Marzo arranca tras varios intentos de la derecha de arremeter contra los derechos humanos, sobre todo a nivel nacional. Mientras se esquivan estos batacazos, en Rosario arrancará en junio un juicio oral que por primera vez en la provincia juzgará a un sacerdote, Eugenio Zitelli. Además, el escrache al represor Sfulcini y la gran movilización prevista para este 24 de marzo, a 41 años del golpe cívico-militar.
Por: Carina Toso
[dropcap]A[/dropcap]rrancaron su gestión diciendo que eso de los derechos humanos era “un curro” y siguieron con que los desaparecidos no eran 30 mil. Se flexibilizaron muchas determinaciones judiciales con respecto a prisiones domiciliarias y cumplimiento de condenas de represores. Este año, ya finalizando enero, el presidente Mauricio Macri decretó que el feriado del 24 de marzo fuera trasladable junto con el del 20 de junio y el 2 de abril. El repudio generalizado por parte de distintos sectores, no sólo el de los derechos humanos, hizo que el mandatario diera marcha atrás con esta determinación una semana después y declarara inamovible el feriado por el Día de la Memoria y el de Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas.
Las palabras del titular de Aduana Juan José Centurión vinculadas con la dictadura militar también resonaron fuerte: “No comparto que fuera un plan genocida”. Y reforzó: “No son lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”, en relación a la cantidad de desaparecidos. Usó los mismo argumentos de Darío Lopérfido en aquel momento, y que muchos aseguran habérselos escuchado también a Macri: que esa cifra se arregló “en una mesa cerrada” y que fue para “conseguir subsidios”.
Mientras tanto, Milagro Sala sigue presa. Y siguen sumándole causas.
Pasan los días y los organismos de derechos humanos se desayunan con otro golpe: el abogado Carlos Horacio de Casas fue designado como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el gobierno de Mauricio Macri ante la OEA . Su única participación en procesos relacionados con la memoria, la verdad y la justicia fue la defensa particular del represor mendocino Enrique Blas Gómez Saa, quien en la actualidad se encuentra impune por causas biológicas.
«Cuídense ustedes porque las cosas están cambiando», le advirtió a los jueces la hija de un represor procesado y juzgado en el proceso oral que se está realizando en la ciudad de Santa Fe. La hija del ex policía Eduardo Ramos también arremetió contra el público que estaba en la sala por lo que el lugar fue finalmente desalojado. «Ya van a estar del otro lado como está Brussa», les gritó a los magistrados antes de irse. El día que comenzó este juicio, en la puerta de los tribunales, un grupo de personas se reunió para dar apoyo a los represores procesados.
El temor por las demoras judiciales, adrede y planificada, en los procesos por delitos de lesa humanidad va creciendo a medida que pasan las semanas. Una de las causas que aseguran que se está demorando y que peligra su continuidad es la causa por los delitos cometidos en la ESMA, el proceso judicial de mayores dimensiones en la historia argentina, que ya entró en su quinto año de audiencias. Pero también se demoran las audiencias en muchos de los juicios en curso a lo largo y ancho del país.
El último batacazo y que perfila una de las luchas que traerá este marzo es, según denunciaron desde ATE, que en el Ministerio de Defensa de la Nación se no se renovarán los contratos precarios del personal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos que vencen el 31 de marzo. “Vayan buscándose otro trabajo” les dijeron, ya que según la predicción de ciertos funcionarios “los juicios por delitos cometidos en la dictadura militar se van a terminar”. El área aporta material histórico fundamental en numerosas causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad. “Si bien se han logrado 163 condenas a represores dictadas en todo el país, todavía existen 376 causas en trámite en las que no se ha dictado sentencia», alertaron desde el Colectivo Nacional Mario Bosch.
“Los Macri son cómplices de la dictadura”
Norma Ríos, presidenta a nivel nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se refirió a este panorama general que se vive en todo el país con respecto a las políticas de derechos humanos que este gobierno asumió, no sólo relacionadas a la memoria y la dictadura, sino a cuestiones políticas, laborales y gremiales. “Muchos sabíamos claramente que iba a ser un gobierno de CEOs, pero también que iba a favorecer a todos los genocidas de la última dictadura militar, de hecho el plan económico es exactamente el mismo, hasta en la estatización de la deuda privada cómo acaba de pasar con la deuda de Correo Argentino de los Macri que se la perdonaron o el endeudamiento económico que se produjo con el pago a los fondos buitres”, expresó Ríos.
“Los Macri son cómplices de la dictadura, no hay dudas de eso. Fueron tipos que se enriquecieron en ese tiempo y cuando hablamos de enriquecimiento en la dictadura hablamos del enriquecimiento sobre la base de la sangre de 30 mil desaparecidos como mínimo, ni hablar del resto de la destrucción del país, de la pérdida del poder adquisitivo de los obreros, de la pérdida del poder en el campo popular en general, la destrucción del aparato productivo, etc. Un terror que permanece pegado en la piel hasta el presente en muchísima gente, porque la dictadura continuó en los gobiernos sucesivos por otros medios. Continuó un genocidio económico que se intenta revertir en los años del kirchnerismo pero sin llegar a la raíz ni a la estructura del problema”, agregó.
La referente nacional de la APDH también se refirió a la situación de Milagro Sala: “No puedo concebir el ataque a la Tupac y que una diputada del Parlasur aún permanezca presa”.
Finalmente, y en el marco de un nuevo mes de la memoria, Ríos expresó: “En todo este marco vemos una destrucción de la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia tan cerca de los 41 años del Golpe y cuando ya estaba demostrado que la dictadura fue un genocidio, que hubo terrorismo de Estado, cuando hay juicios en donde se logró demostrar eso. Así las cosas, vemos como dudan de los 30 mil desaparecidos y ponen a cómplices de ese genocidio en lugares claves del gobierno. Esto implica lo que yo llamo una justificación oblicua del genocidio: no pueden decir el genocidio estaba bien pero avanzan cada día un poquito y venden el discurso de que estos pobres viejitos son inocentes”.
Un cura al banquillo
Mientras desde un rincón intentan desandar el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia, desde muchos otros rinconcitos, hay personas trabajando (desde hace décadas) para llegar a distintas metas colectivas. Por eso, en Rosario, en principio con fecha reprogramada para el 8 de junio, va a a comenzar en los Tribunales Federales la tercera etapa de la causa Feced III que juzgará por primera vez en la provincia a un miembro de la iglesia católica por delitos de lesa humanidad: se trata del ex capellán de la policía de la provincia de Santa Fe, Eugenio Zitelli.
El juicio oral tenía fecha de inicio para este 16 de marzo pero fue suspendido hasta el mes de junio, según confirmó Gabriela Durruty, abogada querellante por la APDH. Se trata de una causa que engloba 155 casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de la Policía de Rosario. En este proceso, además de Zitelli, se juzgarán a trece ex policías santafesinos.
Las audiencias estarán a cargo del Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás)y los delitos a juzgar son: homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita.
Los imputados son Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lofiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli.
Sólo tres de los imputados no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa Feced: los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González; y el sacerdote Eugenio Zitelli. Gianola y González estaban prófugos cuando se realizaron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.
Este es el tramo más grande de la causa Feced. De los 155 casos de este juicio, 80 son casos nuevos, es decir que no fueron juzgados anteriormente. Por los tribunales federales rosarinos pasarán unos 300 testigos.
“Este juicio es la coronación de más de 15 años de lucha. En el camino hemos perdido compañeros que hoy no pueden compartir este momento pero tenemos la fuerza de sus convicciones. Sabemos con seguridad que se va a hacer justicia. Las evidencias que se presentaron son más que suficientes para condenar a este personaje nefasto de la Iglesia”, expresó Claudia Nigro, de UMANO Casilda, agrupación que viene presentando reiteradas denuncias y pruebas ante la justicia para que el capellán terminara en el banquillo.
“El avance de las causas y su elevación a juicio oral es muy importante, pero el hecho de que lleguemos a este momento lo es mucho más porque comenzamos a desandar la impunidad de los responsables civiles y eclesiásticos. En este sentido Zitelli es un emblema, denunciado por quienes sobrevivieron y por las organizaciones de derechos humanos desde siempre”, expresó la abogada querellante Gabriela Durruty.
En la ciudad de Rosario se desarrolla además desde el año pasado la tercera etapa de la causa Guerrieri, que juzga a diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos. Este accionar se dio en los centros clandestinos de detención La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y Quinta de Funes contra 47 víctimas del terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.
Se espera que durante este año se inicien las audiencias orales por la causa Klotzman en los tribunales rosarinos pero aún no se dio a conocer la fecha del comienzo del juicio. Esta causa se refiere a lo sucedido a militantes del PRT-ERP secuestrados en su mayoría en el mes de agosto de 1976. Los procesados por los delitos contra ellos cometidos son miembros del Destacamento de Inteligencia 121 y de la Policía Federal.
En la ciudad de Santa Fe, comenzó en febrero, y se sigue desarrollando cada jueves, el juicio oral por delitos de lesa humanidad en “La Casita”. Que ventila el secuestro, torturas y homicidio de Emilio Osvaldo Feresín, dirigente montonero, quien fue detenido-desaparecido el 10 de febrero de 1977 y los secuestros y torturas por otras 12 víctimas. Entre los imputados se cuentan el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez– Víctor Hermes Brusa.
Marcha y escrache en el mes de la memoria
“Si no hay justicia hay escrache”, es el lema que siempre llevaron adelante desde la agrupación H.I.J.O.S y el Espacio Juicio y Castigo. Este marzo tiene otra particularidad: se va a realizar un escrache en la puerta de la casa de un represor. Actividad que en la ciudad no se llevaba a cabo desde 2011.
“Es una de las actividades que estamos generando desde el Espacio Juicio y Castigo y que dan cuenta de los cambios en estos tiempos. Si bien la justicia siempre fue un espacio en el que hemos tenido que debatir y discutir, hay una flexibilidad con respecto al otorgamiento de prisiones domiciliarias a represores. Hay cada vez más fallos polémicos con respecto a las sentencias. Esto se expresa por ejemplo en algo que nosotros planteamos el año pasado con el otorgamiento de la libertad a Carlos Sfulcini, que ya fue condenado, pero en algunos de los delitos Casación lo absolvió y consideró que ya tenía cumplida la pena y le dio la libertad, por eso lo vamos a escrachar”, explicó Juane Basso miembro de la agrupación H.I.J.O.S y de Espacio Juicio y Castigo.
El escrache está programado para el próximo sábado 18 de marzo. La cita es a las 18 horas en España y el Río para después marchar hasta España 344, donde vive Sfulcini (10° A). El represor había sido condenado el 20 de diciembre de 2013, en el marco del juicio Guerrieri II, a 20 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) de Rosario al ser encontrado culpable del secuestro, las torturas y el homicidio del militante del Partido Comunista, Fernando Rubén Tito Messiez. A fines del año pasado, la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó la sentencia de la causa Guerrieri II dejando firme y sin nueva posibilidad de apelación a la condena a Sfulcini, pero sólo en el delito de privación ilegal de la libertad y lo absolvió por el delito de homicidio. Casación, a diferencia del TOF1, consideró que las pruebas no alcanzaban para responsabilizar a Sfulcini por los tormentos y el posterior homicidio de Messiez, razón por la cual evaluó que con los seis años que estuvo en prisión, el represor daba por cumplida su condena y debía quedar en libertad.
“Nosotros sabemos que el secuestro de Tito Messiez se realizó en el marco de un plan sistemático destinado a detener, torturar y desaparecer a todos aquellos que representaban un obstáculo al proyecto genocida y vendepatria. Por eso repudiamos el intento de la Casación de aislar un hecho de otro (el secuestro del homicidio), como si estuvieran completamente desvinculados”, comunicaron desde Juicio y Castigo.
“El último escrache que hicimos fue en 2011, fue muy grande y en el marco del inicio de la juicio oral por la causa Feced. El Tribunal había decidido que los represores transiten el juicio en libertad, por eso fuimos a hacer un escrache a la casa de Lofiego. Ahora tiene características distintas, por un lado hay un momento político que está teniendo situaciones de mayor flexibilidad con los represores, y por otro, vamos a escrachar a un represor que está condenado. Antes escrachábamos a personas que estaban denunciadas en los testimonios de nuestros compañeros y que la justicia se negaba a juzgar. Ahora está condenado y vamos a hablar con sus vecinos para decirles que ahí vive alguien que tiene una sentencia de 20 años y que la tiene que cumplir”, aseguró el militante de H.I.J.O.S.
Al mismo tiempo los organismos de derechos humanos vienen trabajando desde mediados de enero en otro de los grandes eventos de este mes: la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria que se espera sea multitudinaria como cada año. “De parte de todas las organizaciones que participamos en este espacio hay un diagnóstico de preocupación porque vemos un desarticulamiento de las políticas de derechos humanos en particular pero también la aplicación del mismo modelo económico de la dictadura en distintas áreas. Ante esto, encontramos la necesidad de asentar y ampliar la lucha desde los sectores que queremos que haya una continuidad de los procesos de memoria, verdad y justicia”, expresó Basso.
La movilización partiría desde la plaza San Martín a las 17 horas, se mantendría el recorrido que se realizó otros años con el acto de cierre en el Monumento Nacional a la Bandera.
“Este gobierno comenzó a desandar el camino de las políticas de derechos humanos, pero también el de las políticas de ampliación de derechos en general en el país. Cuando vemos los despidos, los recortes, la apertura de las importaciones que impactan en la industria local, fábricas que cierran, la situación de los jubilados, las tarifas, la violencia institucional creciente entendemos que va a ser un año de resistencia, de organización. La pelea por los derechos humanos está atravesada por todas estas cuestiones. Veo un escenario de encuentro entre todos los sectores que estamos resistiendo a este modelo, que si bien llegó por la vía de los votos está aplicando la misma política económica de la dictadura”, afirmó Juane Basso en concordancia con Norma Ríos.
Es verdad que quienes forman parte de la lucha por alcanzar la justicia en cuanto a los delitos cometidos en la última dictadura tienen como bandera que esta lucha es colectiva, pero este año es diferente también para Juane en lo personal porque se está llevando adelante en la ciudad de Santa Fe el juicio oral por la desaparición y muerte de su padre, Emilio Osvaldo Feresín, quien fue detenido el 10 de febrero de 1977. “Para nosotros esto siempre fue una lucha colectiva, así lo aprendimos de las Madres y los Familiares, pero es cierto que ahora estoy atravesado por lo personal. No me había tocado todavía estar desde este lugar, tener que declarar, hacerme cargo de representar a personas que fallecieron en el camino de esta lucha como mi madre, mis abuelos, tías y tíos. Mi vieja se cansó de transitar tribunales y participar en marchas. Siento que estoy cumpliendo ahora otro rol en esta lucha que decidí abrazar cuando empecé a militar allá por los 18 años”, explicó.
Reclamos y vacíos a nivel provincial
Dos reuniones en febrero y una programada para la primera quincena de marzo son parte de la agenda pasada y futura para este año de los encuentros de distintos organismos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silberstein. Desde hace un año, desde el ámbito publico provincial se viene dando un “achicamiento” de programas y cargos, y falta de presupuesto dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. El espacio Juicio y Castigo Rosario, encabezado por Madres y Abuelas, Familiares, APDH, MEDH, ex presos políticos e Hijos Rosario, fue finalmente recibido durante el mes de febrero por Silberstein, quien accedió a conformar una mesa de trabajo y una agenda conjunta para la resolución de los reclamos.
Durante estos encuentros, los organismos de derechos humanos le presentaron al funcionario una documento con distintos puntos a resolver. En el texto, firmado por los integrantes del espacio Juicio y Castigo Rosario se deja constancia de la “profunda preocupación por el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y el deterioro de importantes líneas de trabajo que de ella dependen” y destaca que “este panorama se inserta en un todavía más complicado contexto nacional en el que asistimos a una desarticulación de la políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.
Un aspecto no menor es que continúa el vaciamiento del área de Memoria del Ministerio ya que desde que se inició la nueva gestión ni se designó nadie al frente de la Dirección de la Memoria y los trascendidos son que la secretaria de Derechos Humanos, María Dal Dosso, dejaría su cargo. También se refirieron a la “inacción manifiesta en que no se ha vuelto a señalizar un sólo sitio de memoria durante esta gestión”.
Además, se planteó la preocupación por el “achicamiento” del Programa de Protección de Testigos de Lesa Humanidad. “De haber tenido director, subdirector y dos coordinadores, pasó a un solo director que además se ocupa de otras problemáticas sociales, lo cual disminuye su capacidad de abordaje al trabajo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la cada vez más invisible presencia de personal de la unidad en los juicios y en tareas de protección a las víctimas del genocidio”, señalaron los organismos.
Se suma el llamado de atención al “incumplimiento de la propuesta del ministro Silverstein de que la Secretaría sea querellante en los juicios de lesa humanidad, y de la propuesta del Ministerio de trabajar los casos de violencia institucional”.
Finalmente, se dejó constancia de la preocupación por la falta de mensajes claros por parte del ministerio y el propio gobierno provincial sobre el ataque permanente a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que realizan funcionarios del gobierno nacional, por la falta de pronunciamiento sobre la detención arbitraria de Milagro Sala, la falta de pronunciamiento sobre la candidatura de Carlos Horacio De Casas, nominado por el gobierno nacional ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el hecho de que nunca se reglamentó la ley de memoria.
El compromiso por parte del ministro fue el de volver a reunirse durante la primera quincena de febrero para comenzar a trabajar concretamente en la resolución de estos puntos. Compromiso que los organismos de derechos humanos esperan se cumpla en el plazo y forma prometida.
