Homicidios, robos, movilizaciones, debate político y la respuesta: un convenio entre provincia de Santa Fe y el gobierno nacional que implica, entre otros puntos, la vuelta de las fuerzas federales. El abogado Esteban Rodríguez Alzueta identifica estos procesos como partes de la máquina de la inseguridad, concepto con el que titula su libro presentado recientemente en Rosario. En diálogo con enREDando, desarrolla la vinculación entre esta idea y el escenario actual.
Por Martín Stoianovich
Primero se sentaron en la mesa lejos de las cámaras. Después se animaron a la prensa y respondieron algunas preguntas. Dijeron muchas palabras gastadas por estos tiempos: “Seguridad, delitos complejos, crimen organizado, narcotráfico”. El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, se reunió a puertas cerradas con el presidente Mauricio Macri y después brindó una conferencia rodeado de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Interior Rogelio Frigerio. El aumento de homicidios violentos durante agosto y las marchas que le siguieron pusieron sobre la mesa, otra vez, al tema seguridad como prioridad. Ya hay conclusiones y pasos a seguir: la creación del Comité de Planificación de Estrategias, y el Comité Operativo Conjunto en Territorio. Nuevamente el desembarco de fuerzas federales aparece como el alivio a una sociedad castigada por el miedo y por las consecuencias concretas de un contexto siempre violento que hoy se refleja en las estadísticas. Por fuera, se palpa la contienda política entre el Pro y el Socialismo, con la sociedad santafesina como principal espectadora.
“La seguridad se ha transformado en la vidriera de la política”, dice el abogado Esteban Rodríguez Alzueta, que vino a Rosario a presentar su libro “La máquina de la inseguridad”, en el marco del Congreso de la Democracia realizado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En diálogo compartido entre enREDando e integrantes del Programa de Estudios Gubernamentalidad y Estado, de la misma facultad, surge la necesidad de mencionar la utilización política que por estos días en la provincia, pero también en aspectos generales, se hace de la violencia social reducida al concepto de “inseguridad”.
La vidriera de la política es una realidad concreta. Y que el tema “inseguridad” hoy se luce en ella, también. “Es una gran pasarela en la que los funcionarios prometen más policías, más patrulleros, más cárceles y más penas a cambio de votos”, dice Rodríguez Alzueta. Es la utilización política de lo que el autor llama “el miedo nuestro de cada día”, explicando que “se ha transformado en una suerte de insumo para los funcionarios cuestionados”. Y agrega: “Hicieron del miedo un rudimento de legitimación que habilita a políticas duras que no tienden a resolver el problema”. Hay algo de manipulación, entonces, sobre una sociedad que ante los problemas concretos –que pueden impactar de distintas formas en cada sector social- se topa con algo más alarmante: el miedo a ser robado, despojado de sus propiedades, o asesinado. Este análisis el autor lo centra en el contexto nacional, puntualmente en el macrismo: “Hoy encuentra en la seguridad de la vecinocracia a la oportunidad de desplazar la cuestión social por la policial”.
En la provincia de Santa Fe la violencia es innegable y por lo tanto es, otra vez, el escenario elegido para esa vidriera de la política. Como en abril del 2014 y el primer desembarco federal, a cargo del entonces Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que hizo escuela disfrazándose como soldado, paseando en helicóptero y haciendo alarde de su Gendarmería. Como en el 2015 y el pedido de la vuelta de la fuerza y su utilización política en la previa de las elecciones. Y como ahora, cuando vuelve a hablarse de la tasa de homicidios dolosos de la provincia en 2015, alcanzando -con el 12,2 casos cada cien mil habitantes- casi el doble que la tasa nacional.
Este panorama llevó a la firma del convenio por seguridad entre nación y provincia, que durará hasta el último día del 2017. Así, se creó el Comité de Planificación de Estrategias, que tiene al frente a Bullrich y a Lifschitz para bajar órdenes al subsecretario de Seguridad Nacional, Darío Orequieta, y el secretario de Seguridad provincial, Omar Pereyra. También se crea el Comité Operativo Conjunto en Territorio, que estará formado por la policía y el Servicio Penitenciario de la provincia junto a las fuerzas federales. Se prevé que llegarán aproximadamente 1500 agentes federales para trabajar en un plan que además de la ocupación del territorio abordará el control de rutas y puertos. El gobernador Lifschitz, por lo menos ante los medios, manifestó conformidad y acercó un gesto de empatía con el gobierno nacional hablando de “coordinación de políticas, de articulación y de una estrategia en común”.
Respecto de etapas anteriores hay diferencias en los puntos finos de todo este escenario, en los nombres y en las “estrategias”. Pero la misma respuesta en lo concreto: más fuerzas de seguridad. La duda, apelando a la historia reciente, es sí el resultado será similar a los anteriores, es decir la reproducción de la problemática y no su solución.
Lo que queda en la sociedad es la confusión: se realizan masivas movilizaciones impulsadas por una seguidilla de homicidios en ocasiones de robos, o como en el caso Zulatto un asesinato enmarcado en el menudeo de drogas. Movilizaciones en las cuales también se exige investigación y esclarecimiento de los hechos y justicia, es decir que se apunta sobre el aparato judicial y su funcionamiento. Pero se reduce el reclamo al pedido de “más seguridad” bajo la urgencia de frenar la cantidad de homicidios o calmar el miedo de la gente. Entonces también se reduce la respuesta. La confusión está en las declaraciones del gobierno nacional, que con Bullrich como portavoz habla de “enemigos”, narcotráfico, crimen organizado y delitos complejos.
“Este gobierno lo que hace es confundir nuevamente el comercio exterior con el universo transa o el narcomenudeo. Tanto el comercio exterior como el narcomenudeo necesitan formas de organización y actores sociales, pero son muy distintos. Cuando con esta retórica se confunde, lo que se hace es proteger una vez más a los exportadores de drogas”, analiza Rodríguez Alzueta. De esta forma se inclina la identificación de ese enemigo por parte de la sociedad: estará donde el gobierno apunte su mira. Para seguir el análisis, el autor extiende el panorama a la reciente presentación del programa nacional Argentina sin Narcotráfico: “No tiene ningún diagnóstico. El primer capítulo se lo lleva el paco, y si el problema es el paco, estás diciendo que el problema son las villas. Entonces se sobre estigmatiza a los actores ya estigmatizados”.
A nivel local, lo que se prevé ante un nuevo desembarco federal en Rosario es cuanto menos la repetición de la lógica instalada en el 2014: los sectores populares como blanco de los operativos. Rodríguez Alzueta, por su parte, advierte algunas diferencias: “El desembarco de Gendarmería en Rosario en los próximos días no va a ser el mismo que el de Berni. Aquel fue una suerte de espectáculo donde se reventaron algunos bunkers para la hinchada. Ahora van a venir a patear puertas y eso va a agregarle violencia a otras conflictividades sociales”. Más violencia a los territorios identificados como violentos: es la oferta que está en vidriera.
La máquina del miedo
Rodríguez Alzueta habla de un escenario actual en el cual se produce un desdoblamiento entre el delito y el miedo al delito como un engranaje crucial en la máquina de la inseguridad. “Son dos problemas articulados pero separados, por eso puede suceder que el miedo al delito no sea el mero reflejo del delito”, aclara. Para el autor, este contexto puede parecer un problema para los gobiernos, pero en realidad es la oportunidad de esquivar un abordaje en profundidad sobre el problema del delito, un problema que no tiene sus bases estructurales, por ejemplo, en los sectores populares que recibirán al desembarco federal. Es calmar la emergencia y patear el problema hacia más adelante. “Cuando los funcionarios no saben, o no pueden, o no quieren resolver el problema del delito, se presentan como exitosos en la lucha contra el miedo al delito e invitan a creer que se resuelve el problema”, explica.
“Los funcionarios se dan cuenta que el miedo al delito es un problema en sí mismo y que entonces merece ser abordado con políticas públicas”, dice. “Son políticas de prevención situacional, más video vigilancia, patrullas intensivas, allanamientos masivos en barrios, puntos de control en las grandes avenidas que conectan las periferias con el centro. Pero no se resuelve el problema del delito, sino el miedo al delito”, analiza. Su análisis se anticipa a lo que días después sucede en Rosario: la intendenta Mónica Fein se reúne el miércoles 14 con funcionarios provinciales, concejales y el poder judicial y anuncia los pasos a seguir en el marco de la declaración de emergencia en seguridad aprobada en el Concejo Municipal. Habrá 100 millones de pesos más para comprar 80 cámaras de video vigilancia, alarmas comunitarias, vehículos, y otros elementos. El mismo día de la reunión hubo una serie de allanamientos en barrio Ludueña, encabezado por la Policía de Investigaciones. Se detuvo a once personas y el jefe de la PDI los ligó a “actividades criminales y violencia urbana como robos, amenazas calificadas con armas o lesiones”. La sociedad se enteró de esto en los títulos de los medios de comunicación que este jueves hablaron de inversiones en materia de seguridad y operativos policiales con desarticulación de bandas delictivas.
¿Pero qué sucede cuando lo único que pasa es el tiempo y los problemas en seguridad persisten y se repiten? “El miedo al delito modifica las maneras de estar en la ciudad, de transitar el barrio, y va constriñendo nuestro universo social de relaciones, aislando, enjaulando, armando”, explica Rodríguez Alzueta. “Así se vacían los espacios públicos, y lo que se está haciendo es desautorizar la democracia, que necesita vida colectiva y debates públicos. La vecinocracia está dispuesta a sacrificar la libertad para tener mayor seguridad”, agrega. Así, la democracia va debilitándose, limitando y coartando cada vez más su carácter de participación ciudadana.
El individualismo que forjó el neoliberalismo durante los noventa, vuelve a ser protagonista en una escena que nunca perdió, pero en la que ahora encuentra reparo público en el discurso político que a nivel nacional propone el macrismo con la meritocracia como estandarte. Esto se da también en términos de seguridad y así es cuando la sociedad, ante la falta de respuestas o ante el evidente fracaso de las mismas, pone en marcha sus propias prácticas.
– 26 de agosto de 2016. Loma Hermosa, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Una persona mató a balazos a un chico de 24 años que le quiso robar el auto. Los medios hablan de defensa propia y destacan que el asesino es médico. La ministra Bullrich dijo: “La víctima no es el victimario, sino la persona que fue robada y atacada”.
– 26 de agosto de 2016. Villa Dorrego, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Un chico de 18 años asesina a puñaladas a un hombre de 30 que le intentó robar con un cuchillo y la réplica de un revolver. La justicia lo imputó por homicidio con exceso de legítima defensa, pero lo dejó en libertad.
– 12 de septiembre de 2016. Peatonal Córdoba, centro de Rosario. Un grupo de personas rodea a un joven acusándolo de intentar robar una camiseta de un local de ropa y lo golpean en grupo. La agresión es interrumpida por otras personas que como consecuencia son agredidas por defender al chico.
– 13 de septiembre de 2016. Zárate, provincia de Buenos Aires. Un comerciante persigue con el auto al asaltante de su local y lo atropella. El supuesto ladrón queda tirado en el suelo mientras los vecinos lo filman y le pegan. Muere al rato. El presidente Macri dice al respecto: “Si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó”.
“Si no hay gatillo policial, hay linchamiento vecinal”, analiza Rodríguez Alzueta sobre las prácticas que enmarcas los hechos relatados. “No es la expresión de la ausencia del Estado, sino de la frustración de la presencia del Estado. Cuando los vecinos se juntan para linchar a un pibe, están denunciando que el Estado no está presente como ellos quieren, que es de una manera brutal”, agrega.
En tanto, las palabras de Macri son el colchón esperado para amortiguar y legitimar esta serie de hechos que se dieron a conocer en menos de veinte días. Parte de la consecuencia se refleja a corto plazo en la opinión pública, que encuentra en este comentario de un lector del diario La Capital un ejemplo concreto: “Al fin tenemos un presidente y ministros de su gobierno que piensan a favor del ciudadano honesto en esto de la seguridad, no soy macrista pero estoy feliz de escuchar que está del lado del pueblo que es víctima y no defendiendo a los malditos delincuentes”.
Las recientes políticas en materia de seguridad ayudan a identificar a ese “enemigo” que el discurso político camufla en sus teorías del crimen organizado. “Se sobre estigmatiza a los sectores que la propia vecinocracia estigmatiza. Esto recrea condiciones para que se produzcan malentendidos entre distintos actores sociales y generaciones, y eso genera nuevas condiciones para perpetuar el sentimiento de inseguridad”, dice el autor.
También se perpetúa la violencia. Rodríguez Alzueta pone el ejemplo de la reproducción de prácticas violentas en ocasiones de robo, que han ido en aumento con el paso del tiempo. “Hay que preguntarse qué están comunicando esos actores cuando usan ese tipo de violencia”, dice. En este sentido, apunta: “La estigmatización transforma en objeto a un sujeto, cosifica a los actores sociales. Entonces cuando un el sujeto estigmatizado usa violencia, en realidad es un sujeto que recobra libertad y tiene la oportunidad de identificarse como sujeto y cosificar al otro”. Es, en fin, la repetición de la misma lógica con distintas modalidades, y la única seguridad a la vista es su reproducción. “Esto no se celebra, es un problema pero se termina pateando para adelante. Las políticas de seguridad que se estrenan con bombos y platillos solo recrean las condiciones para sentirse inseguros en breve”, finaliza.
