En el marco del octavo aniversario de su desaparición forzada, se realizó una marcha atravesada por el pedido de justicia y el repudio a un nuevo intento de bajar la edad de punibilidad. La movilización popular pone sobre la mesa el punto de vista de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos sobre el contexto actual de represión estatal.
Por Martín Stoianovich
La historia de Luciano Arruga es una fiel representación de la frase que es bandera y dice que los pibes no son peligrosos, que los pibes están en peligro. Por su color de piel, por su visera, por sus gestos, por su barrio. Por su no. Por su no a la policía: ese peligro latente para los pibes y las pibas de los barrios. Por su potencia para vivir, para elegir qué sí y qué no. Eso que molesta a los conductores del poder que pretenden mantener a los jóvenes de las barriadas populares bajo el estigma de la delincuencia. Porque así, con discursos que los medios masivos de comunicación se encargan de engrosar y difundir, se moldea la opinión pública que calla y asienta cuando se modifican las leyes que calman las urgencias de turno sin ahondar en las problemáticas de fondo.
Hace ocho años que la policía se llevó a Luciano Arruga, cuando tenía 16 años. En la ciudad Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fue el 31 de enero de 2009. Antes, durante el 2008, lo habían detenido los policías en el destacamento del barrio. Esa vez lo torturaron. De eso da cuenta su hermana Vanesa Orieta cuando recuerda que fue a buscarlo y reconoció sus gritos en el fondo del destacamento. Cuando lo largaron, lo hicieron con la amenaza de que se callara o de lo contrario lo iban a matar. Y la policía traiciona: cuando avisa y cuando no también. Luciano contó que le habían ofrecido en reiteradas ocasiones la posibilidad de “trabajar” para la policía. Trabajo que en estos casos es sinónimo de robar. Pero hacerlo para la policía implica ciertas zonas liberadas, cierta seguridad y certezas sobre el blanco del robo. Y también cierta impunidad.
Luciano, que cirujeaba por el barrio, que pretendía volver a la escuela, que quería aprender a tocar la guitarra que le había regalado su hermana, dijo que no. Eso bastó para la persecución, el hostigamiento, la detención, la tortura. Y la desaparición. Se supo, por pericias científicas, que había estado en el destacamento y en un patrullero. También se confirmó que el libro de guardia fue adulterado, y que la noche de la desaparición hubo móviles de la policía que salieron de su jurisdicción. Esos avances, sumado a que al paso del tiempo Luciano no aparecía, sirvieron para que en enero 2013 la causa se caratule como desaparición forzada de persona y pase al fuero Federal. Al poco tiempo fue detenido el oficial de la bonaerense Julio Torales, señalado como torturador por el propio Luciano antes de desaparecer.
En septiembre de 2014 el cuerpo de Luciano fue encontrado en el cementerio de Chacarita, enterrado como NN. A partir del hallazgo del cuerpo se dio con una persona que dijo ser el conductor del auto que en la madrugada del 1 de febrero de 2009 atropelló a Luciano en plena Avenida General Paz a la altura de General Mosconi. Se supo que el chico cruzó corriendo la avenida, que aparentemente estaba escapando de un patrullero que otros testigos dijeron ver a la vera de la avenida con las luces apagadas. La desaparición forzada la configura lo que sucedió después: lo llevaron al hospital Santojanni, desde donde a sus familiares le dijeron que no había ingresado ningún pibe como él. Ahí comenzó el ocultamiento del cuerpo y la negativa por parte de distintas instituciones del Estado a brindar información a los familiares de Luciano.
Lo más cercano a la justicia en todo este tiempo fue la condena a diez años que recibió en mayo de 2015 el torturador Torales. Ahora queda conocer cómo se dio la desaparición, cómo fue el procedimiento policial y judicial para estancar el esclarecimiento del hecho, y determinar quiénes son los responsables de que Luciano, por decir que no, haya terminado sin vida y enterrado como NN.
La importancia de la movilización
Es sábado 28 de enero de 2017. El sol raja la tierra sobre la Avenida General Paz. Los bombos, las banderas, las intervenciones artísticas, los colectivos de larga distancia en donde llegan organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de todo el país, ayudan a paliar el escalofrío que corre los huesos al saber que por esa calle corrió Luciano, desesperado, huyendo de otra amenaza de muerte que finalmente se concretaría. Sobre esa avenida Vanesa explica los fundamentos de una nueva movilización. “La causa por desaparición forzada no tiene ningún imputado, por lo tanto seguimos manteniendo la lucha”, dice. Ocho años y ni un avance certero hacia todo lo que la Constitución dice sobre los derechos de los pibes, la justicia y todo eso que para los pobres parecen utopías. “Exigimos condenas a los responsables materiales, políticos y judiciales”, agrega Vanesa, que también apunta a los medios masivos de comunicación “por ser los responsables de criminalizar la vida de los pibes”.
Pero toda esta movida no es solo por Luciano. La marcha, que va desde el punto donde el chico fue atropellado hasta la plaza de Lomas del Mirador que hoy lleva su nombre, está encabezada por familiares de distintas víctimas de las fuerzas de seguridad de todo el país. Están los rostros de los pibes de Rosario: Franco Casco, Pichón Escobar, Alejandro Ponce, Jonatan Herrera, en representación de los jóvenes que en la ciudad cayeron de a decenas en los últimos años por las balas policiales y desapariciones forzadas. Está también el nombre de David Moreira y Mercedes Delgado, víctimas del mismo entramado social que desprotege a los pobres y los condena a la muerte. Más adelante se une a la marcha Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien en su discurso traza una continuidad de la represión de ayer y hoy, o de siempre. En la plaza Luciano Arruga, sobre el final del día, de forma simbólica se quema la maqueta de un patrullero y la gente festeja: dicen que es la representación de lo que significan las fuerzas policiales en las barriadas populares.
Hay una consigna que no es solo discursiva. Es más bien política. “No es violencia institucional, es represión estatal”. Vanesa lo explica: “Cuando se habla de violencia institucional no queda claro que hay un plan ideológicamente armado y que hay represión de parte de los diferentes Estados”. “Hay herramientas propias de la dictadura enquistadas en nuestra sociedad. Naturalizamos que haya personas que sufren encierro, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes”, explica y contrapone: “Estas actividades son una forma de mover esas estanterías enquistadas y empezar a generar discusión, poner en crisis esta sociedad y que salga a la luz lo que están viviendo nuestros pibes”.
La indignación no alcanza
Otra particularidad de esta nueva movilización por Luciano Arruga es el repudio de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos al nuevo intento por bajar la edad de punibilidad como otra forma de avasallar a los derechos de la niñez y la adolescencia. En este sentido Vanesa Orieta se planta y arremete contra la sensibilidad progresista que no admite crítica ni ejercita la autocrítica. Menciona al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a presidente del kirchnerismo, Daniel Scioli, que no solo fue gobernador cuando desaparecieron a Luciano, sino que también en esos tiempos impulsó un intento de bajar la edad de imputabilidad. “Hoy estamos en un momento particular pero que no es propio de este gobierno, porque los anteriores también pidieron bajar la edad de imputabilidad. Antes de eso se ha generado una figura de pibe peligroso, de pibe chorro, y en función de esa figura los medios masivos de comunicación, sectores políticos, judiciales y de la sociedad, piden para estos pibes más control y mano dura”, explica Vanesa.
Golpeará duro en la autoestima de la “resistencia”. Vanesa dice que el control social sobre los pibes de los barrios es cosa de hace mucho tiempo. Y hay datos que hacen de su punto de vista una realidad irrefutable: son los nombres propios de los más de cinco mil asesinados por la represión estatal desde la vuelta de la democracia, de las cuales más de tres mil pertenecen al período kirchnerista. Son datos que no se plantan desde la chicana discursiva, sino que se posicionan como argumento para desenmascarar esos entramados enquistados aún en los gobiernos acompañados por consignas populares. Son los nombres que transforman al “Nunca Más” en una deuda histórica. El fin es admitir la necesidad de mirar el pasado cercano y aplicar la crítica de la misma forma en que se denuncian las violaciones a los derechos humanos que hoy, a nivel nacional, llevan la bandera del PRO. De lo contrario será difícil entender cómo funcionan los aparatos represivos del Estado que fueron fortaleciéndose en esta débil democracia de la mano de la complicidad política y judicial, con el consenso social y mediático. Después quedará afrontar la realidad, porque no alcanza con indignarse.
