Llamar a las cosas por su nombre: el crimen de Graciela Príncipe fue un femicidio. Este viernes las abogadas del hijo de la víctima solicitaron constituirse como querellantes. Una construcción de justicia que puede servir como precedente.
Por Martín Stoianovich
Graciela Príncipe murió en la mañana del cinco de enero pasado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, tras pelear por su vida después de que su ex pareja le diera once puñaladas. Un femicidio más. Porque Graciela se sumó a la lista de mujeres víctimas de la violencia machista en su máxima expresión. Una lista que en Argentina sacude las estadísticas sumando un nuevo caso cada treinta horas. Pero hay una particularidad. A los pocos días del hecho, después de que cayera preso el femicida luego de intentar darse a la fuga, la fiscal de homicidios Marisol Fabbro le imputó el delito de homicidio calificado agravado por la mediación de violencia de género. Es decir que lo imputaron por femicidio, delito que el Código Penal incluye desde el año 2012 en su artículo 80 y que conlleva a la pena de prisión perpetua. Este viernes, dos abogadas del movimiento de mujeres de Rosario, con la compañía del colectivo Mujeres en ATE, presentaron la solicitud para constituirse como querellantes en representación de Pablo, el hijo de Graciela.
A Graciela le decían Chela, tenía 53 años, era asistente escolar y ayudante de cocina en la Escuela 456 de Empalme Graneros. Desde su asesinato, sus compañeras de trabajo se organizaron para exigir justicia. Más allá del mérito que pueda caberle a Fabbro, la tipificación de femicidio en este caso no fue un gesto genuino ni frecuente de la Fiscalía, parte de un poder judicial que, como en el plano político, nunca inclinó la balanza a favor de los derechos de las mujeres. Este logro fue producto de la organización de las mujeres que del “Ni una menos” hacen más que una consigna. Fue la presión social la que dijo basta y permitió que se diera un paso fundamental en un terreno hostil como lo es el poder judicial. Es la primera vez que sucede con un femicidio en Rosario y podrá servir de precedente.
“No es casual que la justicia tome lo que aprobó la ley, sino que es gracias a las luchas de las mujeres que nos organizamos para que esto no suceda más. Es un avance que se haya podido tipificar como femicidio”, indicó en esta sintonía Ana Clara Bordatto, abogada del hijo de Graciela. Junto a Antonella Ferrari buscarán convertirse en querellantes para poder intervenir en la causa. Sobre este punto, Bordatto explicó: “La importancia de la querella da una seguridad para que la causa no se caiga, porque a veces sucede que el Estado empieza bien una causa pero en el medio hay acuerdos que dejan a las situaciones sin resoluciones”. En este sentido, la figura de querellante sirve para impulsar, como parte activa en la causa que investiga el hecho, el interés de la familia y los amigos de Graciela para que haya pena de prisión perpetua con condena efectiva.
El femicida es Ricardo Ratto, hoy detenido en la cárcel de Piñero luego de que fuera imputado y se le dictara prisión preventiva por dos años. En la audiencia imputativa se desligó del hecho. Pero hasta su propio hijo fue quien le insistió para que se entregara a la policía. Después de asesinar a Graciela, Ratto se fugó a la localidad de Peyrano y fue encontrado a los pocos días, luego de que un taxista lo denunciara por no pagar el viaje de más de sesenta kilómetros. “Pensamos que la sentencia va a estar antes de los dos años, por los elementos que hay en la causa”, explicó Bordatto.
Sobre este aspecto también resulta importante que se haya logrado tipificar el caso como femicidio. “Al Estado le falta mucho, por una cuestión de intereses propios. Hay machismo en la formación como profesionales de los jueces y los abogados. Si no se especifican o no integran alguna organización o tienen algún grado de conciencia social, no tienen internalizado que se trata de femicidios”, dijo Bordatto en relación al rol del poder judicial a la hora de investigar estos hechos. “La realidad es que hace falta presión social, pocos funcionarios toman estos casos con la relevancia que realmente tienen. Los toman como hechos aislados y no como una problemática social y real”, agregó.
El grupo de Mujeres en ATE ya atravesó en distintas ocasiones la pérdida de compañeras por la violencia machista. Por estos días, mientras existe la agria satisfacción de poder constituir una querella por el femicidio de Graciela, lo que invade es el dolor por el reciente asesinato de Guadalupe, una niña de 12 años que vivía en Villa Banana y fue hallada violada y sin vida. El femicidio es una problemática extendida y sin distinción de clases sociales, y por eso la pelea por justicia por Graciela Príncipe no es individual, sino parte de un reclamo generalizado hacia todas las víctimas. “Buscamos construir desde el sindicato el acompañamiento a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y el Estado no les garantiza los espacios necesarios. El sindicato es una de las organizaciones donde las compañeras acuden, y nosotros tenemos que fortalecer estos espacios”, indicaron desde ATE en la conferencia realizada en la sede local del sindicato.
Foto: Ate Rosario
