Gustavo Lares fue asesinado en junio de 2013 con un disparo en la nuca por parte de un policía que luego intentó encubrir el crimen y modificar la versión de los hechos. Aunque el fiscal y los abogados querellantes habían pedido prisión perpetua por el delito de homicidio calificado, el suboficial Raúl Anzoategui fue condenado a ocho años de prisión.
Por Martín Stoianovich
“Que no haya más otro Gusti, fue injusta su muerte”, dice Gabriela Lara, mamá de Gustavo Lares, asesinado a los 20 años el 6 de junio de 2013 en barrio Empalme Graneros con un disparo en la nuca por parte de un policía. Gabriela rompió en llantos en plena audiencia de este miércoles 21 de diciembre cuando el juez Ismael Manfrín leyó la sentencia en la que condenó al suboficial Raúl Anzoategui a ocho años de prisión por los delitos de homicidio culposo y falsedad ideológica del instrumento público. Entre los familiares del chico quedó un sabor amargo porque se esperaba una condena más alta. El fiscal Luis Schiappa Pietra y los abogados querellantes del Centro de Asistencia Judicial habían solicitado prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el cargo. Por este motivo apelarán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos del tribunal.
El asesinato de Gustavo Lares deja a la luz un clásico procedimiento policial en homicidios en donde está involucrada la fuerza: una persecución a un joven, un disparo desde atrás y luego un arma plantada a la víctima para acreditar la versión de enfrentamiento. Esta vez no hubo forma de corroborar esa hipótesis. La pericia determinó que la supuesta arma del joven no estaba apta para disparar, y los testigos del hecho no solo desmintieron la versión policial sino que aseguraron que la voz de alto y los tres disparos que efectuó la policía se escucharon prácticamente al mismo momento. El hecho fue tan atroz que no hubo manera de evitar que se conozca la verdad de lo ocurrido aquel día. Sin embargo, antes de que se llegara a juicio y se dictara la sentencia, hubo más de tres años de incertidumbres y obstáculos en el camino a la justicia.
Aquel 6 de junio de 2013, minutos antes de ser asesinado, Gustavo estaba durmiendo en su casa de Olavarría al 1200, en el barrio Empalme Graneros. Cinco policías, dos de la Comisaría 20 del barrio, y tres del destacamento 23º, llegaron a la vivienda con una orden de allanamiento del juzgado de Instrucción Nº11. Buscaban al hermano de Gustavo, por un supuesto robo a bordo de una moto Yamaha Crypton sin patente. Pero solo encontraron a Gustavo, quien al ver a los policías atinó a escapar por el patio de su casa. A partir de ese momento fue perseguido por tres policías. El joven intentó escudarse con un menor de edad, pero dos adultos familiares del niño forcejearon hasta que el chico siguió huyendo. En ese instante se escucharon tres disparos, y uno de ellos dio en la nuca de Gustavo, que cayó sin vida en la orilla del arroyo Ludueña.
La versión policial asegura que en el último tramo de la persecución participaron el suboficial Anzoategui y el cabo Claudio R., y que Gustavo disparó primero. Luego, al momento de retirar el cuerpo del agua los bomberos que participaron de esta maniobra encontraron a pocos centímetros de la víctima un revólver Bersa calibre 22 largo. En sus declaraciones el cabo R. dijo que él disparó al suelo, y Anzoategui admitió que disparó contra Gustavo pero en defensa propia. De esa forma se intentó modificar el relato de los hechos para encuadrar el homicidio en un marco legal del accionar policial.
En la causa hay dos testigos fundamentales, que son los familiares del niño que Gustavo interpuso en su camino en plena persecución. Uno de ellos, que forcejeó con el joven, aseguró que le levantó la remera hasta el cuello y no le vio ningún arma en la cintura y que tampoco la llevaba en sus manos. El otro confirmó que Gustavo “corría asustado” y también desmintió que llevara un arma. Además, ambos coincidieron en que la policía dio la voz de alto prácticamente en el mismo instante en que disparó.
En todo este relato, a favor de los policías se encuentran las declaraciones de la médica forense Silvia Cavallini, quien supone que, por su mal estado, la bala que mató a Gustavo no ingresó directamente en su cráneo, sino que previamente rebotó en una superficie dura. Esto sirvió para que el abogado defensor del policía, Sergio Casas, argumentara que no hubo intención de matar. En esta línea, una pericia de Gendarmería establece que la bala que mató a Gustavo no proviene del arma del policía ahora condenado. Sobre esto, el perito balístico de la Policía de Investigaciones, Gustavo Colombo, explica que dicho resultado carece de certeza porque el propio deterioro del proyectil impide que se establezca con seguridad de qué arma provino. Así, la defensa del policía sostiene que no hay contundencia en las evidencias que incriminan al policía. Lo cierto es que el cabo Claudio R. ya fue sobreseído y que para la investigación que encabeza Schiappa Pietra el autor del disparo homicida es Anzoategui.
En concreto, aunque el pedido del fiscal y la querella es la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el cargo público, el tribunal que encabeza Manfrín optó por cerrar el juicio con una pena de 8 años por los delitos de homicidio culposo y falsedad ideológica. Ahora queda la apelación que ya anticipó el abogado querellante del CAJ, Valentín Hereñu. “Vamos a ver los fundamentos, nos interesa saber cómo se va a fundar la calificación de culposo, porque va a ser bastante difícil. Seguramente vamos a apelar”, afirmó. “Nosotros entendemos que Anzoategui mató con intención. No fue negligencia ni imprudencia, apuntó y disparó con intención de matar”, continuó.
“La causa de mi hijo no se podía quedar así porque había muchas cosas que eran incorrectas”, dijo Gabriela. Se refirió a que durante más de un año después del hecho no hubo avances en la causa, e incluso los dos policías involucrados fueron liberados en febrero de 2015. Finalmente, en agosto del mismo año, Anzoategui fue procesado por la jueza Irma Bilotta. “Como vine diciendo siempre, cual fuera el resultado nada va a modificar que mi hijo siga muerto”, aseguró conmocionada Gabriela, que ahora tiene al rostro de su hijo en una remera que lleva consigo, con la leyenda “un día te veré”.
