La corrupción policial se extiende desde la complicidad con negocios delictivos hasta prácticas abusivas en la cotidianidad de los barrios populares. En esta escena el rol de los medios de comunicación aparece como parte fundamental para el encubrimiento o esclarecimiento de los hechos.
Por Martín Stoianovich
Durante el corriente año el gobierno provincial no pudo despojarse de la herencia histórica que supone que la violencia que atraviesa a la sociedad santafesina tiene su estricta solución en las políticas de seguridad. El perpetuo cuestionamiento y renovación de la policía santafesina, la creación de nuevas jefaturas, o el desembarco de fuerzas federales, se plantan entonces como el horizonte primordial para paliar una violencia que resiste a los distintos gobiernos. Así, a fines del 2014 el Ministerio de Seguridad de la provincia estrenó la Policía de Acción Táctica, a mediados de este año volvió a gestionar el arribo de la Gendarmería y luego sorprendieron con la llegada de un israelí especialista en seguridad comunitaria. Por estos días, la agenda política y mediática vuelve a poner el foco en la relación entre el gobierno provincial y el nacional para encarar un inminente desembarco masivo de las fuerzas federales mientras se desligan responsabilidades por los centenares de muertos que Rosario deja cada año.
Paralelamente a las estrategias en políticas de seguridad, las fuerzas policiales se fortalecieron con el paso del tiempo en un entramado delictivo que goza de un amplio catálogo de actividades ilegales. Entre ellas, se encuentra la violencia policial contra la juventud de las barriadas populares, que no casualmente son los territorios donde se despliegan y recrudecen las consecuencias del narcotráfico y de la presencia estatal primordialmente en términos represivos. Así las cosas, mientras la Gendarmería detiene a un efectivo de la Policía de Santa Fe que custodiaba un búnker de drogas, y el jefe de la Comisaría 19 es detenido por vinculación al narcotráfico, las denuncias por casos de violencia policial contra la juventud aumentan en estadísticas que rápidamente intentan ser aisladas por el discurso oficial. El relato en primera persona de las víctimas, que aparecen luego de los desembarcos federales o en el día a día de las fuerzas provinciales, deja en claro que la violencia institucional ejercida por las agencias de seguridad del Estado no distingue uniformes ni dependencias.
“Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten. Cuando uno detecta ciertos rasgos por formas de vestir o algo por el estilo, podemos cometer el error de estigmatizar», dijo Ariel Sánchez, regente de la zona sur del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, confesando que en la provincia detienen por portación de rostro. «Este tipo de medidas tiene éxito en la prevención del delito. En este momento prefiero que un policía pare a un joven, lo identifique y continúe su tránsito y no que por no tener este tipo de práctica ese joven finalmente termine cometiendo un delito», es el argumento que expone quien es uno de los encargados de formar a las nuevas generaciones de policías.
El alumnado, por su parte, responde al pie de la letra: según revela el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, desde diciembre de 2014 a abril de 2015 se dieron a conocer 187 casos de torturas en la provincia en casos de detención por comisión de algún delito. Otra cifra alarmante la difunde el propio gobierno provincial: hay más muertos por balas policiales que por disparos de autores de robos. Son 18 los casos de gatillo fácil en el Gran Rosario en lo que va de 2015, teniendo en cuenta un reciente hecho. Pero las estadísticas no alcanzan a los abusos cotidianos que por distintos motivos no son visibilizados. Por un lado la desconfianza de la sociedad al Poder Judicial, la falta de herramientas para acceder al mismo, y sobre todo el miedo a las represalias. Porque en el barrio los policías conocen a los pibes, y las amenazas son diálogos cotidianos. Por otro, el discurso oficial que se empeña en hablar de «casos aislados» sin dar lugar a una autocrítica que reconozca a una institución corrompida.
En los hechos en los que hay víctimas fatales a manos de la policía o con participación de la fuerza, como son los casos de gatillo fácil o las desapariciones de Franco Casco y Gerardo Escobar, los obstáculos hacia el esclarecimiento del hecho y la aplicación de condenas a los responsables aparece en los planos judiciales. La mayoría de casos de gatillo fácil son investigados por el fiscal Miguel Moreno, y los familiares de las víctimas apuntan todos la misma crítica: no hay avances y se prioriza la versión policial por ser, en la mayoría de veces, únicos testigos además de partícipes. Así, prevalece la versión de muerte por enfrentamiento en casi la totalidad de los casos, mientras que el desgarrador relato de los familiares sólo ocupa alguna relevancia en pocos medios de comunicación. Con el caso de la desaparición forzada de Franco Casco sucedió que cuando la causa se investigaba en la fiscalía regional, los avances fueron nulos e incluso no se daba cabida a la hipótesis que apuntaba al personal de la Comisaría 7ma de Rosario. Hoy el hecho se investiga en la justicia federal y tiene como único horizonte condenar la responsabilidad policial en el secuestro y asesinato del joven de 20 años. Los mismos abogados que intervienen en la causa Casco, son los que forman la querella por la causa Escobar, quien desapareció luego de ser agredido por patovicas de un boliche en el cual también trabajan policías. La denuncia sobre el accionar de la fiscalía es la misma: demoras que pierden pruebas sustanciales, encubrimiento y silencio rotundo sobre la verdadera responsabilidad del Estado en los casos.
El discurso mediático que amortigua la impunidad
La impunidad en los casos en que se investiga a la policía como autores de distintos delitos, no sólo implica que no se condene al autor material del hecho, sino que permite que se sostenga una repetición en el tiempo. Así como la policía joven hereda las enseñanzas estigmatizadoras del comisario Ariel Sánchez, la conducta delictiva de la policía como institución también traspasa generaciones al no caer nunca la estructura que la sostiene. Dicha estructura mantiene su firmeza por la complicidad política y judicial pero también por el discurso que, muchas veces de manera implícita, reproducen los medios de comunicación hegemónicos y llegan a la sociedad.
En los hechos en los que está involucrada la policía, la principal fuente para los medios de comunicación es la propia fuerza o, en el caso de Rosario, los fiscales que investigan a través de la misma, por lo cual muchas veces las versiones de los hechos son distorsionadas en función de sus intereses. En este punto vale destacar que el tratamiento mediático de estos casos responde a una línea editorial ligada a los intereses de los medios, y no depende sólo de la voluntad de los trabajadores. De esta manera, el discurso de los medios de comunicación moldea la opinión pública que se replicará en la población.
Entonces para el resto de la sociedad los pibes muertos por gatillo fácil son delincuentes abatidos en enfrentamientos aunque la investigación de cada caso no llegue a confirmarlo, los crímenes sin explicaciones son ajustes de cuentas y ese será el límite de la investigación, o el linchamiento de un joven como David Moreira se abordará priorizando en destacar que la víctima había robado, y no en un homicidio cometido por los mismos vecinos que reclaman seguridad. Cuando desaparece un joven mediante la presunta participación de la policía, como en los casos Casco y Escobar, se cuestionará si estaba drogado, caminando “errático”, se hablará de las posibilidades de que se haya zambullido en las aguas del río como producto de su borrachera, y se hablará muy poco de la responsabilidad policial mientras que las cámaras de seguridad cercanas a la escena del hecho tardarán en ser aportadas como pruebas, o nunca aparecerán. Y los casos de violencia cotidiana sobre la juventud no tendrán lugar en las principales páginas de los medios de comunicación masivos porque la lógica del “algo habrá hecho” nunca logró extinguirse.
Asimismo el complejo contexto de violencia, del cual no llega a esclarecerse nunca su verdadera génesis, empuja a la sociedad a un estado de desesperación en el cual se exige seguridad sin reparar en qué implica vivir seguros. Así se continúa trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas, y queda entonces la vía abierta para la creación de nuevas jefaturas, desembarcos masivos y mediáticos que incautan en rigurosos operativos la cantidad de droga que un solo búnker distribuye en una hora. De esta forma también se acolchona el argumento de, por ejemplo, el comisario Sánchez cuando dice: “Si la propia comunidad pide seguridad, lo mejor es trabajar desde lo preventivo».
Entendiendo que para lograr un cambio en torno a la forma en que los medios de comunicación abordan el rol de las fuerzas de seguridad en la sociedad es necesario atravesar un profundo proceso de transformación, se han construido distintas experiencias. Una de ellas es la iniciativa impulsada por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, proyecto desprendido del gobierno nacional, que formuló una “Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional”. “Una serie de herramientas necesarias para una cobertura periodística responsable de los casos de violencia institucional, problemática que requiere ser identificada y abordada en su especificidad y complejidad. Por tratarse de una cuestión que refiere al funcionamiento ilegal de las instituciones del Estado, los medios de comunicación constituyen un recurso fundamental para garantizar el acceso a la información y la búsqueda de la verdad”, describe la campaña en su carta de presentación.
La iniciativa, realizada además con la participación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, está arraigada al derecho de la sociedad de acceder libremente a la información y la comunicación. De esta manera lo que se busca es que los medios de comunicación fortalezcan sus recursos para cubrir de forma amplia los casos de violencia institucional en el cual participan agentes de seguridad del Estado. Para esto describen diez puntos que se pueden ver en la versión online de la guía.
El material, que se está dando a conocer en distintos puntos del país, tuvo su presentación en Rosario en una charla para estudiantes de la carrera de periodismo del instituto ISET XVIII, entendiendo como fundamental encarar el proceso teniendo en cuenta a las generaciones futuras de la profesión. Participaron referentes de la campaña, junto a la periodista rosarina Silvina Tamous, Norma Pereyra, madre del joven Fabián Lucero muerto en dudosa circunstancia en el IRAR, y el diputado provincial Eduardo Toniolli. Se habló de la violencia policial, recrudecida en Rosario, pero que asimismo se trata de una problemática que se extiende en todo el territorio argentino y en donde el grado de responsabilidad de los Estados municipales, provinciales y nacional corre por la misma cuenta sin distinción de los partidos que gobiernan. También se destacó, como punto primordial para los medios de comunicación, la necesidad de fortalecer el lazo con organizaciones barriales que trabajan en los territorios que muchas veces son escenarios de la violencia policial. De esta manera, se puede fortalecer un relato que difiera de las versiones policiales y puedan poner en jaque la histórica impunidad del abuso diario y el gatillo fácil.
