Así lo decidió el juez Luis María Caterina, quien consideró que los argumentos de los defensores que pidieron la libertad de los imputados, no descartan la hipótesis de homicidio con encubrimiento. Por otro lado, los familiares de Jonatan Herrera, víctima del gatillo fácil de la Policía de Acción Táctica, realizaron una conferencia de prensa para repudiar la posibilidad de concretar la causa con un juicio abreviado.
Por Martín Stoianovich
Los tres patovicas y los dos policías imputados por el homicidio de Pichón Escobar seguirán detenidos en la cárcel de Piñero. Así lo decidió, en una audiencia realzada en la mañana de este lunes, el juez de primera instancia Luis María Caterina, quien consideró que no están dadas las condiciones para otorgar la libertad de los acusados. Los abogados defensores continúan hablando de incidente e intentando despegar a los que hasta el momento están implicados en la desaparición, homicidio de Gerardo y su posterior encubrimiento. Mientras tanto se espera a que se confirme definitivamente la incompetencia en la causa, para que sea investigada en el fuero federal como desaparición forzada de persona, puesto que hay pruebas que conducen a la participación de la Comisaría 3era en el hecho.
Para los abogados de Luis Alberto Noya, Maximiliano Amiselli, César Ampuero y José Luis Carlino, los cuatro imputados por encubrimiento, hasta el momento la investigación no presentó elementos que acrediten esa acusación. Volvieron a insistir en que aún no está esclarecida la causa de la muerte de Gerardo e incluso pusieron en duda que haya existido un homicidio. Hacen hincapié en que Gerardo fue visto caminando luego de que el patovica Cristian Vivas, imputado por homicidio, lo golpeara a unos metros de la esquina del boliche La Tienda. Por su parte, Leopoldo Monteil, defensor de Vivas, argumentó que Gerardo no murió producto de los golpes de su defendido. La misma línea siguió el abogado José Luis Giacometti, quien además volvió a remarcar que la víctima estaba alcoholizada, sugiriendo que su estado pudo haber influido en su muerte. Este mismo defensor incluso arriesgó a mencionar a un tercero como posible involucrado en los hechos. Habló una persona apodada “Pelado”, que aquella noche estaba adentro de La Tienda y que cuando vio ingresar a Gerardo comentó que le gustaba y se lo quería llevar.
Por el contrario, para la querella que representa a Luciana Escobar, hermana de Gerardo, es fundamental el resultado de los estudios que indican que el joven no murió ahogado en el río, sino que fue arrojado sin vida. Volvieron a destacar los golpes en la zona genital, en la nariz y en el cerebro, que también presentó hemorragias, para considerar la gravedad de la golpiza recibida. Asimismo, para argumentar la negativa a que se les otorgue libertad a los detenidos, hablaron del vínculo de los patovicas de La Tienda con la policía santafesina, y los elementos secuestrados en allanamientos, que incluyen chalecos antibalas y varios celulares con distintos contactos policiales.
En tanto, para la Fiscalía, que continuó con la decisión de solicitar que se mantenga la prisión de los imputados, también resulta de importancia la relación entre los imputados y la institución policial, para suponer el peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. Además, indicaron que la conclusión de la autopsia, que descartó la muerte por ahogamiento, sumó a la teoría de la Fiscalía de que Pichón fue asesinado. También hicieron referencia a la falta de voluntad de los imputados para prestar declaraciones en los días en los que todavía se buscaba con vida a Gerardo, puesto que fueron a declarar sólo cuando fueron citados por la Fiscalía. Por parte de los patovicas, consideraron que por las repercusiones públicas que tuvo la búsqueda de Gerardo podrían haber aportado cualquier tipo de información al ser trabajadores del boliche en el que se supone que la víctima pasó su última noche. Por parte de los policías, argumentaron que faltaron a su deber puesto que como funcionarios públicos están obligados a brindar información.
Como conclusión, el juez Caterina decidió que los imputados continúen con prisión preventiva. “Es evidente que en este estado de la investigación hay indicios concordantes de que ha habido realmente un homicidio”, explicó. Si bien mencionó la importancia de los argumentos de la defensa, dijo que aún así no alcanzan a descartar las otras pruebas que hasta el momento fortalecieron la hipótesis de homicidio con encubrimiento. La salida del bar, los golpes del patovica Vivas a Gerardo, el arrastre del cuerpo a un sector que no alcanza a captar la cámara que filmó la golpiza, la mujer que grita que dejen de pegarle que lo iban a matar, son aspectos que el juez consideró que “no se pueden descontextualizar” con la posterior aparición del cadáver en el río. “Hay indicios fuertes de que han tenido que ver una cuestión con la otra”, aclaró. De esta forma, los cinco imputados continuarán en prisión mientras se espera que se confirme el cambio de fuero de la investigación.
Un grito por Jonatan Herrera
Por otro lado, en la misma mañana se realizó una conferencia de prensa por el caso de Jonatan Herrera, joven víctima del gatillo fácil de la policía de la provincia. Herrera fue asesinado con un disparo de la Policía de Acción Táctica el 4 de enero de 2015, mientras lavaba su auto en la puerta de su casa en barrio Tablada. El motivo de la conferencia fue el rechazo de la familia Herrera a la solicitud de cerrar la causa en el marco de un juicio abreviado, que propuso el fiscal Adrián Spelta y la abogada de tres de los imputados por el hecho. El disgusto de la familia Herrera surge porque esta decisión podría dejar en libertad a los acusados.
María Elena, mamá de Jonatan, expresó a los medios de comunicación su repudio ante la posibilidad de concretar el abreviado, y pidió que la muerte de su hijo se investigue y se condene a los responsables en el marco de un juicio oral y público para que realmente se esclarezca lo sucedido aquel día. Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos están acompañando a la familia Herrera junto a la de Gerardo Escobar y otras víctimas de violencia institucional, entendiendo que se trata de hecho ocurridos en un contexto represivo ejecutado por las fuerzas de seguridad.
El acuerdo presentado por la defensa de tres de los imputados, que no incluye al sindicado como homicida, indica que “los policías se harían penalmente responsables de haber cometido un delito menor como lo es el abuso de arma agravado por el abuso de su función o cargo como miembro de las fuerzas policiales”, según expresó un comunicado difundido por estas organizaciones.
En el mismo escrito sostienen: “Desde un primer momento el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Adrián Spelta, nos prometió que iba a investigar a fondo el homicidio de Jonatan. Sin embargo, pasado casi un año del terrible suceso, nos encontramos con que no sólo no se le atribuye la tentativa de homicidio a los efectivos policiales imputados por la que venimos luchando desde un primer momento de manera incansable, sino que también ante la posibilidad de juicio abreviado, los imputados quedarían en la calle. Al igual que en el caso de Pichón Escobar, nos encontramos denunciando el pésimo accionar de la fiscalía que deja a las claras que encubre a la policía que asesinó con más de 20 disparos a Jonatan Herrera y la responsabilidad estatal en los hechos. Los seguiremos enfrentando no sólo en el plano legal, sino también manifestándonos en las calles junto a otros familiares víctimas de la violencia institucional, como ya lo venimos haciendo”
