Por Cátedra de Criminología y Control Social de la UNR (Publicado en Cosecha Roja)
[dropcap]L[/dropcap]a suspensión de ayer del defensor provincial Gabriel Ganón por la Legislatura santafecina –repudiada de manera unánime por los organismos de derechos humanos, víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional – implica no sólo una maniobra del poder político contra su persona sino también una jugada del gobierno provincial, dado que se trata de una suerte de disciplinamiento de la Defensa Pública. Desde su puesta en funcionamiento en abril del 2011, ha sido una institución de vanguardia – quizá la única – en la provincia para la efectiva protección, promoción y vigencia de los derechos humanos. De esta forma, queda claro que en la provincia de Santa Fe no hay lugar para instituciones públicas autónomas e independientes y, mucho menos, para aquellas que protegen los derechos humanos de los sectores más vulnerables.
Las múltiples denuncias y acciones judiciales de la Defensa ante graves violaciones a los derechos humanos dejaron en evidencia una situación que parecía oculta en la provincia.
Basta con mencionar casos como las desapariciones forzadas de Franco Casco, Pichón Escobar, Natalia Acosta y Roberto Yrusta o las ejecuciones sumarias de Carlos Godoy y Jonatan Herrera. Como también, recordar las denuncias y los habeas corpus interpuestos para hacer cesar las torturas y los malos tratos que los pibes sufren en comisarías y unidades penitenciarias; y la puesta en evidencia del armado de causas por parte de la policía y la falta de investigación del Poder Judicial. Sobre todo, del pobre desempeño del Ministerio Público de la Acusación en el esclarecimiento de delitos graves como los homicidios y su total inactividad e inefectividad a la hora de investigar la violencia institucional, las torturas y los malos tratos sistemáticos en los lugares de privación de libertad y las ilegalidades policiales.
Tras esas denuncias, los litigios que se siguieron ante organismos internacionales pusieron en negro sobre blanco la grave situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos en la provincia. Por caso, condenas a Santa Fe del Comité de Desapariciones Forzadas, del Comité contra la Tortura, medidas cautelares y audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resoluciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones de la ONU, Informe Alternativo al Comité de Derechos Humanos, por nombrar algunos de los resultados. Se trató de acciones que, por su posicionamiento férreo y efectivo por la vigencia de los derechos de los más vulnerables, pusieron a la Defensa en la vereda opuesta a la del poder político y de la corporación judicial.
Toda defensa pública que protege y promueve los derechos humanos, que inspecciona de manera periódica y no anunciada los lugares de detención y que garantiza el acceso a la justicia de los sectores populares genera tensiones con el poder ejecutivo y dentro de la propia administración de justicia.
Lo que es inaudito es que estas tensiones, propias de la democracia, en Santa Fe se resuelven de manera ilegal y autoritaria con la destitución encubierta del Defensor General y con un permanente hostigamiento a la Defensa Pública.
Sin embargo, despojados de cualquier pretensión de construcción y sostenimiento de la institucionalidad democrática, la Legislatura se cargó el debido proceso y se centró solamente en suspender a Ganón. Lo suspende hasta el fin de su mandato, lo que es una forma no tan encubierta de destitución, para que la Defensa deje de denunciar, para que deje de litigar internacionalmente, para que deje de mostrar y confrontar las violaciones a los derechos humanos que se comenten en la provincia. Y fundamentalmente para que si el poder político fracasa en su actual intento de designar a un defensor o defensora sin independencia ni autonomía y complaciente con el poder hegemónico judicial, quien suceda en el cargo a Ganón, se olvide de intentar algo parecido. Y para que tampoco lo siga haciendo la Defensa Pública ni lo intente nunca más.
Decir que no importó el debido proceso quiere decir que el reglamento fue dictado por un órgano sin competencia. Que los roles de acusación, investigación, elevación a juicio y juzgamiento fueran ejercidos por los mismos legisladores y legisladoras. Que los hechos denunciados, de manera vaga y sin pruebas, ya habían sido juzgados con anterioridad y no podían volver a juzgarse. Que no hubo acusación sino solo una denuncia imprecisa y, por lo tanto, que Ganón, sin precisiones de qué se lo acusaba y en base a qué pruebas, pudiera defenderse efectivamente. Que ni si quiera se le permitió producir la totalidad de la prueba ni argumentar sobre la que se produjo. Que los legisladores que decidieron la suspensión no escucharon al denunciado, etc., etc., etc. El proceso fue una farsa al mejor estilo macartista, donde la destitución encubierta estaba decidida de antemano.
Es tan grande la lista de irregularidades y tan evidente la farsa del procedimiento que uno se puede preguntar cómo y por qué legisladores y legisladoras avanzarían en la sanción a Ganón a sabiendas de esto. La respuesta es simple: la necesidad de acallar a una institución pública autónoma e independiente, a esta voz disonante ante el silencio cómplice de la administración de justicia, fue más importante que garantizar el debido proceso o respetar la institucionalidad democrática.
A los y las que votaron por la suspensión del Defensor tampoco les importó la responsabilidad internacional que seguramente generará una resolución como la que tomó la Legislatura.
Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es coincidente en que estos procesos de destitución de funcionarios judiciales, aunque sean de carácter político, deben respetar el debido proceso. Por no cumplir este requisito se ha condenado en los últimos años a Venezuela, Ecuador, Guatemala, Perú, Honduras, entro otros. Habrá que sumar prontamente al final de la lista a Argentina por la provincia de Santa Fe, porque más tarde o más temprano estas decisiones infundadas, arbitrarias y antidemocráticas generan responsabilidades.
Desafortunadamente, quienes promovieron desde las sombras esta farsa de procedimiento y los actores que la ejecutaron no serán quienes asuman personalmente la reparación de que este hecho va a acarrear a la provincia. Quienes nos haremos cargo finalmente será una vez más el pueblo santafesino.
En definitiva lo que ayer se decidió en la legislatura provincial fue mucho más que la suspensión del Defensor General, Gabriel Ganon (aunque lo dañen y afecten personal y profesionalmente), fue un golpe a la división de poderes, a la autonomía de la defensa pública y a la institucionalidad democrática en la provincia de Santa Fe.
Fue un golpe dirigido a impedir una experiencia inédita, de una institución pública autónoma e independiente comprometida activa y efectivamente con la protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más desfavorecidos, los sobrecriminalizados y desprotegidos, de los sectores populares.
