A Belén –ese no es su nombre real- la condenaron por homicidio calificado después de un aborto espontáneo, sin tener siquiera un ADN que confirmara el vínculo filial con un feto que médicos y enfermeros del hospital Avellaneda de Tucumán fueron a buscar a un baño. El grito de Libertad para Belén será una bandera de la movilización Ni una menos del 3 de junio. Por qué su encarcelamiento es un peligro para todas.
Por Sonia Tessa
[dropcap]B[/dropcap]elén tenía 25 años cuando la decisión de unos médicos le cambió rotundamente la vida. En la noche del 21 de marzo de 2014 fue al hospital Avellaneda de Tucumán para tratarse por un fuerte dolor de panza. En la historia clínica dice que sufrió un aborto espontáneo de un embarazo de 22 semanas. Sin embargo, la maltrataron, le dijeron que un feto que los profesionales del centro de salud habían ido a buscar al baño era “su hijo”. Era un feto de 32 semanas. Nunca hubo un ADN que corroborara el vínculo, pero el 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de su provincia la condenó a ocho años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía”.
Belén lleva más de dos años presa. Más de 750 días. Desde que la situación se hizo pública, la consigna #LibertadaBelén se viralizó en las redes sociales, hay una campaña de Amnistía Internacional y el 3 de junio la marcha “Ni una menos” recorrerá el país reclamando el cese de la violencia institucional contra Belén. Nada de eso alcanzó para que Belén vuelva a su casa. A Belén le tocó no sólo caer en las garras del sistema de salud –en las instituciones públicas, los sectores más fundamentalistas de la iglesia se obstinan en ocupar lugares de decisión, para tomar medidas como ésta- sino también de una justicia patriarcal que desconoce, incluso, los tratados internacionales con rango constitucional que son ley en la Argentina en 1994.
Belén lleva más de dos años presa. Más de 750 días. Desde que la situación se hizo pública, la consigna #LibertadaBelén se viralizó en las redes sociales, hay una campaña de Amnistía Internacional y el 3 de junio la marcha “Ni una menos” recorrerá el país reclamando el cese de la violencia institucional contra Belén.
Para ellos, Belén no es sólo una mujer. Ella se convirtió también en un dispositivo de disciplinamiento para todas las mujeres del país. Si ella, con un aborto espontáneo en curso, fue criminalizada de esa manera, ¿cómo haría cualquier mujer que hizo un aborto con pastillas y necesita terminarlo en un hospital, o aquella que recurrió a una práctica abortiva clandestina, o a una matrona del barrio, para concurrir a algún centro de salud sin terror a quedar presa? Por eso, en la detención y condena de Belén, no hay ninguna ingenuidad de parte de sus perpetradores. No se les escapó, no fue sólo una cuestión de “convicción” momentánea. En ese encarcelamiento, los sectores fundamentalistas centran sus esperanzas de dejar sin efecto en los hechos el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 13 de marzo de 2012 estableció una interpretación amplia del artículo 86 del Código Penal, al considerar que el aborto no es punible cuando hay riesgos para la vida o la salud de la mujer, o cuando es producto de una violación. Y además, la Corte Suprema determinó, entonces, que ningún profesional de la salud debía recurrir a la justicia para garantizar la práctica. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), donde se establece en detalle cómo garantizarlo.
Desde 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto instaló el debate. Al menos cuatro veces presentaron proyectos de ley para la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, y sin límite de tiempo cuando se trata de causales de salud. Una versión mejorada de ese proyecto de ley volverá a ingresar este 28 de mayo, en coincidencia del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres. El proyecto nunca fue tratado en las comisiones de Diputados, aunque en la última presentación tuvo el aval de 60 firmas de diputados y diputadas de distintos bloques.
Nada de eso alcanzó para que Belén pudiera salir en libertad. Los centros de salud no tienen por qué ser lugares inseguros para las mujeres, pero la presencia de servicios de Ginecología completos que se amparan en la objeción de conciencia para negarles a las usuarias la única posibilidad de interrumpir sus embarazos sin riesgos es también una realidad. Por eso, para hacerse visibles y también hacer visibles a quienes violentan a las mujeres, desde 2014 existe una Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que congrega a centenares de profesionales de todo el país. Son personas que desde el sistema de salud pública se ocupan de garantizar que las mujeres puedan decidir sobre el embarazo, al entender que el concepto de salud incluye el plan de vida.
Y el activismo de Socorristas en Red, un conglomerado de colectivos de distintos lugares del país que acompaña a mujeres para abortar con pastillos sin red, también hace su aporte para reducir los riesgos. Pero hay que llegar a ellas: conocer el teléfono, tener una amiga que te lo pueda facilitar, encontrarlas.
No alcanza. En la Argentina es necesaria una ley que legalice el aborto, la penalización es “la gran deuda de la democracia con las mujeres”, según indican pensadoras como la antropóloga Mónica Tarducci. Belén no es la única mujer argentina presa por aborto, aunque lo emblemático de su caso la haya convertido en una bandera. “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una mujer imputada por aborto -cuando su caso estaba enmarcado en un centro de salud porque podía afectar su salud y ella vivía una situación de violencia- pero, tras el aborto, la mujer se separa y su ex marido la denuncia a ella y a las profesionales que la atienden. También hay otras cinco mujeres en todo el país con causas abiertas. En Villa Dolores, Córdoba y en Ushuaia hay dos procesos (del 2013 y del 2010) por aborto, y se está esperando la fecha de los juicios. Se está pidiendo la nulidad de los procedimientos. En San Juan y en Jujuy hay dos mujeres imputadas por homicidio agravado por el vínculo porque se las acusa de haber interrumpido embarazos avanzados. Las dos estuvieron presas”, publicó la periodista Luciana Peker en el suplemento Las 12, con datos brindados por Florencia Maffeo, integrante de Socorristas en Red, de Morón, y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El artículo 88 del Código Penal establece que “será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”. Es por eso que el fiscal Washington Dávila decidió, en el caso de Belén, cambiar la acusación a una más grave, porque si la acusación era por aborto, después de haber pasado ilegalmente dos años en prisión preventiva, Belén saldría en libertad. Y es necesario tenerla presa porque se trata de una penalización expresiva: su detención es un potente mensaje para todas.
Desde la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos internacionales, aseguran desde hace años que la criminalización de las mujeres que abortan tiene un solo efecto: provoca muertes. Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional llevan adelante campañas para legalizar el aborto en los países de América Latina donde las cifras de mortalidad de mujeres gestantes son elevadas. En la Argentina es de 3,1 por cada 100 mil nacidos vivos, cuando el país se había comprometido a bajarlo un 75 por ciento para 2015 dentro de los Objetivos del Milenio. No lo logró.
Al encarcelar a Belén, esta cifra corre el riesgo de aumentar. Si una mujer teme salir presa del lugar donde va a buscar asistencia, es probable que estire, o evite, pedir ayuda. Y puede morir. Así de extrema es la situación. “No vuelvo ni loca a un hospital”, dijo Belén.
“Es muy importante ver la deshumanización en la atención médica y un entramado que compromete en una misma dirección de condenar a quien llega con un aborto en el delito que fuera. Porque la verdad es que se forzaron los tipos penales y las calificaciones como quisieron. Pero hay una condena moral que subyace y que es parte de un entramado que compromete al sector de la salud, a la policía y al poder judicial. Acá hubo todo un proceso judicial. Belén salió presa del hospital y está presa hasta el día de hoy”, explicó en distintos medios Soledad Deza, la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir que asumió la defensa de la joven tucumana. La profesional pidió la nulidad de la condena firmada por los jueces Dante Ibáñez como presidente de la Cámara y Rafael Macorito y Fabián Fradejas como vocales.
En la Argentina se interrumpen entre 370 y 522 mil embarazos por año. “Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron 47.879 egresos hospitalarios por aborto en el país, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años. En 2012 murieron en nuestro país 33 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes menores de 20 años y 7, jóvenes de entre 20 y 24 años (DEIS, 2013). En 2013, el 50% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas nueve de adolescentes de 15 a 19 años (DEIS, 2014)”, dice el Protocolo ILE, documento oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
Es decir que el aborto es una realidad palpable. Es la decisión que toman cientos de miles de mujeres en el país ante embarazos no deseado. Decisión legalizada en países modélicos como los europeos, desde los años 70.
Por eso, Belén debe ser un grito incesante hasta que salga en libertad. Y para que se legalice el aborto. Si los escarceos entre funcionarios del gobierno nacional y el papa Francisco llevan a que se abra el debate, como lo hizo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, bienvenido sea. Pero no como prenda de negociación que vuelva a sacrificar la vida y la salud de las mujeres.
Hace más de 750 días que Belén está presa en la Unidad Penitenciaria 4 de Tucumán. Cumplió los 26 años y los 27 en esa situación. ¿Su delito? Un aborto espontáneo. ¿La causa? Una oportunidad para ciertos sectores de enviar un potente mensaje aterrorizante a las mujeres. Que sea como un boomerang.
