Tras las declaraciones del arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, por la situación judicial del ex capellán Eugenio Zitelli, procesado por 14 privaciones de la libertad y el delito de asociación ilícita junto a la patota de Feced, organismos de derechos humanos emitieron un comunicado en repudio a los dichos del prelado a un medio periodístico de Rosario.
Comunicado completo:
Desde la APDH (querellante en la causa contra Zitelli), FAMILIARES ROSARIO, UMANO CASILDA, ASOCIACION DE EX PRESOS POLITICOS HEROES DE TRELEW respondemos públicamente a las agraviantes declaraciones realizadas por el arzobispo rosarino Eduardo Martín.
En virtud de las declaraciones realizadas por el arzobispo de la ciudad de Rosario, Eduardo Martín, en relación al rol que le cupiera a la iglesia durante la última dictadura, las organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos que siempre acompañamos las denuncias de las víctimas del ex capellán Zitelli cuyas voces se alzaron desde los albores mismos de la democracia, queremos manifestar públicamente:
Sus palabras evidencian una clara toma de posición en relación al rol que cumplieran la iglesia en general y el procesado Zitelli en particular durante la represión ilegal desplegada en la última dictadura ya que cuando refiere al ejecutor del genocidio se ampara en el principio de inocencia.
Al ser consultado sobre las acusaciones que pesan sobre Zitelli dijo: “Quiero ser respetuoso con todos, no quiero defender a nadie pero menos condenarlo antes de tiempo. Porque en democracia alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario…. un juicio objetivo con derecho a defensa”.
Mientras que, por otra parte, señala: “los que lo mataron (a José Ignacio Rucci) eran cristianos porque eran montoneros que habían nacido de diferentes grupos católicos”, cuando no existe pronunciamiento judicial alguno al respecto, es más, el juez Ariel Lijo cerró la causa por considerar que no se trata de un delito de lesa humanidad.
Cabe recordar que Zitelli fue denunciado ante la justicia federal por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos Humanos, que el fiscal federal Gonzalo Stara requirió la apertura de una investigación en su contra, el juez federal Marcelo Bailaque lo procesó dos veces por entender que prima facie es responsable por los delitos enrostrados, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó ambos procesamientos, las querellas y la fiscalía solicitaron la elevación a juicio de la causa, y Zitelli fue nuevamente indagado a principios de este mes.
Vale decir, no nos encontramos simplemente con una acusación sino que existe una imputación grave sobre Zitelli y la justicia federal entendió más que suficiente la prueba reunida como para procesarlo por 14 privaciones de la libertad y nada menos que por el delito de asociación ilícita junto a la patota más emblemática del SI. No puede soslayarse a estas alturas lo que significa que una acusación penal llegue a las puertas del juicio oral y que, recientemente haya sido indagado nuevamente por otros hechos.
La prueba testimonial obrante en la megacausa Feced es profusa y concordante. Constan concretos señalamientos que dan cuenta no solo de la presencia de Zitelli en el Servicio de Informaciones, sino también de los roles y funciones que allí éste cumplía como integrante de la denominada “Patota” de Feced desde su rol de capellán.
El mismo ha sido visto y ha mantenido contacto con víctimas alojadas en el SI y en la Alcaidía; ha visitado a detenidos en cárceles. Tenía pleno conocimiento –estaba al tanto- de las condiciones de detención y los tormentos que las víctimas sufrían, al punto que justificaba esos tormentos y condiciones tormentosas de detención, aduciendo que eran un medio de obtener información.
Zitelli tuvo un rol específico en esa maquinaria estatal dispuesta a secuestrar, torturar y desaparecer personas, actuando junto con sus consortes procesales como parte de la denominada “Patota de Feced”.
El rol que le achacan las víctimas –en ese reparto funcional de tareas a fin de cometer los hechos ilícitos que se investigan- consistía, principalmente, en recabar información de los detenidos, incluso “tolerando” las torturas como medio de obtención de información, si fuere necesario.
Ahora bien, la referencia del Arzobispo a “los que mataron a Rucci” indica su clara toma de posición. No puede condenar a Zitelli antes de una sentencia de un tribunal oral pero sí aseverar que a Rucci lo asesinaron revolucionarios cuando no existe ningún pronunciamiento de la justicia al respecto.
Lo que sí existe es lo que ha quedado acreditado con el grado propio de una sentencia judicial por parte del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario en la denominada causa Feced 2. Allí el tribunal sentenció: “No puede hoy negarse que la ‘dictadura militar’ 1976-1983 fue en realidad una dictadura cívico-militar-empresaria-eclesiástica; reunía en su seno todos aquellos intereses que la prohijaron, aunque su cara visible fueran las fuerzas de militares y de seguridad que salieron en cacería a exterminar…. Se pudo saber así que la Iglesia aportó 400 capellanes entre 1975 y 1983 para acompañar la lucha antisubversiva implementada. Que el Vicariato castrense, compuesto de capellanes castrenses y auxiliares, nunca fue una institución separada de la Iglesia. Que era una institución eclesiástica y militar que físicamente dependía de la autoridad de la Iglesia y que ese vicariato fue volcado en toda la zonificación militar del país, cubriendo comandos de zona, batallones, regimientos. Alrededor de 100 capellanes tuvieron relación directa con los ejecutores y con unidades que alojaron detenidos en CCD. Su papel fue central en el plan de exterminio para justificar teológicamente los crímenes y acallar las conciencias intranquilas de los propios ejecutores.”
También es de público conocimiento que la noche previa al golpe, dos de los jefes de la conspiración, el gral. Videla y el almirante Massera, se reunieron con la cabeza del episcopado en la sede del mismo en Capital Federal. El mismo 24 de marzo, los tres integrantes de la junta militar, mantuvieron una larga reunión con el vicario castrense Tortolo, según informa el diario la Nación del 25 de marzo. Al salir de la entrevista, Tortolo expresó “la Iglesia tiene su misión específica, hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar aún cuando se trate de problemas que hacen al orden específico del estado.” Instó a cooperar positivamente con el nuevo gobierno. Tortolo era vicario de las FFAA y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Es de destacar que Zitelli recibe aún por parte de la Iglesia Católica el trato de “Monseñor” y se encuentra alojado en una dependencia de la Iglesia en la ciudad de Roldán que es parte de las propiedades de la Legión de Cristo Rey, gozando de todos los privilegios del sacerdocio.
Entendemos imperioso que la Iglesia actual pueda mostrar su mejor cara. Así como ha evidenciado un enorme compromiso con la memoria, verdad y justicia en la causa Angelelli, solicitamos arbitre todos los medios a su alcance para hacer lo propio con los hechos ocurridos en nuestra jurisdicción.
