El sudoeste rosarino fue escenario de una agitada jornada. Más de trescientos vecinos de Villa La Cariñosa y barrio Nuestra Señora del Rosario se ubicaron en un terreno baldío exigiendo el derecho a la vivienda digna. Un violento operativo policial con dos desalojos y represión dejó a mujeres y niños lastimados.
Por Martín Stoianovich
Foto: Raíz Comunicación
Una señora cuenta con lágrimas en los ojos cómo un policía a caballo le acaba de pegar con el rebenque en la espalda. Nenes y nenas juegan a levantar balas de goma del piso, mientras otros chicos están en algún hospital para ser atendidos por las heridas de los disparos. Un grupo de madres pregunta por los chicos que se llevó la policía sin decir adónde ni por qué motivo, y otras más jóvenes hablan de cómo organizarse para continuar el reclamo con firmeza. Es media tarde del martes 18 de enero y todo ocurre ante un radiante sol que pega de lleno en Rosario. Todo ocurre, también, ante la atenta mirada de decenas de integrantes del Comando Radioeléctrico, la Policía Montada, y el Cuerpo Guardia de Infantería de la policía santafesina. Está caldeada la zona de Avenida Avellaneda y Lamadrid en el sudoeste de la ciudad, donde setenta familias se unieron para reclamar el derecho a la vivienda digna.
Por las consecuencias del temporal del último fin de semana, y sumado el reclamo de familias que viven hacinadas en sus casas, más de trescientas personas de la zona están afectadas por una situación que parece llegar a un límite y que deja ver detrás un conflicto habitacional que no es el primero en la ciudad. Como principal iniciativa, el pasado lunes por la tarde vecinos de la Villa La Cariñosa y el barrio Nuestra Señora del Rosario decidieron situarse en un terreno baldío, entre pastizales y basurales, esperando una respuesta a nivel municipal o provincial. Piden que el Estado intervenga para que los vecinos en cuestión puedan comprar distintos sectores del terreno, del cual no se sabe con claridad qué parte es fiscal y qué parte privada, pero del cual se tiene la certeza que hace 24 años es solo un baldío abandonado. La única respuesta hasta el momento fue la violenta represión policial con dos desalojos forzosos, en un procedimiento denunciado por irregular al haberse realizado sin orden judicial. Hay un mínimo de 110 personas mayores de 18 años y 215 menores afectados por este conflicto.
Los vecinos comenzaron a reunirse en el terreno el lunes cerca de las seis de la tarde, y a las pocas horas empezaron los problemas. “La policía dijo que iba a desalojar y no desalojó. Solamente un particular que ocupa ese terreno y no sabemos por qué se acercó con un arma de fuego intimidando a la gente y ofreciéndole dinero a la policía para que desaloje”, denunció Manuela Delza, militante social y madre de vecinos del barrio Nuestra Señora del Rosario. El particular al que se refiere es una persona que vive en una parte del terreno que está cercada con tejidos y carteles que anuncian una propiedad privada. Finalmente, los vecinos pasaron la noche del lunes en el terreno hasta que a media mañana llegó la policía para efectivamente concretar el desalojo. “Una cantidad impresionante de policías para desalojar a la gente en forma violenta con caballos y perros, les sacaron las pertenencias que la gente había llevado”, relató Manuela. “Nos arrastraron como perros, vinieron derecho a pegar y a hacer daño. Nosotros estamos pidiendo ayuda nomas”, indicaron por su parte vecinos de La Cariñosa, que además mostraron las malas condiciones en las que quedó la villa, con agua y barro en los pasillos y dentro de las viviendas. Luego, varias maquinas derribaron lo poco que habían podido levantar las familias.
A modo de protesta y exigiendo una respuesta que pasadas las horas no llegaba, los vecinos decidieron cortar Avenida Circunvalación a la altura de Avellaneda, siendo vigilados de cerca por la Gendarmería Nacional. Luego de las tres de la tarde volvieron al terreno ubicado sobre Lamadrid. Y volvieron a ser reprimidos. Esta vez con balas de goma y golpes de la policía a caballo que utilizaba los rebenques para lastimar a las personas. La propia Manuela fue golpeada y luego contó: “Me acorralaron y uno de la Montada me empezó a pegar con el látigo en la espalda, diciéndome que somos usurpadores y que nos teníamos que ir”. “Empezaron a disparar a mansalva, y cuando la gente quiso juntar las balas los empezar a apuntar”, explicó Manuela, quien además dio a entender que la represión avanzó cuando se retiraron los trabajadores de prensa que cubrieron el corte del mediodía. Con esta idea colabora la hostilidad y agresividad con la que las fuerzas de seguridad se dirigieron a los periodistas y reporteros gráficos que llegaron a cubrir después de la segunda represión, a quienes además filmaron y fotografiaron en distintas ocasiones.
Como consecuencia de la represión también hubo un chico que recibió disparos de goma en una pierna y una joven con un disparo en el pómulo. La evidencia del hecho quedó en un video que junto al relato de las víctimas y sus familiares fundamentarán la denuncia por violencia institucional que, tal como adelantaron los vecinos, realizarán este miércoles. Entre lágrimas, que aseguraba eran por impotencia, Manuela contó que la preocupación continuó luego de la represión porque la policía comenzó a circular en móviles por el barrio, deteniendo a jóvenes e incluso a algunos menores. A lo largo de la tarde fueron detenidos seis chicos, de los cuáles hasta llegada la noche solo se sabía que tres de ellos estaban detenidos en la Comisaría 18, que se había ordenado la libertad pero que a su vez le iniciarán causa por el delito de usurpación.
Luego de estos hechos, los vecinos continuaron la tarde entre incertidumbre y el temor a volver a ser reprimidos porque efectivos del Comando Radioeléctrico continuaron alineados, escudados y con armas en mano. Nunca hubo respuestas al porqué de los desalojos y de la represión ya que, según dicen los propios vecinos, la policía nunca presentó una orden de desalojo. Según la nota del diario La Capital, “el desalojo fue ordenado por el municipio, que tiene potestad para hacerlo en casos de ocupación de espacios públicos”. Fue en ese contexto que el secretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, Gustavo Zignago, decidió que durante la mañana del martes se realizara “la remoción con apoyo policial”. En tanto, el fiscal que intervino es Enrique Paz.
Al pasar varias horas, sobre el final del día, desde el Ministerio de Seguridad deslizaron que durante este miércoles visitará el lugar el fiscal, que buscará “llegar a una mediación” con los vecinos o de lo contrario los imputará por usurpación. A su vez, abonando a una nueva versión de los hechos o a la contradicción, indicaron que el cordón policial se mantuvo en todo momento por orden del fiscal para evitar que los vecinos ingresen materiales. Y también hizo su parte el oficial a cargo del operativo, que se identificó como Chucky Martínez, al indicar que el fiscal había dado la orden a la policía para que levantara el acampe de los vecinos. Desde la mañana del miércoles los vecinos se encuentran reunidos nuevamente, avisaron que cortarán la calle, que la policía está persiguiendo a los jóvenes para evitar el corte, y piden la presencia de medios de comunicación para evitar ser reprimidos nuevamente.
