Se realizó el pasado 8 de abril una histórica audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue peticionada por diversas organizaciones que integran la Coalición por Una Radiodifusión Democrática. El objetivo: que el gobierno nacional dé explicaciones sobre los decretos que avasallaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cómo estas medidas afectan la libertad de expresión y refuerzan la concentración de medios en nuestro país.
Por Florencia Roveri
A pedido del CELS, FARCO, la REDCOM y otras organizaciones integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática el pasado viernes 8 de abril se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con representantes del gobierno nacional para que den cuenta de los efectos de los Decretos de Necesidad y Urgencia con los que el presidente Macri anuló los órganos de regulación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital y cómo estas medidas afectan la libertad de expresión y refuerzan la concentración de medios en nuestro país.
Las preguntas quedaron sin responder.
La audiencia titulada “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina” se realizó en el marco del 157 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se origina en un pedido “para que el gobierno nacional explique los decretos que disolvieron organismos con participación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo”. También a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones”.
La petición alude a la creación por Decreto 267/15 del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) que desplazó a las autoridades de aplicación de dos leyes fundamentales de la regulación de las comunicaciones como son el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como otras modificaciones que afectan los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión propuestos por la CIDH, que hoy no están siendo respetados hoy en nuestro país.
En nombre de los peticionantes hablaron Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Legales y Sociales, Martín Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes, Damián Loreti también del CELS y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMMARC), Daniel Badenes de la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM), Néstor Busso del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y de ALER y Ana Jaramillo de la Universidad Nacional de Lanús. En una segunda etapa de ponencias, sumaron sus voces Oscar Nocetti, en representación de 3000 cooperativas del interior, y Osvaldo Francés de la Asociación de Radios de Buenos Aires y el Interior de la Argentina.
El gobierno nacional estuvo representado por Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la CIDH, Eduardo Bertoni, Director Nacional de Protección de Datos Nacionales y ex Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH y Miguel de Godoy, presidente del ENACOM. Estaba presente en la mesa, pero no tomó la palabra, Silvana Giudici, directora del ENACOM, recordada por su férrea oposición a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los debates previos a su aprobación.
Los peticionantes abordaron desde diferentes enfoques las afectaciones de derechos, legalidades e institucionalidades que los decretos generaron. Inició la presentación Verbitsky quien destacó que la comisión se encuentra conformada por representantes de actores sociales que históricamente bregaron por una ley para una radiodifusión democrática, movimiento que “inicia su recorrido terminada la dictadura y que se aceleró en la última década”. Verbitsky hizo mención a la importancia de esta audiencia en Argentina, seguida en ese momento “vía streaming en centenares de lugares, cooperativas, centros comunitarios, organizaciones de ddhh, sindicatos, universidades, hasta en el Congreso de la Nación, porque esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa que además garantiza en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil. El impacto de su anulación por decreto ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia, también.”
Luego tomó la palabra Martín Becerra, académico especialista en el análisis de políticas de regulación y concentración de medios, y crítico de los aspectos pendientes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La concentración de la comunicación es un problema clásico. Se trata de un sector que tiene una tendencia inherente a la concentración por sus economías de escala, de gama, por sus costos físicos, por la escasez de recursos que usa como plataforma para la distribución de contenidos. Ese problema ha reclamado históricamente respuestas normativas y políticas que busquen atenuar la concentración”. Becerra destacó que “la singularidad del recurso de la información hace que estas respuestas normativas no se vean satisfechas con la intervención en las áreas de defensa de competencia” y destacó la determinación de la Corte Suprema de la Justicia en 2013 “que definió como obligación inexcusable del estado generar políticas de estímulo al pluralismo y en consecuencia de restricción de la concentración”.
Informó Becerra índices que grafican la concentración en Argentina, cuyo niveles son altos. “Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. Y en la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está también controlado por dos grupos”. Becerra indicó que “las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración”. Para Becerra la audiencia “tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante no sólo porque agrava el problema de la concentración sino, además, porque decretó con la creación del ENACOM una completa gubernamentalización de la aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
A su turno, Damián Loretti enumeró los estándares internacionales de Derechos Humanos violentados por el decreto: “En primer lugar, la autarquía de la autoridad de aplicación, ya que se estableció al Ministerio de Comunicaciones como titular de derechos de la AFSCA y del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (COFECA), cuya composición incluía distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, entre otros. En segundo lugar, la eliminación de la obligatoriedad de reglas de “must carry” (obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros) al determinar que las empresas de TV por cable sean consideradas como servicio de telecomunicaciones, lo cual vulnera las condiciones de acceso de la población”. La ley 26.522 imponía a los operadores de cable obligaciones, ahora derogadas, en relación a la producción y transporte de señales locales y grilla de programación, favoreciendo la pluralidad de voces. “Por último, el principio de legalidad de la medida regulatoria, ya que se modifica una ley aprobada por el Congreso mediante un decreto presidencial”.
Daniel Badenes, de REDCOM subrayó que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal. “Se pasó de una autoridad de aplicación plural, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia”. Además señaló que el mecanismo de prórrogas automáticas de las licencias impacta en los proyectos de radio en universidades y dificulta el desarrollo y uso del 33% del espectro atribuido a organizaciones sin fines de lucro por la Ley SCA.
Néstor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que “mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorrogan en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable- están demorados”. Busso recordó “la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión, que recomienda a los Estados ‘crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos’. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión”.
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión, entre otras cuestiones. Más tarde sumaron sus voces a los peticionantes Osvaldo Francés, en representación de los radiodifusores privados, quien afirmó que la desaparición de la obligación del “must carry” para los cableoperadores de la nueva reglamentación “conlleva a la desaparición de estos canales locales y la pérdida de fuentes de trabajo en el corto plazo, hechos que ya se están produciendo” y Oscar Nocetti, cooperativista, quien destacó que los decretos “desguazan el carácter antimonopólico de la ley”. “Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales, quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas”.
En nombre del Estado argentino inició la presentación de la comisión Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos. “Desde el 10 de diciembre, la confrontación con el periodismo ha terminado en Argentina”, sentenció Avruj, quien además resaltó el “compromiso de Mauricio Macri para restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”. Avruj definió a la audiencia como una oportunidad para exponer detalles de estas transformaciones y no olvidó destacar que estas transformaciones se están haciendo por mandato popular, en clara alusión al resultado electoral y a la reciente validación que los decretos obtuvieron en la Cámara de Diputados. A la vez mencionó la futura presentación de proyectos de acceso a la información pública y de regulación de la publicidad oficial.
Luego Santiago Cantón manifestó, en un fallido, que “es esencial ver el contexto en el cual se producen las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión, que llevó al actual gobierno a cambiar prácticas”, para luego detallar distintos ejemplos, todos tomados del reciente Informe 2015 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, como explicitara más tarde el relator Edison Lanza, en la que se consignaron “persecución a medios y periodistas, discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial y uso indebido de la cadena oficial, entre otras cuestiones” enumeró Cantón. Mencionó una campaña impulsada para perseguir a periodistas y medios de comunicación, especialmente contra diario de gran circulación. “Ahora ningún jefe de gabinete va a romper un diario frente a las cámaras”, destacó.
Bertoni señaló de qué modo respetaría los estándares internacionales un proyecto que estaría en elaboración por parte del oficialismo para reemplazar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El nuevo marco regulatorio que se propone es acorde con el derecho internacional” anunció y agregó que “la base del proyecto busca facilitar acceso a los medios y tecnologías de la información y la comunicación mediante criterios democráticos; garantizar la diversidad y pluralidad de contenidos; reservar el 33% del espectro a entidades sin fines de lucro; garantizar el pluralismo político y religioso; y asegurar participación ciudadana”.
Por último Miguel de Godoy manifestó que “si no se piensa una política de convergencia, se limita la libertad de expresión. Es imposible pensar el futuro mirando la realidad por un espejo retrovisor”. Expresó la voluntad de convocar a los distintos sectores, así como de reunirse con los peticionarios de la audiencia para llegar a un acuerdo para la elaboración del marco normativo, a la vez que señaló que se esperan los aportes de la CIDH.
Luego de ambas presentaciones el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, vicepresidente de la CIDH, señaló que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. Lo siguió el Relator Especial Edison Lanza, quien manifestó su preocupación por determinados aspectos de los decretos. Sobre el ENACOM, el Relator afirmó que su composición y atribuciones “prima facie, como está hoy diseñado, no cumpliría con estos estándares, debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica”. Lanza también se refirió a “la preocupación especial que tiene la Relatoría, la Comisión y la Corte [Interamericana] que acaba de decir en la sentencia del caso de RCTV que la búsqueda de la diversidad y el pluralismo es una finalidad imperiosa también, y una obligación de los Estados. Particularmente nos preocupa la obligación que tiene el Estado de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, sean estos comerciales, públicos o comunitarios. En ese sentido, el tratamiento que se le da actualmente a la televisión por suscripción en Argentina, que es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a la televisión por suscripción, y la desaparición de las reglas del deber de transmisión pueden afectar justamente a algunos sectores de la comunicación”.
La Audiencia incluyó un ida y vuelta más entre peticionantes y gobierno. Miguel de Godoy, celebró la audiencia, invitando al diálogo, y asegurando haber aprendido de las presentación y voces de los comisionados, sin responder a la denuncia de afectación en ninguno momento. Verbitsky “lamentó que el gobierno no responda a los interrogantes, más que haciendo un descargo político, respetable pero impertinente. Responder con la proyección de una norma a futuro es una “expresión de deseo”, es hablar de un proyecto que aún no se conoce”. En cambio, afirmó, “la legislación transitoria (en referencia al DNU 267/2016) tiene efectos jurídicos actuales”.
La lectura que actores sociales y políticos hicieron de la audiencia acuerda en que los peticionantes realizaron una acertada, afinada y elevada presentación de los argumentos por los cuales la libertad de expresión está siendo afectada en nuestro país a partir de las medidas políticas del gobierno. A la vez en su mayoría definieron como vagas, y evasivas las explicaciones de los representantes del gobierno, destacando en su mayoría, las preguntas formuladas por Eguiguren.
Como señala en su comunicado posterior a la audiencia “los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Nada de eso ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.”
Foto: (https://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157666919617925/with/26217606152/).
Fuentes consultadas:
Cobertura de FARCO (con fragmentos de los audios)
Cobertura de OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia). Incluye enlaces a las presentaciones de los peticionantes en formato texto.
