El fiscal Adolfo Villatte pidió la detención e indagatoria de 102 civiles, entre ellos funcionarios y empresarios, vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos durante el Villazo contra trabajadores de Acindar. En su pedido detalla cómo la participación de la patronal contribuyó en gran medida en la ejecución de detenciones, desapariciones y homicidios ocurridos en marzo de 1974 en la localidad de Villa Constitución.
Por Carina Toso
[dropcap]D[/dropcap]urante la madrugada del 20 de marzo de 1975, la ciudad de Villa Constitución se vio invadida por unos cuatro mil efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Llegaron por tierra, por agua y por aire. Allanaron casas, detuvieron a más de 300 personas y asesinaron a otros 30. A este operativo se lo llamó la Serpiente Roja del Paraná, en referencia la lista que había ganado las elecciones en la UOM, que automáticamente fue disuelta como tal e intervenida. Ante esta situación unos 7 mil obreros dieron comienzo a una huelga que duraría 59 días. Durante una semana se dio la ocupación total por parte de los trabajadores de la planta de Acindar, hasta que el 27 de marzo fue desalojada por la policía. La huelga continuó hasta 19 de mayo.Villa Constitución se convirtió entonces en la antesala de lo que viviría el país entero a partir del 24 de marzo de 1976, con la Junta Militar en el poder: detenciones ilegales, homicidios, torturas y desapariciones fueron moneda corriente por esos días, bajo la complicidad de las patronales de la zona.
Hoy la causa que investiga estos delitos de lesa humanidad avanza en los Tribunales Federales de Rosario. La semana pasada el fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte, pidió la declaración indagatoria de 102 civiles, entre ellos funcionarios de gobierno, miembros de grupos paramilitares y empresarios. También de ex policías federales y provinciales, ex miembros de la Prefectura Naval y ex militares. Los crímenes que se les imputan son los cometidos entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución para reprimir a los trabajadores metalúrgicos que habían protagonizado la reivindicación obrera recordada como el Villazo.
El fiscal entregó al juez federal Marcelo Bailaque una presentación de 430 carillas en la que se detallan los casos de 77 víctimas que fueron allanadas ilegalmente, secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas, además de despojadas de bienes. Todas eran trabajadores o dirigentes gremiales metalúrgicos que, pese a una enorme presión de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de las empresas del rubro, habían logrado importantes reivindicaciones laborales. También fueron víctimas las abogadas de la comisión interna de la empresa Acindar.
“Nuestra intención es sumar más víctimas a la lista en un futuro porque hay muchas más, pero por el momento este pedido de indagatoria y detención se realizó por estas 77 víctimas de las cuáles ya tenemos el material probatorio”, afirmó Villatte a enREDando.
Según el escrito presentado por el fiscal, aquellos delitos son considerados cómo crímenes de lesa humanidad y genocidio, este último con «la especial finalidad de destrucción parcial de un grupo nacional” y agrego: «Se implementó un plan sistemático para aniquilar a una parte del grupo nacional definido como opositor, que comenzó a delinearse antes del golpe de Estado. Los perpetradores tuvieron la voluntad manifiesta de eliminar a una generación de conciudadanos para imponer un proyecto económico y socio-político».
Uno de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en esa ciudad estuvo instalado en el «Albergue de solteros» de Acindar, bajo el abal del empresariado. La Fiscalía señaló además que la empresa aportó vehículos y pagó sobresueldos a los represores. Villatte enumeró y analizó diferentes medidas adoptadas por Acindar para acoplarse y participar del plan criminal en la represión a los trabajadores. De acuerdo a los elementos probatorios, la Fiscalía sostuvo que la empresa, además de la disposición de un lugar para el funcionamiento del centro clandestino “dispuso de lugares para la utilización, el alojamiento y vivienda de las fuerzas represivas; aportó vehículos y reparación y cuidado de los pertenecientes a Policía Federal, la mayoría de ellos Ford Falcon sin patente; facilitó el ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros; consintió el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales; brindó información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad y confeccionó listados de las personas a detener”.
«Acindar digitó y habilitó violaciones específicas de derechos humanos, las que no hubieran ocurrido sin la contribución de la empresa; exacerbó las violaciones específicas, ya que empeoró la situación; y facilitó las mismas, ya que con su conducta hizo más fácil llevar a cabo las violaciones de derechos humanos», concluyó el fiscal Villatte.
El Villazo
En 1974 la seccional local de la UOM estaba intervenida y los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados. Todo esto derivó en la huelga de marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del «Albergue de Solteros» de Acindar. De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron, en señal de protesta, Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.
Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones, por decisión de la dirigencia oficial. A tal efecto, se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. «Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban», reconstruyó la Fiscalía en base a testimonios.
Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, encabezada por Piccinini. El interregno hasta las elecciones -que se concretaron recién en noviembre de 1974- estuvo signado por actos violentos y atentados con bombas a las sedes donde se reunían los representantes sindicales opuestos al oficialismo en la UOM.
«Ese triunfo -describió la Fiscalía- cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo hegemónico. Además, ello se tradujo en una alerta de los sectores empresarios, en especial pertenecientes a empresas siderúrgicas, que normalmente tenían negociaciones espurias con los representantes sindicales, las que en muchas ocasiones iban en contra de los intereses de los trabajadores».
La investigadora de FLACSO y del CONICET Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral versó sobre estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros; con los cuales se hacían reuniones periódicas y planes de trabajo conjuntos. En este marco se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno”.
Aquel 20 de marzo de 1975 la ciudad fue «literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército». En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que «hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas». La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.
La «estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial» e incluyó a Villa Constitución, Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. «A partir de ese momento -narró Villatte-, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo».
Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, a Coordinación Federal y al propio local de la UOM, «lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas», indicó el Fiscal. Y agregó que las razones alegadas por el gobierno para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás. Los objetivos, señalaron, consistían en paralizar la producción industrial y copar y usurpar las delegaciones gremiales y que, por ello, fuerzas coordinadas de la Policía Federal, Prefectura, policía de Buenos Aires y de Santa Fe comenzaron el 20 de marzo a las 4 de la mañana un operativo para desvertebrar el complot, que obtuvo “exitosos resultados” y, a raíz del descubrimiento de nuevas «ramificaciones», obligaban a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa.
Responsabilidades civiles
Según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en su informe Responsabilidad Empresarial En Delitos de Lesa Humanidad, en las actas de la empresa Acindar donde se especifican las constituciones y distribuciones de los cargos de directorio entre 1975 y 1979, en el año 1975 los cargos estaban distribuidos de la siguiente manera: como presidente, José Martínez de Hoz; vicepresidente, Juan Carlos Sorondo, como directores, Arturo F. A. Acevedo, Jorge E. Acevedo, Eduardo E. Aragón, Carlos A. Carrera, Ricardo S. Pujals, Juan P. A. Thibeaud y Lola Acevedo; y como secretario del directorio Jorge E. Rivarola. El único cambio que se realizó en todos estos años fue que Alcides López Aufranc reemplazó a Martínez de Hoz en la presidencia de la empresa a partir de marzo de 1976, quien asume el cargo de Ministro de Economía nacional.
“Existe una multiplicidad de testimonios, declaraciones y evidencias documentales que dan cuenta del involucramiento de la empresa en los crímenes de lesa humanidad. Una de las formas que tomó este involucramiento se traduce en la puesta a disposición de instalaciones y recursos materiales para la ejecución de la represión no solo a trabajadores de Acindar sino también a militantes de la zona. Diversos relatos y documentos dan cuenta de la presencia de un destacamento policial dentro de las instalaciones de la compañía”, expresa el informe.
En la totalidad del proceso represivo que tuvo lugar desde 1975, casi un centenar de trabajadores y de otras personas vinculadas con la empresa Acindar fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. De ellos 18 fueron asesinados, 8 se encuentran desaparecidos y 69 estuvieron detenidos y luego fueron liberados.
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