El mapa laboral es una geografía sin horizontes claros en el futuro cercano: la profundización de las políticas implementadas por el macrismo, muchas de ellas refrendadas por el gobierno provincial, tiñen de angustia el día a día de los trabajadores. El futuro abierto en el presente es un agujero negro donde desaparecen expectativas y mañanas. La destrucción del trabajo en tiempos de Macri sigue acelerando hacia el pasado: sólo tiene correlato con lo sucedido entre 1976 y 1977, el primer año de la dictadura militar. Cuarenta años después, el modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz goza de buena salud, y sigue entristeciendo el cuerpo y el horizonte de los trabajadores argentinos.
Por Jorge Cadús
Foto: Agencia Sin Cerco
El baile del queso
«Mi sueño es que llenemos de los mejores quesos a todo el mundo», sentenció el presidente en la ciudad de Venado Tuerto, cuando el 2016 recién iniciaba. Como una cruda postal del 2016 –ese año que vivimos en peligro-, como una profecía para el año que vendrá, en la pequeña localidad santafesina de Carmen -cercana a Venado Tuerto- una veintena de obreros de la planta fabricadora de quesos Chateaubriand (propiedad del empresario Aldo Muscolini) permanecen tomando el establecimiento ante el intento de vaciamiento y cierre por parte de la patronal.
Chateaubriand, ubicada en Carmen (una localidad de 1.800 habitantes), emplea una veintena de trabajadores. Desde el año 1997 fabricó leche fluida; y en 2001 se volcó a la producción de quesos. Los empleados denuncian que «la patronal encabezada por un señor feudal como Aldo Muscolini que es de Venado Tuerto, quiere ir vaciando la empresa de apoco. Acá había 30.000 litros de leche diarios con tambos fijos. Ha ido dejando ir los tamberos, entregando guita a plazos. Llegamos al punto de quedar con 6.000 litros de leche propia de la fábrica y lo que hacía era comprar a cualquier pool lechero uno o dos camiones a la semana. Leche que venía en negro, sin pagar ningún impuesto».
En forma paralela, la firma mantiene una deuda que asciende a $2.000.000 por falta de pago de leyes sociales con AFIP; alrededor de $5.000.000 con la obra social de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra); y una deuda por falta de aportes jubilatorios desde septiembre del 2014.
«Nunca imaginamos que íbamos a pasar esta situación. Siempre analizamos que esto era un capricho, porque las empresas que tienen daban rentabilidad. Tiene una sociedad de aviones fumigadores, alquileres de campo, propiedades en alquiles, la distribuidora de Pepsico, de Paladini, los camiones de distribución», afirman los trabajadores; mientras que el presidente comunal de Carmen, Walter Czelada, sentencia que «el número de personas despedidas para nuestra localidad equivale a 500 personas en una ciudad como Venado».
Una fábrica de despidos
El segundo año del gobierno de Mauricio Macri y su Alianza Cambiemos arrancó con un pulso desgarrador: 120 despidos por día.
La cifra surge de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA): en el primer mes del año 2017 la destrucción de puestos de trabajo y suspensiones ascendió a 3.692 casos. De ese total, el 98% de los casos (3.617) corresponden al sector privado y el 2% (75 casos) al sector público.
Sin embargo, la postal es más cruda todavía: para la consultora Tendencias Económicas, si se incluyen los casos en donde existe una instancia de conciliación obligatoria, la cifra se eleva a 9.326 despidos y 5.900 suspensiones durante el primer mes del año en curso.
Para el CEPA, el impacto de la política económica macrista golpea fuertemente al sector manufacturero, que produjo casi el 70% de las cesantías de enero: la rama metalúrgica, los textiles, las autopartistas y las industrias electrónicas aceleraron las desvinculaciones. El trabajo del instituto dirigido por Hernán Lechter apunta que «si bien la industria se vio aquejada desde el inicio del proceso de expulsión de trabajadores en el mercado de trabajo, es desde septiembre último que se ve particularmente afectada. En los últimos cinco meses, a diferencia del sector público, el sector primario, la construcción y los servicios, la industria continuó con cesantías».
En el inicio del nuevo año, esas cesantías fueron producidas por la fábrica de componentes informáticos Banghó, que despidió 200 trabajadores; la gráfica AGR, que cesanteó 380 operarios; la textil Alpargatas; el astillero Tandanor; la plástica Tramontana; la firma turística Despegar.com; Cerámica San Lorenzo y Georgalos; entre otras firmas.
Inversión para la desocupación
El diario Ámbito Financiero dio a conocer la noticia: «el Estado pagará parte de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la apertura de las importaciones».
«Lo hará a través del Programa Nacional de Transformación Productiva, que firmarán los ministerios de Producción y Trabajo, y que estará orientado a las industrias más sensibles a la competencia con productos del extranjero, como las fábricas de computadoras ante la inminente baja de aranceles. El plan habilitará un complemento indemnizatorio o bien el pago de una parte del salario con fondos públicos para los operarios que pudiesen ser reinsertados en otras fábricas como parte del mismo esquema», sostenía la crónica.
Y completaba que «en el Ministerio de Trabajo lo definen como un «Repro vip», en alusión al Programa de Recuperación Productiva que creó el Gobierno anterior y que, todavía vigente, implica el desembolso de una cantidad variable de dinero por cada trabajador de una empresa en situación de crisis -previamente constatada con la exhibición de sus libros- para complementar sus salarios a cambio de una garantía de sostén de los puestos de empleo».
El Programa incluye «un bono equivalente, como máximo, al salario mínimo, vital y móvil (hoy en $7.560) que el Estado pagará a cada trabajador de acuerdo a su destino final. Si se trata de un despedido por una compañía imposibilitada de reconvertirse por la competencia extranjera, el bono tendrá una duración máxima de seis meses y operará como complemento indemnizatorio, con el propósito alegado de darle más herramientas al afectado para reinsertarse en el mercado laboral. Pero también podrá aplicarse el bono como complemento salarial para los trabajadores derivados a una compañía dinámica, es decir en proceso de reconversión. Será, de ese modo, un ahorro para el nuevo empleador».
El peligro continúa
La apertura de importaciones y la caída del consumo interno siguen poniendo contra las cuerdas a varias empresas santafesinas:
– Ante el ingreso al país de aceros de origen chino a precios irrisorios, la firma Acindar presentó ante el gobierno nacional un trámite de antidumping para contrarrestar la nueva oleada de productos asiáticos. La firma llevó ante las autoridades oficiales sus estructuras de costos y rentabilidad, y las comparó con las listas de precios chinas «que sólo son posibles de conseguir con dumping social, por el pago de salarios irrisorios». Sin embargo, no obtuvo respuestas. Se abrió así el procedimiento de dumping, donde la compañía perteneciente al grupo indio Arcelor Mittal aspira a conseguir medida cautelar de vigencia inmediata, para no tener que afrontar el trámite más farragoso de llegar a sentencia, que demora años y mientras tanto siguen llegando las importaciones. Con ese panorama Acindar recortó contratos de tercerizados; pactó en Villa Constitución un régimen de suspensiones, y en la planta Navarro de Rosario suprimió uno de los tres turnos de actividad.
– El sindicato ceramista denunció que el 50% de los trabajadores del sector está suspendido, lo que significa -en Santa Fe- 400 obreros en vilo en esa actividad, radicados sobre todo en Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás y Fighiera. La mitad de las fábricas funcionan con suspensiones rotativas de personal, con caída en las ventas debido al estancamiento de la obra pública y de la construcción en el ámbito privado. Sumado a esto, la apertura de importaciones abrió el camino para el ingreso de porcelanas desde India, China, Brasil y Bangladesh. «La preocupación es terrible, las playas en las fábricas se llenan de ladrillos sin vender y los empresarios están dando vacaciones forzosas, refinanciándose para pagar sueldos. A este ritmo, nuestro trabajo está en riesgo», advirtió el secretario adjunto del Sindicato Obrero de Cerámica, Porcelana y Azulejo (Socpa), Juan Domingo Moreyra.
– Desde el Sindicato del Seguro su secretario general, Ricardo Méndez, remarcó también que «hubo despidos en San Cristóbal y La Aseguradora, y recientemente unos 700 empleados de Interacción ART y Aseguradora Federal quedaron en la calle». De éstos, 25 son rosarinos.
-American Colors, de Puerto General San Martín produce sílice precipitada -un producto que se aplica en suelas de zapatillas y caucho ecológico- corre riesgo de cierre. El sindicato advierte que observan una «fuerte caída» en la producción y adelantan que «30 familias pueden quedar en la calle». El representante de los trabajadores de la industria química, Julio Barroso, dijo que «es algo que nosotros vemos todos los días fundamentalmente por la apertura de las importaciones. Los productos vienen principalmente de China y Brasil. Se abre tanto la importación que ni siquiera se puede proteger el 3% que significa la empresa en el contexto nacional».
– El gremio del calzado está en situación de alerta: a los 34 despedidos de la fábrica Wyler’s, en Alcorta, se suma la situación de Pirri y Over, de Acebal, que han declarado caída del consumo y riego de perder puestos de trabajo. En la firma Maincal de Pérez, cerca de 15 empleados corren peligro de ser despedidos. Miguel Fuentes, secretario general del gremio, sostuvo que «están entrando calzados de todos lados, Chile, Paraguay, Brasil, entre otros».
– El secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, señaló que se perdieron 800 puestos de trabajo en Rosario y Gran Rosario, una cifra que «trepa si nos atenemos también a despidos que no nos hemos enterado en empresas chicas donde despiden uno o dos empleados».
– En Hughes, los 500 operarios del frigorífico Black Bamboo Enterprise (Ex Marfrig, que desde abril de 2016 pertenece a la firma de capitales chinos Foresun Group) sobreviven con reducción horaria, y un salario que suma apenas $3.000 por quincena.
– El informe del CEPA sintetiza la situación con un ejemplo paradigmático del presente y el futuro cercano: «en el mes de enero hubo 400 suspensiones, vinculadas a la industria automotriz y a la industria textil. En el caso de la industria automotriz, llama la atención que continúen las suspensiones habiendo sido una de las actividades mencionadas por Cambiemos como apuesta para la reactivación económica. Vale indicar en este sentido, que el propio gremio de SMATA indicó que al menos 600 suspensiones se mantendrían hasta junio de 2018».
En forma paralela y casi solitaria, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) denunció que «urge la convocatoria a un plan de acción» gremial de la CGT. Un documento consensuado por una treintena de sindicatos recordó que «más de 450.000 argentinos perdieron su trabajo desde diciembre de 2015»; mientras que el secretario general del sindicato ceramista, Juan Domingo Moreyra, resumió las perspectivas de empleo para 2017 en dos palabras: incertidumbre y preocupación.
La velocidad del cambio
En estos días, empresas argentinas recibieron un vistoso folleto publicitario encabezado por el lema «Desvincular exige firmeza y sensibilidad». Allí, la consultora Lee Hecht Harrison –autopromocionada como empresa líder mundial en Desarrollo de Talento y Transición de Carrera- ofrece sus servicios informando que, a partir de agosto, cuenta con oficinas en las principales ciudades del país (Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán).
La firma anuncia en su página web que «con 350 oficinas en más de 90 países de todo el mundo, Lee Hecht Harrison posee la experiencia, los conocimientos y la capacidad de dar apoyo global: desde la desvinculación de un único empleado hasta una reestructuración masiva».
«La velocidad del cambio en el mundo empresarial sigue aumentando y, por ello, cambian los riesgos del personal. Cuando es necesario realinear su fuerza de trabajo, un proveedor de outplacement con experiencia puede ayudarlo a asegurar la continuidad del negocio, a cuidar su marca y a mantener comprometidos a los demás empleados», manifiesta la consultora en su web. Y sintetiza las enormes posibilidades que brinda a quienes contraten sus servicios: «al asociarse con Lee Hecht Harrison, cuenta con nuestra palabra, y una garantía del 100% de satisfacción, de que la reestructuración o reducción del personal de su organización se producirá sin contratiempos y que se cumplirán sus objetivos».
Continuidades
La continuidad del proceso iniciado en diciembre del 2015 se sostiene sobre la profundización del ajuste sobre los trabajadores: según los datos del trabajo, al 31 de enero de 2017, y desde diciembre 2015, se contabilizan 245.466 despidos y suspensiones. Los despedidos ascienden a 205.697 y los suspendidos a 39.769 casos. Dentro de ellos, los despidos del sector privado ascienden a 131.072 y las suspensiones suman 39.739. Los propios números del Indec sostienen que los primeros nueve meses de 2016 dejaron un saldo de 127.000 despidos nuevos en el mercado privado formal. Al mismo tiempo, el organismo estatal que ubica la tasa de desempleo en 8,5%; mientras que para el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el índice de desocupación ya suma dos dígitos: es del 10%.
El mapa laboral es una geografía sin horizontes claros en el futuro cercano: la profundización de las políticas implementadas por el macrismo, muchas de ellas refrendadas por el gobierno provincial, tiñen de angustia el día a día de los trabajadores. El futuro abierto en el presente es un agujero negro donde desaparecen expectativas y mañanas.
El Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino realizó a fines de diciembre su «Informe de Expectativas Económicas». Los resultados no son luminosos: sólo 3 de cada 10 argentinos considera que la situación económica mejorará el próximo año. A su vez, el 51% asegura que su situación actual es peor que la del 2015.
«Consideramos que las expectativas positivas son un punto importante en la reactivación económica y, como lo determina el sondeo, los niveles de confianza se encuentran bajos», afirma el trabajo.
En marzo de 1977, apenas un año después de instalada la última dictadura militar, el periodista y escritor Rodolfo Walsh escribe: «Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales».
Cuarenta años después, aquella lúcida síntesis cobra nueva vigencia: la destrucción del trabajo en tiempos de Macri sigue acelerando hacia el pasado: sólo tiene correlato con lo sucedido entre 1976 y 1977, el primer año de la dictadura militar. Cuarenta años después, el modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz goza de buena salud, y sigue entristeciendo el cuerpo y el horizonte de los trabajadores argentinos.
