Así lo consideró María Elena Herrera, mamá de Jonatan, asesinado por la Policía de Acción Táctica en 2015, respecto de los avances en la causa. El juez rechazó la unificación de las querellas solicitada por la Fiscalía y confirmó la prórroga a la prisión preventiva de los imputados. Hay cuatro policías implicados, de los cuales tres irían a juicio oral.
Por Martín Stoianovich
La familia Herrera no dejó nunca de apostarse en las puertas de los Tribunales Provinciales para exigir que se haga justicia por Jonatan, asesinado por la Policía de Acción Táctica el 4 de enero del 2015. María Elena, mamá del joven, cuenta los distintos obstáculos que se fueron presentando en poco más de un año en la causa judicial. Este lunes por la mañana hubo novedades que se acercan un poco más al objetivo de la familia Herrera, y tanta lucha parece empezar a largar sus frutos. Luego de un cuarto intermedio continuó la audiencia del pasado viernes y el juez Gonzalo López Quintana decidió rechazar el pedido de unificación de los querellantes que había solicitado el fiscal Adrián Spelta, y extendió la prisión preventiva de tres de los imputados. Además, Spelta pidió doce años de prisión para dos de ellos por el delito de tentativa de homicidio, y llegarán a juicio oral junto al policía Ramiro Rosales, acusado como autor de uno de los disparos mortales y por quién se solicitó prisión perpetua. El restante, que goza de prisión domiciliaría, tiene la posibilidad de concretar un juicio abreviado en los próximos días. “Es un poco más de respiro, más tranquilidad. Vamos a seguir para que se condene a los culpables y descubrir toda la verdad”, manifestó María Elena sobre el final de la audiencia.
Para finales de septiembre de 2015, el estado de la causa por el asesinato de Jonatan pintaba un panorama desolador para la familia Herrera. María Elena, ya constituida como querellante, hasta el mes de octubre fue representada por los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman. Pero distintas irregularidades en la causa, como ser una audiencia realizada a espaldas de la familia Herrera en la que se determinó la prisión domiciliaria de uno de los imputados, llevaron a que se rompiera esta relación. Por eso María Elena aceptó ser patrocinada por Cintia Garcilazo, del Servicio Público provincial, y Analía Abreu de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Por su parte Krupnik y Feldman continúan en la causa representando en la querella a Sabrina Geissler, mamá del pequeño hijo de Jonatan.
Iniciado el 2016, en los días en que se cumplía un año del asesinato de Jonatan, otro vuelco en la causa sacudió a la familia. Sobre septiembre pasado el fiscal Spelta había anticipado que pediría perpetua para el policía Rosales y para el resto una condena de entre 10 y 15 años por la tentativa de homicidio. Sin embargo, tiempo después comenzó a tomar fuerza la posibilidad de concretar un juicio abreviado con tres de los imputados por el delito de abuso de armas, lo que implicaba condenas muy bajas, y llevar a juicio oral sólo al policía Rosales. A esta situación se sumó el pedido de Spelta de unificar las querellas, principalmente diferenciadas por el rechazo de María Elena al juicio abreviado, en contraposición a la otra querella que nunca se opuso a esta posibilidad.
Fue entonces que la familia Herrera, junto a una multisectorial integrada por organizaciones sociales y políticas y apoyada por concejales y diputados, redobló su presencia en las escalinatas de los Tribunales Provinciales. Mediante conferencias de prensa denunciaron esta serie de hechos como maniobras que buscaban “sacar del medio de la causa a María Elena” y cerrar así con un abreviado. Los representantes legales de María Elena solicitaron reunirse con el fiscal regional Jorge Baclini para que se tenga en cuenta la negativa al abreviado y fue así que días después cambió la postura de Spelta. El pedido del fiscal no llegó a formalizarse, y luego consideró que estaban dadas las condiciones para acusar por tentativa de homicidio a dos de los tres policías que anteriormente se encaminaban al abreviado.
Según los avances de la investigación Jonatan recibió tres disparos de los cuales dos ocasionaron heridas mortales. Las pericias confirmaron que uno de esos disparos fue ejecutado por Rosales y por ese motivo le cabe la figura de homicidio calificado por ser funcionario público. Sobre el otro disparo mortal que recibió Jonatan hasta el momento no se pudo determinar el autor, pero podría ser cualquiera de los otros policías imputados por tentativa de homicidio. Según la investigación los disparos provienen de donde se encontraban Francisco Rodríguez y Luis Sosa. A través del juicio oral se podrá determinar qué grado de participación tuvo cada uno en el hecho. En este aspecto radicó la urgencia de la familia Herrera para que se rechace el abreviado.
El no a la unión de las querellas
En la audiencia del pasado viernes 12 de febrero, el fiscal Spelta fundamentó su pedido de unificación de las querellas, argumentando que se afectaba la igualdad de armas, que según el Código Procesal Penal prevé la igualdad de oportunidades y potestades a todas las partes involucradas en el proceso. Según indicó Spelta, esta afectación se notaría “con mayor evidencia en la audiencia de debate cuando todos los querellantes con sus representaciones y teorías del caso, pretendan hacer valer de forma independiente sus pretensiones”. Previamente a la audiencia la familia Herrera había denunciado que se trataba de una maniobra para restarle fuerza a la participación de María Elena como querellante. “No es intención de esta fiscalía apartar a ningún profesional ni a ninguna querella”, contestó luego el fiscal.
Las representantes de María Elena, por su parte, se opusieron a la propuesta de Spelta considerando que no se demostraba la necesidad de unificar la querella. Los argumentos de esta parte fueron variados: el pedido es extemporáneo, no se presenta la comunidad de intereses entre ambas querellas, sus abogados no coinciden en el rumbo que debe tomar la causa, la otra parte de la querella no manifestó desacuerdo con el cambio de calificación y no apoyó a María Elena cuando en su momento pidió la nulidad del juicio abreviado. “Estamos ante una causa de gran impacto social en la que se dio muerte a un joven que estaba lavando su auto. En la que los que hoy están acusados de su muerte actuaron como funcionarios del Estado. Lo único que podemos pedir es tener conocimiento de la verdad, y la forma es mediante un juicio oral y público”, expresó la abogada Analía Abreu al respecto.
Por su parte, la querella representada por Feldman y Krupnik también manifestó diferencias respecto de la unificación y desmintió haber apoyado el juicio abreviado, argumentando no haber tenido conocimiento en ningún momento sobre esta posibilidad. Feldman dijo que no hay diferencias insalvables entre las querellas pero a su vez consideró que no se trata de un requisito fundamental para que pueda existir más de una. “De ninguna manera la coexistencia de querellas viola la igualdad de armas”, dijo Feldman y trajo a colación debates de la Cámara Nacional de Casación Penal que coinciden en este aspecto. También reconoció la ruptura en la confianza con madre de Jonatan y consideró que “no tiene asidero alguno pretender que un querellante necesariamente deba actuar por la asistencia técnica que tiene otro querellante”.
Incluso desde una de las defensas hubo cuestionamientos a la propuesta de Spelta. Guillermo Alexander, defensor del policía Rosales, también desestimó la afectación a la igualdad de armas y apuntó contra la Fiscalía por no dejar en claro “cuál es el verdadero interés que existe detrás de este pedido de unificación”. Por otra parte, Sara Marcos, defensora de los otros tres imputados, apoyó la solicitud de Spelta. A su vez, ventiló cuestiones que no tienen que ver con la causa, acusando de un delito a un integrante de la familia de Jonatan y cuestionó la “capacidad civil” de María Elena Herrera, por lo cual recibió críticas del juez por intervenir en el debate con cuestiones ajenas a la causa. Marcos podría ser denunciada por sus acusaciones totalmente infundadas.
Finalmente, el rechazo a la propuesta de Spelta lo confirmó el juez López Quintana. “Ordenar la unificación implicaría obligar innecesariamente a la señora Herrera y la señora Geissler a mantener una relación profesional ajena a la confianza y cordialidad que la misma debe conllevar toda vez que debieran acordar sobre determinado profesional que podría no ser ninguno de los escogidos hasta ahora”, indicó en su lectura. “La existencia de dos querellantes no ha presentado conflictos concretos”, explicó a la vez que rechazó el planteo de extemporaneidad hecho por Garcilazo y Abreu y consideró que no existen diferencias insalvables entre ambas.
Preventiva confirmada y a juicio oral
Según indicó Spelta, luego de una evaluación interna realizada en el Ministerio Público de la Acusación, se debilitó la posibilidad del abreviado y se impulsó así el requerimiento acusatorio contra los policías Rodríguez y Sosa. “Se dan los elementos necesarios para proseguir por el delito de homicidio calificado por abuso de sus funciones y cargos como integrantes de las fuerzas policiales, pero en grado de tentativa”, indicó el fiscal.
Volvió a insistir sobre el segundo disparo que hirió de gravedad a Jonatan. “Provoca un roce en el cráneo y una afectación a nivel cerebral, que hace que podamos afirmar que se trató de un disparo mortal. Este proviene de la parte izquierda del colectivo, donde se encontraban Rodríguez y Sosa”, argumentó. A su vez destacó que el mal estado del proyectil no permitió que las pericias determinen quién realizó el disparo pero asimismo consideró que “los dos tiraron a matar”.
Apoyado en esta acusación Spelta pidió que se extienda la prórroga de la prisión preventiva de Sosa y Rodríguez hasta que finalice la etapa de audiencia preliminar. A Alejandro Gálvez, por su parte, se le extendió la prisión domiciliaria por una semana más, tiempo estimado para avanzar sobre el juicio abreviado que se prevé. El juez López Quintana aceptó el pedido por lo cual tres de los cuatro imputados seguirán en prisión preventiva y a la espera del juicio oral y público.
