Contra las expectativas de la familia del joven asesinado por la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico. Contra las acusaciones del fiscal y de las querellas que representan a la familia de la víctima. El fallo del tribunal de primera instancia, con una absolución y cuatro condenas bajas, dejó un profundo sabor a impunidad. Acusan encubrimiento al Comando Radioeléctrico.
Por Martín Stoianovich
Foto: Raíz Comunicación
La sentencia un día de paro general. La negativa del tribunal para que se transmitiera en la calle para las organizaciones que acompañaban. El sonido cortado durante la lectura del fallo en la sala contigua donde había familiares de la víctima. Así se preparó la antesala de lo que fue la cuestionada resolución judicial por el asesinato de Jonatan Herrera a manos de la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico el 4 de enero del 2015. Durante todo este tiempo en el proceso judicial se pudieron apreciar las distintas maniobras del poder policial, judicial y político, dándole forma a un camino que, hasta el momento, concluye en una sentencia más cercana a la impunidad que a la justicia.
El juez Juan José Alarcón durmió en más de una audiencia. Reposó su robusto cuerpo en la silla del tribunal y fue cerrando sus ojos disimuladamente. La escena se repitió en más de una de todas las audiencias que se dieron durante el mes de marzo para juzgar a los responsables por el asesinato de Jonatan. Por eso el detalle no pasó desapercibido para la familia de la víctima, que luego de la sentencia de este jueves, destacó esta actitud para graficar el poco interés del poder judicial en condenar responsablemente a los crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. El fallo del tribunal, que completan los jueces de primera instancia Juan Carlos Curto y Rodolfo Zvala, no fue el esperado ni se asemejó a las penas solicitadas por el fiscal Adrián Spelta y las querellas que representan a familiares del joven asesinado por balas policiales cuando lavaba el auto en la puerta de su casa.
La teoría del fiscal Adrián Spelta sostiene que aquel día todo comenzó con una persecución del Comando Radioeléctrico a un presunto ladrón que escapaba en su Zanella 50. Que llegando a la zona de Ayacucho y Segui, esta persona intentó huir por el angosto Pasaje Villar pero fue herido en la pierna por un disparo del cabo del CRE Miguel Ángel Iturres. Esta secuencia, en la que el joven que escapaba también efectuó un disparo, fue advertida por agentes de la Policía de Acción Táctica que circulaban en un colectivo de la línea 133 volviendo de la Jefatura de Policía. Fue en ese momento que al menos seis efectivos de la PAT obligaron al chofer a detener su marcha y descendieron del transporte para sumarse al accionar de sus pares del CRE. Una vez en la calle, dispararon más de treinta veces. Contra Jonatan Herrera. Porque el supuesto ladrón ya se encontraba reducido en el suelo por los agentes del CRE que habían intervenido. Tres disparos dieron en Jonatan, dos de ellos mortales. Por eso, Spelta consideró que hubo dos secuencias de disparos, y que el ataque de la PAT fue específicamente contra Jonatan.
Después de buscar acuerdos abreviados durante todo el 2015 y parte del 2016, la fiscalía acusó y llevó a juicio oral y público a cinco policías. A Ramiro Rosales de la PAT, lo acusó del delito de homicidio calificado por el abuso de su función policial y solicitó la pena de prisión perpetua. A Luis Sosa y Francisco Rodríguez, ambos de la PAT, los acusó por el delito de tentativa de homicidio calificado por el abuso de sus funciones, y para Jonatan Gálvez, de la misma fuerza, solicitó la pena de tres años por el delito de abuso de arma agravado por la función. También llegó a juicio la agente del Comando Radioeléctrico Gladys Galindo, sobre quien en junio de 2016, luego de un año y medio del hecho, recayó la acusación por homicidio calificado y al igual que a Rosales se le pidió perpetua. Según Spelta, las pericias de la investigación pusieron a Galindo en la línea de tiro del proyectil que impactó en la cabeza de Herrera y que hasta aquel momento no se sabía de qué arma había salido.
A la hora del fallo, por unanimidad, el tribunal resolvió que durante la investigación no se encontraron pruebas que ameritaran la participación de Galindo en el hecho. Por eso la absolvieron y quedó en libertad. Sobre el accionar de Rosales, los magistrados coincidieron en que se trató de un homicidio culposo. De esta forma aceptaron la teoría de la defensa del imputado, que relataba la balacera en una sola secuencia en la que Rosales simplemente había querido repeler las agresiones del presunto ladrón que se daba a la fuga, y que la muerte de Jonatan no había sido la intención del policía. Por este motivo, para Rosales quedó una pena de seis años y seis meses de prisión, con 8 años y seis meses de inhabilitación para el cargo policial. Para Rodríguez, autor del disparo que dio en el pie de Jonatan, hubo pena de tres años y ocho meses por abuso de arma agravado por la función. El mismo delito y la misma pena de prisión fueron para Sosa y Gálvez.
El manto de impunidad y las presiones del Comando
“La resolución habla en primer lugar de un nivel de encubrimiento a las fuerzas del Comando Radioeléctrico desde los primeros momentos de la investigación. La inclusión de Galindo por parte del Ministerio Público de la Acusación como imputada se produjo un año y medio después de iniciada las actuaciones. Sin lugar a dudas, de una manera transversal y corporativa hay un poder muy fuerte del Comando”, analizó el abogado Salvador Vera, de la querella que representa a la madre de la víctima. “Es un fallo deficitario e insatisfactorio que genera impunidad”, agregó sobre la resolución del tribunal.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran a enREDando que en los primeros momentos después de ocurrido el asesinato de Jonatan, un alto cargo del Comando Radioeléctrico presionó no solo a la fiscalía, sino también al entonces ministro de Seguridad Raúl Lamberto. Es que no podía quedar pegado el CRE en el fatal accionar de la PAT, que para el discurso oficial, la defensa de los imputados, y ahora también para los jueces, fue un accidente provocado por jóvenes inexpertos que solo tenían unas pocas prácticas de tiro y unos pocos meses de preparación para salir a patrullar las calles de Rosario. Se supo que la bala que dio en la cabeza de Jonatan vino de la zona en donde se encontraban agentes del CRE, sin embargo para el tribunal no hubo pruebas suficientes para responsabilizar a Galindo por ese disparo.
Lo que se desliza después del fallo es la posibilidad de que el encubrimiento policial, judicial y político, haya recaído sobre el verdadero autor de ese disparo. Ahora resuena, otra vez, el relato de los testigos del hecho que aseguran haber visto a varios policías levantando vainas y modificando la escena del crimen. Incluso el supuesto ladrón, finalmente condenado por el asalto a una juguetería, declaró en el juicio y manifestó que estando reducido un policía quiso obligarlo a que tomara con sus manos otra arma que no era la suya. Las conclusiones sobre el presente de la causa se inclinan hacia dos aspectos, que también pueden ser compatibles: la inoperancia o la complicidad del poder judicial.
“No se pudo quebrar el manto de impunidad que se teje institucional y políticamente en estas causas de violencia institucional”, analizó Vera en relación al fallo. “Teníamos expectativa de condenas importantes y ejemplares que sirvan como freno a los abusos policiales y letales a la población joven de los barrios populares”, agregó. Desde la querella que representa a María Elena Herrera, madre de la víctima, adelantaron que apelarán la resolución y buscarán declinar este fallo. Afuera, cientos de personas que a pesar del paro general llegaron por medios propios a los Tribunales Provinciales, arengaron a la familia Herrera entre la bronca y la necesidad de seguir exigiendo justicia. “Vamos a seguir, para que esto no pase más y para que estos asesinos no salgan en libertad”, gritó Julieta, hermana de Jonatan.
