Los trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia ubicado en Villa Moreno y vecinos y vecinas del barrio siguen esperando una respuesta del Estado provincial en pos de lograr la reapertura de la institución. El Caj fue cerrado hace dos meses por decisión del gobierno nacional, en el marco del vaciamiento de áreas vitales e inclusivas que emprendió el presidente Mauricio Macri desde que asumió.
Por María Cruz Ciarniello
Cuando el Estado decide abandonar su presencia inclusiva en los barrios, las consecuencias son devastadoras. Esto sucedió en los años 90 bajo el gobierno neoliberal encarnado por Carlos Menem y está comenzando a ocurrir nuevamente en Argentina, con la nueva gestión del gobierno del empresario Mauricio Macri.
Despidos masivos en el Estado y otros tantos en el sector privado marcan el ritmo acelerado de la desocupación. Según cifras brindadas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en abril 14 mil trabajadores sufrieron la pérdida de su trabajo o una suspensión. El número asciende a 154 mil desde la asunción de Mauricio Macri. En nota publicada en el portal de la radio de la Universidad Nacional de Rosario, se indica que hasta el 30 de abril de 2016, 139.874 trabajadores fueron despedidos y 14.912 suspendidos. El ascenso en comparación con el 31 de marzo es del 9,36 por ciento. (Ver nota)
En los barrios, las políticas de ajuste golpean donde más duele: en la alimentación para niños y niñas y en lo flacos bolsillos de las familias que además, se han quedado sin trabajo. Esto comienzan advertir militantes sociales que están al frente de los centros comunitarios, curas tercermundistas y trabajadores del Estado que desempeñan sus tareas en los comedores escolares.
Jamás el mercado será el que garantice la igualdad ni la justicia. Y cuando al Estado lo gobiernan los intereses empresariales más concentrados del país, la balanza solo se inclina para un solo lado.
En Villa Moreno funcionaba uno de los Centros de Acceso a la Justicia que dependían del Ministerio de Justicia de la Nación. Cumplía una función primordial: acercar a los vecinos y vecinas de Moreno y de tantos otros barrios de Rosario y alrededores, la posibilidad de acceder a una justicia integral. Lo decíamos en notas anteriores de nuestro medio: el Caj de Moreno era vital para la integración de un barrio marcado por el dolor y la muerte de sus pibes. A pocos metros de la institución fueron asesinados en la madrugada del 1 de enero de 2012, Jeremías Trasante, Claudio Suarez y Maximiliano Rodriguez. Fue el desesperado reclamo por justicia para estos jóvenes -quienes militaban en el Movimiento 26 de Junio- el que dio nacimiento al CAJ.
Lo cierto es que desde la asunción de Macri al gobierno, la continuidad de la institución comenzó a verse amenazada. El panorama en otros ministerios indicaba que el cierre podía ocurrir en forma inminente. El desfinanciamiento de programas sociales, de derechos humanos y educativos así como el despido de quienes ponían el cuerpo en estas áreas era un indicio claro y evidente de que el acceso a la justicia para los sectores populares podía dejar de ser una prioridad para el gobierno nacional. Y así lo fue. Los trabajadores del CAJ de Villa Moreno fueron notificados hace dos meses del cierre de la institución y por supuesto, de la pérdida de su fuente laboral.
Así comenzaron las asambleas con los vecinos y vecinas y hasta incluso, los trabajadores continuaron brindando atención, con las puertas abiertas del CAJ aunque no cobrarsen sus salarios. Sostener esta dinámica se hizo cada vez más dificil con el trascurrir de los días. A la par, comenzaron las gestiones para que sea el gobierno provincial o la Municipalidad de Rosario el que pudiera hacerse cargo del sostenimiento de la institución, teniendo en cuenta la importancia y la red de articulaciones con otras dependencias del Estado, tanto provincial como municipal.
A pesar de la urgencia, las respuestas demoran en llegar. Por ello, desde el barrio tomaron la decisión de movilizarse el pasado miércoles 11 de mayo frente a las puertas de Gobernación con el objeto de solicitar una audiencia urgente con las autoridades a fin de viabilizar una solución al conflicto.
“Hoy seguimos sin ningún tipo de respuesta. Esperamos que al menos la provincia sea el mediador para que los tres niveles puedan coordinadamente hacerse cargo de la institución. Si bien trabajamos para la Nación, la red de articulaciones con las instituciones era mayormente de la provincia y el municipio. Por eso, esperamos que el gobierno provincial pueda hacerse cargo de la institución y de los trabajadores del CAJ. Somos solo 4 no 100”, señalaba Catriel Alvarez, encargado de las tareas administrativas del Centro de Acceso a la Justicia.
Eugenia Rafanelli es psicóloga. El trabajo en el CAJ siempre fue interdisciplinario. Junto a una abogada y a una trabajadora social, atendían múltiples demandas y consultas. Por ello, el vínculo con muchas otras organizaciones e instituciones del Estado era vital.
“No tuvimos ninguna respuesta concreta. Manifestaron la posibilidad de entablar un diálogo pero a dos meses todavía no tenemos nada claro. No hubo ninguna propuesta concreta de cómo pueden hacerse cargo y no vemos que haya intenciones de resolverlo en lo inmediato. Por eso nos movilizamos con los vecinos para poder instalar esta idea con fuerza: necesitamos una respuesta inmediata”, sostuvo Eugenia.
“Hace dos meses fuimos despedidos. Durante el primer mes estuvimos trabajando pero la realidad es que se nos hizo muy cuesta arriba, seguimos yendo pero hacemos una guardia mínima”, agregó otra de las trabajadoras del CAJ, la abogada Jésica Venturi.
El respaldo del barrio fue inmediato. Las reuniones en asambleas son las que actualmente van definiendo las estrategias de la lucha. “Sentimos que la falta de respuestas es un ninguneo”, apuntó con claridad, Venturi. “Muestra un desinterés por parte de las autoridades, esta es la sensación. El conflicto fue instalado desde el primer momento, por eso no cabe la posibilidad de que no conozcan la situación. Se hicieron presentaciones tanto en el Concejo como en la Legislatura provincial”, puntualizó Eugenia.
Cuesta entender porqué el gobierno de la gestión socialista aun no ha definido un plan concreto de continuidad de un espacio que no requiere demasiado presupuesto. Apenas un alquiler mínimo de la Capilla que ocupan, el salario de 4 empleados e insumos básicos para el funcionamiento. La militancia y la vocación de quienes vienen desempeñando las tareas en el CAJ aportan lo más necesario: el compromiso con el trabajo y con la defensa de los derechos humanos.
“No podemos entender porque no toman este lugar, teniendo en cuenta todo lo que venimos diciendo, de que muchas instituciones necesitan del CAJ. Sinceramente no hay lugares que suplan lo que hacíamos”, remarcó Catriel.
Los Centros de Convivencia Barrial, los Centros Preventivos Local de Adicciones, la Mesa de Anclaje Territorial, los Centros de Salud del barrio, el Programa Municipal de Prevención y Asistencia de Adicciones, el Sedronar, el Centro de Asistencia Judicial de la provincia, el Area de diversidad sexual, de la Mujer y la Dirección de políticas de género, además de escuelas y clubes de barrio, han sido algunas de las tantas instituciones con las que el CAJ se ha vinculado.
Para Eugenia, la ausencia de respuestas evidencia las prioridades que tienen los gobiernos. El acceso a la justicia para los sectores populares parece no estar entre ellas. “Quedó claro que hubo en el gobierno nacional una intención clara de avasallar contra todas las políticas que tenían que ver con la inclusión social y con la garantía de derechos fundamentales. El problema grave es que tanto el municipio como la provincia estan mostrando una política que termina siendo consecuente con eso, con no darle prioridad a políticas que son esenciales”, puntualizan hoy lxs laburantes que no solo reclaman por su trabajo sino por la continuidad de una institución que garantizaba derechos e intentaba ofrecer respuestas a los vecinos y vecinas ante diversas situaciones que atravesaban.
Y Jésica señaló con contundencia: “Que haya sido una institución de Nación no excusa a los gobiernos locales intervenir, involucrarse y garantizar la reapertura de la institución”.
Al día de hoy, esperan por el cumplimiento de la promesa que dieron funcionarios del Ministerio de Justicia de la provincia a los fines de concretar la necesaria reunión para implementar una estrategia que posibilite lo que tanto se desea y sueña desde las entrañas de Villa Moreno: que el CAJ vuelva abrir sus puertas para toda la comunidad.
