El Movimiento de Mujeres de Santa Fe no solo repudió la inacción de la justicia frente a la denuncia por violencia machista que realizó Romina Dusso. También denunció penalmente al fiscal que estuvo de turno desde el 23 al 25 de diciembre, por no haber cumplido con los deberes de funcionario público. «La gravísima situación vivida por Romina y su familia con la aquiescencia de los funcionarios públicos ponen a Santa Fe en una situación de grave violación de derechos humanos de las mujeres», afirma. Compartimos el artículo de Majo Gerez publicado en el portal Notas
Este miércoles, se realizó en los Tribunales de la capital santafesina una segunda audiencia contra Marcos Feruglio por los cuatro femicidios vinculados, la tentativa de femicidio vinculado y la tentativa de femicidio del pasado 24 de diciembre en Santa Fe y Sauce Viejo.
En la audiencia ampliatoria a cargo del juez Jorge Pegassano se incorporaron, a pedido del fiscal general Jorge Nessier, los dos femicidios vinculados en Sauce Viejo y se dispuso la prisión preventiva hasta el juicio. Una de las pruebas que se sumó para ampliar la acusación fueron las fotos de las dos víctimas de Sauce Viejo guardadas en el celular del imputado.
El centro de la discusión está puesto en la falta de perspectiva de género y su consecuente mal desempeño por parte de los operadores la justicia para prevenir la violencia hacia las mujeres en su fase más feroz, los femicidios y los invisibilizados femicidios vinculados.
El movimiento de mujeres santafesino, a través de las organizaciones de la mesa Ni Una Menos, se movilizó para presenciar ambas audiencias contra Feruglio y además, presentaron en la mañana del jueves una denuncia penal ante el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio De Olazábal. La denuncia está dirigida contra el fiscal que estuvo de turno, Andrés Marchi, cuando Romina denunció a su ex el día previo a los hechos por no tomar ninguna medida preventiva ni protectiva.
En la conferencia de prensa brindada en la sede de ATE, el grupo de abogadas feministas fundamentó la denuncia penal presentada contra el fiscal que estuvo de turno desde el 23 al 25 de diciembre, por no haberse cumplido los deberes de funcionario público con respecto a los pactos internacionales que tienen firmado nuestro país sobre los derechos humanos de las mujeres, la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y su adhesión provincial, la ley 13.348.
Sobre la denuncia, que cuenta con unas 15 páginas, Lucila Puyol detalló que “en el caso del fiscal Marchi estamos pidiendo al MPA que se inicie un proceso de investigación, de remoción y destitución del funcionario por mal desempeño. Claramente no tomó en cuenta las diligencias, ni cumplió ninguna de las medidas del protocolo interno del MPA para la atención de las mujeres en situación de violencia”. “Romina fue lesionada el día viernes a la comisarìa de la mujer y siguió todos los pasos necesarios, el fiscal fue totalmente negligente. En esta sociedad patriarcal no se da valor a las palabras de las mujeres”, agregó.
Con respecto a las voces que justifican el accionar del fiscal por carecer de la reforma del Código Procesal Penal propuesta por el Senado provincial, la abogada respondió: “Esto no es verdad. No se puede decir que Romina no fue protegida por no haberse materializado la reforma del Código Procesal Penal que busca mayores penas. Hoy el fiscal podría haber identificado la gravedad de la situación y haber tomado las medidas existentes para evitar este hecho”. “Posibilidades tenía muchas y las mujeres no creemos en las respuestas punitivistas”, añadió.
En consonancia, la abogada feminista Florencia Marinaro sostuvo: “En la denuncia nosotras hacemos un recorrido exhaustivo de toda la ruta que Romina hizo estos años en busca de su protección. El Estado cuenta actualmente con las herramientas legales para accionar”.
