La Multisectorial de Mujeres de Rosario volvió a manifestarse frente al Municipio. Reiteraron el pedido de audiencia con la intendenta Monica Fein para exigir la implementación de las ordenanzas ya aprobadas en materia de violencia de género. Además, conversamos con sus referentes sobre los 30 años del Encuentro Nacional de Mujeres y el cuestionado accionar del poder judicial y de una corporación médica que en muchos casos, sigue obstaculizando el acceso a una práctica legal como es el aborto no punible.
Por María Cruz Ciarniello
A 3 meses de la masiva movilización Ni Una Menos en todo el país, la violencia machista sigue cobrándose la vida de más mujeres y niñas. 7 fueron los femicidios que ocurrieron en la provincia luego del histórico 3 de junio, según datos relevados por el equipo de género de la concejala del Frente para la Victoria, Norma López. (Ver nota Página 12)
Por su parte, la Unidad Especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe recibe aproximadamente una 150 denuncias por semana, 600 al mes. “En Tribunales, en los juzgados de familia, se recibieron más de 3200 denuncias de violencia entre enero y junio de este año” subraya Liliana Leyes, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Rosario y militante de Ate Rosario, en diálogo con enREDando.
Movilizada frente a la Municipalidad, la Multisectorial renovó el pedido de audiencia con la intendenta Mónica Fein, la que ya habían solicitado hace un mes mediante una carta presentada en Mesa de Entradas. “Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta”, remarca Maria Jose Gerez, Secretaria de Género de la CTA Rosario y referente de Patria Grande.
En cifras, la situación en Rosario preocupa: el Área de la Mujer indicó que en lo que va de 2015, 1629 consultas al Teléfono Verde (0800 444 0420) fueron realizadas por víctimas de violencia de género. Los dos refugios municipales alojaron a 67 mujeres con 89 niños y desde el 3 de junio ya fueron entregados 35 botones antipánico, un dispositivo que está en coordinación con las distintas comisarías. El reciente Centro de Atención a las Víctimas ,que funciona en el primer piso de la Municipalidad, indicó a su vez, que la gran mayoría de las denuncias que recibe son realizadas por mujeres que sufren violencia machista.
Desde hace tres años, Rosario tiene aprobada una Ordenanza de Emergencia de Género que obliga a dotar de mayor presupuesto las áreas de la Mujer. “Queremos conocer cómo es la cuestión presupuestaria. Sabemos que durante el 2014 el presupuesto destinado a mujeres en situación de violencia fue de 4.191.000 mientras que para la remodelación de la plaza San Martin, por ejemplo, se destinaron 17 millones. Eso da cuenta de las prioridades, en donde toda la sociedad se esta movilizando pero hoy el estado sigue estando por fuera de las respuestas”, apunta Majo Gerez.
En la plaza 25 de Mayo, frente a la municipalidad, la Multisectorial realizó un corte de calle y desplegó una amplia bandera con la leyenda Ni Una Piba Menos. Estarán alli, cada mes, hasta que la intendente Monica Fein acceda a recibirlas.
Los reclamos son concretos, señalan las organizaciones. “Queremos que se implementen las ordenanzas municipales sancionadas pero no aplicadas, como la Declaración de Emergencia Social en Violencia de Género 7856/2012, la Ordenanza de Violencia 8337/2008 y la que establece la creación de un Observatorio en violencia de género 8982/2012 , entre las más destacadas”.
Por su parte, Paola Barbero, integrante del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, denunció la falta de respuesta del Estado en los barrios, allí donde la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia es notoria. “Nosotros trabajamos en zona norte, sur y oeste. Tenemos distintos locales, y nos reunimos con las mujeres de los barrios. Es un trabajo de hormiga. El único lugar que tiene la mujer para ir a hacer una denuncia es la comisaría y no se la quieren tomar. Hay un vacío y desprotección del estado en esos lugares”. En una nota realizada por enREDando dábamos cuenta de la violencia institucional que deben soportan muchas vecinas al momento de radicar la denuncia. “Cagalo a palos y tiralo al rio”, le dijo un oficial de la Comisaría 12 de Ludueña a una mujer del barrio luego de reiterados intentos de denuncias por violencia de género.
Otro de los instrumentos con el que cuenta el Estado Municipal para atender consultas de violencia es el Teléfono Verde. A pesar de haber ampliado el horario y días de atención, las respuestas que brinda no alcanzan. En muchos casos, la llamada ni siquiera es atendida, señala la Multisectorial. En horarios nocturnos y fines de semana el personal a cargo pertenece a la Guardia Urbana Municipal.
A su vez, el pedido apunta a poder ampliar el número de plazas (32) que existen en los dos refugios de la ciudad y la creación del Observatorio de Violencia de Género, tal como lo establece la ordenanza y que es reclamado por el Grupo de Observatorio Rosario. Contar con estadísticas oficiales resulta imprescindible para tener una real dimensión del problema. “Es el Estado quien debe hacerlo. Además, no solo necesitamos cifras en cuanto a los femicidios que ocurren, sino también para visualizar cuántas mujeres denuncian, qué respuestas se dan, cuál es la situación en términos de complejidad para, a partir de eso, poder diagramar políticas públicas eficientes”, señala la Multisectorial.
Por su parte, Leyes subraya la necesidad de un trabajo articulado entre el poder judicial y el Ejecutivo. Son muchísimas las denuncias que el Ministerio Público de la Acusación recibe mensualmente y las plazas en los refugios son insuficientes. “Las denuncias tienen que ser acompañadas y ahí observamos la importancia de que se articule con las políticas públicas existentes en la ciudad. Las trabajadoras no llegan a abordar la situación. Por ejemplo, en zona oeste hay una población de 19 mil familias en situación vulnerable y son solo 2 trabajadoras sociales. En los refugios, las mujeres tienen un plazo para estar, y si eso no está acompañado de una salida laboral, de una ayuda en vivienda, estas mujeres sale y tienen que volver al hogar donde vienen sufriendo violencia. Los refugios deberían ser articulados para reforzar la salida laboral, para empoderar a la mujer”.
“Las demandas son muy concretas y básicas por lo cual no entendemos por qué no se puede dar respuesta por parte del Municipio. En los distintos territorios militamos y hacemos un acompañamiento. Tenemos un termómetro social de cuáles son las deficiencias tanto del poder judicial y del estado, creemos que somos una voz legítima para hablar de esto. Hoy estamos cortando la calle porque la situación no dá para más”, precisó Gerez.
La Justicia
La actuación del poder judicial está en la mira del amplio movimiento de mujeres en la provincia y de tantas otras organizaciones sociales. El caso paradigmático que provocó una enorme indignación fue la reciente decisión del juez Adolfo Prunotto Laborde quien dictó la revocación de la prisión preventiva de los 8 imputados en la causa por la desaparición de Paula Perassi. A su vez, el juez amenazó con querellar a Alberto Perassi por sus declaraciones públicas luego de conocer el fallo.
Esta actitud motivó a la Multisectorial a impulsar un escrache en el barrio donde actualmente reside el magistrado. “Fue una acto más de provocación de esta justicia que vimos como inaceptable y por eso hicimos el escrache, tomando el mejor ejemplo de los escarches de Hijos, donde sino va a haber justicia en los tribunales que haya justicia en nuestro pueblo y que los vecinos de Fisherton sepan con qué vecino cuentan, cuál es su accionar como parte de la justicia provincial”, expresó Majo Gerez.
Asimismo, la militante también destacó como un hecho paradigmático lo que sucedió en la localidad bonaerense de Azul. Allí se llevó a cabo el primer juicio por jurados que tuvo a su cargo la sentencia en la causa donde una joven de 21 años estaba acusada de haber matado a su padre. El fallo del jurado fue histórico: dictaminó su absolución por entender y considerar que la joven era víctima de un contexto de violencia de género. “La sentencia la lee una peluquería, es decir una persona común y corriente, y la deja en total libertad. Creo que los jueces tienen que empezar a escuchar que es lo que está pasando en la sociedad”.
“La justicia la construimos entre todos”, es la consigna que desde hace tiempo, abrazan las organizaciones sociales. “Nosotras decimos que la justicia sangra”, apunta Lili Leyes y agrega: “cuando un juez que claramente menciona al padre de Paula que le debe pedir disculpas, un padre que aun no encontró el cuerpo de su hijo, ese juez debería pedir disculpas, e implementar todas las acciones para que la justicia llegue a ese padre. Visibilizar ese tipo de jueces va a posibilitar que la justicia sea otra, es una forma de construir otra justicia.”
El derecho al aborto: 10 años construyendo alianzas y estrategias
La agenda de estos meses para el movimiento de mujeres es intensa y significativa. Este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió 10 años de lucha. Mientras que gran parte de la sociedad reclama un debate serio del proyecto de ley para legalizar y despenalizar el aborto, el Poder Legislativo continúa demorando el tratamiento en el Congreso de la Nación.
“En esta década hemos ganado en alianzas que exceden ampliamente el movimiento feminista e incluso el movimiento de mujeres. Con más de 300 organizaciones activas hemos obtenido el apoyo de sindicatos, organizaciones de DDHH, universidades nacionales, personalidades públicas, partidos políticos y llegamos hoy a 69 diputadxs nacionales que firman y acompañan nuestro proyecto de ley (lo cual constituye un récord histórico en el Congreso de la Nación)”. Durante estos diez años, las mujeres construimos estrategias para poder decidir sobre nuestros cuerpos con compañeras socorristas en todo el país, que brindan información segura” señalaron en un comunicado, referentes de la Campaña en todo el país.
Que el Papa sea argentino y la coyuntura electoral parecen ser trabas importantes al momento de avanzar y profundizar el debate. Mientras tanto, las organizaciones son quienes ponen el cuerpo en el acompañamiento de mujeres que abortan, facilitando la ayuda, la comprensión y la información para acceder a una práctica segura. “Nos gustaría que la iglesia pida perdón por ser una de las trabas fundamentales en la educación sexual y reproductiva, en que deje de hacer lobby para que los estados no legalicen el aborto, en que siempre pone a la mujer en un lugar de objeto en función del deseo de un varón, la Iglesia debería pedir perdón a las mujeres del mundo por el lugar en el que siempre nos ha puesto”, apunta Majo Gerez.
A pesar de la existencia de una Guía de Atención para Abortos No Punibles que recientemente actualizó el Ministerio de Salud en la Nación incorporando los lineamientos del fallo F.A.L de la Corte Suprema, los hospitales públicos siguen obstaculizando el acceso a este derecho. Esta guía establece con claridad que no deben mediar autorizaciones judiciales para realizar la práctica. Sin embargo, en algunos hospitales públicos, directivos y profesionales se niegan a realizarla, exponiendo a las mujeres a situaciones de violencia institucional. Así ocurrió en el Hospital Iturraspe de Santa Fe –la misma institución responsable de la muerte de Ana María Acevedo –y en el Hospital Provincial de Rosario. Al respecto, la secretaria de género de la CTA Rosario, quien además integra la organización Socorristas en Red responsabiliza a la corporación médica “que todavía sigue gozando de sus privilegios como son las objeciones de conciencia. En el Hospital Provincial hubo dilaciones y maltrato a una joven para ejercer su derecho a un aborto no punible. Desde Socorristas en Red hicimos una querella a los funcionarios y profesionales que estuvieron a cargo y que nosotras consideramos que ejercieron violencia institucional. Esa denuncia se está tramitando en el Ministerio Público de la Acusación”.
El hecho ocurrió en el mes de mayo de este año, cuando una joven que padece retraso mental acudió al Hospital para poder interrumpir su embarazo, derecho garantizado por el Código Penal. En un comunicado emitido por la red de Socorristas señalaron que “el Jefe del Servicio de Gineco-obstetricia le negó el derecho a acceder a una interrupción legal de su embarazo, aún habiendo iniciado las consultas pertinentes en un estadio inicial del mismo. Finalmente, la práctica fue realizada cuando V. transitaba la decimoquinta semana de gestación, exponiéndola así a múltiples afectaciones a su salud física y emocional.” Ante esta grave situación, decidieron iniciar acciones legales: “asesoradas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), desde Socorristas en Red nos hemos presentado ante la justicia provincial para exigir que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aplicación de tormentos, violencia institucional, y todo otro delito que pudiera resultar posible de ser investigado a partir de los hechos que en la denuncia se relatan o surjan en la investigación posterior que se lleve adelante.”
30 años encontrándonos
Este 2015 también tiene una marca especial para el movimiento feminista del país. Los Encuentros Nacionales que se realizan cada año en el mes de octubre cumplen 30 ediciones. 30 años convocando a mujeres de diferentes geografías, territorios, realidades, militancias, organizaciones. Voces que fortalecen el espacio más multitudinario del país: un encuentro que molesta a muchos y convoca a unas miles cada año.
Esta vez, la sede será la ciudad de Mar del Plata y aunque la temática del aborto siga siendo el eje transversal de cada encuentro y el que más talleres promueve, la movilización bajo el grito Ni Una Menos marcará la nutrida agenda del Encuentro. “También se cumplen 10 años del entierro al Alca asique van a haber acciones en ese sentido”, dice Gerez con mucha expectativa por lo que se avecina el próximo mes. El 3 de octubre se realizará el Pre Encuentro de Mujeres de Rosario. La cita tendrá lugar en la sede de Ate para luego movilizarse a lo que será la Marcha del Orgullo en la Plaza Libertad. Porque “cuando hablamos de Ni Una Menos, también decimos ni una Trans Menos, ni una muerte más por homolesbotransfobia, es una agenda que hay que empezar a visibilizar y jerarquizar en la ciudad”, finaliza Gerez.
