Familiares de víctimas de la violencia institucional montaron un cementerio en la puerta del edificio de la Unidad Fiscal de Homicidios. Exigieron avances en las causas en la que se investigan asesinatos a manos de agentes de las fuerzas de seguridad. Los fiscales, por su parte, buscaron justificar su trabajo.
Por Martín Stoianovich
[dropcap]E[/dropcap]n la mañana de este martes, los empleados de la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación ingresaron a trabajar, como cada día, al edificio de calle Montevideo al 2200. Pero esta vez hubo una salvedad: tuvieron que esquivar tumbas de cartón y cruces de maderas que desde la Multisectorial contra la violencia institucional montaron en la puerta del lugar a modo de protesta por el nulo avance de distintas causas. La actividad fue encabezada por los familiares de los jóvenes -todos ellos vivían en barrios populares y eran menores de 25 años- quienes manifestaron disconformidad con el trabajo de los distintos fiscales. Por parte del MPA hablaron ante la prensa los fiscales Florentino Malaponte, Adrián Spelta y Miguel Moreno, y volvieron a justificar las medidas tomadas en cada caso en que intervienen.
Las cruces de madera, las lápidas de cartón, las fotos de los pibes y un par de velas por cada una de las víctimas decoraban la entrada del edificio. Los casos que se vieron son los de Jonatan Herrera (23 años – barrio Tablada), Maximiliano Zamudio (16 años – barrio Tablada), Jonatan Ojeda (17 años – barrio Tiro Suizo), Alejandro Ponce (20 años – río Paraná), Brandon Cardozo (16 años – barrio Las Delicias) y Carlos Godoy (25 años – barrio Empalme Graneros). Salvo Cardozo (2016), son todas víctimas de hechos ocurridos en 2015, año en el que en Rosario hubo un total de 18 homicidios con personal de las fuerzas de seguridad involucrados. Además, estuvieron presentes las imágenes de Franco Casco y Gerardo Escobar, cuyas causas actualmente se tramitan en el fuero Federal, por lo cual sus familiares acompañan como parte de la Multisectorial que reúne a familiares y organizaciones sociales y políticas. “No es crudo esto, yo lo vivo todos los domingos yendo a visitar a mi hermano para decirle que todavía no hay justicia”, dijo Julieta, hermana de Jonatan Herrera.
La mirada de cada fiscal al pasar por la instalación daba cuenta del descontento que produjo la actividad hacia el interior del MPA. Tal es así que, como no suele suceder en casos de violencia institucional, los fiscales dieron una conferencia de prensa para exponer su postura. “Mientras las manifestaciones sean pacíficas, no tenemos ninguna objeción. Es un derecho legítimo de los familiares de las víctimas”, analizó Miguel Moreno, quien está a la cabeza de la investigación en los casos Godoy, Zamudio y Ponce. En este sentido, manifestando su desacuerdo con la actividad, continuó: “Entendemos que todas estas familias, a su vez, estando constituidas como querellantes en las diversas causas, tienen otras herramientas para impulsar el avance de las causas. Los profesionales que han designado (abogados querellantes) se están ocupando de ello, razón por lo cual si bien respeto la marcha, la entiendo un tanto injustificada”.
María Zamudio, mamá de Maximiliano, llega frecuentemente a la Fiscalía de Homicidios para concretar las entrevistas que la secretaria de Moreno le confirma por teléfono. La mayoría de veces María viaja más de diez kilómetros desde el barrio Tío Rolo con su bebé en brazos y se queda esperando durante horas sin que el fiscal la reciba. Otras veces la atiende, pero las respuestas nunca alcanzan y María hasta habla de malos tratos. El último episodio fue el pasado martes 29 de noviembre, cuando la reunión pactada para las 10.30 de la mañana nunca se realizó. Moreno se justifica y ante los micrófonos dice que atiende “en la mayoría de las oportunidades a todos los familiares”. Sobre el último encuentro fallido argumentó: “Entendía que la charla debía ser en términos técnicos y le pedí a los profesionales que no involucraran a la madre en la reunión. Ellos decidieron que la reunión no tuviese lugar sin la madre”.
“No se le niega la entrevista a los familiares, simplemente es que hay cuestiones que involucran sentimientos y cuestiones técnicas, en donde la presencia de los familiares no aporta nada”, continuó Moreno. Pero del otro lado, el panorama es distinto: a la parte sentimental cada persona la trabaja a diario, sobrellevando la pérdida de un hijo o un hermano no solo a partir del día del asesinato sino en cada paso que dan después, encontrándose con los detalles de cada hecho y afrontando las distintas situaciones. En cuanto a los aspectos técnicos de las causas, y tal como lo establece el Código Procesal Penal, con la figura del querellante por definición se brinda el derecho del familiar a conocer los pormenores de la investigación, incluso los “términos técnicos” que los fiscales se niegan a compartir. Con esta apreciación, el fiscal Moreno, cuanto menos, parece menospreciar o subestimar el rol de los familiares en estos procesos.
En sus declaraciones Moreno justifica su punto de vista pero también deja ver cuál es la postura del MPA en torno a los homicidios en donde intervienen las fuerzas de seguridad. El fiscal habla de “personas fallecidas a manos de personal dependiente de fuerzas de seguridad, casos de presunta violencia institucional”, que serán confirmados como tales “el día en que alguien condene a estas personas por violencia institucional”. Por su parte, los familiares hablan de fusilamientos, de pruebas plantadas y de amenazas posteriores. Se exponen así un sinfín de puntos en común entre cada uno de estos casos que de un lado llaman “gatillo fácil” y del otro “presunta violencia institucional” pero que en lo concreto siempre tienen a un pibe muerto y a un agente de las fuerzas de seguridad señalado como responsable.
El caso de Maximiliano Zamudio se destaca, junto a otros, por no mostrar avances desde la fecha del hecho en mayo de 2015. Hay un prefecto imputado pero en libertad, aunque María -que presentó varios testigos que como ella aseguran que a Maxi lo fusilaron estando indefenso- pida que se avance con la detención del sospechado. “Estoy trabajando, no acusé y no archivé, estoy resolviendo qué voy a decir. No estoy demorando la situación, estoy procesando la información que se recopiló en la investigación y para eso necesito un tiempo”, explicó Moreno. Sobre la libertad del prefecto argumentó: “No se dan los presupuestos para la prisión preventiva, no hay certera apariencia de responsabilidad penal, no en orden de autoría sino de responsabilidad penal efectiva por el hecho. Hay una posibilidad clara de que sea una figura emparentada a la legítima defensa”. Del otro lado, el panorama vuelve a contrastar: a pesar de que el prefecto acusó a Maxi de un intento de robo a mano armada, en la escena del crimen no se halló más que una culata desarmada que solo puede funcionar como chatarra. Y sobre eso no hay respuestas.
Siguiendo con la individualización, Moreno dijo que desde la querella que representa a la madre de Zamudio intuyen qué definición tomará la Fiscalía sobre el caso, y que por ese motivo se realizó la manifestación. Pero los familiares de las víctimas de las fuerzas de seguridad eligen construir una postura que supera cada caso puntual y abarca a la violencia institucional como una problemática que tiene al Estado como responsable. Como lo deja ver Julieta cuando dice: “Intentamos mostrarle a la gente que la policía es asesina y que los perjudicados son pibes jóvenes de sectores populares, que acá está la policía y el Estado contra la gente de los barrios”.
