Diferentes barriadas rosarinas están atravesadas por la emergencia habitacional. Resistir los desalojos forzosos se transformó en una lucha cotidiana para muchas familias durante todo el año. Los procesos de organización en asambleas populares tuvieron su fruto en Empalme Graneros donde hubo avances claves por la expropiación y urbanización. Pero en el centro de la disputa subyace una problemática fundamental: pensar y defender el derecho a la ciudad. ¿Para qué y para quiénes?
Por María Cruz Ciarniello
[dropcap]L[/dropcap]a disputa por la tierra es una lucha política. Atraviesa cuerpos e historias colectivas.
Es una lucha estratégica por el buen vivir. Adquiere matices; diferentes contextos y territorios. Geografías que a pesar de las diferencias comparten denominadores claros y comunes. Es una lucha desigual entre quienes menos tienen y aquellos que lo acumulan casi todo.
Rosario es una ciudad marcada por estos contrastes. “Desalojos forzosos” es el nombre que adquiere la práctica del destierro. Porque en definitiva, de eso se trata: de quitarle la tierra y la identidad a cientos de personas que habitan, construyen un hogar y vínculos de solidaridad en el barrio en el que viven, en muchos casos, desde hace una veintena de años.
¿Cómo pensar Rosario en estos términos? Se impone el concepto: “Rosario ciudad-empresa” es uno de ellos. “La ciudad estalla en la dispersión de nuevas implantaciones con vacío no urbanizados y aún no urbanizables y con una gran heterogeneidad en los niveles de equipamiento, de infraestructura, de transporte y de servicios urbanos. La fragmentación social urbana se erige entonces como un rasgo distintivo de esta evolución”, describe Florencia Brizuela, licenciada en Ciencias Políticas de la UNR, en su tesina de grado, publicada en el año 2014.
También el Club de Investigaciones Urbanas elaboró documentos al respecto, analizando, sobretodo, la Marca Rosario. En ambos casos se puede dimensionar una cierta línea política y urbanística que transformó aquella ciudad obrera en una ciudad de servicios. Que dicha configuración es fluctuante y que conlleva repensar sus modos y formas de manera constante. Siguiendo con la lectura de la investigación de Brizuela, puede verse que “la configuración de Rosario en clave empresarial supuso la puesta en valor de la ciudad a partir de una serie de planes, programas e intervenciones urbanas municipales que la dotaron de la infraestructura necesaria para vivir, consumir, circular, recrearse y visitarla. No obstante, el equipamiento del espacio urbano no fue homogéneo para toda la ciudad, sino que privilegió las zonas con mayor atractivo turístico, inmobiliario y de servicios”.
Quizá pueda puntualizarse la llegada de Miguel Liftchitz (actual gobernador de la provincia) a la intendencia, como el punto principal para el despegue que tuvo Rosario, orientada a este modelo de ciudad empresarial. Así por lo menos lo entiende el colectivo militante de investigación que comenzó a profundizar en los llamados procesos de gentrificación de los que Rosario no estuvo ajena. “Con ese concepto se nombra la construcción o reconfiguración de las zonas urbanas para gente bien, que supone desplazar gente con menor poder adquisitivo por población con mayor pode adquisitivo y consumos culturales más refinados”, decía Juan Pablo Hudson a enREDando.
Caso testigo: el barrio Refinería. Allí, en la zona de Puerto Norte, el desplazamiento de un barrio popular debido al florecimiento de construcciones de vivienda de alta gama hicieron de esa zona una de las más emblemáticas para describir la reconfiguración de la ciudad. Sus contrastes y su desigualdad.
Es justamente aquí donde se sucita un conflicto territorial: 36 hectáreas que pertenecen al Estado nacional se encuentran en litigio y existe una puja política por conocer cuál será el destino de las mismas. “Los terrenos en cuestión están ubicados en tres parcelas a lo largo de avenida Francia, entre Caseros y Junín. Son propiedad del Estado nacional. En uno de sus sectores viven 70 familias en forma precaria desde hace años y funciona una unidad productiva: la Cooperativa Linares Trechel”, señala la nota publicada en Redacción Rosario. En dicha zona, o se prioriza el desarrollo urbanístico de capitales privados o se piensa en un destino social e inclusivo. El debate está instalado desde hace tiempo en el seno del Concejo Municipal.
El Movimiento Giros, hoy transformado en el frente político Ciudad Futura, fue el que en la zona rural de Nuevo Alberdi comenzó hace ya más de 10 años a denunciar los negocios inmobiliarios que empezaban a diseñar una ciudad aliada a los intereses empresariales. Los Convenio Públicos – Privados eran el sello político que marcaba dicha alianza. Los terrenos de Nuevo Alberdi todavía continúan en disputa, tras un largo historial de resistencias, amenazas y órdenes de desalojo mediante. Desde Ciudad Futura advierten que éstas son las últimas tierras urbanizables en Rosario. 250 hectáreas. En abril de este año, militantes de Ciudad Futura sufrieron una clara amenaza en el Tambo La Resistencia, un proyecto productivo, social y cooperativo que se ubica en estos terrenos, en el que además habitan unas 200 familias que también corren serio riesgo de ser desalojadas. Uno de los últimos episodios ocurrió en octubre de 2016 cuando el Tambo tenía prevista una fecha de desalojo certera. Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe dictó un fallo por unanimidad donde decidió admitir el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Ciudad Futura contra el fallo de Cámara que levantaba el freno por 5 años al desalojo del tambo. El desalojo fue suspendido pero aún continúa pendiente el destino y los proyectos sobre estas tierras. «Seguiremos apostando a la resolución política e integral del conflicto, es decir: un plan de urbanización que contenga los intereses de todos los rosarinos. Un plan inédito que urbanice las últimas tierras de la ciudad con justicia e inclusión. Tierra, producción y trabajo para los rosarinos. Esa es la pelea, y estamos a la altura».
La lucha popular y una victoria entre tanta tempestad
“Creemos que es esencial que en los barrios los vecinos se junten, se unan, y a partir de asambleas se organicen para poder luchar y ser los dueños de estas tierras, lo que hay que hacer es organizarse para ser legalmente los dueños de la tierra. Y enfrentar estos embates que no hay forma de hacerlo individualmente. Cada vez que un empresario o un privado intenta llevar adelante un desalojo de una familia lo primero que hay que hacer es averiguar si eso es contra uno o contra el conjunto del barrio. Uno es un conflicto entre particulares y lo otro es un conflicto social, colectivo, y eso amerita organización y lucha por los vecinos”, dice Facundo Peralta, referente de la organización Causa que viene acompañando la lucha de vecinos en por lo menos tres barrios: Empalme Graneros, Tablada y Barrio Toba.
Comenzar por el final, o el comienzo de una victoria, resulta indispensable. Porque implica visualizar que es posible cosechar triunfos de organización popular y que la experiencia debe ser replicada. Se trata del reciente logro de los vecinos de Empalme Graneros, en Cullén y Av. Sorrento, quienes, a través de la lucha y el reclamo, consiguieron que el gobierno municipal se comprometa a urbanizar el barrio y que la provincia expropie las 12 hectáreas de tierra donde viven los vecinos desde hace tantos años. “Por el derecho de vivir en paz” fue el titular de la nota que publicamos en enREDando para dar cuenta de este avance. Entre inminentes amenazas de desalojos que aparecían frecuentemente en el barrio, los vecinos comenzaron a trabajar en conjunto con la organización barrial Causa y conformaron así la Asamblea de Empalme Graneros que durante todo el 2016 estuvo al frente del reclamo por el derecho a la tierra y a la vivienda digna, al cual no pueden acceder las más de 450 familias que habitan el territorio.
Para Facundo Peralta, integrante de Causa, este avance se dio en parte por la constante organización de los vecinos que además de la pelea institucional realizaron asambleas y comidas populares en el barrio para dar difundir la lucha. “Se organizaron y pelearon en todas las trincheras. No sólo se llevaron adelante acciones directas en el barrio, sino que fuimos al Poder Ejecutivo local y al provincial para resolver el problema. Esos procesos de organización y lucha que se dieron en trincheras institucionales y no institucionales fueron las que decantaron en la decisión política del gobierno provincial”, analiza Facundo.
Otro de los conflictos de tierra que tiene Rosario es en barrio Tablada, más precisamente en Ayacucho y Dr. Riva. “Ahí son dos hectáreas y media, dentro de las cuales hay 33 lotes que tienen 5 dueños cada lote, uno de ellos es un empresario especulador de la ciudad de Rosario de apellido Kozacom, que tiene una metodología extorsiva para con las familias que tienen riesgo de desalojo. Es un barrio obrero, cercano al puerto, con una gran historia de ferrocarriles que llegan a esa zona. La zona de conflicto era una zona de movimiento de los trenes, y ahí historicamente vivieron familias que trabajaban en el ferrocarril. Hay familias que hacen 30-40 años que viven ahí, y muchas casas se hicieron en esa época”, advierten desde Causa. Allí también las raíces de los vecinos se vinculan con la identidad, la historia, la memoria barrial. “Los vecinos ahí no solo defienden su casa sino que defienden su identidad, como familias ferroviarias. . Eso es paradigmático porque habla de la ciudad que fuimos y de la ciudad que somos. La ciudad obrera, con laburantes y talleres industriales, con el ferrocarril funcionando a pleno, de esa ciudad pasamos a una ciudad de servicios, que la parte industrial la dejó en un segundo plano. Esta ciudad, nosotros la llamamos la ciudad empresa que prioriza una alianza con el privado. Son 40 familias que nosotros detectamos con problemas de desalojo pero son como 400 las que viven en todo ese predio y estamos viendo una por una, cual es el diseño del conflicto por desalojo que tiene cada familia. Este empresario ha hecho juicios de desalojos en diferentes juzgados para que este sea un conflicto particular y no colectivo. Mientras tanto, la gente se organiza, se junta”, resume Peralta.
En Tablada, la lucha también avanza sobre la urbanización del barrio. Instalaciones precarias de servicios básicos es la constante que se vuelve a reiterar. El Estado tanto provincial como municipal, en este caso, se desentiende. “Una de las primeras cosas que pedimos fue: por un lado que se decida de qué lado va a estar, si del lado empresario especulador o si del lado de los vecinos. Y por el otro, le pedimos que no ponga más a las fuerzas de seguridad a disposición de este empresario, que cobraba de manera extorsiva alquileres a los vecinos”. Son alrededor de 50 vecinos organizados en barrio Tablada defendiendo no solo la tierra de algunos de ellos sino también, construyendo profundos lazos de solidaridad.
Barrio Toba de Rosario. Esta gran zona de la ciudad tampoco está ajena a la vulneración cotidiana de derechos fundamentales y del acceso a una vivienda digna. Cerca de 400 familias viven en lo que se conoce como Barrio Quinta. Es un terreno que se encuentra bajo nivel ya que el antiguo dueño sacaba camionada de tierra para venderla. Son manzanas fácilmente inundables y que evidencian una grave emergencia habitacional. Desde el gobierno lo único que hicieron fue instalar canillas de agua comunitarias, señalan desde Causa. 50 metros son los que tienen que recorrer los vecinos con baldes para acceder al agua potable. “El argumento del Estado es que como esas tierras no son habitables, ellos no pueden realizar obras allí. Lo que nosotros decimos es que primero está la gente, siempre. Que se realicen obras puntuales para que la gente pueda seguir viviendo y que mientras tanto se resuelva el dominio de la tierra. Nosotros apuntamos a fortalecer la organización de los vecinos para luchar por esos derechos. Todo esto tiene que ver con una concepción de las políticas y la ciudad que se diseñó del 86 en adelante, es decir una ciudad que privatizó intereses empresariales, que se pensó en una ciudad de servicios y turísticas, muy emparentada a lo que es el negocio inmobiliario que es producto también de negocios de la soja y de muchos emprendimientos que tiene la provincia y el país. Se pensó una ciudad empresa”, argumenta Peralta.
Desde la organización popular enclavada en Villa Banana, trazan una continuidad en el tiempo que apunta a problematizar la reconfiguración de la ciudad en estas últimas décadas. “Cuando se empezó a destruir los talleres que había en Tablada, los lugares de encuentro y de construcción de identidad colectiva en los barrios. Empezó en ese momento, este gobierno sigue una línea. Tenemos que tratar de modificar esa línea, construir organización para resistir a la ciudad empresa y construir la ciudad que podamos, con igualdad, con trabajo, con educación, sino hay vivienda y derecho a la tierra, sino existe todo eso, y se impone la propiedad privada, es imposible pensar en una ciudad nueva.”
En esa «nueva ciudad» que se piensa desde diferentes espacios, está la clave para defender lo que significa el “derecho a la ciudad”, y no es posible entender ese derecho sin los procesos de urbanización popular en los barrios. “En los barrios hay identidad, ver de donde vengo, qué historia tengo, y si yo tengo eso, puedo defender lo que soy. Luchar por la urbanización no es solo luchar por los servicios, es luchar por nuestra historia”, sostiene Facundo quien nació y se crió en el barrio Bella Vista, donde pertenece Villa Banana, uno de los territorios que a fuerza organización y reclamos y después de 30 años de postergación, avanzó recientemente en un proceso de urbanización de tres cuadras por calle Valparaíso. También lograron que el Estado instalara alumbrado público y cloacas. “En Villa Banana la urbanización fue producto de varios factores: la Asamblea Popular de Villa Banana para lograr transformar el barrio, fue un proceso muy importante. También cosas dolorosas que han pasado como el asesinato de Guadalupe y otras cuestiones complicadas relacionadas con la violencia, todo eso generó que pongamos al Estado entre la espada y la pared para que realizara algunas obras, que traen cierto progreso a Villa Banana, pero todavía sgeuimos siendo una gran villa en el corazón de la ciudad y necesitamos ser un gran barrio y que el Estado nos respete y nos garantice cuestiones básicas.”
Tal vez, el grito más poderoso que se escucha en todo el país por la urbanización es el que estalla de las gargantas de La Poderosa. El que dice que “urbanizar no se trata de “controlar” la infraestructura, ni de maquillarla con un cacho de cultura, sino de recomponer el derecho a la vida, que todavía sigue estando prohibida para buena parte de la población”.
