La jueza Georgina Depetris rechazó la apelación de la defensa de los imputados por el asesinato de Gerardo Escobar ante el cambio de tipificación de la causa. Ahora el hecho deberá ser investigado por la Justicia Federal bajo la figura de desaparición forzada de persona.
Por Martín Stoianovich
“Lo de Pichón es desaparición forzada porque la policía está involucrada”. Durante septiembre, octubre y noviembre, fue una consigna difundida por organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos. Durante diciembre y enero fue una posibilidad y a fines de febrero ya se convirtió en certeza. La juez camarista Georgina Depetris resolvió, tras escuchar las apelaciones de los abogados defensores, cambiar la carátula de la causa que investiga la desaparición y muerte de Gerardo “Pichón” Escobar, y así enviarla a la Justicia Federal. Depetris consideró que en la etapa preliminar en la que se encuentra la investigación no es necesario comprobar la total participación de la policía, sino que es suficiente con las contundentes sospechas que recaen sobre la institución policial. “Mi hermano estuvo sus últimas horas de vida adentro de una comisaría. Los que están detenidos por algo están, pero con este paso vamos a investigar hasta el fondo y van a caer todos los que fueron responsables de la muerte de mi hermano”, sostuvo Luciana Escobar luego de la audiencia de este lunes.
Vale destacar que la llegada a esta instancia se produce luego de casi siete meses en los que el cambio de tipificación de la causa se mantuvo en una total incertidumbre. El pasado 2 de septiembre se realizó la primera audiencia en la que se trató el cambio de competencia en la causa, que en aquel entonces había sido solicitado por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón. Aquel día, con el acuerdo de los fiscales Rafael Coria y Marisol Fabbro, el juez Luis María Caterina no aceptó dicho pedido. Argumentó que no estaban dadas las condiciones para establecer la participación de la policía más allá de la imputación de encubrimiento que los fiscales habían hecho contra los dos policías que hay entre los cinco detenidos que hoy tiene la causa. “Lo que tenemos hasta el momento es lo que manifestamos”, dijo por entonces Coria, pero sin descartar la posibilidad de que la aparición de nuevas evidencias colabore con un definitivo cambio de carátula.
Por aquellos días, cuando era muy reciente la aparición del cuerpo de Pichón en el río Paraná luego de estar desaparecido por una semana, los avances en la investigación eran prácticamente nulos. La única prueba sustancial era el registro de una cámara de seguridad de un edificio cercano al boliche La Tienda que capta el momento en el que el patovica Cristian Vivas golpea a Pichón. Fue quizás ese estancamiento en la realización de medidas probatorias, tan reprochado por la familia Escobar a la Fiscalía, lo que permitió que Caterina considere que no se podía dictaminar el cambio de carátula. Con el paso del tiempo el apoyo de las organizaciones sociales y políticas que acompañan a la familia de Pichón creció y la conformación de una Multisectorial abonó al reclamo en las calles. La constitución como querellantes del equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud influyó en la obtención de nuevas evidencias y la posibilidad del cambio de fuero se vio más cercana.
En todos estos meses el cambio de carátula parecía inevitable pero asimismo se demoraba.
En la audiencia de apelación a la primera negativa de Caterina, la jueza Depetris también rechazó el cambio de tipificación de la causa a pesar de que para ese entonces los fiscales habían cambiado su posición. La aparición de nuevas evidencias llevó a que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le dé el visto bueno a la solicitud de la querella. Estos avances fueron presentados en una audiencia realizada en diciembre ante Caterina como juez de primera instancia, quien aceptó la incompetencia de la justicia provincial y dio un paso fundamental para que se cumpla uno de los objetivos primordiales en la búsqueda de justicia por Pichón.
¿Por qué es desaparición forzada de persona?
Los mismos argumentos presentados por la Fiscalía y la querella en diciembre ante el juez Caterina fueron expuestos ante la jueza Depetris en una nueva audiencia de apelación solicitada por la defensa de los cinco imputados. El avance en la investigación consolidó lo que para los abogados querellantes es la única hipótesis desde el primer momento: Pichón fue golpeado en la calle por un patovica, luego trasladado a la Comisaría 3ra, detenido por algunas horas y arrojado sin vida al río Paraná. De esta forma, la participación policial ya no se reduce al encubrimiento por parte de dos agentes que hacían adicionales en La Tienda, tal como fue la acusación de la Fiscalía en un primer momento. La policía no sólo intervino en el hecho encubriendo, sino participando en la desaparición y ocultando las pruebas que podrían demostrarlo.
Una de las evidencias más sólidas que presentó la querella es el testimonio de una persona que estuvo detenida en la Comisaría 3ra la noche en que Pichón desapareció, y que se supone fue trasladado a dicha seccional. Este testigo cuenta que aquella noche ingresó un detenido y se escucharon golpes y gritos. Esta versión compromete al personal de la 3ra porque en el libro de guardia no se registra ninguna detención aquella madrugada. Así quedó al descubierto lo que podría ser una irregularidad policial que involucra al personal que prestaba servicios en aquel momento. “En la 3ra hay dos piezas, también un penal transitorio donde suelen meter a los que entran y es ahí donde suelen pegarle a los pibes, siempre se escuchan gritos”, dice el relato leído en la reciente audiencia por la Fiscalía.
Otro testimonio sustancial fue el de una pareja que tiempo atrás sufrió un episodio similar al salir del boliche La Tienda, cuando fueron agredidos en la calle y detenidos y golpeados en la 3ra. De esta forma tomó fuerza otro punto fundamental a la hora de argumentar el pedido de cambio de tipificación a desaparición forzada de persona: los patovicas de La Tienda actúan de manera conjunta con los policías de la 3ra en operativos de seguridad en los que son frecuentes las agresiones y las detenciones arbitrarias sin registros ni informes elevados a las autoridades judiciales.
Los abogados defensores de los imputados intentaron desmerecer estas evidencias, argumentando que aquella madrugada había 18 detenidos en la seccional y que por lo tanto no puede ser tenido en cuenta el testimonio de un solo detenido. Además, hicieron alusión a que dicho testigo podría haber sido forzado por alguna supuesta relación judicial con el Ministerio Público de la Acusación. Tanto la Fiscalía como la querella criticaron la actitud de la defensa por intentar ignorar un testimonio sin ningún argumento sólido.
Otro punto que hace sospechar de la participación policial, parte de los informes de GPS de los móviles de la seccional 3ra. Dos coches no reportaron informes aquella noche, ni tampoco problemas técnicos que pudieran haber impedido esta tarea. Un informe de otro vehículo registra haber estado toda la noche en la puerta de la Comisaría sin realizar ningún movimiento. El cuarto móvil registra movimientos por la zona de Funes, que por jurisdicción no corresponde con la comisaría en cuestión.
Otro aspecto que fortalece la hipótesis de participación conjunta entre la policía y los patovicas de La Tienda es una pericia sobre el teléfono de Cristian Vivas, hasta ahora el único imputado por homicidio. Esta persona, de cuyo domicilio se secuestraron varios celulares y dos chalecos antibalas de la policía, en su teléfono personal tiene más de trece contactos de la policía de la 3ra. Además, a través de un informe brindado por la empresa telefónica que utiliza Vivas, se pudo constatar que el 17 de agosto estuvo posicionado en la zona portuaria, donde fue hallado el cadáver de Pichón cuatro días después. Allí realizó dos llamadas y recibió una entre las ocho de la noche hasta pasada las doce. Esto no sólo complica a Vivas, sino que permite sospechar de la plena vinculación policial.
Por otro lado, un análisis de diatomea confirmó que Pichón fue arrojado sin vida al río. Incluso, a través de uno de los golpes que presenta el cadáver en la zona de las costillas se pudo comprobar que desde recibido ese golpe hasta la muerte de Pichón transcurrieron entre tres y seis horas. Este dato se ajusta a la hipótesis que sostiene que Pichón fue detenido en la 3ra luego de recibir la golpiza de Vivas. También fueron tenidos en cuenta los informes de un médico de parte en el que se describen fuertes hematomas en la zona genital de la víctima, que coinciden con la hipótesis de torturas en la seccional.
También hay fuertes sospechas sobre otra posible irregularidad en la investigación. Se trata del teléfono de Pichón, objeto sobre el cual la querella supone que fue extraído del cuerpo antes de ser arrojado al río, y puesto en el cadáver nuevamente una vez hallado. Esta suposición le valió una citación por parte del MPA al abogado Salvador Vera, actitud que fue considerada un amedrentamiento del Poder Judicial a las organizaciones que acompañan el proceso. Vera argumenta esta hipótesis: “Es relevante porque según la pericia del gabinete de la policía provincial, el teléfono se encendió (luego de ser hallado el cadáver). Peritos expertos que consultamos sostienen que si el teléfono hubiera estado todo ese tiempo abajo del agua (se estima que el cadáver estuvo entre 5 y 7 días), no se hubiera encendido ni obtenido información. Es probable que el cadáver haya llegado al Instituto Médico Legal con el teléfono, pero no hubo protocolo de custodia al objeto”. El MPA solicitó que el aparato sea intervenido por el FBI, medida que todavía está pendiente.
Otra irregularidad que vincula tanto a la policía como al MPA, siempre blanco de críticas por haber permitido la pérdida de material probatorio fundamental, está relacionado a otro registro fílmico en la zona. Se trata de una cámara situada en calle Sarmiento entre Tucumán y Catamarca, por donde según testigos presenciales circuló Pichón luego de ser golpeado por Vivas, y minutos antes de que fuera detenido por la policía. Cuando el MPA envió a la policía a pedir el registro a los dueños del aparato, le argumentaron que sólo guarda la información por quince días. Habían transcurrido catorce días del hecho, sin embargo el MPA no solicitó que se efectuara ninguna medida para intentar recuperar ese material que se supone es de gran importancia.
En las recientes audiencias el fiscal Spelta volvió a apoyar la idea de desaparición forzada. “Hay una estructura organizada de la que forman parte por lo menos dos policías que son los que participaban de las tareas de seguridad, pero hay sospechas y es evidente la participación de la seccional 3ra, por las irregularidades del libro de guardia, por los GPS y porque este hecho ha sido sistemáticamente realizado en otros casos que fueron manifestados en la Fiscalía”, sostuvo Spelta. Luego argumentó que la Fiscalía no inició una investigación en contra del personal de la 3ra porque será tarea de la Justicia Federal.
La pelea en las calles
El abogado querellante Salvador Vera consideró que se llegó a esta instancia luego de un largo camino. “Hubo muchas irregularidades en su momento, se perdió tiempo en función de la demora que hubo en nuestro ingreso como querellantes a la investigación. Eso demoró mucho nuestro control, pero a partir de ahí se fueron solicitando medidas de prueba aunque todo lo previo se perdió”, analizó Vera. También se permitió hacer un balance crítico: “En este sentido para las organizaciones sociales tiene que ser un aprendizaje: el ingreso a las causas tiene que ser inmediato, porque si no se da margen a que se pierdan o reacomoden elementos”.
“Ha sido conflictiva, dura, densa y pesada la batalla contra la estructura del Poder Judicial y Político operando a partir de la intervención en la causa. La investigación dejó muchos puntos abiertos, algunos obscenos. En esto hay responsabilidades estatales de distintos niveles, no sólo de la seccional policial y del Instituto Médico Legal, sino responsabilidades políticas, del Ministerio de Seguridad y de funcionarios municipales”, sostuvo Vera en relación a los obstáculos que tuvo la investigación en la justicia provincial.
Afiches, volanteadas, spots en redes sociales, conferencias de prensa y movilizaciones. El cambio de tipificación en la causa no sólo responde a los avances de la investigación que tuvieron lugar en la causa judicial. Es también consecuencia y producto de una ardua tarea militante, siempre mal vista por funcionarios que se sitúan a la defensiva ante un sector de la sociedad que reclama por justicia como derecho inalienable. La Multisectorial por Justicia por Pichón está compuesta por varias organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos que a pesar de las diferencias y los obstáculos continúa obteniendo logros. La movilización en las calles conlleva la presión que muchas veces alcanza a sacudir las paredes de los Tribunales.
Para los abogados defensores se trata de “utilización política” e “instalación mediática”. Esta vez la balanza se inclinó a favor de la verdad. Por eso el descontento y el empeño en criticar al periodismo. La desaparición forzada de Pichón ya no la puede ocultar ni el más obsecuente medio de comunicación. Por eso también la sonrisa de Luciana Escobar al salir de Tribunales fundiéndose en abrazos con sus compañeros, entre los que se encuentran familiares de otras víctimas de la policía, como Franco Casco, Jonatan Herrera, Brandon Cardozo y Alejandro Ponce. “Estoy feliz porque vengo remando muchísimo, estoy dejando de lado mi vida y mi familia pero para mí es un gran paso. Agradezco a todos los que me acompañan porque sola no lo hubiese hecho”, dijo Luciana a enREDando.
