Familiares de jóvenes asesinados por fuerzas de seguridad en casos recientes se manifestaron en la Fiscalía de Homicidios exigiendo la prisión de los acusados. El fiscal Miguel Moreno, por su parte, justifica su decisión de no imponer prisión preventiva en ningún caso. Hubo disturbios y detenciones violentas a algunos manifestantes, pero en el eje de la cuestión continúan los pibes que mató la policía.
Por Martín Stoianovich
En la mañana del miércoles 10 de junio, familiares de jóvenes asesinados a manos de fuerzas de seguridad se reunieron frente a la Fiscalía de Homicidios para exigir celeridad en las causas judiciales. Nuevamente aparecieron en escena las rotundas diferencias entre las versiones policiales que aseguran enfrentamiento, con la de los allegados a las víctimas que insisten en que se trata de casos de gatillo fácil. Sobre el final de la jornada, se extendió la problemática con una de las familias y algunos militantes sociales que fueron detenidos en la Comisaría 2da de la ciudad.
Al momento de repasar los diferentes hechos, teniendo en cuenta tanto las versiones oficiales como las que se contraponen, son llamativas las similitudes entre sí. Jóvenes menores de 26 años, de barrios periféricos y acusados de intento de robo a mano armada. La coincidencia que sobresale es la muerte, todas provocadas por balas de distintas fuerzas de seguridad. La libertad de los acusados, sumado al poco avance hasta el momento de cada una de las causas, todas bajo la investigación del fiscal Miguel Moreno, son los motivos que reunieron a estas familias.
El caso de Maximiliano Zamudio resuena por tratarse de un menor de edad y ser el hecho más reciente. Tenía 16 años y vivía en Patricias Argentinas al 4300, un pasaje de barrio Tablada que por momentos se transforma en pasillos sólo conocidos por los vecinos que frecuentan la zona. Por allí ingresó cerca de las 22.30 del 27 de mayo un cabo de Prefectura vestido de civil a bordo de su Ford Falcon. Segundos después tres disparos produjeron la muerte de Zamudio. El relato del prefecto asegura que hubo un intento de robo de dos jóvenes que se acercaron al auto mientras él esperaba a una señora. Entonces, sin mediar demasiado diálogo, se inició un supuesto enfrentamiento que terminó con la vida del joven. Para la familia de la víctima y los vecinos del lugar que alcanzaron a ver el episodio, sucedió todo lo contrario: Maximiliano se acercó ante el llamado del prefecto, quien a los pocos segundos abrió fuego acertando el primer disparo en la cabeza del chico. Luego, ya habiendo descendido del auto, lo remató con dos balazos en su pecho.
“Lo vi a mi hijo tirado que ya estaba muerto, lo empecé a correr al asesino y él me pedía perdón”, cuenta María, madre de Maximiliano. También asegura que tanto su hijo como el prefecto estaban solos, y que este último no esperaba a ninguna vecina. “Él se baja directamente a matarlo, no es de la zona y no se sabe qué estaba haciendo. Como que lo estaba esperando”, agrega Andrea, su tía. “La policía está totalmente incapacitada para actuar, cuando ellos pierden el respeto a la sociedad, la sociedad se lo pierde a ellos. Qué respeto se le puede tener cuando se sabe que es corrupta, que es coimera, que se arrima a pegarte o a sacarte la porquería que tenés encima para llevársela y venderla en otro lado”, reflexiona luego. Cuenta que la relación con la fuerza policial en el barrio está rota. El auto del prefecto incendiado por los vecinos de la zona minutos después del hecho, es una demostración.
Sobre el caso Zamudio, el fiscal Moreno en contacto con enREDando explicó que se están investigando “las dos hipótesis enfrentadas, la del enfrenamiento y la de la ejecución”. Asimismo, indicó que el prefecto “tenía autorización para portar el arma que llevaba, con documentos que remite el RENAR y no merecen ningún cuestionamiento”. Sin embargo, la portación legal del arma no justifica el resultado desmedido de su uso. Más allá de la postura del fiscal, el descontento de la familia se consolida al sostenerse la libertad del acusado, aún cuando es reconocida su autoría.
Carlos Godoy, de 25 años, es la otra víctima más reciente en el calendario. Su muerte la decidieron dos policías, uno del Comando Radioeléctrico y otro de Seguridad Vial, en la mañana del domingo 24 de mayo en los límites de los barrios Empalme Graneros y Parque Casas. Nuevamente la versión policial habla de intento de robo y posterior enfrentamiento. Nuevamente, la víctima es el pibe. Los padres de Carlos, y los testigos que vieron el hecho, afirman que hubo un intento de robo pero del cual el joven no participó. Aseguran también que primero lo atacaron por la espalda, luego lo ejecutaron cuando yacía en el suelo, y que finalmente plantaron un arma para simular el supuesto enfrentamiento.
En la reciente manifestación en las puertas de la Fiscalía de Homicidios, su padre Vicente Godoy volvió a reprochar el accionar judicial. “Nos dicen que tenemos que seguir esperando, no hay ningún avance y lo peor de todo esto es que los policías siguen en la calle, están sueltos y trabajando como si nada hubiera pasado”, repite incesantemente cada vez que tiene la oportunidad de expresar su disgusto. “Lo ejecutó la policía, tiene más de treinta perdigones en la cabeza, a parte de los que tiene en el cuerpo”, agrega. También cuestiona las recientes presiones por parte de la fuerza, concretadas el pasado miércoles 3 de junio cuando se manifestaban en las inmediaciones del hecho. “Llegó un comando a velocidad tremenda. Bajó uno y comenzó a apuntar a los chicos a dos metros de distancia, les puso el arma en el pecho a algunas personas. Todo esto porque estábamos reclamando algo justo”, relata Vicente.
Sobre este caso, el fiscal Moreno asegura tener en claro que existió enfrentamiento con armas de fuego: “Estoy tratando de establecer si Carlos participó del enfrentamiento o no, si se la comió por error, por negligencia o lo que sea”. Una medida de prueba que podría determinar si Godoy realmente portaba un arma, es el examen de balística Dermotest que podría hallar pólvora en caso de haberse concretado disparos por parte de la víctima fatal. Sin embargo, Moreno prefiere todavía no hacer uso de la prueba. “Primero me urgen otros tipos de medidas que yo las considero de mayor importancia. Después podré ver quién opina lo contrario”, argumentó.
Los otros casos por los cuales los familiares de las víctimas reclaman justicia inmediata por tratarse de casos de gatillo fácil por parte de la policía, son los de Dante Fiori, ocurrido en abril de 2015 en barrio República de la Sexta, y el de Mauricio Gómez (familiar de Franco Casco y Carlos Godoy), ultimado por la policía en la noche del 13 de septiembre de 2014, cuando fue acusado de intentar robar un dispensario en barrio Empalme Graneros. También se manifestaron familiares de Nahuel Delay, acribillado por un empresario luego de que el chico intentara entrar en su vivienda. Todos reclamaron la prisión preventiva de los acusados, que continúan en libertad.
Sobre este aspecto, la explicación de Moreno no es estrictamente técnica: “Las personas que produjeron el resultado muerte no representan peligro procesal a juicio mío. Todos estos casos implican a gente que tiene arraigo en la ciudad, tienen un trabajo y no despliegan una conducta que permite afectar mi investigación”. En este sentido, el fiscal considera que no existe peligro procesal por considerar que no hay “pruebas o hechos concretos” por los cuales las personas involucradas puedan entorpecer el transcurso de la investigación.
Más allá del humo
Sobre el mediodía, la concentración en un principio pacífica, pasó a mayores través de algunos disturbios que terminaron en la detención de familiares de Dante Fiori y militantes pertenecientes a la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario.
El clima se volvió tenso sobre el final de la protesta, cuando todas las familias se habían retirado, a excepción de los Fiori que aguardaban el encuentro con el fiscal. El corte de calles y el fuego de las cubiertas incendiadas alertó a Moreno, quien a través del personal de seguridad del edificio exigió el cese de la manifestación como condición para recibir a la única familia que permanecía allí. El descontento creció al considerar absurdo que se cuestione las medidas de fuerza tomadas, hecho que provocó incremento en la presencia policial, concluyendo en la detención de 18 personas que serían liberadas entrada la noche.
Pero más allá de los disturbios, aunque sin restar importancia a la violenta detención de los manifestantes con todos los tintes de la criminalización de la protesta, el pedido de justicia de los padres, hermanos, tíos y amigos de cada una de las víctimas sobresale por sobre el conflicto ocasional. La problemática de fondo, que promueve la denuncia del gatillo fácil, hace de este reclamo un grito sostenido por fuera de una movilización. Detrás de estas exigencias se permite ver el pedido de distintas familias que destacan el desamparo por parte del poder judicial. Las explicaciones del fiscal Moreno parecen no alcanzar para comprender la libertad de los policías acusados de asesinar a jóvenes en hechos que podrían develar el frecuente abuso de las fuerzas de seguridad escondido en la tolerancia a la legítima defensa. “Un chico humilde cuando muere es un número, una estadística”, dice Andrea, tía de Maximiliano, queriendo que el de su sobrino y los otros pibes no sea un caso más.
