Mientras el presidente Mauricio Macri remarca su compromiso de generar trabajo para terminar con la pobreza, y el gobernador santafesino Miguel Lifschitz anuncia una vez más el fomento a la producción y el empleo, miles de trabajadores industriales del sur santafesino comienzan a convivir con la angustia cierta de la desocupación. Fray Luis Beltrán, Totoras, Villa Constitución, Rosario, Firmat, son cruces en un mapa de despidos y recortes como hacía mucho no se sufría en la región. Una crónica abierta a las tristezas y las furias del presente.
Por Jorge Cadús
El relato de Macri
«Durante los últimos 4 años no creció el empleo en la Argentina. El Estado fue obstáculo en vez de ser estímulo y sostén», dijo Mauricio Macri en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Y fue más allá todavía: «lo que sí aumento fue el empleo público, entre 2003 y 2015, la cantidad de empleos públicos creció un 64%. Encontramos un Estado plagado de clientelismo», leyó con dificultad el mandatario.
En forma paralela, y sin explicar las medidas económicas a tomar, Macri se comprometió a generar más trabajo, mejores salarios y menos inflación, reducir la emisión de moneda de los últimos años y bajar el déficit fiscal, así como también proteger la competencia, mejorar la eficiencia del Estado: «nuestra obsesión es generar más trabajo, mejores salarios y menos inflación. La inflación existe porque el gobierno anterior la generó, porque creía que era una herramienta de la política económica. Siempre estuvimos en contra de esa mirada, la inflación es perversa, destruye el poder adquisitivo de los que menos tienen y promueve la especulación. Estamos convencidos que va a ir bajando hacia el final del año», simplificó el mandatario.
El empresario –que prefirió mencionar a su ámbito de trabajo como «oficina» antes que «despacho»- remarcó la intención de su gestión de «reducir la emisión descontrolada de la moneda, bajar el déficit fiscal, mejorar la eficiencia del mercado para que nadie especule contra el consumidor», al tiempo que advirtió que no serán «tolerantes» con «esas empresas que se quieran poner por encima de la Justicia».
Más allá de las simplificaciones económicas y el vacío de propuestas de Macri, los trabajadores del ámbito privado en nuestra región sufren una oleada de despidos, recortes de hora, suspensiones, cierre de plantas, atrasos salariales e incertidumbres laborales que ponen en discusión concreta el supuesto compromiso del gobierno nacional con el trabajo genuino; y demuestran -en cambio- una coherencia absoluta con la política de despidos sistemáticos implementada por la Alianza Cambiemos en el ámbito estatal.
Cosecharás tu siembra
Pocos días antes de ese discurso ante los representantes del pueblo, en su paso por la ciudad de venado Tuerto, Macri se reunió brevemente con Mariana Rossi Vassalli, José Candiotti y Silvana Bincoletto, directivos de la empresa Vassalli Fabril SA, asentada en Firmat. Los empresarios «se subieron a una trafic junto a Macri donde hablaron de la difícil situación que atraviesa la firma», sostuvo el intendente firmatense, Lionel Maximino. Sin embargo, un allegado a los directivos de la conocida marca de cosechadoras desliza que ante la inquisitoria, Macri contestó: «Si no cierran los números, cierren la fábrica».
Lo cierto es que los trabajadores atraviesan desde hace un tiempo largo una etapa de incertidumbres y postergaciones reiteradas: despidos, el cobro con atrasos y en partes de los sueldos; recorte de horas. Hacia fines de junio pasado, un conflicto gremial sacudió a Vasalli Fabril, la mayor fuente de trabajo de la ciudad, cuando se llevó a cabo una medida de fuerza en reclamo del pago del retroactivo del aumento pautado con la Unión Obrera Metalúrgica.
A la fecha, de acuerdo a la información brindada por el Banco Central de la República Argentina, Vassalli Fabril adeuda $192.051.400 al Banco Nación; al mismo tiempo que afronta deudas menores con otros bancos. Para mediados de enero de 2016 tenía medio centenar de cheques rechazados por falta de fondos por cerca de $2.000.000. Pero la mayor deuda de la firma es la que sostenía con sus 580 trabajadores: dos medios aguinaldos, dos retroactivos, vacaciones y la mitad del sueldo de diciembre. Desde el gremio metalúrgico ponían una cifra a tanta angustia: «son cerca de $40.000 por operario».
El 28 de enero, centenares de trabajadores de la empresa se autoconvocaron y movilizaron desde la Planta Nº 2 hasta las oficinas administrativas, donde fueron recibidos por el director José Candiotti. A la convocatoria se sumaron los directivos de la UOM, con el secretario general Oscar Schaab a la cabeza. El propio referente gremial advirtió que «la situación viene complicada», y recordó que «venimos diciéndole a esta empresa desde hace un montón de tiempo que hagan otro producto; se lo venimos planteando desde hace años, no desde ahora que tenemos el conflicto».
Al cierre de esta crónica, los operarios cumplen turnos pasivos de seis horas en sus puestos de trabajo, ya que la empresa no cumplió con el pago del segundo 25% de la deuda que mantiene con el personal: el pago, previsto para la última semana de febrero, se postergó una vez más, y ese día cada trabajador recibió entre $500 y $1000.
El relato socialista
El martes 23 de febrero, en la inauguración del Molino Harinero Multicereal de la Cooperativa de Productores Agrarios Limitada de Alcorta, el gobernador Miguel Lifschitz señaló que «queremos una Santa Fe más productiva, que genere empleo, valor, desarrollo y mejor calidad de vida e inclusión para todos». La iniciativa es la cuarta desarrollada en la provincia con apoyo de la gestión socialista, junto a Berabevú, Armstrong y Barrancas. Emprendimientos que -en el caso de Alcorta- no alcanza a generar media docena de puestos laborales.
«Este es el camino que queremos darle a nuestra gestión -continuó Lifschitz-, vamos a buscar inversiones para que otras compañías se radiquen en Santa Fe, pero confiamos sobre todo en nuestras propias fuerzas, en el trabajo mancomunado, en nuestras empresas y cooperativas, en nuestros productores. Allí tenemos el capital más importante, en la capacidad emprendedora y el trabajo común». El ministro de la Producción santafesino, Luis Contigiani, agregó que «en estos tiempos tenemos que cuidar mucho lo que tenemos y dar pasos concretos, como la construcción de este molino, que nos permita sumar valor. Los llamo a defender el trabajo, el mercado interno, cuidar lo que hemos alcanzado, e ir por más».
Una semana antes, el gobernador de Santa Fe había presentado en Las Parejas su Plan de Desarrollo Industrial, que tiene como ejes centrales «aumentar la competitividad, mejorar la infraestructura industrial, fortalecer a las pymes y modernizar el Estado». Un conjunto de 14 programas que -en los papeles- combina préstamos con tasas bonificadas con obras de infraestructura en parques, áreas y distritos industriales; aportes no reintegrables y herramientas técnicas para «mejorar las capacidades de las empresas santafesinas, que incluye nuevos mecanismos para agilizar la atención al sector desde el Estado».
Ese día, Lifschitz convocó a empresarios, intendentes y presidentes de comuna, legisladores y referentes de la sociedad civil, «a trabajar juntos en la construcción de un proyecto de desarrollo industrial desde Santa Fe. Siempre les va mejor a aquellos que tienen un proyecto, una idea clara, y trabajan en equipo. Y nosotros queremos conformar el equipo de la Santa Fe industrial y salir a la cancha para ganar por goleada». En forma paralela, Luis Contigiani, defendió «las políticas activas que no dejan el desarrollo industrial librado al mercado»; y sostuvo que las pequeñas y medianas empresas «son sinónimo de dinamismo, con empresarios que se las ingenian y luchan día a día; por eso son altamente innovadoras. Generan empleo intensivo y resuelven la integración territorial, porque están presentes en las pequeñas y medianas localidades».
Lejos de la goleada imaginada por Lifschitz y su equipo, los trabajadores del sur provincial tratan de gambetear las necesidades del día a día, poniendo el cuerpo en los lugares de trabajo para la defensa de un presente que no clausure el futuro cercano.
El colmenar de las industrias
Vassalli Fabril no es la única firma que mantiene a sus obreros bajo la amenaza cierta de la desocupación en Firmat, la ciudad definida cuando amanecía la década del setenta como «un colmenar de industrias, con jerarquía internacional» creciendo «a impulso del progreso».
Saqueada por las políticas económicas de la dictadura primero, del menemismo después, la localidad vivió un repunte económico durante la última década.
En estos días, entre ajustes, devaluaciones y apertura de las importaciones, son muchas las empresas que han optado por reducir turnos de trabajo y otras por cerrar directamente sus puertas. La firma Corte y Plegado Firmat -propiedad del ex concejal del FPCS Jorge Martinich- deslizó una amenaza cierta de cierre; mientras se gestiona una serie de créditos. Los conflictos atraviesan también a la firma Rega –propiedad de Néstor Galante, nacida en 1958 y dedicada a la fabricación de bulones, tuercas, varillas y puntas de ejes- que emplea alrededor de 60 operarios y tiene su principal demanda en el mercado interno, jaqueada por los reclamos por atraso en pago de salarios, aguinaldo y vacaciones. En el caso de Meyde SRL, dedicada a la producción de accesorios para cosechadoras, cerró sus puertas el último 30 de enero, dejando a tres decenas de trabajadores en la calle.
En la última semana de febrero se sumó una medida de fuerza en la planta de implementos agrícolas Alcal SA, propiedad del empresario firmatense Martín Vismara, hermanastro de Mariana Vassalli.
«Nos adeudan parte diciembre, todo enero, la primera quincena de febrero y el aguinaldo, y la patronal no aparece. Nos tienen a las vueltas y esto no da para más. La gente tiene que pagar sus deudas y comer, fundamentalmente comer», señalaron Rubén Fernández y Oscar Pacilio, delegados gremiales de la planta, que sumaron a los reclamos la firma el pago de aportes adeudados desde hace tiempo en materia de cuota sindical y obra social.
«La fábrica hoy vive una situación complicada y no escapa a la situación general del país. No escapa a la situación económica del grueso de las empresas de maquinarias agrícolas. Alcal está muy complicada al igual que otras firmas. En los últimos meses no hemos tenido ventas, se paró todo», justificó Vismara la situación de su planta; al tiempo que señaló que se está «gestionando un crédito desde hace un tiempo largo que, de no haber problemas de ningún tipo, lograríamos el desembolso en las primeras semanas de marzo para poder paliar esta situación y pagar gran parte de todo esto que se debe».
El emprendimiento emplea 26 operarios -a quienes adeuda entre $20.000 y $30.000 y realizó un último pago a principios de febrero de entre $600 y $1400 pesos cada uno- y a diferencia de otras industrias, «hay demanda pero faltan insumos para producir porque lamentablemente no se hacen las inversiones que se necesitan para que la empresa crezca», señalan los operarios. «Mientras el dueño dice que quiere salvar la empresa lo que ponemos el lomo pasa salir adelante somos los trabajadores que ya ni siquiera podemos cobrar lo que nos corresponde», advierte Pacilio.
La Multisectorial
El 10 de febrero, en el local de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Barrio La Patria, de Firmat, quedó conformada la Multisectorial Contra los Despidos y el Cierre de Fuentes Laborales.
De esa instancia de lucha y resistencia necesarias en la región, abierta a organizaciones y fuerzas políticas o sociales que quieran integrarse, participan Movimiento Evita, Ate-Cta, Frente Social y Popular, Partido Socialista Auténtico, Sindicato de Obreros Municipales y el Movimiento Alfonsinista.
En el comunicado firmado por la Multisectorial, surgido de esa primera asamblea, se advierte: «hemos decidido unirnos para oponer resistencia al neoliberalismo, que utiliza a los trabajadores como variable de ajuste, que permite que los obreros queden en la calle sin indemnización, que permite que las empresas estén meses sin pagar salarios, sin tener en cuenta que los obreros tiene que pagar créditos, alquileres, alimentar y vestir a sus familias, comprar útiles para los niños en edad escolar, medicamentos para los mayores. Priorizamos esta lucha, sin dejar de lado otros reclamos, como lograr el 82% para nuestros jubilados, la suspensión de despidos al menos por un año, solicitar a nuestros legisladores la derogación de la ley antiterrorista que no permite los reclamos sociales y permite que se repriman a los trabajadores, a mujeres y niños que tienen que soportar bala de goma y de plomo, por más justos que sean sus reclamos».
«Creemos que es función primordial del Estado, ya sea comunal, municipal, provincial o nacional el defender a los trabajadores y no permitir el cierre de las fuentes de trabajo, pero también es responsabilidad de la dirigencia sindical el defender a los obreros y estar al frente de sus reclamos, sin desmovilizarlos ni frenar las iniciativa de las bases para lograr que sus reclamos sean oídos y que trasciendan del ámbito local», sostiene con claridad ese documento.
Puro desierto
En Villa Constitución, los trabajadores despedidos de Paraná Metal sufren el atraso en el pago de las indemnizaciones acordadas con la empresa, al tiempo que no hay perspectivas de inversión. «De seguir demorándose se caen los pedidos de las terminales automotrices», señala un operario a este medio. En forma paralela, la firma Acindar anunció que detendrá en marzo parte de su producción en la planta que posee en la ciudad a orillas del Paraná, debido «a la caída en la demanda» de sus productos. Según comunicó la empresa, «los trabajadores deberán tomarse vacaciones entre el 18 y 28 de marzo». «Se trata de una medida preventiva para no afectar los empleos», justifica la empresa, que advirtió que el plan propuesto al gremio metalúrgico «no contempla, al menos por el momento, suspensiones. Los 300 operarios se tomarán francos compensatorios y vacaciones pendientes. Otros cien empleados quedarán afectados por la medida de forma indirecta».
Con el cierre de Paraná Metal, la situación de quebranto de Laminados Industriales (la firma inaugurada en el 2012 para la fabricación de chapa naval) y el anuncio de Acindar, la urgencia en la situación laboral hunde sus huellas en la crónica cotidiana villense e impacta de lleno en la vida comercial. Desde el Concejo municipal se dictó una resolución convocando a los Ministros provinciales de Trabajo, Industria e Infraestructura para definir propuestas y acciones políticas que reactiven la industria metalmecánica.
La situación se replica en las dos plantas (Navarro y Heredia) que la siderúrgica Acindar posee en Rosario, donde la empresa decidió «bajar» uno de los tres turnos y pretende despedir empleados contratados. «Estamos hablando de 30, 40 personas», resumen desde la UOM Rosario.
La empresa de electrodomésticos Electrolux (ex Gafa, la planta de refrigeración de mayor capacidad del país), en la zona sur de Rosario, decidió cortar un turno en una de sus líneas de producción ante la caída de demanda, reubicó alrededor de 50 obreros en otras áreas, mientras que se otorgó retiros voluntarios a otros. La medida terminó afectando a 70 operarios.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Donello reveló que actualmente la empresa «no tiene producción» y que sólo por la misión de generar stock es que no llegó al extremo de parar las dos líneas de montaje. «Están esperanzados con que el negocio arranque en mayo», explicó el gremialista.
También en Rosario, en el Hospital Italiano la situación -de acuerdo a la definición de parte de los 400 empleados que se desempeñan allí- «es desesperante. No cobramos el sueldo desde hace unos meses, ni hablar de aguinaldos, ni discusiones por aumentos». De acuerdo a l poca información brindada, el efector de salud está intervenido, al tiempo que se negocia su pase a manos de «un renombrado grupo prestador de servicios en el ámbito de la salud».
A su turno, la fábrica de heladeras Bambi SA intentó desvincular a 80 trabajadores contratados. La reacción del personal -que sostuvo un piquete en la puerta de la planta- obligó a rever la medida. Finalmente, los titulares de la firma recortaron ese achique a 60 operarios y efectivizaron a los otros 20 operarios. «Se vencían contratos eventuales y no los renovaban. Finalmente veinte de los ochenta quedaron efectivos y la empresa dio la palabra de que si la producción vuelve a levantar serán retomados», confirmó el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello.
En Totoras los operarios de Frideco apenas pudieron garantizar el cobro de parte de sus ingresos hasta el 29 de febrero, fecha límite que se impuso la propia empresa para resolver la situación y, en el mejor de los casos, vender la planta. Mientras tanto, la mayoría de los obreros tomaron la planta del frigorífico en forma pacífica para evitar el vaciamiento, y discutir las cifras de las indemnizaciones. A mediados de febrero, dos decenas de operarios ya habían optado por ese despido encubierto llamado retiro voluntario.
En Chabás, la aceitera Ricedal Alimentos despidió 28 operarios, impidiéndoles el ingreso a la planta industrial, custodiada por efectivos de la policía provincial. El delegado de los trabajadores, Lionel Giuliano, relató que «llegamos como siempre a las 8 de la mañana y nos encontramos con un móvil policial en la puerta impidiéndonos el ingreso a la planta. Como toda respuesta nos entregaron una nota donde se nos dice que nos va a llegar el telegrama de despido. El motivo que aducen es la actual operatividad de la planta y que los números no dan».
Ante la protesta y movilización de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria, medida que regirá hasta el 21 de marzo, y que obliga a «retrotraer la situación laboral al estado en el que estaba a la hora 0 del 26 de febrero, es decir, la firma deberá retomar las actividades y reincorporar a los trabajadores despedidos», mientras el gremio «deberá dejar sin efecto las medidas de acción directa adoptadas o que pudiese adoptar». Sin embargo, la empresa rechazó la conciliación, y mantuvo su postura del cierre de la planta que produce aceite y harinas de soja y trigo, alimentos balanceados para animales y fertilizantes orgánicos.
Ricedal Alimentos (firma venadense asentada hace 25 años en Chabás) tiene antecedentes cercanos: en febrero de 2012 y septiembre del 2013 despidió a sus trabajadores aduciendo «problemas de costos» para poder seguir sosteniendo las operaciones productivas; y en función del «sostenimiento de su actividad fabril». En ambas ocasiones, protestas mediante, se conquistó la reincorporación.
En muchos pueblos de la región, donde Municipios y Comunas son eje de la actividad laboral, se repite una historia olvidada en los últimos años: los pedidos de vales de adelanto salarial porque no se llega al quince, al veinte de cada mes. En forma paralela, el ya largo parate de la construcción -que excede los tiempos veraniegos- multiplica la búsqueda de changas alternativas que ayuden a parar la olla; mientras que la apertura de las importaciones acerca al abismo de la quiebra a las pequeñas empresas dedicadas a la confección de zapatos, golpeando más duramente -a su vez- a los sectores tercerizados y precarizados de esa rama comercial.
Con más repercusión en los medios regionales y una fuerte movilización de apoyo a los trabajadores en todo el cordón industrial, la firma Ar Zinc (ex Sulfacid, la única empresa que producía zinc electrolítico en Argentina), de Fray Luis Beltrán, resolvió cerrar sus puertas, dejando a sus 460 operarios engrosando la ya larga e inconclusa lista de despedidos en la región. La empresa, propiedad de la multinacional Glencote, intentó justificar su decisión «debido a la imposibilidad económica de reparar uno de los hornos de la fábrica que tuvo que ser parado por adolecer de capacidad productivo debido a fallas técnicas. El horno principal que utiliza la industria quedó fuera de servicio en el mes de noviembre». Para el Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (Sutraqyp), «la parada del horno corresponde a una maniobra de la empresa para despedir personal». El titular del gremio, Daniel Santillán, señaló que «el grupo económico no quiere poner más plata para arreglar algo que se tiene que hacer a nuevo y que implica una fuerte inversión que quizás no se recupere nunca. La firma ya estaba incitando para achicar el plantel de trabajadores expresando que si no se retiraban, después percibirían la mitad de la indemnización».
El relato de Caló
Ante este mapa devastado de la geografía del trabajo, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, advirtió que «al menos entre 20.000 y 30.000 trabajadores de la metalurgia perderán sus empleos este año en la Argentina si el Gobierno avanza con la apertura de importaciones». Fue la última semana de febrero, previo a una reunión que sostuvo en la sede de la CGT Azopardo junto a sus pares, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. El máximo referente metalúrgico participó también en Santa Fe de una reunión con el gobernador Miguel Lifschitz, el Ministro de Trabajo Julio Genesini y directivos de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Asociación de Metalúrgicos de Rosario (AIM) para «analizar preocupación el posible impacto de la nueva dirección macroeconómica de la Nación».
«Estamos preocupados por los puestos de trabajo. Si el gobierno sigue con la apertura indiscriminada de las importaciones yo voy a tener este año entre 20.000 y 30.000 compañeros despedidos», alertó Caló; y cuestionó varias de las medidas tomadas por el Gobierno de Mauricio Macri, como la decisión de corregir las tarifas energéticas con una política de shock, que significará incrementos de entre 300% y 600% en las boletas.
«Estuve en Santa Fe recientemente, y un empresario me dijo que pagaba $110.000 de luz. Ahora ya le vino una factura por $700.000 pesos. ¿Cómo hace ese empresario para sostener su actividad?», se posicionó extrañamente el referente de los trabajadores metalúrgicos; al tiempo que recomendó: «cuando uno sale a la calle a defender su puesto de trabajo nadie se puede sentir enojado».
Bancar el trabajo
Consultado por este medio sobre el panorama de la situación laboral en la provincia de Santa Fe, el periodista y diputado provincial Carlos del Frade sostiene que «desde el año 2013 en adelante, de acuerdo a los propios números del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos), no hay crecimiento de nuevos puestos de trabajo. En los últimos meses del año 2015 y los primeros momentos de 2016, hay fuertes indicios de cierres de empresas y reducciones de planteles laborales. Es una situación preocupante que puede tornarse crítica en los próximos tres meses».
Es en ese mapa donde se hace necesario ubicar los conflictos laborales que vive hoy la región sur de la provincia, aunque como lo explica el propio legislador, «cada caso tiene sus particularidades. En Villa Constitución, el conflicto de Paraná Metal exhibe la impunidad del empresario Cristóbal López, antes, durante y después del kirchnerismo. Esa impunidad la pagan los trabajadores. Se habla de invertir para reconvertir la empresa y, al mismo tiempo, las dirigencias sindicales apuestan a un nuevo patrón. En Totoras, una planta nueva, capacitada para trabajar a pleno, también hay empresarios que deciden cerrar y negociar con los empleados de forma diferente. Aquí el panorama es más desalentador porque la cuestión del negocio no parece tener un presente venturoso. Y en Firmat, la reducción de puestos laborales en Vassalli cruza algo de estos temas y la necesidad de mantener márgenes de ganancias a través de la reducción de puestos laborales», sostiene.
En relación a la situación de la firma Paraná Metal, agrega que «allí, la Comisión Directiva de la UOM, más los ministerios de Trabajo y Producción de la provincia están buscando un nuevo dueño. Y, por ahora, no hay mayores novedades al respecto. La situación, en caso de seguir así, será muy difícil para los trabajadores que, por otra parte, vienen cobrando la indemnización en cuotas», advierte el diputado provincial.
Del Frade -junto a su compañera de bancada, Mercedes Meier, y otras fuerzas políticas y sindicales provinciales- plantean la necesidad de conformar una multisectorial: «las multisectoriales tienen la posibilidad de multiplicar las voces y, por lo tanto, las posibilidades de un presente mejor para los laburantes al mismo tiempo que mantener vigente la situación entre los habitantes de una región. Igualmente es fundamental que los trabajadores formen parte de esos espacios. Ellos tienen la primera y la última palabra», define; al tiempo que advierte que «los despidos sufridos en Bambi, la ex Gafa, una aceitera de Chabás, Ar Zinc y en varios municipios de la provincia; más la situación apremiante de los trabajadores de Sol Líneas Aéreas, el Hospital Italiano, la parada de uno de los hornos en Acindar, el complejo futuro de Paraná Metal y Vassali, entre otros ejemplos; muestran la necesidad de generar fuerza política alrededor de los empleados y obreros ante las decisiones de las patronales que, por ahora, parecen no tener resistencia en los gobiernos, especialmente en el nacional. Lo que no protege a los trabajadores termina favoreciendo a las patronales. Es una de las claves de la actual encrucijada regional y nacional».
En forma paralela, sostiene que desde las Cámaras legislativas se puede trabajar en la defensa de los puestos de trabajo: «a nuestro entender, la Legislatura tendría que dictar una ley que, por lo menos, suspenda los despidos por un año. Pero dicen que eso es anticonstitucional. Nosotros, igual, presentamos el proyecto. Mientras tanto puede generar espacios de defensa de los puestos de trabajo, eximir a las familias de los trabajadores de pagar el inmobiliario provincial y otros impuestos provinciales, como por ejemplo la factura de luz y, como en nuestro caso, pedir las expropiaciones de las plantas de parte del gobierno provincial a favor de los trabajadores organizados. Y también exigir que las empresas cumplan con el respeto de los derechos laborales y el cuidado del ambiente. En eso andamos», enumera el legislador del Frente Social y Popular.
Cambios
Cuando recién amanecía la década del 70, nuestro querido Juan Gelman escribía en su poema «Cambios»: «¿por qué estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana / apoyado contra la verja de la estación? / ¿por qué se le perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a él? / ¿por qué estaba triste ese hombre?».
El enorme Juan Tata Cedrón supo ponerle música a esos versos, y los incluyó en un disco emblemático del Cuarteto, «Del gallo cantor», editado en el oscuro 1976.
«¿Por qué hay tantos hombres y tantas mujeres tristes en el país? / ¿por qué a cierta hora del día parece que un oleaje de tristeza fuera a arrasar la ciudad? / ¿por qué tanta gente sale por sus ojos así o saca por sus ojos tristeza? / ¿por qué esa tristeza golpea de noche las ventanas?», se preguntaba aquella obra imprescindible, cantada por el propio Tata y Paco Ibañez.
Y advertía: «¿la tristeza de ese peón del ferrocarril dará en furor?/ ¿un oleaje de furor arrasará la ciudad?»
El reclamo era sólido, contundente: «nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte / también queremos la igualdad en la vida / queremos la justicia en vida / aunque sea corta y larga la muerte».
Aquella cantata hablaba de otros dolores, de otras pólvoras, de otras injusticias y furores.
Pero los cambios hoy vuelven a sembrar las tristezas cotidianas de trabajadores y obreros. Multiplican desigualdades e injusticias. Y exigen otro furor reparador de tanta herida en piel gastada del pueblo.
