El estado de las comisarías y penales de Rosario y la región es alarmante. A los privados de la libertad también se los priva de todos sus otros derechos. La Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia y los propios detenidos se organizan.
Por Martín Stoianovich
Botellas de plástico vacías y abolladas, sobre el suelo sucio, húmedo. Paredes lastimadas, también con manchas de humedad. Una suerte de almohada de goma espuma con una funda tan fina como percudida. Frazadas destrozadas. Instalaciones eléctricas con cables pelados a la vista, al alcance de la mano. Lentejas en remojo dentro de un recipiente que reposa en el suelo, al lado de una olla más grande que en su interior tiene pedazos de huesos con algunos restos de carne, también en remojo en un agua rojiza y tibia. Una bolsa con papas y zanahorias, apoyada en el piso al lado de otra bolsa rota en la que varios trozos de pan se endurecen al aire. Detrás, baldes de helados vacíos que sirven como tapers. Pollo y carne de vaca en bolsas, reposando a temperatura ambiente sobre la mesada. Una heladera prácticamente vacía con más trozos de carne perdiendo color y ganando olores. Plásticos sucios y vacíos por todos lados en la cocina. El baño con un inodoro rodeado por un charco de agua marrón como base de la humedad que trepa por las paredes hasta el techo. Un pedazo de goma espuma pelada como colchón. Todo entre rejas.
El relato lo construye lo que queda a la vista al recorrer las comisarías de Rosario. La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), un organismo de Derechos Humanos rosarino, visita frecuentemente penales y comisarías de la región. Con el fin de conocer la realidad que viven los internos pero también con el objetivo de realizar junto a ellos actividades que puedan generar algo superador a la soledad y el aislamiento que llevan las detenciones. En los últimos días recorrieron las comisarías 1ra y 7ma de la ciudad de Rosario, donde a través de un registro fotográfico dejaron plasmado el estado de cada lugar. Lilian Echegoy, referente de la CTC, asegura a enREDando que las pésimas condiciones de estas comisarías se extienden a todas las que hay en la ciudad y también alcanza a los penales de la región.
“Estamos resolviendo cuestiones que debe resolver el Estado. Pero lo hacemos por los presos. No somos mediadores, estamos de un lado”, dice Echegoy dejando en claro una postura basal de la CTC. “Traspasemos los muros del silencio”, reza el lema de la organización. Comenzaron a trabajar en los noventa y vienen desde entonces interviniendo oficialmente por los derechos de los privados de la libertad. Con el paso del tiempo se han convertido en lo que para los internos, en muchas ocasiones, son la única forma de hacer oír las necesidades que crecen como carencias y se transforman en derechos vulnerados. “Es una pelea para sobrevivir. Vas viendo el deterioro de las personas con el paso de los años. La prisión tiene patologías propias porque son espacios reducidos que condicionan todo, desde la alimentación hasta el lugar por donde se mueven”, explica Echegoy.
El trabajo de la CTC alcanza comisarías pero también los penales del Servicio Penitenciario, como los de Piñero y Coronda. El reflejo siempre es el mismo: personas sobre las cuales recayó la ley por delitos cometidos privándolas del derecho a la libertad, pero inmersas en un mundo donde la cotidianidad va despojando el resto de los derechos. Hambre, frío, falta de salud, malos tratos, abusos. Una cotidianidad de la cual se debería hacer cargo el Estado y quizás esta sea su manera de hacerse cargo. Desde la CTC profundizan en esta complejidad: ¿por qué el Estado priorizaría en los derechos de los privados de la libertad si la misma opinión pública arremete contra ellos con toda crueldad?
“Es una intencionalidad política, porque a la opinión pública lo que menos le importa es el estado de un detenido. La política se maneja en base a la opinión pública, y si en la calle se escucha que hay que matar a todos, imaginate qué importancia pueden tener”, analiza Eloy Quintana, también integrante de la CTC. Esta preocupación se consolida en la sociedad. El contexto de violencia genera por consiguiente el fuerte impacto en la sociedad que requiere a los gobiernos mayor seguridad y la seguridad implica, por naturaleza del sistema, la mano dura en diversas expresiones: policía feroz en las calles, nuevas cárceles, decretos y leyes que amparan a un discurso para nada casual. La desigualdad social como origen de esta problemática no tendrá lugar en el escueto análisis de los conductores del sistema a la hora de hacer política con la ideología de la opresión.
“Es llamativo que nunca se piense un poquito más que al corto plazo. Está claro que para este engranaje y para frenar el sistema de exclusión, marginalidad y delincuencia hay que hacer algo con la gente en situación de vulnerabilidad”, agrega Quintana. Y resume: “La única decisión política es el encierro”.
La única decisión política es el encierro. El gobierno provincial admite su deuda y renueva, con cada nuevo mandato, la promesa de “recuperar y poner en condiciones a las comisarías de la provincia”. Las comillas son propias de una declaración del gobernador Miguel Lifschitz a cuatro días de asumir en diciembre pasado. Dijo que recorrió distintas comisarías y que propondrán “un plan a corto y mediano plazo”. El recorrido lo hizo junto al actual ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el secretario de Seguridad, Omar Pereyra; el secretario de Análisis y Articulación de Procesos, Eduardo Estévez; los jefe y subjefe de la Policía de la provincia, Rafael Grau y José Luis Amaya, respectivamente; y el jefe de la Unidad Regional I, Adrián Rodríguez. Y hablaron de seguridad pública. La repetición no cansa cuando es certeza: la única decisión política es el encierro. No hablaron de Derechos Humanos. No hubo funcionarios de Derechos Humanos. La intervención estatal se mantiene dentro de la lógica de la seguridad.
Esta lógica alcanza hasta a la juventud. El Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) ha sido blanco de las más duras críticas por parte de distintos organismos de Derechos Humanos que consideran al gobierno provincial como principal responsable. Murieron chicos dentro de un espacio creado para “recuperar” a los jóvenes. Murieron decenas de chicos que salieron de ese mismo espacio. “El IRAR es terrible. Es una de las deudas más grande que tiene este gobierno y los que vienen detrás. Cuando asumió Binner dijo que lo iba a cerrar. Es una cárcel de menores, y las cárcel de menores no son legales”, dice Quintana. Lo dice con la simpleza que implica esta realidad: no puede haber menores presos. Para la ley no lo están, pero viven como tales. Comen mal, duermen mal, no hay vida ahí adentro. “Es nulo el porcentaje de reinserción del IRAR, no se puede no hacer una autocrítica de eso”, apunta Quintana. Un relevamiento del Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo, alcanzó a contar 55 jóvenes muertos después de salir del IRAR.
Echegoy pone sobre la mesa cuestiones tan sencillas como alarmantes. La limpieza de los espacios, muchas veces extremadamente reducidos, en los cuales los detenidos pasan sus días, es por ejemplo una inquietud constante. “Allí reciben las visitas de sus madres, de sus mujeres”, dice y cuenta que ni siquiera les habilitan los materiales necesarios para mantener la limpieza mínima. Pero la realidad que viven los privados de la libertad no sólo se ve afectada por las malas condiciones de estos lugares, sino también por lo que sucede allí adentro. Los malos tratos son constantes. Desde lo físico hasta lo psicológico. Esto se traduce en una lamentable ecuación: hay abusos, no hay denuncias por el miedo a represalias, y como resultado los maltratos continúan. Actualmente, en Rosario hay más de doscientos detenidos en comisarías que viven así.
Cuando se organizan
La CTC dio a conocer en los últimos días un comunicado centrado en la situación de la cárcel de Piñero y de la Unidad 3 de Rosario. Presos de distintos sectores de ambos centros de detención estuvieron en huelga de hambre desde el 22 de febrero.
Sobre Piñero, el informe indica que hubo aproximadamente doscientos presos manteniendo la huelga de hambre en reclamo por las condiciones en las que viven. Se organizan y a través de delegados transmiten sus demandas. Las cifras hablan por sí solas: hay pabellones con más de cuarenta y hasta setenta internos. Los pabellones 1, 3, 4 y 6 tomaron estas medidas, según el informe de CTC por “los malos tratos que reciben sus familiares por parte del personal en el momento de la visita y las precarias condiciones en las que se encuentra el espacio donde los familiares tienen que pasar muchas horas esperando”. También hablaron de abusos de autoridad, falta de suministros de limpieza, malas condiciones de infraestructura y comida en mal estado.
Por otro lado demandan una verdadera presencia estatal a través de iniciativas que permitan la prácticamente utópica “reinserción a la sociedad”. Piden talleres de oficio que al menos los nutra de conocimientos para adquirir así una herramienta de trabajo. En la Unidad 3 de Rosario los reclamos pasan por el mismo lado: falta de atención médica, retrasos en traslados, poco trabajo y talleres de formación.
