A más de un año del crimen de David Moreira la causa está a la espera de avances decisivos. Por el momento no hay detenidos y mientras tanto los linchamientos seguidos de muerte continúan teniendo lugar. La falta de justicia le abre la puerta a la repetición de los hechos.
Por Martín Stoianovich
En agosto va a cumplirse un año y cinco meses del asesinato de David Moreira, víctima de un brutal linchamiento por parte de más de cincuenta vecinos de barrio Azcuénaga que lo acusaban de un intento de robo. David tenía 18 años, no había podido seguir la escuela y trabajaba de albañil para ayudar a su familia. Después de la trágica tarde del sábado 22 de marzo de 2014, sus padres y hermanos emprendieron un camino de intenso dolor que los obligó a dejar el país e intentar reconstruir su vida en Uruguay. En Rosario, con el apoyo de la familia, el abogado querellante Norberto Olivares junto a organizaciones sociales, continúan trabajando para que el caso no quede en el olvido y la impunidad.
Sobre David recayó la inmediata justicia por mano propia de un sector de la sociedad que explotó en ira y convirtió en realidad el histórico y sostenido reclamo de aplicación de mano dura. Sobre aquellas cincuenta y más personas, todavía no hay señal del Poder Judicial que indique un futuro alentador que haga justicia por el asesinato de David. Durante finales de 2014 y principios de este año, dos presuntos partícipes del hecho estuvieron detenidos pero ya se encuentran libres aunque continúan ligados a la causa, que además transita en la posibilidad de cambiar la calificación de “homicidio agravado” a “homicidio en riña”. Ante este panorama, el caso Moreira se planta como un hecho paradigmático cuya resolución significará un ejemplo para la sociedad. Hasta ahora el ejemplo es que los linchamientos no se esclarecen y por lo tanto hay más impunidad que justicia. El resultado es claro y se visibiliza en la repetición de los hechos: en lo que va de 2015 hubo nuevos linchamientos seguidos de muerte.
Puntualmente sobre el caso Moreira, según Olivares “la causa está en una etapa de dilación”. A principios de año se había acordado con el fiscal Florentino Malaponte la producción de una serie de pruebas previas a dar los pasos definitivos en cuanto al cambio de calificación. La carátula de “homicidio en riña” es probable porque aún no se ha determinado con certeza la participación de los presuntos homicidas. Las medidas de pruebas a realizar tratarán de determinar con seguridad si los dos imputados participaron del hecho y ahí recién podrá continuar con fuerza la calificación de “homicidio agravado”. Por su parte, Olivares se aferra a un fallo de la Corte Suprema que establece que la convergencia intencional, es decir el reconocimiento del peligro de muerte por parte de los agresores, hace caer la figura de la indeterminación del golpe mortal. Más allá del golpe final, a David cada una de las patadas recibidas en su cabeza le provocó la muerte tres días después.
En la declaración de un testigo, tomada en la causa hace un tiempo, aparece otro dato que podría influir a la hora de decidir la calificación definitiva. Un comerciante asegura que entre que a David lo interceptan y finalmente queda inconsciente por la seguidilla de golpes, hubo unos minutos en los que estuvo rodeado sin recibir agresión física a la espera de algún comando policial. Luego de un intento de escape del chico, se desató la golpiza final. “Es importante para la calificación porque hay un momento de reflexión. Correspondía llamar a la policía y custodiarlo hasta que llegue”, dice Olivares. Es claro que no hubo riña, a David lo sometieron a una agresión mortal alejada de cualquier marco de la ley y sin posibilidad de defensa.
Mientras tanto, se continúa trabajando en la prueba del video publicado en YouTube, buscando comprobar que los dos agresores que aparecen allí son los imputados que tiene la causa. Además se identificó a la persona que publicó el video en la red social, lo que significa la posibilidad de avanzar sobre esa línea. También hay llamadas telefónicas entre familiares de uno de los imputados que lo comprometen, por lo cual se avanzará con pericias fonométricas para determinar la veracidad de la conversación. Asimismo, continúan sin esclarecerse algunas irregularidades: la policía de la Comisaría 14 no tomó declaración de ningún tipo al conductor de la camioneta que derribó a David y su compañero de la moto minutos antes de la multitudinaria agresión. Tampoco se conoce la patente del vehículo o algún otro dato de relevancia sobre uno de los partícipes más importantes del hecho.
Este es el presente de la causa y Olivares está seguro de que habrá juicio. Primero queda determinar la calificación y avanzar sobre algunas otras pruebas pendientes. También, permanece la posibilidad de avanzar sobre un juicio abreviado, aspecto que no conforma al entorno de la víctima. “El abreviado es una fábrica manufacturera de impunidad”, sostiene Olivares. Esta modalidad, hija de la última reforma judicial de la provincia, implica que el hecho no sea investigado profundamente y además no permite abordarlo desde una perspectiva de problemática social. El juicio abreviado no sólo implica una resolución rápida del proceso sino que conlleva a la falta de conocimiento público del contexto en el cual se produce el hecho.
Otro aspecto fundamental que nació a partir del homicidio de David Moreira, es la movilización de organizaciones sociales y políticas que acompañan a la familia y aún a la distancia continúan apoyando y exigiendo justicia. Olivares repite siempre que puede que la movilización popular es un factor fundamental en la búsqueda de justicia, que funciona como presión al poder judicial pero que también interpela a una sociedad que debe dar cuenta de la gravedad de este tipo de hechos para que no vuelvan a repetirse. En este marco, harán una peña el 22 de agosto a fin juntar fondos y poder cubrir los gastos económicos que implica la visita de Lorena, mamá de David, para un acto público al cumplirse el año y medio del hecho en septiembre próximo.
La herencia de la injusticia
David Moreira no pudo terminar la escuela y se vio obligado a renunciar a su derecho a la educación para trabajar en malas condiciones siendo menor de edad: un problema que afecta a buena parte de la juventud argentina. Antes de aquel 22 de marzo de 2014, los conciudadanos que terminaron asesinándolo quizás se hayan cruzado a David o a muchos pibes como él en la diaria cotidianidad individualista. Pero los pibes humildes, menores y flaquitos, son invisibles cuando van en la caja de una camioneta a trabajar en una construcción, o cuando intentan ayudar a su familia con la venta ambulante de alguna necesidad casual de clase media. A David, los vecinos de Azcuénaga lo vieron cuando intentó robar, y decidieron matarlo.
“Ningún pibe nace chorro”, fue la pintada que renació por las calles rosarinas los días posteriores al crimen de David. Una insignia que intenta despejar la deshumanización de la sociedad mientras otra gran parte exige mano dura y se organiza en grupos de redes sociales para actuar en nombre de la justicia por mano propia.
No es casual que a poco menos de un año y medio del hecho no se haya identificado con certeza a los agresores. La misma sociedad que festejó el hecho, firmó un pacto de silencio y hoy gran parte del barrio Azcuénaga escuchó poco y no vio nada. Los mismos vecinos amenazaron al fiscal Malaponte y cortaron la calle exigiendo la liberación de los imputados cuando estaban detenidos. Los resultados de esta presión social están a la vista.
Norberto Olivares considera que es necesario continuar el pedido de justicia por el caso Moreira en particular, pero que además es imprescindible abordar la problemática desde una perspectiva global. En este sentido, apunta a la justicia: “La impunidad es ejemplificadora”.
Ejemplo 1: El primer día de marzo de 2015, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, Silvio Cáceres, de 30 años, rompió el vidrio de un auto para robar un estéreo. Cuando los vecinos advirtieron la escena, comenzó la persecución que se extendió unos doscientos metros. Instantes después se desató una golpiza que terminó con la vida de Cáceres. El fiscal a cargo, Pablo Vieiro de la Unidad Funcional de Instrucción 10 de Luján consideró que los golpes recibidos por la víctima se realizaron cuando ya estaba reducido.
Ejemplo 2: José Luis Díaz, de 23 años, intentó robar a un chico con un arma de juguete. Los vecinos que socorrieron a la víctima del robo, sujetaron a Díaz y se convirtieron en victimarios: lo golpearon y lo ataron de manos a un poste. El hecho sucedió en el barrio Quebrada de las Rosas en la ciudad de Córdoba, el 11 de junio. Díaz murió luego de trece días en estado de coma farmacológico. El relato de la tía del joven, madre de crianza, es similar al de Lorena Torres: “Si estaba robando tenían que agarrarlo y entregarlo a la policía. No tenían que haberlo atado, ni golpeado y matado como lo mataron, como a un perro”. Hace unos días, los familiares de la víctima denunciaron amenazas por parte de uno los asesinos.
