Un nuevo desembarco de la fuerza federal en la ciudad de Rosario volvió a despertar el debate sobre las invasiones en el territorio. Ante el acuerdo de la mayoría del arco político, hay quienes manifiestan su rechazo.
Por Martín Stoianovich
Se acabaron los rumores y otra vez desembarcó la Gendarmería en Rosario. Después de un nuevo capítulo del eterno ida y vuelta entre el socialismo y el kirchnerismo, hubo acuerdo y durante el sábado 23 de mayo arribaron los oficiales de la fuerza federal. El contexto de violencia que en cantidad de homicidios no muestra grandes diferencias con años anteriores, el combate contra los negocios delictivos como el narcotráfico, o la ineludible disputa partidaria en términos de políticas de seguridad en el marco de la campaña electoral, son algunos de los aspectos que forjaron la versión 2015 de la invasión de los verdes.
Las posturas oficiales reconocen la compleja actualidad rosarina pero, para la mayoría de la esfera política, la búsqueda de una solución pareciera ser unidireccional. Y esa dirección va siempre hacia las fuerzas de seguridad: desde el cuestionamiento hacia los oficiales que hasta el momento por complicidad u inacción permitieron que se desarrollaran y mantuvieran los distintos conflictos sociales, hasta la creencia de que la renovación o multiplicación del personal policial en sus diversas fuerzas es la única alternativa en la búsqueda de una salida, en este caso al presente rosarino que en sus primeros cinco meses se cobró más de 90 homicidios.
Incluso la disputa sostenida mediáticamente entre funcionarios de distintos gobiernos dejaron en claro que no se discute la posibilidad de otra alternativa ante la inminente llegada de las fuerzas federales. Sólo se discute qué región tiene la urgencia y por culpa de qué gestión, de quién es la responsabilidad de trasladar a las fuerzas y quién tiene la última palabra. Así, se busca el rédito político en torno al valor que la opinión pública le dará al partido que impulse y favorezca lo que en este caso es la llegada de Gendarmería. En esta oportunidad existió el fundamental detalle de los resultados de las elecciones Primarias con el PRO a la cabeza en la disputa por la gobernación de la provincia de Santa Fe. No sería desacertado pensar en un acuerdo obligado entre el socialismo y el kirchnerismo a fin de evitar un triunfo de Miguel Del Sel, candidato del PRO, en las elecciones definitivas. Reconociendo que la agenda en materia de seguridad se lleva un buen porcentaje del interés del electorado, el nuevo desembarco de Gendarmería, fuerza que responde al ejecutivo nacional, podría verse como la entrega de la carta de lujo del Frente Para la Victoria a un socialismo que se ilusiona en levantar su imagen y recuperar parte del porcentaje de votantes perdidos de cara a las definitivas.
“Patrullamos más de 3 millones de kilómetros, invertimos en la adquisición de 200 patrulleros, detuvimos a más de 2.500 personas, controlamos más de 200 mil vehículos, incautamos unos 12 mil vehículos que tenían pedido de secuestro y que estaban fuera de la ley para circular y hemos retirado de las calles más de 600 armas”, declaraba el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni a principios de 2015 en relación a la estadía de Gendarmería durante el año pasado. Así daba el prólogo a la retirada de la fuerza, responsabilizando además al gobierno provincial de lo que quedara por hacer en términos de políticas de seguridad en territorio santafesino. La creación de la Policía de Acción Táctica, impulsada por el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, significaba por entonces la llegada de una supuesta tropa especializada que supliría sin problemas el rol de la Gendarmería. El asesinato por gatillo fácil de Jonathan Herrera, sumado a las duras críticas a la fuerza por parte de su propio jefe, provocaron que inmediatamente el gobierno municipal de Rosario y el provincial volvieran a solicitar un arribo de las fuerzas federales. “Voy a transmitirle al gobierno nacional que esta ciudad, como lo ha dicho Berni, es parte de Argentina y por eso tiene que tener Gendarmería para cuidar las rutas nacionales y también para bajar la violencia de esta ciudad como la de muchas otras, porque se los han llevado a provincia de Buenos Aires”, aseguraba por entonces la intendenta rosarina Mónica Fein.
Semanas previas a las elecciones PASO, la disputa política por la llegada de la Gendarmería continuó creciendo. El kirchnerismo, a través de su principal candidato a gobernador Omar Perotti, se pronunciaba a favor del desembarco de la fuerza. Así lo analizaba el propio Perotti en una entrevista con el periodista Jorge Kaplán en el diario La Capital: “Sentimos que hay que tener una fuerte conducción política y marcar una clara línea divisoria entre aquellos que se disfrazan de policías para servirse de la fuerza y una actitud de respaldo para aquellos que con vocación de servicio ponen su vida en riesgo todos los días. Esa línea es un elemento rector para una policía que con profesionalismo, capacitación, equipamiento y tecnología tiene que cuidarnos de la mejor manera. En esta coyuntura esto no se da, por lo cual la posibilidad de contar con fuerzas federales en la transición, mientras lo que se consigue es una fuerza propia con profesionalismo y la cantidad suficiente de personal, creo que sería necesaria. En una transición y determinados muy bien los roles y las etapas”. El kirchnerismo daba a entender entonces que el desembarco de la fuerza sería un hecho natural en caso de la victoria en la provincia.
El socialismo, por su parte, esperó los resultados de las PASO para fortalecer el reclamo, reconociendo la entendible preocupación del kirchnerismo ante la avanzada del PRO. “Se triplicaron los patrullajes, es récord la cantidad de presos, la policía se está convirtiendo, pero la varita mágica no existe en seguridad, y por eso voy a seguir insistiendo en pedir el refuerzo de gendarmes y prefectos al gobierno nacional”, declaraba el actual gobernador Antonio Bonfatti. Estas declaraciones se sumaban a las inquietudes de Fein que días atrás solicitaba junto a toda su estructura política la vuelta de la fuerza para sumarse en Rosario a los más de cinco mil agentes de la policía provincial en esta Unidad Regional.
Finalmente se confirmó el regreso de Gendarmería y los medios de comunicación hablaron del “apoyo de todo el arco político”. El socialismo manifestó su tranquilidad, y el kirchnerismo se conformó con vincular el acuerdo a una gestión de Omar Perotti. Lo cierto es que la fuerza ya se encuentra en Rosario. Son unos 600 agentes que se sumarán a los gendarmes que se quedaron en la ciudad desde el desembarco anterior, y con el detalle, pedido expreso de Berni, de que esta vez se trabaje en conjunto con la policía provincial. El operativo se desparramará por veinticinco espacios estratégicos, entre los que se encuentran los llamados barrios peligrosos, siete accesos a la ciudad, y parques y plazas. No sólo habrá patrullaje sino también operativos en las zonas rojas, y controles vehiculares.
Los que no celebran
“Todo el arco político celebró la vuelta de Gendarmería”, tituló El Argentino Rosario, del portal nacional Infonews cuando se confirmó la noticia. Una celebración cierta si se considera “arco político” a la estrecha mesa chica de funcionarios de turno y dirigentes de los grandes partidos. Pero la cancha puede abrirse también si se tiene en cuenta la lectura política de los partidos de izquierda o, sobre todo, la de las organizaciones sociales, actores políticos por excelencia en las barriadas populares que serán el blanco principal del desembarco de la fuerza. Entonces vuelve a ponerse el ojo sobre la llamada militarización de los barrios, y a hacerse fuerte la crítica de que la única salida en la agenda oficial está ligada a la multiplicación de efectivos de seguridad sin tener en cuenta proyectos que comprendan políticas públicas con cobertura en necesidades vinculadas a la salud, la vivienda, la educación y el trabajo como derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En el apartado barrio Santa Lucía hay un centro comunitario donde trabaja la organización social “Lxs Muñecxs” con los pibes y las pibas de la zona. Generalmente se juntan los sábados desde la mañana a desayunar, charlar, jugar mientras se perciben las necesidades inocultables del barrio que se extienden a muchos otros de la ciudad. Corría en 2014 el mediodía de uno de esos sábados cuando en la canchita montada sobre el pavimento de la calle del centro comunitario el partido de fútbol se vio interrumpido por una camioneta Amarok de la Gendarmería. El vehículo pasó a alta velocidad por sobre los escombros que hacían las veces de palos para los arcos de la cancha, destrozándolos a la vista de los pibes, de entre 7 y 12 años aproximadamente, que se habían apartado para ver pasar la enorme camioneta. Esa escena retrata la imagen que tienen los más chicos ante las fuerzas de seguridad: Miedo. Es el sentimiento con el que tienen que convivir y crecer, más allá de la realidad que detectan los funcionarios de turno a la hora de decidir el nuevo desembarco.
Otro capítulo en el mismo lugar y los mismos chicos se da un tiempo después. Uno de los niños, de unos diez años, en medio de una repentina “guerra” de lápices de colores, le comenta a este cronista: “Deciles que no tiren más, que yo en mi cartuchera de la escuela no tengo ni una”. La imagen viva de un derecho sin cobertura.
Santa Lucía es uno de los barrios apuntados para el desembarco, y el análisis de las organizaciones que trabajan allí se centra en los repetidos abusos de autoridad, como así también en las demandas de políticas públicas. “El Estado siempre interviene de forma netamente represiva a los barrios donde están los sectores populares. Los padres están muy preocupados porque sus hijos e hijas son quienes sufren constantes abusos por parte de las fuerzas. Nosotros exigimos que la salida tiene que ser con políticas para la vida, entendiendo a estas como la educación, trabajo, salud y vivienda digna”, comentó a enREDando Juan Pablo, de “Lxs Muñecxs”.
Una mirada similar se percibe desde el barrio Ludueña y así lo explica Varón, del Bodegón Cultural Casa de Pocho: “En este marco de elecciones lo único que ve uno es que los políticos no hablan de educación, de cultura y de deporte, no hablan de espacios de formación a nivel social y eso demuestra que hay consenso en que la única salida es la represión”. “Las organizaciones deberíamos revisar profundamente cuáles son nuestras prácticas y hacia dónde hay que llevarlas. Este marco político garantiza que se activen los aparatos represivos del Estado”, analizó. En este sentido, la misma lectura aparece desde el Club de Investigaciones Urbanas. Así lo explicó su referente, Juan Pablo Hudson: “El desafío para las organizaciones sociales es pensar cómo se autodefienden los territorios cuando ya no es solamente la policía tradicional de Santa Fe, las PAT o la Policía Comunitaria, sino que llega una fuerza nacional. El desafío se redobla y ya vivimos lo que significó para los jóvenes esto: represión y hostigamientos”.
La organización Causa, de Villa Banana, otro de los barrios que recibirá a la Gendarmería también formuló su crítica ante la noticia. “El despliegue del aparato represivo del Estado, en cualquiera de sus niveles ya sea federal, provincial o municipal, no persigue la lucha contra el narcotráfico, sino que su estrategia fundamental es el control social sobre los sectores populares”, sostuvo su referente, Facundo Peralta, en contacto con enREDando. “La gran mayoría de las organizaciones sociales y vecinos y vecinas saben que militarizar los barrios no soluciona absolutamente nada”, agregó. Además, haciendo un paralelismo con el anterior arribo de la fuerza en 2014, comparó que en la sociedad se percibe el mismo contexto de violencia “pero a este año se le agrega el marco electoral por el cual la gran mayoría de las fuerzas políticas, por acción u omisión, avalan la llegada de las fuerzas represivas a Rosario”.
En cuanto a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, los candidatos de la izquierda insisten en que la llegada de Gendarmería está sujeta a especulaciones electorales y esconde fines represivos. Así lo hizo saber Octavio Crivaro, candidato a gobernador por el Frente de Izquierda: “Es un asunto de especulación electoral donde un sector quiere sacar rédito para tener uno o dos votitos más. La agenda alrededor de esta cuestión la pone la derecha, como es Del Sel el que gana las elecciones internas, para competir con eso el gobierno socialista sacó una campaña publicando la cantidad de nuevos policías y ahora con el tema de la Gendarmería. Los mismos dos partidos, Frente Progresista y Peronismo, que generaron que haya cada vez más barrios de emergencia y villas, más trabajadores pobres y precarización laboral, son los que generan más policías y traen Gendarmería. Primero empobrecen y después criminalizan y estigmatizan a los barrios populares”. En este sentido, Crivaro hizo mención de que la estadía anterior de la fuerza no incidió en la disminución del delito. “No hay estadísticas que digan que por Gendarmería haya caído un índice de homicidios o narcotráfico. Lo único que aumentó fue la estadística de violencia institucional”, enfatizó.
Por su parte, Celeste Lepratti, militante social y candidata a concejala por el Frente Social y Popular, analizó la situación a través un descargo en las redes sociales. “Nunca apoyamos y no apoyaremos la presencia de Gendarmería en los barrios rosarinos. La militarización de la ciudad no es más que una respuesta cortoplacista y demagógica a la inseguridad”, enfatizó Lepratti. Además insistió en la necesidad de aplicar “políticas para la vida, educativas, laborales, recreativas, deportivas, para que los jóvenes tengan un presente y futuro digno, de modo que la violencia no sea para ellos una alternativa”. Por otro lado, hizo mención a la necesidad de trabajar contra la corrupción policial como una causa real del contexto actual de violencia: “Proponemos el control de armas y municiones en manos de las fuerzas de seguridad para desalentar el circuito ilegal que se alimenta de armas reglamentarias y provee a las redes delictivas”.
¿Por qué militarización?
El concepto “militarización” cabe para describir el desembarco de la Gendarmería por tratarse de una fuerza “de naturaleza Militar” como bien lo aclara la presentación institucional en su propio sitio web. “Una organización con estado militar con capacidades para disuadir y responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la Seguridad Interior y de la Defensa Nacional”, refiere dicho documento. Una presentación demasiado grandilocuente para las fotos de control vehicular que ilustran en los medios de comunicación locales a los primeros operativos del desembarco. La llegada de Gendarmería esconde fines políticos alejados de “la prevención del delito y la disuasión” como lo han manifestado distintos funcionarios vinculados al nuevo operativo.
El escritor y militante Raúl Zibechi escribe un artículo titulado “La militarización democrática” en el cual liga este fenómeno a la defensa de los intereses de las clases dominantes. “La concentración de riqueza va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta”, analiza Zibechi. A su vez, continúa: “Vivimos en sociedades cada vez más controladas y militarizadas, ya sea en el norte o en el sur, bajo gobiernos conservadores o progresistas”. “Me interesa destacar la tendencia a la militarización. El secuestro de los derechos. La criminalización de la protesta. Los de abajo vivimos en un estado de excepción permanente, siguiendo la máxima de Walter Benjamin. La militarización no es ni transitoria ni accidental, no depende de la calidad de los gobiernos ni de su discurso ni de su signo ideológico. Se trata de algo intrínseco al sistema, que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular”, describe el escritor.
En la provincia de Santa Fe la militarización comenzó a tener especial lugar a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia en Seguridad 13297, que se puso en marcha en diciembre de 2012. En sus primeros 18 meses, tal como lo explica un artículo de El Ciudadano Web, se invirtieron más de 220 millones de pesos destinados a la compra de distintos insumos. Entre ellos figura una compra superior a los 98 millones de pesos en el rubro “rodados” entre autos, camionetas, camiones hidrantes, motos, entre otros. También hubo inversión para los llamados “elementos antitumultos”, entre los que se encuentran escudos, cascos y bastones. Otros 33 millones fueron destinados a intendencias y comunas para la instalación de sistemas de videovigilancia en la vía pública. Si bien la llegada de Gendarmería no está en marcada en este proyecto, la ley responde a la idea que prioriza el incremento material y de personal de las fuerzas de seguridad.
El hueco vacío respecto de las inversiones de la Ley de Emergencia en Seguridad queda en su capítulo tres, referido a “políticas interministeriales y municipales de asistencia y promoción social para el fortalecimiento de la seguridad”. Este punto comprende que parte del presupuesto debe ser destinado a políticas de inserción integral para jóvenes en situación de riesgo a nivel escolar o laboral, limpieza y saneamiento de espacios públicos y privados, baldíos e iluminación. También se hace mención en la ley a la necesidad de construir y equipar centros de rehabilitación para niños, adolescentes y adultos con problemas de adicciones o penales. El estado actual del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, denunciado por ser una cárcel de menores y centro de torturas con confusos hechos de muertes de jóvenes, es un fiel reflejo de que en este punto no se ha invertido. El Ministerio de Seguridad provincial, por su parte, desatendió los insistentes pedidos de enREDando para el acceso a la información pública sobre la inversión de en la prórroga de la Emergencia en Seguridad que lleva poco menos de un año y se extenderá hasta diciembre próximo.
“Nuestra democracia está todavía prisionera de las estructuras que la niegan” (Eduardo Galeano)
