La Defensoría Pública dio a conocer su registro de torturas por parte de las fuerzas policiales durante el año 2015 en Rosario. Desde golpizas en la vía pública hasta el uso de picanas en las comisarías. Los jóvenes varones y pobres, el blanco predilecto.
Por Martín Stoianovich
Las torturas de la policía, más allá de sus uniformes y divisiones, son moneda corriente. En la vía pública, en centros de detención, en unidades de traslado. Golpizas, balas de goma, picanas, submarino seco, quemaduras. El abanico es tan amplio como inabarcable para su registro en relación a los recursos disponibles, para el propio Estado y para las organizaciones de la sociedad civil involucradas en visibilizar esta problemática. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal presentó los resultados de su registro durante el año 2015. En la Circunscripción 2, que integra a la ciudad de Rosario, el informe indica que desde enero a diciembre del año pasado hubo al menos 274 víctimas de distintas prácticas abusivas por parte de diversas fuerzas de seguridad. Reconociendo las limitaciones propias de un Estado que no se destaca por combatir la violencia institucional, desde el SPPDP indican que estas cifras responden a “un pequeño fragmento, la punta de un iceberg que es mucho más amplio”.
“Lo que muestra este trabajo es algo extendido que ocurre de manera sistemática y con características que se repiten”, explicó en la presentación del informe Enrique Font, secretario de Prevención de la Violencia Institucional de la Defensoría Pública. Sucede que muchos de los casos de torturas y malos tratos que ejecuta la policía no son conocidos por el temor a represalias por parte de las víctimas o bien por la falta de recursos disponibles para realizar denuncias. Lo que quiere decir que, más allá de los números concretos que arroja el registro, la realidad indica que existe una cifra en negro desconocida. Pero el trabajo del SPPDP desprende consideraciones que dejan en claro otros aspectos: cuáles son las prácticas más frecuentes, dónde se realizan, y qué tipo de víctimas predominan. “El fin último es la elaboración de políticas institucionales para la prevención y desarticulación de cualquier práctica de violación a los derechos humanos”, aseguran los autores del trabajo.
Algunos puntos precisos del informe permiten desmenuzar el mecanismo de tortura de las fuerzas de seguridad. El 98 por ciento de las 274 víctimas de violaciones a los derechos humanos son varones, total del cual el 68 por ciento refiere a menores de 28 años. Según el informe, y desde la individualización de cada hecho, se concluye que en promedio la edad de las víctimas que se destaca es de 19 años. Otro dato alarmante indica que el 90 por ciento de las 274 víctimas no completaron los estudios secundarios. “Los datos de edad y nivel educativo dan una primera pauta en la regularidad de los destinatarios de violencia institucional que desarrollan las agencias que detentan el uso de la fuerza”, detalla el informe.
“La violencia institucional es selectiva”, agrega Font en este sentido. El informe se orienta a este punto cuando explica que la selectividad “responde a criterios etarios, educativos y económicos y también se manifiesta en determinadas zonas geográficas, caracterizadas por la precariedad, la pobreza y la exclusión social”. El registro indica alguno de los barrios donde se realizan estas prácticas: Fisherton, 7 de Septiembre, Triángulo, Moderno, Matheu, 17 de Agosto, San Martín, Las Delicias y Las Flores. Todos de la periferia rosarina. Sobre los hechos registrados en el centro, desde el SPPDP aseguran que asimismo, más allá del lugar donde se concretaron las torturas, la mayoría de víctimas pertenece a los sectores populares. Este aspecto que arroja el informe abona a la hipótesis que apunta a que el principal blanco del abuso policial son los varones jóvenes y pobres de las barriadas populares.
La saña de la policía también muestra indicadores en los lugares donde predominan las prácticas abusivas. El material indica que el mayor porcentaje de torturas tiene lugar en la vía pública, y luego en las comisarías. De este punto se deduce otro indicador de la realidad: los procedimientos violentos en las detenciones arbitrarias. Un cúmulo de ilegalidades del propio Estado, deteniendo a personas por la llamada “portación de rostro” y aplicando sobre ellas distintas violaciones a sus derechos. Respecto de qué fuerzas son las que realizan estas prácticas, en la zona de Rosario se destacan las distintas divisiones de la policía provincial, con el personal de las comisarías a la cabeza, seguido por el Comando Radioeléctrico.
En relación al tipo de tortura, el 85 por ciento del total corresponde a agresiones físicas durante las detenciones. La mayoría de víctimas aseguró haber sufrido golpizas continúas o golpes. Pero también, aunque en una notable minoría, hay otras prácticas más violentas. Al menos siete casos de picana eléctrica, cinco de asfixia por submarino seco, tres quemaduras y abusos sexuales entre otras modalidades. Pero también se registran agresiones psicológicas, en donde las víctimas son amenazadas, no se les permite contacto con familiares cuando están detenidos o incluso hay maltratos para los propios familiares.
Decían nunca más
En los primeros días de marzo llegaba al SPPDP una denuncia por uso de picana eléctrica a un joven de Villa Banana en la Comisaría 19, de Seguí al 5300. Un caso testigo de una práctica heredada de la última dictadura cívico militar. Sucedió en la Rosario de los 15 casos de gatillo fácil durante el 2015. Sucedió en la Argentina de los miles de muertos a manos de las distintas fuerzas de seguridad en todo el país desde la vuelta de la democracia.
El informe del SPPDP indica que del total de casos registrados, el 59 por ciento concretó denuncias y un 41 por ciento decidió no hacerlas, en su mayoría argumentando temor a represalias. También alegan desconfianza al poder judicial y descreimiento a que algo podrá mejorar en caso de promover una denuncia. Por estos detalles se puede adherir a la idea de la punta del iceberg de la que habla Font. El resto del iceberg podría mostrar más casos pero también una estructura política, judicial y mediática que permite el sostenimiento de este tipo de prácticas.
Los operativos de saturación policial, pedidos a gritos por una sociedad azotada por la violencia, son por ejemplo, una antesala de cada uno de estos episodios de los cuales sólo algunos llegan a ser denunciados. Hace poco más de un año, enREDando contaba los abusos que la Policía de Acción Táctica, en sus operativos de estreno, efectuaba en los rincones del barrio Ludueña.
El monito, de catorce años, relataba cómo un grupo de policías lo encerró, lo tiró al suelo, y le pegó reiteradamente en su torso desnudo con una rama mientras le preguntaban por su hermano, de quince años. Otro, que con disimulo alcanzó a filmar y difundió el video, mostró cómo fue víctima de una violenta requisa. También hablaban de diálogos discriminadores, en donde los policías acusaban de ciruja a un pibe que explicaba que se había comprado su teléfono trabajando.
La ausencia de denuncias judiciales sobre estos hechos se enmarca en la propia realidad que viven las víctimas. Los pibes andan solos por las calles, o están detenidos en un total estado de desprotección. Siempre a merced de la policía y sus herramientas para ser violentos sin que la violencia trascienda. Siempre a merced de la naturalización de estos hechos por parte de la sociedad o de las mismas víctimas. La ausencia de denuncias se explica en el temor a represalias o en la falta de recursos para saber dónde realizarlas. Pero también en la desconfianza al poder judicial. Desconfianza desde el propio sentido común: ¿Por qué una víctima de la violencia que ejerce una fuerza del Estado creerá en el propio Estado para denunciar y revertir esta situación?
“Todavía están los huevos de la serpiente”, decía Norma Vermeullen, Madre de la Plaza 25 de Mayo, en un encuentro de vecinos de Ludueña con referentes de Derechos Humanos y organizaciones sociales realizado en aquel contexto de violencia ejercida por la PAT luego de su desembarco en 2015. Y contaba Norma de la necesidad de que las organizaciones barriales fortalezcan la relación con los vecinos para facilitar las herramientas que el Estado prefiere no brindar. Los hechos pueden trascender, o no. Pero los testimonios están. Y quedan las marcas de la gorra.
