A fines de julio fue presentado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres con miras a ejecutarse en el período 2017-2019. Su real concreción depende de la articulación de políticas públicas transversales a todos los sectores del Estado. Una utópica intención que no se vislumbra como posible en un contexto de recorte, vaciamiento y escasa capacitación en programas vinculados como la Educación Sexual Integral (ESI).
Por Laura Charro
Foto: Video realizado por Trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación
Las organizaciones sociales de mujeres de todo el país batallan hace años por la erradicación y concientización social sobre las violencias contra las mujeres que se ejercen, se naturalizan y se callan. Luego de dos marchas nacionales y altamente visibilizadas por los medios de comunicación como las denominadas “Ni Una Menos”, los pedidos se hicieron concretos. Uno de ellos fue la creación de un observatorio de femicidios que permita conocer en números reales los casos de mujeres víctimas en todo el país. Como respuesta, fue creado en el año 2015 y dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Registro Nacional de Femicidios. El segundo pedido prioritario fue el Plan Nacional de Acción que debía ser llevado adelante por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), tal como lo estipula la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en al año 2009. Siete años esperamos. Hoy tenemos un buen plan y muchas incertidumbres.
El CNM es el organismo responsable del diseño de políticas públicas necesarias para el cumplimiento de la ley. Hasta la actualidad, no contábamos con un plan concreto de acción que, no sólo permitiera colaborar con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y a concretar los históricos reclamos de las organizaciones de mujeres de todo el país, sino también que cumpliera con los compromisos asumidos internacionalmente por la Argentina en materia de derechos.
El Plan Nacional de Acción fue presentado por la presidenta del CNM Fabiana Tuñez – reconocida militante feminista, con trayectoria en trabajos de asistencia a víctimas desde la ONG La Casa del Encuentro, primer observatorio de femicidios del país –, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el Presidente de la Nación Mauricio Macri.
Diana Maffia, feminista, doctora en Filosofía y directora del Observatorio de Justicia y Género en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien estuvo de visita en los últimos días en la ciudad de Rosario, celebró la presentación de este Plan y el trabajo de la presidenta del CNM, “que en seis meses se haya puesto a una feminista en el frente como Fabiana Tuñez me parece que es un signo hacia el movimiento de mujeres muy importante. Una persona luchadora, consecuente, con muchos años de activismo feminista, que se responsabilizó por algo que debería ser una política de gobierno como era el registro de femicidios. Lo que hay que darle son los recursos y la capacidad de acción necesaria. Que en seis meses Fabiana haya cumplido esa deuda me parece que es un signo importante hacia nosotras”
Transversalizar la perspectiva de género
El Plan Nacional de Acción establece ejes de actuación orientados a la prevención y la atención integral de las mujeres en situación de violencia de género y ejes transversales que apuntan a una capacitación y formación de la perspectiva de género en todos los niveles de acción de las políticas públicas, el fortalecimiento institucional, monitoreo y evaluación de resultados.
Pretende “deconstruir esquemas culturales patriarcales” que naturalizan las violencias y establece al sexismo como “una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos”. Reconoce, además, las múltiples y diversas formas de violencia que vivimos las mujeres en nuestros ámbitos de acción cotidianos, basadas en relaciones desiguales de poder y establecidas en la Ley Nacional, permitiendo así una mirada integral de la problemática que no sólo se relaciona con la violencia más visible y repudiada socialmente como es la violencia física y los femicidios.
El Plan de Acción también expresa como eje principal de trabajo a la prevención basada en la transformación de patrones culturales y la atención de las mujeres víctimas. En este sentido, entre sus acciones concretas se explicita el funcionamiento de dispositivos de asistencia como los Hogares de Protección Integral para mujeres víctimas dentro de una Red Federal de Hogares con atención interdisciplinaria.
Sólo buenas intenciones
Uno de sus anexos está dedicado exclusivamente a la importancia de la detección y atención de violencias en el ámbito educativo y acciones concretas destinadas a dicho espacio. Reconoce así la importancia de la perspectiva de género en el contenido curricular y la promoción de medidas que apunten a la detección precoz de casos de violencia hacia las mujeres.
Si desde el CNM entienden que es crucial romper con patrones culturales arraigados socialmente y naturalizados – al punto de muchas veces no poder reconocer en nuestra vida la reproducción de machismos y actitudes sexistas cotidianas- , es esencial entonces apelar al ámbito educativo como espacio de acción urgente. La formación de docentes y no docentes, la modificación de contenidos curriculares y la educación del alumnado se vuelve materia imprescindible.
Sin embargo, cuando se plantea un Plan de Acción para erradicar la violencia de género con una mirada transversal puesta en la “formación y fortalecimiento institucional en todos los niveles” surgen interrogantes. ¿Es posible una vida libre de violencias sin un programa de educación sexual en marcha que contemple la perspectiva de géneros y con una política pública basada en el vaciamiento? La pregunta se vuelve inevitable cuando, paralelamente a la presentación de este Plan Nacional de Acción tan bien intencionado, otras decisiones de gobierno obstaculizan completamente con recortes de presupuestos, despidos, precarización laboral y falta de capacitación a programas que están intrínsecamente ligados.
La situación de la Educación Sexual Integral (ESI)
Para transversalizar políticas no podemos dejar de mencionar la importancia de la educación sexual en el diseño de un plan de acción que promulgue una vida libre de violencias. Desde el año 2006 existe la Ley 26150 la cual contiene el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) y establece el derecho de todos los chicos y chicas del país a recibirla desde el nivel inicial hasta el superior. Promueve la educación sexual como derecho, el conocimiento del propio cuerpo, las identidades sexuales, la anticoncepción, visiones no estereotipadas de los géneros en contra del modelo biologicista, la igualdad de derechos y oportunidades, la prevención del abuso sexual y noviazgos violentos, etc. Todo esto desde una acción que atraviese a todas las materias y con incidencia en todo el personal educativo.
Lamentablemente, este programa no ha escapado a la ferocidad de recortes de las nuevas políticas nacionales. Desde el mes de junio el gobierno de Mauricio Macri dejó en claro que la ESI no es prioridad. El Ministerio de Educación de la Nación despidió a un tercio del personal, con más de 7 años de antigüedad y destinado a trabajar en la producción de materiales escritos y audiovisuales para capacitaciones, talleres en las provincias, trabajos de coordinación en formación a profesionales. Posteriormente a esta decisión, que generó lógica preocupación y malestar, el Ministerio dio marcha atrás y aclaró que postergaba los despidos por dos meses. A fines de este mes de agosto, el personal vuelve al estado de incertidumbre sobre su futuro laboral.
El programa ESI no fue el único afectado, también los programas nacionales de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad, Convivencia Escolar y Plan de Lectura y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos, entre otras líneas de acción, se encuentran prácticamente desmantelados.
Actualmente se está negociando el futuro laboral del personal entre ATE y las autoridades nacionales. Una de las opciones ofrecidas por el Estado es pasar a “planta transitoria” pero esta figura contractual no sería compatible con todas las realidades laborales actuales, teniendo en cuenta la antigüedad de algunas las personas que tienen su puesto de trabajo en riesgo. La realidad que manifiestan las y los trabajadores del Ministerio de Educación es que la gestión no quiere mantener los contratos actuales y, tanto los puestos laborales como la continuidad de los programas destinados al fortalecimiento de derechos, están en absoluto riesgo.
En relación a la situación actual de las políticas públicas relacionadas a violencias de género y educación sexual, Diana Maffia manifestó su preocupación: “ESI es un objetivo importantísimo. No se puede estar en contra del aborto y que no haya educación sexual y acceso a la anticoncepción. Porque entonces ¿qué quiere decir que estés en contra del aborto si vos impedís que haya políticas necesarias para evitar los embarazos no deseados o los embarazos inoportunos? Hay que posibilitar que no haya violencia sexual, violencia interpersonal, que haya conocimiento de los métodos anticonceptivos, que haya capacidad para decir que no, para rechazar una presión en cuanto iniciar relaciones sexuales cuando una mujer no está preparada. Está probado que la educación sexual cuando se hace desde la infancia retrasa el inicio de la iniciación sexual y da mejores conocimientos para evitar el embarazo no deseado. Entonces, estamos hablando de dos flagelos: la violencia sexual y el embarazo adolescente.”
En la provincia de Santa Fe la realidad de la ESI también es incierta. La profesora y licenciada en Historia Beatriz Argiroffo, quien además es escritora y compiladora del libro editado en el mes de marzo «Educación Sexual Integral y enseñanza de las ciencias sociales. Enfoques, sujetos y objetos para su abordaje en la escuela secundaria«, explica que “la ESI no es un recurso didáctico, es un modo de transitar las instituciones educativas que pone en cuestión las relaciones de poder en relación al sexo, al género, a la orientación sexual, a la identidad de género, tanto de docentes como del alumnado.” Sin embargo, ante la escasa capacitación a profesionales de la educación, que actualmente se reduce a tres clases dictadas con metodología on line no obligatoria, su implementación es insuficiente. Asimismo, proyectos como el Postítulo en ESI, anunciados públicamente por Irene López, Directora de Educación Superior, a mediados del 2014, siguen sin concretarse.
Según la experiencia de Argiroffo, esta metodología de formación virtual no es la adecuada, “se crea la ficción de que la capacitación de ESI son unas clases on line y después se puede capacitar a colegas. Es una temática complicada, la gente no se siente segura. La capacitación de ESI debe ser presencial. Es un momento en el que hay que poner en remojo prejuicios, la propia biografía, el modo de estar en el mundo, lo que te dijeron, lo que viviste, la socialización a lo largo de toda la vida. No es una cosa sencilla”.
Beatriz recuerda que “la provincia de Santa Fe empezó en el 2009 con las capacitaciones de tres encuentros, de 200 personas, presenciales” hoy con metodología on line las actividades que muchas escuelas llevan adelante con esta perspectiva lejos están de una transversalidad en todas las materias. “Se realizan actividades puntuales en las escuelas, de trata o de Ni Una Menos. Son actividades visibles en la escuela pero es eso sólo. Queda como encapsulado, como “un día diferente”. En realidad la ESI es un modo diferente de transitar todo.”
