sus compromisos.
En un destacamento del conurbano bonaerense, Higui lleva detenida casi seis meses: fue atacada por una patota que la golpeó y la amenazó con una violación colectiva como “correctivo” por ser lesbiana. Higui se defendió y uno de los atacantes murió, pero es Higui quien está detenida, acusada de homicidio simple. Exigimos libertad para Higui y una investigación en sede judicial que se despoje de su tradición patriarcal.
Micaela García, una joven de 21 años, militante del movimiento Evita, está desaparecida desde el sábado 1 de abril en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Exigimos su aparición con vida.
Decimos basta a la cadena de represión y al aumento de las crueldades con las que quieren sacarnos de la calle cuando protestamos, desarmar nuestras redes cuando nos unimos para defender y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, perseguirnos y amedrentarnos cuando nos cruzamos y coordinamos reclamos y luchas entre diversos sectores, silenciar nuestras risas cuando nos encontramos y pensamos mundos posibles que no estén atados a las violencias machistas con que funciona el capital. Por eso, volvemos a gritar: contra la crueldad, más feminismo. ¡Ni una menos! ¡Vivas y libres nos queremos!
