En un nuevo aniversario del asesinato de la militante de AMMAR Rosario, sus compañeras recordaron sus luchas en pos de defender los derechos de las trabajadoras sexuales, contra la criminalización de la prostitución y contra la violencia institucional de las fuerzas policiales y sus complicidades con las redes de trata y explotación. El crimen sigue impune, y los hechos que Sandra denunciaba continúan replicándose. También continúa la lucha por el reconocimiento de las trabajadoras.
Por Eugenia Rodríguez
Este 27 de enero se cumplieron doce años del asesinato de la militante Sandra Cabrera, secretaria general en Rosario del sindicato de las trabajadoras sexuales, AMMAR. El crimen permanece impune ayudado por la complicidad policial y judicial que han logrado trabar la investigación y que, como en tantas otras causas, no haya esclarecimiento.
No obstante, no quedan dudas de que a Sandra la mataron por denunciar la complicidad entre las fuerzas policiales y las redes de prostitución, la violencia y abusos cometidos contras las trabajadoras sexuales, por organizar y defender los derechos de sus compañeras.
Tras doce años hubo un solo imputado por la autoría material del crimen, Diego Víctor Parvluczyk, por entonces subjefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Este oficial, que admitió ser amante de Sandra Cabrera, fue sobreseído en el año 2007. A fines de 2004 había sido removido el primer juez de la causa, Carlos Carbone, por solicitud de quien fuera defensor del imputado, el abogado Carlos Varela. Se hizo cargo del expediente el juez Alfredo Ivaldi Artacho, y desde entonces no avanzó la investigación ni hubo nuevos sospechosos imputados.
Pese a ello las compañeras de Sandra y las militantes que hoy forman la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR, junto a otras organizaciones, continúan exigiendo justicia por su muerte, al tiempo que levantan las banderas por el reconocimiento de sus derechos y la denuncia contra la violencia policial.
Este año, al cumplirse otro aniversario del asesinato, se realizó una actividad en el Concejo Municipal de Rosario del que participaron referentes de organizaciones, quienes recordaron la memoria de Sandra y debatieron sobre la lucha actual por los derechos.
Más que un recuerdo
La jornada de debate fue organizada por AMMAR Rosario junto al Frente de Diversidad del Movimiento Evita, y contó con la participación de Georgina Orellano, secretaria nacional de AMMAR, Eduardo Toniolli, concejal de la ciudad de Rosario por el Movimiento Evita y Esteban Paulón, subsecretario de diversidad de la provincia de Santa Fe, y vicepresidente de la Federación LGBT.
El primero en tomar la palabra fue el concejal Eduardo Toniolli, quien se refirió a Sandra recordando su lucha en “aquellas épocas conflictivas”, en las que la dirigente gremial “estaba en las calles y en grandes movilizaciones de ese momento que excedían el rol que ocupaba en su sector”. Señaló que para entonces “llamaba la atención el surgimiento del gremio de meretrices, además era una dirigente que trascendía esa particularidad y estaba presente en todos los reclamos, y articulaba con una central de trabajadores”. Según el edil del Frente para la Victoria, “Sandra nos dejó con su lucha un debate que no está saldado todavía sobre el trabajo sexual. No está saldado en la sociedad ni en el Estado, que lo aborda en algunos niveles con políticas que intentan acercarse a la problemática pero también en otras áreas que –como cuando estaba Sandra- son proxenetas, tal es el caso de las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Esteban Paulón, subsecretario de diversidad de la provincia de Santa Fe, contó: “Empezamos a trabajar con Sandra para derogar los artículos del Código de Faltas provincial que penalizaban la figura de ‘prostitución escandalosa’, que se ha usado durante mucho tiempo para proteger a la policía en sus hostigamientos a las trabajadoras sexuales, para poder sacarles dinero y detenerlas arbitrariamente. Muchos años después -lamentablemente como tantas otras compañeras- Sandra no pudo ver el fruto de su lucha que le costó la vida, ya que tuvimos la posibilidad en Santa Fe de que se aprobara la ley de derogación de los artículos, un proyecto que impulsó la entonces diputada provincial Lucrecia Aranda”. En ese sentido, Paulón agregó: “Costó mucho, se presentó varios años y finalmente se aprobó, aunque eso no quiere decir que se haya terminado el hostigamiento, la violencia institucional, la falta de acceso a un montón de derechos, porque ninguna ley mágicamente modifica las condiciones de discriminación e igualdad, pero son pequeñas herramientas”.
A su turno, Georgina Orellano, referente de AMMAR nacional, agradeció al Frente de Diversidad del Evita Rosario por la actividad conjunta, ya que “no siempre encontramos acompañamiento y espacios disponibles cuando planteamos iniciativas sobre este debate”. Luego indicó: “Estamos recordando a la compañera Sandra Cabrera, muchas de nosotras no la conocimos en persona, pero sí a su hija y ella nos cuenta cómo era su mamá y que la ve reflejada en nosotras”. Y aseguró: “Seguimos peleando por nuestros derechos y también reclamando el esclarecimiento del crimen de Sandra, para que no quede impune y diciendo lo que ella venía denunciando: la complicidad del Estado”.
Lugar prioritario
Ante un numeroso auditorio que se hizo presente en el Salón de los Acuerdos del Concejo Municipal, Toniolli se refirió al debate sobre el trabajo sexual en el país. “Se viene negando la voz de quienes deberían tener un lugar prioritario en la discusión. Se niega desde una mirada de condena moral y también paternalista, a veces ingenuamente se confunde trata, proxenetismo, prostitución, como si fuera todo lo mismo, es un debate no saldado en la sociedad ni en las organizaciones”, indicó. En relación, el edil planteó que hay una discusión “de la que hay que hacerse cargo”. “En estos últimos años el auge de la discusión en torno a la trata en algún momento se llevó puesto todo”, mencionó y al respecto se refirió a un proyecto de ley nacional de AMMAR. “No tuvo buena recepción pese a que se presentó en un momento de mayor apertura a la discusión institucional en torno a la ampliación de derechos como fueron los años anteriores, y se debió en gran medida al peso de la mirada moral por izquierda y por derecha”, analizó. También remarcó que si bien “el escenario político actual no es el mejor, ello no es barrera cuando se lucha por las convicciones” y aseguró: “Estaremos acompañando en defensa de la dignidad de la vida cotidiana de las mujeres y hombres que sufren la violencia institucional”.
En la misma línea, Estaban Paulón expresó: “Hay que seguir trabajando para garantizar protección y derechos porque la violencia institucional, policial, es un hecho. Siguen extendiéndose las redes de trata, registrándose las situaciones de violencia, algunas provincias como Salta reincorporan al Código de Faltas la no discriminación por orientación sexual e identidad de género pero también reincorporan la figura de prostitución escandalosa y la penalización del cliente. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, desde la Federación Argentina LGBT venimos trabajando con AMMAR, son debates que es importante dar para ir generando las condiciones, iniciativas que conllevan mucho esfuerzo y militancia”. En tanto, manifestó como parte de la subsecretaria de Diversidad de la provincia de Santa Fe que “la voluntad es trabajar, recibir denuncias y apoyar las iniciativas de las organizaciones”.
Orellano, por su parte, evaluó el panorama a nivel nacional. “Lo que se ha tomado como política de Estado en el gobierno nacional anterior, que es la lucha contra la trata, conllevó medidas que terminaron en contra del trabajo sexual. Prueba de ello es lo que pasó en Rosario cuando se clausuró una cooperativa de compañeras autónomas bajo el supuesto de desbaratar una red de trata. A la compañera que pagaba el alquiler y servicios se la imputó y procesó como proxeneta”, remarcó.
Además contó: “Comenzamos a visitar la ciudad para activar AMMAR Rosario con las complicaciones que conlleva toda organización y frente a los estigmas que sufrimos y el miedo por la figura de Sandra y lo que le pasó, porque intentaron aleccionar para que no volviéramos a levantar la voz”. En ese sentido planteó: “Qué protección le damos a las compañeras que se desprendieron de la figura del proxeneta, se han insertado en el trabajo autónomo con cooperativas, pero sin un marco respaldatorio, porque fueron muchas veces a la municipalidad para habilitar los lugares de trabajo pero no hay respuestas, estamos en ese limbo legal, quedamos trabajando en la clandestinidad, sin derechos laborales y rozado con la criminalización nacional, provincial y municipal”.
En correlato dijo que esto sucede “cuando se piensan políticas sin escuchar a quienes van a ser las beneficiadas o afectadas. No sirve quedarnos en el marco teórico del abolicionismo o reglamentarismo. Cerrar el debate no sirve”. Asimismo se refirió a las posturas vigentes al interior del movimiento de mujeres y señaló: “El problema que tenemos es que es un debate no cerrado, si nosotras como feministas no podemos acordar qué políticas pueden ser para trabajadoras sexuales menos vamos a pretender que la sociedad toda tome una política de respetar las decisiones. Si decimos que todas tenemos poder de decisión sobre nuestros cuerpos, entonces o nosotras no somos mujeres o no decidimos sobre todo nuestro cuerpo”.
Para finalizar, Orellano destacó: “Es sobre las condiciones indignas de nuestro trabajo sobre lo que tenemos que trabajar, por eso luchamos por mejoras laborales. Nuestras problemáticas de explotación, de no elección, las tiene toda la clase obrera. Hay que trabajar en cosas que acordamos como la derogación de los artículos de criminalización. Hay muchas compañeras que desconocen sus derechos, tenemos que generar una agenda común para trabajar”. Y anticipó que participarán del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará este año en Rosario y propondrán “un taller donde podamos discutir nosotras cuestiones que tengan que ver con nosotras, queremos discutir nuestras problemáticas, no solo lo que es la legalización, tenemos que buscar respuestas del Estado ante la violencia, las coimas, un marco legal para las cooperativas. Para todo ello, Sandra es nuestra bandera”.
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Es peligroso cuando quienes están en áreas de gobierno desconocen la ley Argentina y aún la Constitución Nacional. La Argentina ha ratificado el llamado Convenio del 49, el que por ende, forma parte del entorno Constitucional. Por este acto nuestro país legalmente se ha constituido como abolicionista, por lo tanto pretender otra cosa es ignorar o ir directamente contra la Constitución.
Si bien legalmente se puede distinguir entre trata, prostitución, proxenetismo, pederastía, en la práctica estos elementos van juntos y no se pueden separar. Cualquier persona sabe que donde se dan estas conductas aumenta la delictividad y por lo tanto el conflicto social.
Los pocos países reglamentaristas, o sea los que han reconocido como “trabajo” a la prostitución, demuestran que en ellos ha aumentado la trata de personas, el abuso sexual comercial infantil (“prostitución infantil”), el tráfico de drogas y el lavado de dinero, por no decir los otros delitos conexos. Los gobiernos han comprobado que el escaso dinero que ingresa por el cobro de impuestos es sobrepasado por lo que el Estado debe invertir por el aumento de la inseguridad. Es así que el barrio Rojo de Amsterdam, conocido por mostrar a las mujeres en vidrieras como vulgar mercadería, esta siendo desmantelado desde el mismo gobierno.
La violencia además de ser la estigmatización y la persecución policial es sobre todo la prostitución en sí que toma a niñas de 12 o 13 años y las somete a un régimen del que no podrán salir, es la violencia de las mujeres que deben aceptar dentro de su cuerpo 10,20 hombres cada día, lo que las lleva a enfermedades mentales y físicas y un promedio de vida inferior a la media.
¿Es esto lo que quieren los funcionarios gubernamentales?
En un país donde la inseguridad laboral y la falta de trabajo se hallan presentes, ¿estan proponiendo que las niñas y mujeres ingresen a este “trabajo” prostibulario?
Si realmente quieren proteger a las personas en prostitución deberían implementar políticas públicas eficientes que permitan a quienes quieran no acceder o salir de la prostitución tener acceso a capacitación laboral y educativa, a subsidios, salidas laborales.
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