El modelo económico implementado por la Alianza Cambiemos en el poder remite directamente -en sus prácticas y en sus consecuencias dolorosas- al plan delineado y establecido a partir del 24 de marzo de 1976, de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Cuarenta años después, los beneficiarios de la política económica aplicada siguen siendo los grupos económicos de capital nacional y empresas transnacionales, hacia donde se transfiere la pérdida de ingresos que experimentan los asalariados, los empresarios medios y pequeños e, inclusive, ciertas grandes empresas independientes. Tal y como lo definió Rodolfo Walsh, la miseria planificada: un país puesto de rodillas.
Por Jorge Cadús
[dropcap]E[/dropcap]n su primer año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un programa económico de transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados de la economía. Devaluación, quita de retenciones, desregulación cambiaria y financiera, despidos masivos del sector público, política de no intervención del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales desatados por suspensiones y cesantías en el ámbito privado, aumentos de tarifas, apertura indiscriminada de importaciones, desmantelamiento de los ámbitos destinados al control de los formadores de precios, reincorporación del país al ámbito del FMI, rebaja de impuestos a bienes suntuarios y autos de alta gama y suspensión de servicios del PAMI fueron algunas de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos.
Los efectos están a la vista, y hasta los organismos oficiales sentencian que en el último año el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo; se derrumbó el circuito de consumo de los sectores populares; el salario real se redujo; creció el desempleo, al tiempo que cayó el trabajo temporario; la industria -a excepción de sectores ligados al agronegocio- agoniza, mientras las pequeñas y medianas empresas comienzan a cerrar sus puertas; las economías regionales están al borde la quiebra al tiempo que crece la importación en todos los rubros; cayó la inversión al ritmo del crecimiento vertiginoso de la deuda externa; y los tarifazos y los aumentos de combustibles sentencian la continuidad de una inflación que sigue impactando de lleno no sólo en los bolsillos de los ciudadanos comunes, sino en el corazón mismo del aparato productivo nacional.
Como resultado de aquellas medidas económicas, de estos efectos inmediatos y acelerados, la mitad de los argentinos con ingresos en la Argentina ganan menos de $8.000, por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; mientras la brecha entre los que más ganan y los que menos reciben se ensancha.
Cuesta abajo
La cifra es contundente: durante el primer año de Cambiemos en el gobierno nacional hubo 650 trabajadores despedidos o suspendidos por día.
Por su parte, los números oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo sostuvieron que la desocupación en el Gran Santa Fe es del 3,8%; 9,3% en el Gran Rosario y 9,2% en el aglomerado que conforman Villa Constitución y San Nicolás.
Sin embargo, si uno suma los desocupados, más los ocupados demandantes de otro trabajo y los subocupados también demandantes de otra actividad, las cosas son distintas: en el Gran Santa Fe, suman 43.000 personas las que tienen problemas de trabajo e ingresos, es decir el 20,51% de la llamada Población Económicamente Activa (PEA); en el Gran Rosario, 184.000 son los que padecen problemas de ocupación e ingresos precarios, un 30,11% de la PEA; y en Villa Constitución – San Nicolás, 75.000 son las personas que no tienen trabajo o necesitan otra actividad para empatarle al fin de mes. Algo así como el 18% de la PEA.
Para el diputado provincial Carlos del Frade, esos números “sintetizan los efectos de las medidas políticas económicas, tanto nacionales como provinciales. El problema, por lo tanto, es el presente y el futuro mediato de los sectores mayoritarios”.
La producción de las Pymes industriales sigue desbarrancándose: el 75% de las empresas finalizaron el año en baja. Los datos surgen de la Encuesta Industrial realizada por CAME entre 250 industrias del país. El estudio señala también que “las perspectivas para los próximos seis meses son bastante inciertas”.
Al mismo tiempo, sostiene el Indec de Macri que la medición de la distribución del ingreso durante el período julio-septiembre de 2016 indica que el decil más alto de la población (en buen criollo, el 10% más rico) tuvo un promedio de ingresos de $34.998. Ese sector se apropió del 31,5% de lo producido por el conjunto de los sectores productivos del país. Ese grupo de privilegiados incluye a quienes perciben, mensualmente, $274.000.
En forma paralela, el decil más bajo (el 10% más pobre de la población, aquellos en cuyos hogares la malaria se sienta a la mesa cotidiana del desamparo), con un promedio de $1.369 mensuales, apenas pudo arañar el 1,2% del total de lo generado entre todos los argentinos.
El modelo económico implementado por la Alianza Cambiemos en el poder remite directamente -en sus prácticas y en sus consecuencias dolorosas- al plan delineado y establecido a partir del 24 de marzo de 1976, de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz.
Tal y como lo definió Rodolfo Walsh, la miseria planificada: un país puesto de rodillas.
40 años, un modelo
El mismo 24 de marzo en que se declaraba el Golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti fueron tomados 15 sindicatos. En los días que siguieron, la cifra se multiplicó en varios centenares.
Como lo registra Miguel Bonasso, la directiva secreta 222/76 “ordenaba la ocupación de fábricas y locales gremiales en distintos puntos del país”, al tiempo que la dictadura suprimía el derecho de huelga, suspendía la actividad sindical e intervenía las obras sociales.
Desde finales de 1975 a mediados de 1985, el índice de trabajadores industriales disminuyó un 38%. Lo mismo ocurrió con la industria local: hacia finales de 1985, trabajaba apenas con el 60% de su capacidad instalada. Los índices de desocupación y subocupación pasaron de menos del 8% en 1975 al 18,6% diez años después. Tan sólo la desocupación treparía para el nuevo milenio al 20%. Mientras tanto, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (PBI) en 1975 llegaba al 48% del total. En 1983, ese porcentaje apenas arañaba el 27%.
En el año que va de 1976 a 1977, el salario real de los trabajadores argentinos cayó un 37% respecto a los valores de 1974/ 1975.
En 1976, “las Fuerzas Armadas llegaron al poder con intereses que claramente pasaban la esfera de lo económico, apuntando a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante un cambio drástico de la antigua estructura de relaciones económicas, sociales y políticas”, apunta Susana Torrado en su trabajo “La estructura social de la Argentina”.
El estamento militar construirá entonces una alianza con el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales, que dará “por terminada la industrialización como objetivo central del proceso de desarrollo. En la concepción de las Fuerzas Armadas, para lograr el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera, más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política, la estrategia más eficiente debía consistir en una modificación drástica de las condiciones económicas funcionales que habían alentado históricamente el desarrollo de esta clase”, sostiene la investigadora.
Son los beneficiarios de la política económica aplicada por la dictadura militar: grupos económicos de capital nacional y empresas transnacionales, hacia donde “se transfirió la sustancial pérdida de ingresos que experimentaron los asalariados, los empresarios medios y pequeños e, inclusive, ciertas grandes empresas independientes”, dice Torrado.
La patria sojera
Los chacareros más memoriosos citan al año 1976 como el inicio de los cultivos de soja en el sur de la provincia de Santa Fe. El mismo año en que el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” establecía una clara política hacia el campo: la expansión de los cultivos quedaría determinada por “su capacidad de competir en el mercado mundial”.
Para la campaña 76/77 se eliminó la fijación de precios sostén, se liberó el comercio, se permitió a empresas montar puertos, se privatizaron silos y elevadores oficiales y la Junta Nacional de Granos dejó de intervenir, para terminar eliminada tiempo después, en 1992. La implementación del modelo sojero estaba en marcha.
Aunque la soja era conocida en la Argentina desde 1867, su promoción, como lo detallan Antonio Elio Brailovsky y Dina Foguelman en el libro “Memoria Verde”, sufrió varios fracasos, “hasta que las multinacionales de producción y comercialización de granos que operan en el país promocionaron el cultivo para incorporarlo a un mercado internacional ya liderado por Estados Unidos y la Comunidad Europea”. Para instalar un por entonces devaluado cultivo de soja “importaron su tecnología en bloque”.
En el año 1976, la empresa multinacional Cargill construyó una planta de procesado de soja en Puerto General San Martín, sobre el Río Paraná. La planta sería ampliada veinte años después, en plena etapa menemista, hasta convertirse en una de las más grandes del mundo. Allí también la firma construyó una terminal para barcazas, con el objetivo de “facilitar la carga de los buques de ultramar con soja y harinas proteicas provenientes del NOA, de Bolivia, de Paraguay, y de Brasil”. Ya no habrá lugar para el desarrollo fabril en lo que fue, alguna vez, el segundo cordón industrial del país: las obras de la multinacional a la vera del Paraná eran parte del proyecto económico de transformar a Latinoamérica en una cuenca sojera.
Acelerar hacia el pasado
En la década que fue de 1975 a 1985, la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pasó del 12,7% de ciudadanos en 1975 al 32,7% en 1985. La indigencia se multiplicó: de 200.000 personas que sobrevivían en ese universo al comienzo de la dictadura militar, llegó para el 2001 a sumergir a más de 5.000.000 de argentinos. En ese mismo período que va desde principios de 1976 a finales del 2001, la población sometida a la pobreza pasó de 1.000.000 a 14.000.000 de habitantes, el analfabetismo pasó del 2% al 12%, y el analfabetismo funcional creció del 5% al 32%.
El saldo del modelo económico implementado por Martínez de Hoz y sus seguidores ha quedado a la vista: “aguda concentración económica por disminución de la producción y la demanda interna (sobre todo en la industria manufacturera); disminución de las inversiones productivas en provecho de la especulación financiera; importante incremento de la deuda externa (estatizada); abrupto empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, debido a la reducción del salario real y el fuerte retroceso en todas las políticas públicas de índole social”, señala Susana Torrado. En este marco de despojos cotidiano, será el agro quien ayude a “sostener la magra productividad del conjunto”.
Concentraciones
“Si se analiza el destino del excedente apropiado por dichos capitales (…) la porción más significativa se destinó, esencialmente, a inversiones del sector financiero, en la construcción residencial y en otros servicios y bienes vinculados a la demanda de los sectores de altos ingresos, no afectados por la apertura de la economía. Por otra parte, esta última alentó las transferencias de excedente al exterior, lo cual internacionalizó la reproducción ampliada del capital de estas fracciones dominantes. Esta dinámica de acumulación integrada estrechamente al mercado internacional brindó también una nueva forma de apropiación del excedentes: la transferencia al Estado de gran parte de su significativo endeudamiento externo” cuentan Horacio Verbtisky y Juan Pablo Bohoslavsky en su trabajo “Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”.
La cantidad de Empresas controladas por o vinculadas a los principales grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros en la industria argentina, comparando los períodos comprendidos entre 1973 y 1983, y éstos y 1986-1987, se multiplicaron.
A manera de ejemplo: la familia Macri (ex Fiat) pasó de 7 empresas (1973) a 47 (1983); y llegó a 51 empresas controladas (1986-1987).
Mientras tanto, otros números demuestran la continuidad del plan económico de la dictadura en tiempos de democracia. En los años que corren de 1988 a 2002 desaparecieron 123.796 pequeños y medianos productores agropecuarios. En ese mismo período, en la región pampeana, se esfumaron 17.000 de los 30.000 tambos existentes, mientras el stock porcino disminuyó un 37%.
Sólo siete empresas absorben el 80% de la producción láctea; mientras que apenas diez empresas manejan el 77% del negocio de la carne. Al mismo tiempo, entre 5 y 8 empresas controlan más del 90% de las exportaciones de harina y aceite de soja.
¿Cuándo se inicia este proceso de concentración económica en favor de determinados grupos empresariales? ¿Dónde encuentra su punto de quiebre en nuestro país? ¿Qué hechos históricos pueden resumirlo?
Para la socióloga Alcira Argumedo, “esto ha tenido en la historia distintas etapas. Hay una primera gran etapa que es la concentración de los años ’80 que es la de los gobiernos oligárquicos, otra etapa fue la inmediatamente posterior a la crisis del ’30 con la famosa década infame y esta que se inicia muy claramente con la dictadura militar, aunque tiene un primer antecedente que no se puede implementar, con el Rodrigazo, en 1975, me parece tiene un punto de inflexión en el 2001 con un doble fenómeno: uno es el fenómeno del límite que encuentra esta política de endeudamiento para financiar el traslado a grupos económicos-financieros, y otra es el proceso de movilización popular que de alguna manera termina saturando el vaso, fue como la última gota de saturación de un vaso que durante 25 años había sufrido una política de traspaso de recursos o riqueza pública y social en favor de estos grupos económicos-financieros. Yo creo que ese momento de quiebre en el 2001 es clave, pero que tiene el doble aspecto. Ya venía el corralito, y no fue solamente el detonante el corralito, pero ya el corralito indicaba que había encontrado un techo esta política de endeudamiento, apertura total de la economía, convertibilidad en un dólar absolutamente espúreo en su relación porque estaba a 2,50$ o 3$, lo que tiene ahora, y que esto había impedido la producción en la Argentina, una balanza comercial absolutamente desfavorable, bueno, todo este esquema me parece que en Argentina hace crisis a lo largo del 2001”.
Para concretar la desindustrialización y la brutal transferencia de recursos hacia esos sectores concentrados, se hace necesario aplicar una política represiva: marzo del 76 es el punto exacto de síntesis histórica.
Dice Argumedo: “acá se combinaron dos elementos: la lucha antiguerrillera en sí misma no necesitaba bajar un 40% los salarios reales en el primer año de instauración de la dictadura y esto fue, por una parte, un esquema represivo para evitar la protesta social, también se sabe que una proporción muy alta de los desaparecidos eran delegados internos de fábricas que no tenían una ligazón directa con la guerrilla, y al mismo tiempo imponer una nueva forma de redistribución de la riqueza en favor de estos grupos económicos financieros. Esto fue acompañado, al igual que en la etapa de la convertibilidad, con un dolar barato que hacía muy dificultosa la producción en el país, sobre todo con una apertura total de la economía, porque si el dolar valía en realidad 3$ pero acá se decía que valía un peso… Sucedió lo mismo que en los ’90… No sé, los zapatos o los fideos que podían venir de Chile, con sólo cruzar la cordillera valían tres veces menos que lo que valían en la Argentina y esto no era por producción sino por un cambio de la moneda. El tema es que la desindustrialización tenía un objetivo político que era romper las bases de un movimiento político que articulara trabajadores con pequeños y medianos empresarios interesados en el desarrollo del mercado interno y del bienestar. Y esto, esta desindustrialización, esta ruptura de las bases estructurales de ese movimiento potencial iba acompañado con el favor hacia grupos económicos-financieros que se movían con la especulación financiera, con importaciones o con algunos puntos industriales que después van a ser las privatizaciones que estaban terriblemente protegidos y subsidiados como fue, por ejemplo, la industria automovilística en la Argentina: en los años ’90 los automóviles en la Argentina eran los más caros de América Latina y había importación de automóviles pero pagando altísimos aranceles, es decir había una gran protección, además de eso se dió el plan canje que fue una inversión de 1.000 millones de dólares, que benefició a mucha gente que se pudo comprar un auto pero fundamentalmente benefició a fábricas como por ejemplo Macri en Sevel, mientras se desprotegía totalmente a los pequeños y medianos productores rurales o industriales que no podían competir con los altísimos costos internos en dólares, por el precio del dólar y por las altísimas tarifas de los servicios privatizados. Las telefónicas eran tres veces más caras que el promedio mundial, las tasas de interés eran altísimas entonces esto terminó de quebrar la industria del país destinada principalmente al mercado interno que había sufrido su primer gran golpe durante la etapa de Martínez de Hoz. Ésta la terminó de arrasar”.
Vulgares y agraviantes
“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados (1976/ 1983)…” sostiene el Juez Federal Jorge Ballestero en su Resolución de la Causa Nº 14.467, de julio del año 2000. Y completa: “Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados”.
La causa 14.467 fue iniciada en 1982 por el abogado Alejandro Olmos, y es un recorrido por la geografía de las impunidades cotidianas que fueron construyendo la Deuda Externa Argentina. Deuda que creció de 7.500 millones de dólares en 1975, a 55.000 millones de dólares en 1983. Para el 2001 de piquetes y cacerolas, esa misma deuda externa arañaba los 132.000 millones. Que se convertían en 155.000 millones de dólares si se suma la deuda privada. Y a lo que habría que agregar los 40.000 millones de dólares que ingresaron en las arcas del estado, para esfumarse rápidamente, producto de las privatizaciones de las empresas nacionales.
El único procesado en la causa, José Alfredo Martínez de Hoz, primer Ministro de Economía de la dictadura, resultó sobreseído “en virtud de operar la prescripción de la acción penal”.
Sin embargo, el fallo judicial es contundente: la deuda externa argentina “ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados (…) que tendían a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día”.
Para el juez Ballestero “el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional”.
País que fue será
Escribe Rodolfo Walsh en marzo de 1977, al cumplirse un año del Golpe de Estado: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales…”
Denuncia Walsh: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.
Los resultados de esa política han sido fulminantes”.
Habla Rodolfo Walsh en su Carta Abierta de las transformaciones de un país sometido en aquel primer año de la dictadura militar, cuarenta años atrás.
Su letra apretada y lúcida se hace necesaria hoy, cuando el pasado que se abre en este presente pone, otra vez, de rodillas a un país: “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
