Se cumple un mes de la llamada masacre de Pergamino ocurrida en la Comisaría 1 de esta ciudad bonaerense. 7 jóvenes fallecieron asfixiados y quemados tras un incendio que nunca debió haber ocurrido. “No fue ni una pelea ni un motín. Fue una masacre”, asegura la Comisión Provincial por la Memoria que este lunes estará presente en Pergamino, participando de diversas actividades y de lo que será la Cuarta Marcha de Silencio encabezada por familiares de las víctimas.
En un comunicado, la CPM señaló que “los testimonios de los sobrevivientes y las primeras pericias indican que los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los detenidos una vez que el incendio se desató. Los sietes jóvenes murieron bajo custodia del Estado y, por lo tanto, el Estado es el responsable de esas muertes. No fue ni una pelea ni un motín: fue una masacre.”
La masacre se produjo el pasado 2 de marzo.
Desde el primer momento, la Comisión Provincial por la Memoria intervino en el caso y se reunió, en varias oportunidades, con el fiscal que lleva la causa para garantizar una investigación independiente que llegue a la verdad y al castigo de los responsables, y asistir a los familiares para que tengan pleno acceso a la justicia.
Actualmente, la CPM patrocina a las familias de tres de las siete víctimas.
Este lunes estarán presentes en Pergamino para llevar adelante diversas acciones, entre ellas, una reunión con el intendente Javier Martinez y con concejales y legisladores de la Sección Electoral para analizar la crítica situación de los lugares de encierro, el acompañamiento de las víctimas y las acciones que pueden implementarse para prevenir nuevos hechos.
La comitiva del organismo estará integrada por sus presidentes, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, la vicepresidenta Elisa Carca, Nora Cortiñas, el padre Pepe di Paola, Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Yamila Zavala Rodríguez, Susana Méndez, los integrantes de la CPM por el Senado, Marcelo Dileo y Mónica Macha, la directora general Sandra Raggio y la directora general de administración Valeria Corfiel. A las 16 horas realizarán una conferencia de prensa en la sala del Consejo Superior de la UNNOBA, Calle Monteagudo Nº 2772.
A las 18 horas se realizará la Marcha de Silencio, la cuarta que impulsan familiares de los 7 jovenes fallecidos. A un mes no hay ningún imputado en la causa. La concentración se reúne en Plaza 9 de julio (Larrea entre Italia y Merced) y marchará hasta la plaza de La Merced. Esta movilización será acompañada, además, por un centenar de familiares que, desde hace algunos años, vienen trabajando con la CPM en la Red de Organizaciones de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional.
Como cada una de las marchas que se realizaron durante este mes, las consignas son claras: “Justicia por los 7” y “El Estado es responsable”.
Desde la CPM denuncian que “no se adoptaron desde el Estado provincial, medidas tendientes a revertir la crítica situación producida por una política criminal que, basada en el punitivismo y la persecución de los sectores más pobres de la sociedad, ha llevado al aumento de las tasas de sobre encarcelamiento y agravado las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro. En este sentido, las comisarías provinciales alojan en lugares no aptos para alojar personas –incluso prohibidos por resoluciones judiciales- a 3.100 detenidos. A un mes, la CPM vuelve a exigir la clausura inmediata de todos los calabozos de las comisarías bonaerenses.”
La CPM viene denunciando esta situación ante la justicia argentina y en los organismos internacionales. A principios de 2015, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación.
Según las cifras presentadas en el X informe Anual de la CPM, El sistema de la crueldad, durante el año 2015, la superpoblación en comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500%. La situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos.
Cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron.
“No es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas. Por eso, estas muertes son responsabilidad del estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad.”
Fuente: Agencia Andar
