#NiUnaMenos
El 3 de junio, la convocatoria es a movilizarse en todo el país para hacer estallar un mismo grito: Ni una menos, haciendo alusión a las cientos de muertes de mujeres y niñas como consecuencia de la violencia sexista. Nombres, historias, indiferencias y la falta de acceso a una justicia que reproduce los mismos mecanismos de violencia que se ejerce contra las mujeres: la violencia institucional como parte intrínseca del sistema patriarcal.
Por María Cruz Ciarniello
Chiara, Lola, Natalia, Angeles. Candela, Mariana, Daniela. Cuerpos adolescentes enterrados bajo la tierra, la arena o bajo una montaña de basura, hablan a gritos; son los mismos que escuchamos en el eco de la ausencia de las pibas que se lleva la trata. ¿Dónde está Marita Verón, Peli Mercado, Florencia Pennachi y María Cash?, solo por nombrar algunas, entre tantas que desconocemos.
Duele ese vacío que nos deja la impunidad, las redes cómplices del poder político, policías y jueces que hace desaparecer vidas y cuerpos. Las seguimos buscando, como Alberto y Alicia buscan a Paula.
Y son esos mismos gritos que denuncian los otros feminicidios: las cientos de muertes de mujeres, en su mayoría pobres, que se someten a un aborto realizado en las peores condiciones porque hay un Estado que todavía decide sobre nuestro cuerpo y porque además, hay instituciones de salud que violan un derecho contemplado en el Código penal: el aborto no punible. Así murió, vulnerada en todos sus derechos, Ana María Acevedo en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
Nos duelen los golpes que terminaron con la vida de Melina porque ella, con sus 17 años, se atrevió a decir no. Nos quema el fuego que calcinó a Wanda Taddei y que terminó matando en cuestión de meses a Vanesa Celma. Lastiman las puñaladas que hirieron de muerte a Carolina Aló y le quitaron los sueños a la joven chilena Nicole Sessarego Borque. Nos sigue doliendo el disparo en la nuca que silenció a la militante y trabajadora sexual Sandra Cabrera.
Nos llenamos de bronca cuando la asfixia ahoga como la ahogaron a Daiana, tapando su grito y su boca frente al odio. Porque el feminicida no mata por amor, lo hace por violencia. Es que el patriarcado es un pozo ciego y es también una alcantarilla. Ahí dentro nos falta el aire, como aquel día en que estrangularon a Paulina en Tucumán después de haberla violado, así como lo hicieron con la docente rural Daniela Spárvoli. Porque el patriarcado es también la saña con la que se ataca el cuerpo de una mujer; con la que atacaron especialmente a las detenidas-desaparecidas en los centros clandestinos de detención, tan solo por su condición de género, sometidas a la violencia sexual que después de tantos años comienza a visibilizarse.
El olvido también duele. Otoño Uriarte era una joven hija de laburantes de un humilde barrio de Fernadez Oro, Río Negro. Su crimen ocurrió a cientos de kilómetros de la Capital Federal, y no tuvo a los ojos de la prensa siguiendo su causa. Tenía un año menos que María Soledad Morales, asesinada en Catamarca, y su caso incluso se le parece. “La justicia nunca investigó, las pruebas que acercamos no las tuvo en cuenta y lo que hizo fue investigar a la familia y al entorno. Río Negro es una provincia que tiene muchos casos de muertes impunes y la mayoría con vínculos policiales y mal desempeño judicial”, nos decía Leandro, su hermano, hace dos años atrás.
A Peli Mercado la desaparecieron en Patquía, un pequeño pueblo de la Rioja. Dicen en el pueblo que es la Marita Verón de La Rioja. Ella, que solía decir que “hay un señor que me dice cosas y me molesta”. Y ese señor era un policía. “El 26, Peli fue al colegio Humberto Pereyra, donde cursaba noveno año, rindió matemática y se sacó un 10. A las 19.30 se preparó la merienda, que era infaltable para ella, porque era de buen comer, se sirvió dos tazas de chocolatada con tostadas con mermelada y manteca y quedó con la mamá de ir a devolverle un pantalón negro a mi otra hermana y unas botas que ella le había prestado para ir a una fiesta de 15. Estaba a cinco cuadras, pero nunca llegó. Entre las 20.30 y las 21.00 a ella se la llevaron. Y nunca más una noticia, ni un llamado, nada”, contó hace años otra de las tías al suplemento “Las 12”, de Página. Se cree que fue devorada por las mismas redes que capturaron a Marita Verón 13 años atrás.
Esto escribió el periodista Claudio Rafael en su artículo Demasiadas pibas menos y en el que además, clava la pregunta en el ángulo indicado: “¿Cuál es el tiempo real en que el nombre de una víctima de violencias perdura en la memoria colectiva? ¿Cómo se calcula el espacio que ocupará una u otra víctima –según un amplio abanico de peculiaridades- en los medios periodísticos ávidos de historias que prolonguen el show?”.
“Una adolescente qom fue hallada muerta el lunes en el predio de una ex desmontadora en Quitilipi, Chaco. Semidesnuda, atada a un árbol del cuello, con signos de haber sido golpeada, torturada y también se presume que fue abusada sexualmente”, decía la periodista Luciana Mignoni el 1 de agosto de 2013, día de la Pachamama. “Dolores que no nos conmueven tanto”, titulaba su nota mientras el caso de Angeles Rawson se sometía a los peores designios de la sobrexposición televisiva. Y vuelvo a leer: “Causas que “se investigarán hasta las últimas consecuencias” y causas que quedan rápidamente en el olvido. En el olvido de los medios masivos, de la justicia, del nivel político, de la sociedad toda.” En ese olvido quedó sepultada la violación y el crimen de esta joven qom, Juana Gomez, el mismo olvido que condenó al anonimato otro feminicidio de la comunidad, el de Natalia Flores, de apenas 15 años. A ella también la violaron, la mataron y luego la arrojaron a orillas del Riacho Arazá, en la localidad de Fontada, provincia de Chaco.
Micaela Fernandez tenía 14 años y también era qom. La encontraron sin vida, con un balazo en la cabeza y violada en la casa de un hombre denunciado por la madre de la niña como un dealer que contaba con protección policial. A Micalea la tuvieron cautiva en el Talar, partido de Tigre. Cuando Nancy, su mamá intentó radicar la denuncia, en la Comisaría 6ta de Tigre la golpearon y le dijeron que su hija se había suicidado. Un año después, Nancy fue encontrada en su casa, semidesnuda, violada y asfixiada. Pese a ello, la policía bonaerense utilizó el mismo argumento infame para justificar su muerte: el suicidio. A principio de este año, los medios informaban de la desaparición de otra joven, Micaela López de 21 años. El escenario era el mismo: Tigre. Nueve días después, a Micaela la encontraron enterrada detrás del frigorífico del Barrio Las Tunas y su cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La denuncia fue radicada en la misma comisaría donde a Nancy la molieron a palos dos años antes.
La justicia naturaliza la discriminación y la violencia que sufren las mujeres indígenas es el título de la nota publicada en el medio alternativo de la RNMA, El Zumbido. El artículo hace referencia a la terrible condena que pesa sobre Reina Maraz, mujer indígena, pobre y hablante quechua. El Tribunal Oral N° 1 de Quilmes la condenó a cadena perpetua por el supuesto crimen de su pareja. Ella se declaró inocente en su lengua originaria y además, narró las múltiples violencias que debió soportar. Apenas pronuncia algunas pocas palabras en español. Fue a juicio sin entender de qué se la acusaba porque se le negó un derecho fundamental: contar con un intérprete. Estuvo tres años detenida en prisión preventiva y allí tuvo a su beba, en cautiverio- Hoy, cursa su condena en prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
En el año 2008, LNP, de 15 años, era abusada sexualmente por tres hombres “criollos”, en El Espinillo, el Impenetrable chaqueño. Entre las innumerables violaciones a sus derechos se señala en primer lugar la actuación policial: “Durante más de tres horas la policía la tuvo de pie, cruzada por el dolor, agotada de injusticia.” Luego, la investigación judicial la revictimizó por su condición de clase y su experiencia sexual previa. A pesar de la contundencia de pruebas y testimonios, el poder judicial, con una sentencia racista y discriminatoria, absolvió a los responsables.
LNP contó con el acompañamiento de dos organizaciones de mujeres, Cladem e Insgenar que peticionaron en el año 2004 ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exigir una agenda reparatoria. Existen muchas LNP «a quienes la justicia mira con ojos diferentes».
Su caso muestra, en toda su dimensión, la discriminación por género en el sistema de justicia en casos de violencia sexual: la ausencia de instancias judiciales en zonas rurales, la falta de abogados de oficio para mujeres de pocos recursos, víctimas de violencia sexual, el maltrato de funcionarios del Estado: fiscales, policías y jueces, la falta de investigación de los hechos que denuncian. «El Caso LNP forma parte de un patrón de impunidad que existe en la mayoría de los hechos de violencia contra las mujeres».
LNP es Liz Noelia Perez. Hoy tiene 26 años y es candidata a concejal del Frente para la Victoria en el Espinillo, su pueblo natal. El acompañamiento y respaldo de organizaciones feministas fue fundamental para el empoderamiento político de la joven. Liz Noelia Perez logro romper las barreras de la discriminación por etnia y por clase, y 12 años después, es el Estado Argentino el que pide perdón en un acto público de reparación.
La violencia institucional
En LNP y en Reina Maraz están las historias de tantas otras mujeres que sufren violencia institucional. Muchas sobreviven para denunciar los maltratos que reciben en juzgados, fiscalías y comisarías. Pero no todas pueden hacerlo.
Vanesa Celma falleció en el 2010, cuatro meses después de haber sido quemada por su concubino. No logro sobrevivir a las tremendas heridas que afectaron un 35% de su cuerpo, y pese a los testimonios de testigos que argumentan la violencia física que soportó durante los 11 años de concubinato, la justicia caratuló su causa como Incendio. Ni siquiera un Amicus Curié presentando por Cladem y el Programa de Género de la Facultad de Derecho, logró todavía torcer la mirada sesgada y sexista del poder judicial.
Marcela Carolina terminó internada en el Hospital Alberdi de Rosario tras recibir una feroz golpiza de su ex pareja. En la Comisaría 30 se negaron a tomarle las denuncias que previamente intentó radicar su mamá y tampoco la atendieron cuando recurrió al Teléfono Verde. Marcela sobrevivió y su caso disparó, en el 2012, los reclamos que motivaron, entre otros, la declaración de Emergencia en materia de género en la ciudad de Rosario.
“Todos los casos denunciados públicamente, son casos donde las mujeres ya han acudido a distintas instancias estatales, denuncias policiales, judiciales, muchas veces no son escuchadas o son desestimadas o reciben turnos cada dos meses y realmente no tiene efecto en la vida de la mujer. El último caso, el de Carolina, ella no sólo había realizado la denuncia sino que una vez internada, fue amenazada dentro del mismo hospital, lo cual es una desidia y una falta de consideración por la seguridad y la salud de las mujeres”, nos decía por aquel entonces, Pilar Escalante, de la Multisectorial de Mujeres de Rosario
Pasaron ya tres años de la aprobación de la ordenanza y los avances son escasos, reflexiona hoy, Majo Gerez, militante feminista, candidata a senadora por el FSP y Secretaria de Género de la CTA autónoma. “Cuando presentamos el proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia, teníamos el objetivo de poder dotar con mayor partida presupuestaria a las áreas de la mujer. De todo lo que solicitamos, en lo único que se avanzó y con limitaciones, es en la ampliación de la atención del Teléfono Verde (0800-444-0420) las 24 hs. Por fuera del horario, está atendiendo personal de la Gum que dice estar capacitado. Pero sigue sin tener líneas rotativas, nos siguen llegando quejas de la falta de atención. El teléfono verde solo tiene la potestad de recepcionar las denuncias”.
La historia de Rosalía Benitez se suma a esta larga cadena de violencias que se ejerce sobre la mujer. Primero, la de su pareja. Después, la violencia institucional de cada uno de los aparatos del Estado. Rosalía padeció los golpes y el maltrato físico y psicológico de su ex pareja, Mario Cacho Toledo. Cuando lo denunció en la Comisaría de Villa Gobernador Galvez, nadie le creyó. Tardaron 24 horas para tomarle la denuncia. Con el acompañamiento de una organización social, en este caso Amas de Casa del País, Rosalía logró una orden de expulsión de hogar para Cacho Toledo que él mismo se encargó de violentar el 21 de septiembre de 2012. Ese día, ese sábado, Toledo le disparó seis veces y en presencia de su hija de apenas 6 años de edad. Rosalía sobrevivió y cada vez que puede, dá testimonio para que la violencia contra la mujer deje de ser un flagelo. La justicia, fiel a su mirada sexista, dictó una condena irrisoria: 10 años de prisión para el hombre que intentó matarla.
Para sentar un precedente: el caso de C
El caso de C es otro emblemática causa de violencia institucional. Majo Gerez, desde la Secretaria de Género de la CTA fue quien acompañó a la mujer en todo este proceso. “No hay un lugar de referencia para que la mujer pueda denunciar”, remarca, y relata los hechos: “Al separarse de su pareja y que él se entere que había establecido otra relación, genera todo un hostigamiento y toma de rehén a su hijo cuando nunca se hizo cargo de la cuota alimentaria ni de acordar un régimen de visitas, ahí claramente se vé que no hay un deseo de cubrir ese lugar de padre, sino de ejercer una violencia sobre ella. Muchas veces se usa a los niños para seguir ejerciendo violencia. Ella recurre a la Comisaria de Galvez, no le toman la denuncia, va a los tribunales donde le dicen que al no tener la dirección de su ex pareja no es posible buscar a su hijo, la verdad fue bastante fuerte, vamos el jueves santo, en donde se supone tenía que haber un fiscal de guardia, recurrimos a los Tribunales viejos, y el empleado en vez de decirnos que podemos ir al Ministerio Público de la Acusación, nos decía que eso era una mentira total, y termina haciendo algo muy violento que fue llamar a su pareja, sin que nosotros sepamos, y él arreglar de palabra que iba a ser devuelto el nene. Fueron reiteradas veces, cuatro veces, y no le tomaron la denuncia por el rapto de su hijo”.
El derrotero de C es similar –por no decir exactamente igual- que el de Rosalía o el de Marcela, o el de tantas otras mujeres cuyas historias no trascienden públicamente. Desde la secretaría de Género quieren sentar precedente para visibilzar el maltrato institucional que reciben las mujeres al momento de realizar la denuncia. Junto a la Defensoría provincial a cargo de Gabriel Ganón, se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación para constituirse como querellantes en el caso de C. “Primero para poder sentar esta denuncia que nunca fue tomada y por otro lado, por violencia institucional por no haberle tomado la denuncia a C en varias ocasiones tanto en la comisaria como en los tribunales. La justicia tiene que saber qué tiene que hacer cuando recibe una denuncia, como actuar y resolver estos problemas”, remarca Gerez.
Todavía el Ministerio Público de la Acusación no se pronunció con respecto a la aceptación o no de la querella. “Están poniendo algunas resistencias, creo que tiene que ver con la posibilidad de sentar un precedente que frente a un caso de este tipo, se pueda denunciar por violencia institucional, y qué vemos que es una practica sistemática. Poder visibilizarla y denunciar a un funcionario publico por no cumplir con su tarea es un avance importante y tal vez por ello haya resistencia para aceptar esta querella.”, dice la militante minutos antes de ingresar a una charla que compartirá con estudiantes de la facultad de Psicología, seguramente, también, para convocar a movilizarse el próximo 3 de junio.
