El aborto legal sigue siendo la gran deuda de esta democracia. Desde hace más de 10 años, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito viene luchando por lograr la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, presentando en seis oportunidades el proyecto de ley que todavía sigue sin debatido en el Congreso de la Nación. Compartimos el comunicado.
Este 28 de septiembre nos encuentra nuevamente luchando porque la clandestinidad del aborto deje de ser causal de muerte, criminalización y sufrimiento y pase a ser un derecho reconocido por los Estados para las mujeres. En julio pasado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó, por sexta vez consecutiva, ante las y los integrantes del Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una herramienta legal y de ciudadanía que fue elaborada por una comisión de expertas que tomaron los aportes de miles que discutieron en foros organizados en todo el país durante el año 2015.
Con once años de activismo, la Campaña sigue en lucha por la Ley que reconozca el derecho al aborto y que garantice los Derechos Humanos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Nuestra fortaleza es la del movimiento de mujeres y feminista, una amplia y duradera alianza que tejimos con más de 400 organizaciones y el apoyo de sindicatos, espacios sociales y de DDHH, universidades nacionales y partidos políticos, y por eso, nuestro Proyecto ingresó al Congreso de la Nación acompañado por la firma de más de 40 diputadas y diputados de diferentes bloques.
La pasividad del Estado, la falta de políticas públicas en educación y salud y la creciente criminalización de las decisiones de autonomía de las mujeres, avanza sobre nuestros derechos cada vez que a una mujer es violentada, revictimizada por las instituciones o encarcelada por la denuncia de integrantes de equipos de salud que violan el secreto profesional. Así sucedió con «Juana», en Salta, la niña wichi a quien no garantizaron el acceso al aborto tras haber sido violentada sexualmente, y por quien reclamamos justicia, y con «Belén», en Tucumán, por quien hoy exigimos su absolución tras ser condenada a 8 años de pena privativa de su libertad tras un aborto espontáneo.
Porque estamos ante una violencia invisible y coercitiva que cercena nuestra autonomía y derecho a decidir y que pone en riesgo la salud integral: física, psíquica o social de las mujeres, y porque la realidad demuestra que la criminalización del aborto no lo impide; las mujeres y feministas construimos estrategias con Socorristas y de conformación de redes como las de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de Docentes por el Derecho al Aborto, brindando información segura a lo largo y ancho del país.
Y es por esto que, con el poder de la movilización de las mujeres para contrarrestar los avances de la derecha conservadora patriarcal, heterosexista y racista, en el día latinoamericano y caribeño de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto, desde la Campaña instamos al Estado en todos sus niveles a:
– aplicar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas del país que contribuya a la conformación de nuevas subjetividades y a relaciones no jerárquicas ni discriminatorias entre las personas;
– la efectiva aplicación del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, y en consonancia con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
– la conformación de Consejerías pre y pos aborto, la capacitación a efectorxs de salud y la producción y acceso al misoprostol y mifrepristona;
– el tratamiento inmediato en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
