Arrancó el noveno juicio de lesa humanidad en Rosario. Diez represores serán juzgados por los delitos cometidos en cuatro centros clandestinos de detención contra 47 víctimas, entre ellas 24 desaparecidas.
Por Carina Toso
[dropcap]L[/dropcap]os abrazos y los mates volvieron a circular en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario. El clásico aguante se concentró este jueves tras el inicio de un nuevo juicio de lesa humanidad en la ciudad: el noveno desde la reapertura de estos procesos en 2006. Se trata de la tercera etapa de la causa conocida como Guerrieri, que juzgará a diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos. Este accionar se dio en los centros clandestinos de detención La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y Quinta de Funes contra 47 víctimas del terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.
Entre banderas y paraguas, las expectativas fueron las de siempre, las de seguir andando el camino de la lucha y de la perseverancia para defender los tres pilares que siempre sostuvieron las Madres, las Abuelas, los familiares y los sobrevivientes: memoria, verdad y Justicia. Así, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas acompañaron a los testigos y querellantes en esta primera audiencia que comenzó con las demoras de siempre en la sala del Tribunal Oral N° 1 y se extendió hasta la media tarde, con un cuarto intermedio al mediodía.
“Esta etapa es tan importante como los dos capítulos anteriores y los otros juicios en general que se desenvolvieron en Rosario. Para nosotros reviste suma importancia, porque estamos hablando de la revisión, la búsqueda de responsabilidades y el castigo por los crímenes cometidos de la última dictadura cívico-militar en la zona del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, en un escenario político muy distinto del que tuvimos cuando recomenzaron los juicios”, afirmó Eduardo Toniolli, concejal rosarino, querellante en esta causa por la muerte de su padre, Eduardo José Toniolli. “Estamos atentos a cómo impactan estas nuevas políticas públicas en particular con lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad porque hay un Gobierno que tiene una mirada distinta a la que sostenía el Gobierno anterior. Una mirada que hace que caracterice a la última dictadura cívico-militar y al terrorismo de Estado como una guerra sucia o que empieza a vaciar las áreas de derechos humanos de la Nación, como lo viene haciendo”, agregó Toniolli.
Uno de los aspectos a destacar en este juicio es que se sentará en el banquillo por primera vez el represor Rodolfo Daniel Isach, ex comisario de la policía provincial y ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército (PCI) quien hasta 2012 estuvo prófugo. Fue capturado ese año en Ostende, un pueblo de la costa atlántica tras ser allanado su domicilio. Es la primera vez que es sometido a juicio y deberá responder por varios homicidios. “La importancia de que haya un nuevo represor entre los acusados es que siempre tenemos las esperanzas de que aporte nuevos elementos, no porque confiemos en ellos sino porque creemos que el pacto de silencio puede romperse y traer algún dato sobre el destino final de nuestros compañeros que siempre fueron una incógnita y el caso de apropiación de menores, en este caso del hijo de Raquel Negro que estuvo secuestrada en ese circuito represivo”, afirmó Toniolli.
Por su parte, Juane Basso, integrantes de HIJOS, expresó: “Era una incógnita cómo íbamos a llegar a este primer juicio que se inicia en este nuevo contexto nacional, de todas maneras estamos tranquilos porque hay un gran laburo previo, por la fortaleza de los testigos, sobrevivientes y querellantes, por la contundencia de la prueba. Ya tenemos condenas anteriores ejemplares y suponemos que sería muy raro que el tribunal se desmarque de eso”.
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Su accionar en cada audiencia es más o menos siempre la misma. Llamar la atención. Provocar. Hacer que todos hablen de él. Daniel Amelong, uno de los acusados, sobre quien ya pesa una condena firme a perpetua, desafió al tribunal. “¿Macri miente?, Sigue el curro”, decía el cartel que levantó ante los fotógrafos que ingresaron a la sala. Con una sonrisa burlona tuvo sus cinco minutos de fama, hasta que uno de los jueces le pidió que lo guarde. “A dos de ustedes yo los conozco”, amenazó a los magistrados a gritos secundado por otro de los acusados, Jorge Alberto Fariña: “Yo tengo 73 años y también tengo derechos”. La situación terminó con los dos represores fuera de la sala por decisión del tribunal, aunque, más tarde, pasado el cuarto intermedio, el abogado defensor de Amelong intercedió con una especie de disculpas aclarando que su defendido había recapacitado y quería volver a ingresar a la sala de audiencias.
Foto: Franco Trovato
Una vez afuera Fariña y Amelong, algunos de los acusados aprovecharon para pedir que les permitan estar en un cuarto contiguo para seguir el desarrollo del juicio. El Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal N° 1, José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, aceptó dicha petición y salieron de la sala.
Mientras tanto, entre los imputados hubo dos ausentes acusando problemas de salud: Pascual Oscar Guerrieri, del que se ofreció un diagnóstico por cólicos, y Alberto Enrique Pelliza, cuyo abogado argumentó que no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso por problemas de salud mental (sufrió un ACV y se sometió a varias operaciones) y pidió que se lo aparte de la causa.
La audiencia continuó con la lectura de los requerimientos de elevación de la causa a juicio oral con las acusaciones correspondientes y una enumeración de las víctimas que pasaron por el circuito represivo compuesto por los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita, todos dependientes del Batallón de Inteligencia 121.
Tras la finalización de la primera audiencia, la abogada querellante Nadia Schujman manifestó: “Las expectativas de lograr condenas ejemplares para todos los acusados son muy altas, consideramos este proceso como un trayecto más del camino que nos marcaron las Madres y las Abuelas”.
El juicio se retomará en 15 días según lo dispuso el Tribunal Oral N°1.
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Los diez represores que serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en dichos centros clandestinos de detención contra 47 víctimas del terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas son: los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial).
Entre otros delitos, en el proceso se investigarán los asesinatos y se buscará conocer la verdad del destino de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela –cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados– y Jorge Luis Ruffa –cuyos restos fueron identificados.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte.
Los querellantes Alicia Gutiérrez, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White, serán representados legalmente por Nadia Schujman, Matías Gómez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–. Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano serán los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según informó el Tribunal, las audiencias orales serán “los días jueves y/o viernes, alternativa, separada o conjuntamente de cada semana”. Los magistrados dispusieron que cada jornada se inicie a las 9.30 en la sede del Tribunal ubicado en el edificio de bulevar Oroño entre Rioja y San Luis.
