Los despidos masivos en el Estado Nacional no cesan; por el contrario, se multiplican por cientos en cada dependencia estatal. En Rosario, trabajadores/as del Centro de Acceso a la Justicia ubicado en el corazón de Villa Moreno se movilizan para evitar el cierre -como ocurrió en otros CAJ del país – de un espacio fundamental para el barrio donde fueron asesinados Jere, Mono y Patom.
Por María Cruz Ciarniello
Los despidos masivos, y también selectivos, en el Estado desde que Mauricio Macri asumió la presidencia ya superan los 25 mil en todo el país.
No son números, y mucho menos “ñoquis”. Tienen rostros; historias de vida; familias. Recorridos que en muchos casos datan de años. Militantes sociales y profesionales que desde la labor que desempeñan en cada repartición pública suman su experiencia territorial y un saber construido al calor de esa militancia que pone el cuerpo donde más se necesita.
El flamante Ministerio de Modernización es el encargado de elaborar el plan de despidos: sin previo aviso y, en reiteradas oportunidades, mediante un mecanismo perverso: llegar al lugar de trabajo y encontrarse con el personal de seguridad, una lista y el temor de que tu nombre figure allí.
Es que las listas negras comenzaron a circular en muchas de las dependencias estatales y Ministerios de la Nación. De esta manera fueron echados –sin notificación ni justificación alguna- miles de empleados/as. Y de esta forma, también, se fueron desmantelando programas sociales, educativos, culturales, y áreas sensibles del Estado en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos o con funciones estratégicas para avanzar en las investigaciones por delitos económicos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Los despidos se multiplican cada día y la curva sigue en ascenso. Se estima que el gobierno nacional tiene preparadas más listas, de esas que no saben de derechos ni de trabajo ni de políticas sociales, en su haber. Arsat, Radio Nacional, Atucha, Senado de la Nación, Banco Central, Secretaría de Comercio, AFSCA, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos,Cultura, Seguridad, Inadi, Re.Na.Per, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y la lista sigue.
Achicar el Estado es el concepto político neoliberal que oculta la arbitrariedad de esta medida y que a su vez, estigmatiza mediante un rótulo que banaliza y desmerece la función pública. El término “ñoqui” duele. Bajo ese concepto perverso se puso en marcha un claro vaciamiento de la política pública destinada a quienes más lo necesitan. Esto escribía en el mes de enero, una de las trabajadoras que fue echada de la Secretaría de Comercio: “Estamos siendo despedidos en masa. En algunos lados 130, en otros 500 o de a mil. Y que quede claro, no estamos siendo despedidos sólo quienes no tenemos más nuestro puesto de laburo; estamos siendo despedidos como sociedad de la gestión y garantía de nuestros propios derechos.”
Los trabajadores estatales abrazan una consigna que se transformó en bandera durante estos dos agitados meses: “Nuestro trabajo son tus derechos”. Así, por ejemplo, llevaron a cabo el 29 de enero pasado una ñoquiada simbólica frente al Centro Cultural Kirchner, en Capital Federal. Confluyeron laburantes de diferentes dependencias del Estado: cultura, ciencia y tecnología, educación, justicia.También estuvo presente la cantante popular Liliana Herrero quien se acercó a brindar algunas de sus canciones. Sus palabras, y el llanto impotente, lo dijeron todo: “Tengo miedo por ustedes y por cada uno de nosotros, pero lo que no puedo soportar aun teniendo miedo, es la angustia al ver a los compañeros abrazados, llorando, porque les avisaron con un miserable cartel que no pertenecían más a ese lugar. Familias enteras que se han quedado sin un sueldo mensual. Es atroz lo que están haciendo. Es una lucha larga y muy minuciosa como es minuciosa la tijera filosa con la que ellos están destruyendo esta Patria. Hasta me avergüenza cantarles porque yo no he perdido el trabajo y mucho de ustedes sí lo han perdido. Los echan porque quieren uniformidad de pensamiento. No tienen patria porque la patria es memoria poética, es memoria musical y es memoria política”.
En Rosario, la política de despidos impulsada por el gobierno nacional comenzó a golpear en los lugares donde más se requiere la presencia y el acompañamiento del Estado. Donde la memoria es una pulsión de vida.
Villa Moreno es uno de ellos.
En defensa del CAJ
“Al principio no teníamos recursos, ni internet. Las compañeras se llevaban el trabajo a las casas para realizar los trámites. El CAJ surgió a partir del asesinato de Jere, Mono y Patom. Este barrio era huérfano en cuanto a políticas estatales. Nos reunimos con la entonces ministra Nilda Garré y le planteamos la problemática. Sabíamos de la existencia de otros Centro de Acceso a la Justicia en el país y nos ofreció instalar uno en el barrio. Así comenzó a funcionar en mayo de 2012″, dice Catriel Alvarez, uno de los seis empleados que actualmente se desempeña en el Centro de Acceso a la Justicia de Moreno, ubicado en el corazón del barrio y a una cuadra de la canchita donde sus compañeros y amigos, fueron fusilados en aquella madrugada del 1 de enero de 2012.
Es mediodía y el calor de febrero quema el cemento y la tierra de las calles del barrio. A pesar de las altas temperaturas, los vecinos se acercan al CAJ que cuenta con algunos ventiladores pequeños para paliar el calor. Dentro de la pequeña capilla donde funciona desde hace 4 años, Catriel y su compañera atienden las consultas administrativas.
“Acá hacemos de todo. Desde la tramitación del DNI, Renaper, impuestos, patentes y cualquier trámite que se pueda realizar por internet. Pero además- sigue Catriel – este lugar vino a romper con la lógica de los negocios turbios de algunos intermediarios. Acá intentamos que cualquier persona pueda hacer su propio trámite”.
Junto a Catriel, en otra pequeña oficina, contigua a la sala de atención al público, se encuentra Jéssica Venturi, abogada del CAJ, y la psicóloga Eugenia Rafanelli. Es que aquí, en este Centro de Acceso a la Justicia, el trabajo se realiza de forma interdisciplinaria.
“Abordamos las situaciones y las consultas de una manera interdisciplinaria. Junto con la persona que se acerca vamos desentrañando lo que está pasando y en conjunto vamos viendo la forma de resolverlo. De eso se trata el empoderamiento, de que sea la propia persona la que pueda ir decidiendo sobre su propia vida”, dice Jéssica quien junto a Catriel milita en el Movimiento 26 de junio, la organización a la que pertenecía Jere, Mono y Patom y que tiene su sede a pocos metros del CAJ.
El M26 fue quien motorizó –luego del triple crimen de sus compañeros- la instalación del CAJ en el barrio. La desesperación frente a la desolación y la búsqueda de justicia por el Triple Crimen, fue lo que impulsó la necesidad de avanzar en un espacio que pueda ofrecer respuestas y acompañamiento desde el Estado. Hacer justicia, pero además, atender las múltiples demandas, consultas, problemáticas complejas de violencia en muchos casos, que hacen a la cotidianeidad de quienes viven en un territorio donde escasean las instituciones públicas.
Los Centros de Acceso a la Justicia surgieron a partir de un programa del entonces Ministerio de Justicia a cargo de Nilda Garré. Fueron más de 80 lo que se instalaron en puntos estratégicos del país. Con el nuevo gobierno de Cambiemos, la decisión fue comenzar a cerrarlos. Eso ocurrió en Avellaneda, San Pedro, San Miguel, en Chaco, Tierra del Fuego. Esta situación a nivel nacional alertó a los trabajadores de Rosario, y la movilización del barrio, solidarizándose con ellos, y la del Movimiento 26 de junio fue instantánea.
Aún no hay información oficial sobre lo que pueda ocurrir con el CAJ en Villa Moreno porque el Ministerio ni siquiera fue capaz de informar sobre su continuidad. La indiferencia del gobierno preocupa y asusta.
“Sabemos lo que viene ocurriendo en otras dependencias del Estado y nosotros queremos defender el trabajo hoy y ahora porque después es mucho más dificil”, asegura Catriel.
“El cierre se puede efectivizar en cualquier momento. Nadie se preocupó en realizar una auditoría o ver cuál es el trabajo que venimos haciendo y que tenemos sistematizado”, agrega Eugenia. La angustia puede verse en sus ojos. No solo por lo que significa perder el trabajo. Lo que más preocupa a los jóvenes –quienes además son militantes territoriales – es lo que barrio podría perder si se efectúa el cierre de este espacio.
Jésica lo pone en palabras: “Es dejar al barrio sin un acceso real a la justicia. Y entendemos a la justicia desde un sentido más amplio. Es acceder a todos los derechos: salud, educación, a la dignidad, porque acá se resuelven cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la comunidad y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida en el barrio. Es más, muchas veces intentamos no llegar a los canales judiciales y a Tribunales sino apelar a las mediaciones y resolver las situaciones de una forma que pueda perdurar en el tiempo”.
También lo hace el concejal Pedro Salinas quien durante dos años se desempeñó como trabajador administrativo del CAJ. Su relato va más allá de la contundencia de los números. Habla de las historias de vida como la de Braian, un niño de 12 años con un retraso mental madurativo que era obligado a trabajar 12 horas en condiciones infrahumanas, encerrado en un búnker a vender y consumir estupefacientes. “Este caso lo abordamos cuando recién abría el CAJ, sin ninguna apoyatura estatal. Finalmente pudimos conseguir que se involucre la Dirección provincial de niñez, y pudimos después de muchas gestiones sacar al chico del barrio y lograr insertarlo en un hogar de menores de Alvear. Hoy Braian está escolarizado y acaba de salir campeón con su equipo de fútbol en el hogar.” Historia que demuestra la capacidad y la potencialidad que tienen instituciones que además involucran a trabajadores militantes, para generar políticas a favor de la vida, la integración social y el desarrollo de proyectos sociales para los pibes del barrio.
El Caj es de todxs
A pocos metros del CAJ se encuentra la canchita donde aquella madrugada del 1 de enero de 2012, el Quemado Rodriguez y su banda gatilló contra los cuerpos de Jere, Mono y Patom. A tres años del triple crimen, uno de los paredores lleva sus sonrisas. Es que a pesar de la muerte que intentaron sembrar, resiste la vida. El club infantil Oroño convoca a las familias del barrio, las que a su vez, asisten diariamente al Centro de Acceso a la Justicia. Porque además de ser una dependencia estatal, este lugar se transformó en un espacio abierto y cercano no solo para los vecinos y vecinas de Moreno. Al Caj concurren personas de otros barrios y alrededores de Rosario lo que refleja el vacío institucional y la importancia de que funcionen en otros lugares.
“En el CAJ de Villa Moreno, desde su apertura hasta hoy, se han atendido un total de 21.857 consultas. Se canalizaron y asistieron 14.862 trámites administrativos en ANSeS, se brindó atención e 3.497 problemáticas sociales y de salud, se ha mediado en 1.529 conflictos familiares y 218 conflictos vecinales; además, se acompañó con asistencia jurídica en 437 conflictos penales, se asistió en la confección de 874 CV y se tramitaron 220 nuevas jubilaciones. Estos números son incontestables, y muestran con meridiana claridad que el CAJ se constituyó en una referencia no sólo para los vecinos y vecinas de Villa Moreno, sino para muchísima gente que ha encontrado en la institución una respuesta ágil y un acompañamiento humano”, afirmó en un comunicado el Frente Ciudad Futura cuyo bloque de concejales está integrado por uno de los militantes y referentes del Movimiento 26 de Junio, Pedro Pitu Salinas. “De esto se trata, en definitiva, el neoliberalismo: desbaratar cualquier tentativa de recomposición del tejido social, clausurar cualquier intento de conformar otros pactos de convivencia posibles”, expresaron.
“Los vecinos se acercaron preocupados incluso, por nuestro futuro laboral. Decían: si ustedes se preocupan por nosotros como no lo vamos a hacer por ustedes. Y eso es hermoso. Entendemos y creemos que es muy importante estar acá, no nos dá lo mismo. Defendemos nuestro trabajo en este barrio porque su existencia tiene un motivo”, explica Jessica Venturi, abogada del CAJ, mientras el mate caliente y el calor agobiante van dando paso al cierre de la charla.
Catriel subraya las palabras de su compañera: “Hay una historia detrás y la gente lo sabe”, dice.
El trabajo que llevan adelante no es solo con lxs vecinos o lxs pibxs de Moreno; desde el CAJ se articulan con todas las instituciones y organizaciones que allí existen, además del contacto permanente con dependencias provinciales y municipales. En ese diálogo constante nace también la solidaridad de otros trabajadores. “Es que esto tiene que ver con la reconstrucción de los lazos sociales”, sostiene el grupo de trabajadores que por estas horas lucha por la continuidad de los puestos de trabajo y la permanencia del CAJ.
Es por ello que también intentan que el gobierno provincial asuma la responsabilidad de sostener esta política de Estado. El presupuesto que se precisa es mínimo. Lo que sí resulta imprescindible es que exista una verdadera voluntad política para que el Centro de Acceso a la Justicia no abandone su anclaje territorial.
El mediodía de un verano en Villa Moreno guarda el resabio de un descanso. Las calles solitarias se pierden bajo un intenso sol que alumbra la canchita de fútbol, la tierra caminada, la Capilla donde se ubica el CAJ, la sede del M26, los murales desde donde Jere, Mono y Patom abrazan al barrio. En la parada del ómnibus, Eugenia y Jésica siguen sin encontrar respuestas a tanto daño provocado en tan poco tiempo.
“El concepto de ñoqui es terrible. En lo personal lo vivimos con dolor porque acá dejamos mucho. Somos militantes y soñamos con transformar la realidad a través de lo que hacemos. Es una definición de vida que llevamos adelante”, sentencia Jésica.
