Un menor de edad implicado en un crimen y la baja de edad de punibilidad se instala nuevamente en los medios de comunicación y el gobierno de turno. Especialistas argumentan con leyes y estadísticas por qué no se debería avanzar con esta medida.
Por Martín Stoianovich
Otra vez. Como si fuera parte de un guión, y respetando un esquema ya conocido, se impuso sobre la agenda mediática y política la baja de punibilidad de los menores. Esta vez fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, a raíz del revuelo que dejó un hecho delictivo del que resultó asesinado un chico de 14 años y por el cual se responsabiliza a otro de 15. Los últimos años demostraron que la reforma del régimen penal juvenil es una carta de los gobiernos de turno cuando se acercan períodos electorales o cuando la opinión pública incrementa sus reclamos por seguridad cuando ocurre un hecho que trasciende por su impacto. Los últimos años también demostraron, a partir de estadísticas y la mirada de especialistas, que la participación de menores en delitos graves es mínima y que la baja de edad de la punibilidad no se planta como una solución a los problemas de fondo. Mientras persiste el debate, en el medio, de un lado y del otro, con el rótulo de buenos o malos, quedan los pibes.
Brian Aguinaco tenía 14 años y el 24 de diciembre pasado fue herido por un balazo cuando iba en el auto junto con su abuelo en el barrio de Flores de la Capital Federal. Según los testigos, la bala llegó desde un intento de robó que ocurría a pocos metros, en donde dos personas a bordo de una moto asaltaron a una mujer que iba con su hija. Brian murió dos días después y la gravedad del hecho impactó en familiares, amigos y vecinos que se manifestaron en la comisaría del barrio, donde varias personas ingresaron por la fuerza para exigir respuestas. Allí el reclamo fue de mayor seguridad para el barrio y con crítica al personal policial. La respuesta llegó en un primer momento de parte del ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien se reunió con el abuelo de una hermanastra de Brian y le notificó que removería la cúpula de la comisaría. También le prometió medidas de seguridad para aplicar en el barrio de Flores, instalado por los medios masivos como uno de los más peligrosos de la ciudad por su cercanía a la villa 1-11-14. El familiar de la víctima, entonces, habló ante las cámaras y manifestó su conformidad.
Cinco días después del crimen la Interpol detuvo en Chile a un chico de 15 años, sospechado de haber participado en el asesinato de Brian. Los medios de comunicación, entonces, especificaron que se trata de un joven que vivía en la villa 1-11-14, que es argentino pero de padres peruanos implicados en investigaciones judiciales vinculadas a la venta de droga. Este chico, que también se llama Brian, fue sentenciado de antemano por los medios de comunicación que en títulos de televisión y diarios saltearon todas las etapas judiciales y lo conformaron en “el asesino”.
Así se marcó la cancha para que días después en una movilización encabezada por la mamá y el papá de Brian Aguinaco, se pusiera en agenda el tema el régimen penal juvenil. “Macri propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años”, fue el título de tapa del diario Clarín el miércoles 4 de enero. El presidente había anunciado que firmará un decreto para concretar una convocatoria a una comisión especializada que confeccionará un anteproyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil. La estrategia de Cambiemos, para no obstaculizar la campaña electoral con el tema y probablemente especulando con ampliar la mayoría legislativa en las elecciones de este año, es tratar el proyecto durante 2018.
La doble moral televisada
La ecuación fue redonda, el debate quedó instalado y el rol de los medios de comunicación masiva fue clave. La utilización de los dos chicos implicados en el caso, como Axel Blumberg en 2004 o Daniel Capristo en 2009, sirvieron para instalar en la agenda mediática y política los debates sobre endurecimientos de leyes en donde suelen cobrar protagonismo los discursos manoduristas apoyados y legitimados por gran parte de la sociedad civil.
Otro aspecto para destacar es cómo los medios de comunicación hablan de los niños implicados en este tipo de información. En el caso reciente se encontraron con la necesidad de remarcar las diferencias entre los dos menores involucrados. No alcanzó con describir los principales rasgos de los entornos de cada uno, donde queda en evidencia una marcada diferencia social, sino que además tuvieron que diferenciarlos porque, claro, tanto víctima como presunto victimario tienen el mismo nombre. Entonces América TV, por ejemplo, habló de “El Brian” en un videograf para referirse al chico sindicado como autor del crimen. Y luego se preguntaron: “¿Podría quedar libre el menor?”.
“Cuando eras un espermatozoide te armamos el expediente,
ya tenías pinta en ese entonces de ser un delincuente.
Las trompas de Falopio de tu madre andaban viento en popa
en nueve meses vos la convertiste en trompas de falopa”
La murga uruguaya La Mojigata describe con sarcasmo y lírica profunda la posición de una gran parte de la sociedad civil respecto de la situación de los menores de edad en conflicto con la ley. No es casual que este sector de la niñez corresponda a los estratos de la sociedad castigados por la desigualdad social, y hacia allí apunta la letra del cuplé “Niños y Menores”.
“- ¿Los que piden triciclos a los reyes qué son?
– ¡Son los niños!
– ¿Los que piden una moneda en la calle qué son?
– ¡Son menores!
– ¿Los que juegan con juguetes de colores qué son?
– ¡Son los niños!
– ¿Los que hacen malabares con limones qué son?
– ¡Son menores!”
El cuplé continúa con ese diálogo entre los murguistas que tiene origen en el tratamiento mediático que se hace en las secciones policiales cuando hay niños involucrados. El niño va del lado de la víctima, y el menor del lado del culpable.
Así queda notoriamente marcada la diferencia de clase que aplican los medios de comunicación cuando los protagonistas de las noticias son los niños. Llama la atención la repentina limitación que invade a los grandes medios cuando la muerte sacude a los pobres. Entonces poco se investiga y poco se habla de la historia de vida de Rolando Mansilla, asesinado a los 12 años en el techo de un búnker de drogas en el barrio Ludueña de Rosario, o del femicidio de Guadalupe Medina, violada y asesinada a los 12 años en el barrio Villa Banana de Rosario, por una banda acusada por organizaciones del barrio de cometer delitos con complicidad de la comisaría de la zona, o de los dos niños de 7 y 10 años, víctimas de trabajo esclavo, muertos por un incendio en un taller textil clandestino en el barrio de Flores, el mismo barrio que fue invadido por las cámaras de la televisión cuando mataron a Brian. La rigurosidad periodística de las empresas mediáticas parece perder fuerza cuando detrás de los hechos hay delitos que esconden entramados de complicidad estatal que pueden alcanzar al poder judicial, político y policial.
Decir no, pero también organizarse
El mismo esquema que en el caso de Brian se dio en el año 2009 cuando Daniel Scioli, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, instaló el debate sobre la baja de edad de punibilidad a 14 años. Lo mismo sucedió en el 2013 cuando Martín Insaurralde, en ese momento candidato a diputado nacional por el Frente Para la Victoria, reflotó el tema mostrándose como impulsor de la medida que hoy propulsa el presidente Macri. En cada ocasión, ante el debate instalado, organismos de derechos humanos y especialistas manifestaron su rotunda negativa. Los argumentos no solo se basan en leyes que prohíben penar a los niños sino también en estadísticas que muestran un bajo índice de participación de menores de edad en hechos delictivos. En esta nueva ocasión, la resistencia a esta medida vuelve a buscar un lugar en la discusión.
En contacto con enREDando, la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal, consideró necesario remarcar una diferencia que ha abonado a la confusión en el debate actual. El proyecto que planea Cambiemos busca modificar el régimen penal juvenil desde la punibilidad de los menores y no desde la imputabilidad. “Este adolescente (en referencia al acusado por el crimen de Brian) puede ser imputado por este hecho, lo que no se puede es someterlo a un proceso penal y aplicarle una pena porque tiene 15 años”, explicó en referencia a la situación del menor implicado. El Estado puede y debe intervenir en la vida de este chico ahora involucrado en el crimen. Para Cesaroni, debe ser fuera del sistema penal: “Un Estado democrático tiene que ofrecer alternativas a los adolescentes que cometen un hecho grave, para que pueda reconstruir su vida sin provocar más daños y sin someterse a nuevos riesgos”. “La muerte del niño es un dolor inimaginable, pero ese dolor no debería impedirnos ver el dolor del otro pibe si fuera que es el autor. No hay un niño que es un monstruo, es el resultado de sucesivos abandonos, fracasos y falta de presencia del Estado”, agregó.
En esta sintonía, el Centro de Estudios que integra Cesaroni, presentó en un artículo publicado por Cosecha Roja diez puntos que argumentan la negativa a la baja de edad de punibilidad. Explican, entre otros puntos, que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad, es decir que se prohíbe volver a instancias previas de la cobertura de un derecho humano, y que dicha intervención debe darse solo cuando se garantiza un avance en ese derecho. También acude a las estadísticas argumentando que, en todo el país, por año se cometen unos 2000 homicidios dolosos, de los cuales, según Nils Kastberg, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, aproximadamente en quince casos participan menores de entre 14 y 16 años.
Desde Rosario, el abogado Guillermo Campana, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, analizó esta puesta en agenda como una estrategia del “manual de la demagogia punitiva”. “Se aprovecha algún acontecimiento resonante en el que se encuentra involucrado algún joven menor de 16 años para poner en agenda el tema de la baja de edad de punibilidad. El contexto es el mismo de siempre, porque los procesos de desigualdad y violencia social van en crecimiento y la respuesta estatal al no hacerse cargo de la desigualdad recae sobre el incremento del aparato y todo el sistema punitivo, haciendo demagogia de que con eso se resolvería el problema”, apuntó. En esta línea consideró que la medida “atenta sobre la protección de la infancia y la juventud colocándola en situación de los adultos que no se hacen cargo de la realidad que le imponemos a la juventud para vivir”.
Respecto de cómo puede impactar este tipo de cambio en el régimen penal juvenil, Campana dijo: “Afectará gravemente la situación de la pibada, principalmente porque habilita a la policía a intervenir no solo sobre los jóvenes entre 16 y 18 sino entre 14 y 16, con las consecuencias que ya sabemos que tiene”. “Conocemos la realidad de la policía del gatillo fácil, de las desapariciones forzadas, de las torturas, de los vejámenes y de las averiguaciones de antecedentes. Así se habilita a que actúe sobre pibes menores de 16 y va a resultar gravoso porque se los va a incluir en esta lógica perversa y macabra que es la vinculación del Estado con la juventud de sectores populares a través de su aparato represivo”, analizó.
Todo el arco que abarca a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas vinculadas a los sectores populares ya se manifestó en contra de este intento de impulsar la baja de edad de punibilidad. Respecto al rol que se debe ocupar desde estos espacios Campana opinó: “Debemos iniciar una gran campaña, denunciando la criminalización de la juventud, de la pobreza, a la perversión del sistema, y exponiendo a todos aquellos que bajo algún rostro progre dicen que quieren brindarle más garantías a los pibes haciendo recaer sobre ellos el sistema penal. Hay que aunar esfuerzos porque en el Congreso hay un gran espectro de derecha que puede darle luz verde a este nuevo intento”.
1 comentario
Si siguen asi van a pedir carcel para los resien nacidos,y si es pobre y negro mejor asi no sale mas.¿Y Grassi?
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