El Taller Ecologista, Paraná no se Toca, Observatorio del Sur, Paren de Fumigarnos y Greenpeace alertan sobre el peligro que significaría para la salud de la población y del ambiente de la provincia la aprobación por el senado del proyecto de ley conocido como “Ley Bertero” (expte. Nº 31888 CD). Las organizaciones socioambientales exigen a los senadores provinciales que rechacen el tratamiento de dicho proyecto, por ser regresivo y violatorio de los derechos humanos fundamentales.
El proyecto de ley que fue presentado por la diputada socialista Inés Bertero obtuvo media sanción en la cámara baja en octubre pasado y fue ampliamente repudiado por organizaciones sociales y ambientales, incluso fue cuestionado por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
La iniciativa de Bertero reduce el límite para fumigaciones aéreas y terrestres. Este cambio atenta contra los derechos adquiridos que tutelan la salud y el ambiente de la población santafesina. En la nota, dirigida a los senadores, recordaron que la producción agroecológica es una alternativa de producción viable y que al respecto hay un proyecto pendiente de tratamiento en la legislatura provincial.
“El proyecto de la diputada Bertero es regresivo y violatorio de los derechos humanos fundamentales, no podemos ir para atrás, por el contrario es urgente frenar las fumigaciones con agrotóxicos sobre la población”, expresaron las organizaciones, que desde hace años luchan para lograr una norma superadora.
En el marco de este repudio generalizado al proyecto que está logrando la atención de los legisladores, llamaron a la ciudadanía a peticionar para que NO se dé tratamiento al proyecto y que se priorice la protección de los intereses y derechos fundamentales por sobre los intereses privados, “como son el velar por la salud pública, la vida, el ambiente y el bienestar de toda la población”, sostienen en la nota dirigida a los senadores.
“La aprobación de esta ley es un hecho crucial para toda la población y puede generar un mal antecedente para otras provincias que atraviesan la misma problemática. Es urgente adecuar la normativa que atrasa más de 20 años en relación al modelo productivo vigente. ¿Hasta cuándo nuestros legisladores van a apoyar los intereses sojeros?”, afirmaron.
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